En su detallado y prolongado mensaje al Congreso, el presidente Ollanta Humala no mencionó ni una vez el proceso de descentralización. Esta ausencia no puede ser un hecho casual y parece reflejar la opción del Gobierno por la recentralización y el estancamiento de la reforma política más importante desde el retorno a la democracia luego del derrumbe del régimen fujimontesinista. Hay, pues, una decisión por la continuidad del quinquenio anterior también en este campo.
El Gobierno ha dejado de lado las propuestas para reorientar y relanzar el proceso descentralista que presentó ante el Congreso y el país cuando se instaló su primer Gabinete. Entre sus planteamientos estaban la descentralización fiscal, la promoción de proyectos articuladores de las macrorregiones y de las mancomunidades, el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales en función de resultados y el impulso a estrategias territoriales de desarrollo económico y social.
La misma suerte corren el ofrecimiento de hacer un balance a profundidad de la reforma, luego de una década de iniciada, y el anuncio más importante: la formulación de un plan nacional concordado para reorientar el proceso de descentralización. Es sorprendente el cambio de posición en este terreno, luego de poco más de un año de gobierno.
En su mensaje, el presidente Humala mencionó la importancia de agilizar las inversiones públicas de los tres niveles de gobierno y señaló como salida “la muerte del SNIP”. Ofreció la asesoría del MEF a los gobiernos subnacionales para formular sus proyectos e hizo un llamado al trabajo conjunto con las autoridades de los gobiernos regionales y locales de cada departamento. Es evidente que se obvió la visión de conjunto y que los planteamientos fueron insuficientes. Además, en lo que se refiere al SNIP son erróneos.
En este marco hacemos un llamado para que el nuevo Gabinete, en la presentación de su programa ante el Congreso, deje de lado el silencio y plantee con claridad al país cuál es su proyecto descentralizador.
No es posible avanzar simultáneamente en todos los aspectos de una reforma tan compleja, pero es necesario saber si el Gobierno tiene un norte claro en este terreno. Por eso es urgente que el presidente del Consejo de Ministros señale las líneas de un plan de descentralización de mediano plazo. Asimismo debe anunciar las medidas para superar los cuellos de botella de la reforma, los cuales han sido planteados por diversas autoridades y referentes institucionales. Un punto de partida para relanzar el proceso pueden ser las experiencias exitosas promovidas por varios gobiernos regionales y locales, las cuales son un aporte para definir las prioridades de inversión, adecuar las políticas nacionales a nuestra diversidad territorial y avanzar en la reforma del Estado con miras a una gestión unitaria y descentralizada.
Las cuestiones que nos parecen fundamentales son:
• Revisar la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno, para avanzar hacia un sistema de gestión pública descentralizada, eficiente y eficaz, sustentado en la complementariedad, la colaboración y la autonomía de cada uno. Un paso sustantivo en esta dirección es establecer un sistema de conducción del proceso concertado entre los tres niveles de gobierno.
• Reformar el sistema de distribución de los recursos fiscales entre los tres niveles de gobierno y definir criterios e indicadores que hagan predecible y transparente su asignación, con el objetivo de lograr la equidad entre los diversos gobiernos regionales y locales, así como el adecuado cumplimiento de las competencias asignadas.
• Implementar un sistema nacional y descentralizado de planificación y ordenamiento territorial, que oriente las políticas y el uso de los recursos en función de un proyecto de desarrollo que responda a las potencialidades y posibilidades de cada territorio. En este marco cobra importancia y se torna viable avanzar hacia la regionalización mediante el fortalecimiento de las juntas de coordinación interregional como espacios de planificación y de ejecución de proyectos articuladores de las macrorregiones.
• Fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y municipales, así como del Gobierno nacional para lograr mayor eficiencia y mejor calidad en la gestión pública.
• Promover la lucha contra la corrupción en los gobiernos subnacionales mediante la profundización de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública y promoviendo la participación social en los procesos de planeamiento territorial y en la priorización en el uso de los recursos públicos.
En este contexto y con esta orientación nos parece imprescindible que los gobiernos subnacionales, así como las fuerzas sociales y económicas comprometidas con el proceso, trabajemos para impulsar los cambios necesarios que permitan desarrollar las potencialidades de la descentralización en el sentido del desarrollo económico, la reducción de las brechas sociales y la gestión sostenible de nuestros diversos territorios.
Lima, agosto de 2012
