La aprobación de expedientes técnicos para la integración de regiones y la convocatoria a referéndum para su eventual ratificación, constituyen pasos importantes en el proceso de descentralización que vive el país.
A fines de octubre, los ciudadanos y las ciudadanas de las 16 regiones cuyas autoridades promueven procesos de integración deben decidir con su voto si éstos deben hacerse realidad, o no. Para que ese sea un voto conciente, debe estar basado en información veraz y oportuna sobre las consecuencias previsibles de la integración de los actuales departamentos en nuevas y más grandes regiones. Para evitar malos entendidos respecto a los resultados de la votación, la población debe tener también perfectamente claro cómo es que será esa votación y cómo se determinará la victoria o la derrota de las propuestas de integración.
En algunos casos, se trata de informar a la ciudadanía sobre aspectos que no conoce, pues la preparación de los expedientes técnicos ha estado en manos de los ejecutivos regionales, sin información a la ciudadanía ni a las autoridades locales. También es verdad que las normas electorales han sido poco difundidas. En otros casos es también necesario que el Congreso y/o el Jurado Nacional de Elecciones clarifiquen o modifiquen la legislación vigente.
Una primera e impostergable tarea es informar a la ciudadanía sobre el contenido de los expedientes técnicos aprobados por el CND, que son los documentos que sustentan la viabilidad de las regiones propuestas. Esta es una responsabilidad del CND, pero centralmente de los gobiernos regionales comprometidos
Por otra parte, la posibilidad de informar lo mejor posible a la prensa y a la población en general, depende de que el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones clarifiquen o modifiquen la normatividad vigente en algunos puntos clave, como por ejemplo:
- ¿Cual será el sistema de representación (número y composición) en los futuros Consejos Regionales?
La norma actual establece un mínimo de 7 y un máximo de 25 consejeros, elegidos en representación de las provincias. En la medida en que al menos una de las nuevas regiones tendrá más de 25 provincias, se hace necesaria una reforma constitucional y un cambio a la Ley Orgánica de Regiones para modificar ese punto. Esta oportunidad se podría aprovechar para discutir si se mantiene o no dicho criterio provincial de representación.
- ¿Cuál será la estructura orgánica de los nuevos Consejos Regionales y cuales sus relaciones con los Ejecutivos Regionales?
En su diseño actual, los Consejos Regionales son presididos por el Presidente Regional, en base al modelo de los Consejos Municipales Nos parece importante discutir si es que no sería mejor que ellos sean ahora Congresos Regionales, afirmando así la necesaria separación de poderes y diferenciando de mejor manera las funciones ejecutiva y legislativa.
- ¿Cómo será la organización interna y funcionamiento de los nuevos gobiernos regionales?
Nos parece necesario definir la naturaleza, funciones y recursos de las nuevas sub regiones, que son las que estarán más cerca de la ciudadanía. De la misma manera, habrá que revisar la definición y el número de las Gerencias Regionales y sus relaciones con los ministerios centrales en el marco de la transferencia de competencias.
- ¿Cómo serán los mecanismos de participación de la sociedad civil en las nuevas regiones?
Se hace necesario aprovechar la oportunidad de la constitución de estos nuevos Gobiernos Regionales para hacer más coherente la legislación ahora existente sobre participación y vigilancia, integrando, democratizando y fortaleciendo los Consejos de Coordinación Regional, los procesos del Presupuesto Participativo y los Comités de Vigilancia.
¿Cómo será el financiamiento de las nuevas regiones?
Es necesario aclarar de una vez por todas si los recursos de la descentralización fiscal serán adicionales a los que ya reciben las regiones, o si sustituirán a los que el MEF les asigna anualmente. De la misma manera, hay que definir si las empresas deben estar obligadas a tributar ahí donde realizan su actividad económica o si pueden seguir tributando donde fijan su domicilio fiscal. En este mismo terreno, hay que redefinir cómo se financiará y cómo distribuirán sus recursos el FIDE y el FONCOR.
- ¿Cómo se logra mayoría en la votación?
La Ley de Bases de la Descentralización (Artículo 29.4) y la Ley de Incentivos a la Integración y Conformación de Regiones (Artículo 22º) establecen que cada uno de los actuales departamentos es una circunscripción electoral. Esta opción, que ciertamente reafirma una aproximación localista a la decisión, tiene como aspecto positivo respetar la opción de las poblaciones de los departamentos más pequeños. En todo caso, de no modificarse las normas, en los referéndums de octubre cada departamento será un distrito electoral.
La Ley también establece que la integración procede si el ‘Sí’ logre una cantidad de votos equivalentes al 50% + 1 de los electores registrados en el padrón de cada departamento. Una primera interrogante: ¿Esta cantidad de votos se computa en base a los votos válidos o incluye también los votos viciados? Una segunda: ¿no sería mejor considerar el 50% + 1 de los votos emitidos? Recordemos que calculando realistamente un ausentismo de 30% de los electores para aprobar la integración regional, habría que lograr que más del 70% de los votantes lo haga por el ‘Sí’, lo que constituye una valla bastante alta para las pretensiones integracionistas.
- ¿Qué pasa si una región rechaza y otras aprueban la integración?
El CND ha aprobado expedientes técnicos que sustentan la viabilidad de las regiones propuestas a integrarse en base a los recursos y potencialidades de todos los departamentos que las conforman. Esto significaría que si un departamento no aprueba la integración, ésta no debería proceder pues la viabilidad sustentada en el expediente quedaría anulada. Pero, ¿tiene sentido rechazar la voluntad de integración de dos departamentos contiguos porque un tercero no quiere integrarse? El Congreso de la República debe establecer un criterio claro sobre este punto.
Hay pues mucho por hacer para que la ciudadanía emita un voto informado en los referéndums de octubre sobre integración de regiones. Corresponde al Congreso de la República, al Consejo Nacional de la Descentralización y al Jurado Nacional de Elecciones aclarar diferentes aspectos de las normas electorales y de la organización de las nuevas regiones. Hecho esto, el CND, los Gobiernos Regionales y las organizaciones de la sociedad civil serán los responsables de informar ampliamente a la ciudadanía sobre los diferentes aspectos e implicancias de la integración regional.
Autor:
Grupo Propuesta Ciudadana
Fecha de Publicación:
Jue, 16/06/2005
