El terremoto del 15 de agosto puso en evidencia los problemas que tiene el Estado peruano para hacer una gestión eficiente. La voluntad de apoyar y la solidaridad que demostraron las autoridades, las diversas instituciones y la población en su conjunto no puede llevarnos a ocultar el hecho de que, a pesar de vivir en un territorio de alto riesgo sísmico, carecemos de planes, estrategias y recursos de carácter preventivo, los cuales reducirían el impacto de un fenómeno que nos ha sucedido antes y nos seguirá sucediendo en el futuro. En esa perspectiva, toda propuesta debe tener como un referente estratégico la dimensión del riesgo, de tal manera de contar con mejores condiciones para una nueva e inevitable arremetida de la naturaleza.
Si bien es necesario mantener la atención en la emergencia, es importante constatar que hemos entrado en un nuevo momento, donde la rehabilitación y la reconstrucción son los temas centrales. Debemos organizar e impulsar un proceso articulado y sostenido, con un horizonte de mediano plazo. El gobierno ha planteado el tema con rapidez y oportunidad. Lo que no parece claro es si su iniciativa tiene la proyección estratégica necesaria para transformar el terrible drama que están viviendo nuestros compatriotas de una parte significativa de la región central del país, en una perspectiva de futuro. Para ello se requiere una mirada integrada de los aspectos urbanos, sociales, económicos, políticos y culturales, es decir un enfoque territorial de la reconstrucción.
Bajo esta mirada, no es un tema menor el debate sobre el FORSUR, creado por una ley que fue aprobada con la celeridad que el momento requería, pero que justamente por ello, puede y debe ser ajustada. Con la conformación de este organismo se pone en la agenda el tema del fortalecimiento y la reforma de las instituciones que requiere la reconstrucción, consolidando simultáneamente una efectiva reforma descentralista y participativa del Estado.
Tenemos la posibilidad de hacer una experiencia social y política orientada a dar forma a una dimensión clave de la descentralización, que es la coordinación intergubernamental. Una condición base para ello es definir con la mayor claridad posible el rol que debe cumplir cada nivel de gobierno, de tal manera de evitar la duplicidad en el uso de los siempre escasos recursos, así como también de generar las mejores condiciones para la acción concertada y la colaboración entre los tres niveles de gobierno.
En esa perspectiva nos parece imprescindible precisar las funciones que cumplirá FORSUR. Dada su composición puede convertirse en una instancia que centre su trabajo en los siguientes ejes: i) canalizar los diversos recursos que el Estado, la cooperación internacional, las empresas y diversas instituciones aportarán para la primera etapa de la reconstrucción; ii) diseñar y planificar, de manera concertada con los tres niveles de gobierno, una estrategia interregional de reconstrucción que forme parte de una visión de desarrollo de base territorial de mediano y largo plazo; iii) canalizar recursos técnicos y humanos para fortalecer la capacidad de las instancias regionales y municipales en el diseño de proyectos y en la gestión de las inversiones.
Si el FORSUR se ubica en este marco puede ser un instrumento que consolide la institucionalidad local y regional, cuyas autoridades tienen el mandato de la población que los eligió y les dio la responsabilidad de gobernar. Deben ser los gobiernos regionales y locales, así como los programas y organismos especializados del gobierno nacional, los encargados de definir concertadamente las orientaciones y prioridades, tanto de las políticas como del uso de los recursos de inversión, y de ejecutar las decisiones. Para eso han sido elegidos y deberán responder ante la población de las regiones y localidades por lo que hagan o dejen de hacer. Si a partir del argumento de una mal entendida eficiencia se imponen decisiones y este fondo se transforma en una instancia de ejecución directa, se estará cayendo en una regresión centralista y usurpando funciones y competencias. Se repetiría una vieja práctica de nuestra dirigencia política que es subvalorar la importancia de las instituciones para sustentar procesos sostenibles de desarrollo.
El carácter interregional que requiere la respuesta a la crisis es una excelente oportunidad para dar forma a una instancia de planificación que responda a las características, posibilidades y desafíos de un espacio que es diverso y al mismo tiempo complementario en varios aspectos. En este tema aparece con claridad la responsabilidad del gobierno por su displicencia y hasta resistencia para implementar el CEPLAN y con él dar forma al sistema nacional de planificación. Ambos fueron definidos por ley en el 2005 y en el presupuesto de este año tienen asignado un fondo inicial para su funcionamiento. En estos momentos tendríamos operando un referente especializado en el tema del planeamiento y la prospectiva, el cual podría sustentar la acción del FORSUR. Esperamos que la emergencia no sea usada para seguir postergando esta decisión, sino más bien para dar los primeros pasos hacia su implementación.
En la mirada institucional del proceso de reconstrucción, la conducción tiene una importancia significativa. Es bueno recordar que, además de considerar que los empresarios son, casi por definición, un sector que está capacitado para la gestión pública, la propuesta inicial proponía excluir a los integrantes del directorio, básicamente a los empresarios, de toda responsabilidad política y administrativa en la gestión de políticas y recursos públicos, es decir que son de todos los peruanos.
Esta posición es criticable desde diversas perspectivas. Por un lado, la experiencia de la década fujimorista nos demuestra que el hecho de ser empresario no vacuna contra la corrupción y menos aún contra el mercantilismo. Por otro lado, es evidente que la propuesta confundía la imperiosa necesidad de agilizar el gasto y garantizar la calidad, aspectos contenidos en la definición misma del estado de emergencia de la zona afectada, con la ausencia de responsabilidad y de control. Llama la atención que representantes empresariales, un sector tan proclive a definir casi como sinónimos función pública, malos manejos e ineficiencia, hayan planteado esta lógica de funcionamiento tan poco transparente.
Frente a este enfoque consideramos que la conducción del FORSUR debe recaer en la Presidencia del Consejo de Ministros y que debe constituirse una instancia ejecutiva con los presidentes regionales y con representantes elegidos por las municipalidades afectadas por el terremoto del 15 de agosto. Se requiere que los gobernantes asuman la responsabilidad política y aporten desde esa perspectiva a la construcción de la institucionalidad democrática. La experiencia del sector empresarial privado puede ser mucho más útil en la gerencia, encargada de implementar los acuerdos de un directorio de carácter intergubernamental, el cual debería estar abierto a la participación de la sociedad civil.
En lo que se refiere al control, dado el carácter de emergencia y la flexibilización del proceso de inversión o de adquisiciones, las instancias de control deben hacer un seguimiento permanente del proceso. Más aún, nos parece que FORSUR debe ser un ejemplo de transparencia y poner a disposición de la opinión pública toda la información relevante sobre su gestión, incluyendo en ello a las instancias nacionales, regionales y municipales.
Es importante que los gobernantes entiendan que las instituciones sí importan y que son justamente los momentos críticos los que permiten su fortalecimiento. Confundir gestión empresarial con gestión pública, confiar en personajes salvadores antes que en las instancias democráticas de gobierno, es propio de un sistema político y una cultura institucional precaria.
