Por Federico Tenorio.-
Ex Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
La segunda reforma agraria anunciada por el Gobierno expresaría una apuesta por fortalecer la agricultura familiar. Este es un acierto debido a la importancia que cumple este segmento en el empleo y la alimentación de la población peruana. Se estima que más de 4 millones de personas se dedican a la agricultura y que el 80% de los alimentos que consumimos provienen de este sector. La pequeña agricultura se encuentra en una posición muy vulnerable por diversas razones. Muestra altos índices de pobreza, tecnología precaria y limitado acceso a servicios financieros. Por ello, la política anunciada puede conducirnos a mejorar esta situación, siempre y cuando se aborde a través de una estrategia multisectorial, intergubernamental y mediante alianzas público-privadas.
Fotografía: Exitosa Perú.
Un punto crucial de la propuesta es la conformación de un gabinete para el desarrollo agrario y rural. Esta estrategia podría ayudar a superar el abordaje sectorial del desarrollo rural, que siempre tendrá sus limitaciones. Para ello, es necesario trascender la lógica sectorial basada en la medición de la ejecución del gasto como indicador del éxito de una gestión, concentrando la atención en el avance del cierre de las brechas existentes y en la sostenibilidad de las inversiones. Para que la estrategia funcione, es indispensable que el presidente Castillo y sus ministros asuman activamente el liderazgo de las reformas, estableciendo prioridades y mecanismos de coordinación permanentes entre los equipos ministeriales.
Asimismo, es indispensable fomentar la articulación intergubernamental entre los 3 niveles de gobierno, buscando su complementariedad y empleando un enfoque territorial dada las condiciones de alta heterogeneidad productiva. Existen experiencias exitosas de articulación territorial que pueden tomarse como referencia. En Huancavelica, el Comité de Gestión Regional Agraria (CGRA) reúne al Gobierno Regional, municipalidades, gremios agrarios, empresas, sectores educativos y organizaciones de la sociedad civil en un esfuerzo común por impulsar estrategias en torno al desarrollo de cadenas de valor. De manera similar, en La Libertad y Cajamarca, a través de los programas “Siembra y cosecha del agua” y “Revolución azul”, respectivamente, se vienen cimentando alianzas entre el Gobierno Regional, las municipalidades y los usuarios para construir reservorios multifamiliares, con el fin de garantizar el riego parcelario. En la selva, el Gobierno Regional de San Martín tiene una extraordinaria experiencia de innovación y transferencia tecnológica en ganadería, café, cacao, cítricos, entre otros, con un enfoque de cadena de valor denominado “Revolución Productiva”.
A fin de reforzar los CGRA, el MIDAGRI impulsó a través de AGRORURAL un programa de fortalecimiento de capacidades y equipamiento de direcciones regionales y 55 agencias agrarias, inicialmente en 11 regiones, con una inversión de 29 millones de soles, con el objetivo de mejorar los servicios de asesoría técnica y extensión agraria que brindan a la agricultura familiar.
El anuncio de promover el Servicio Civil del Sector Agrario (SECIGRA) podría movilizar profesores y alumnos de nuestras universidades en torno a la solución de las brechas tecnológicas que caracterizan a la agricultura familiar. En este campo, una mayor articulación entre investigadores del INIA, los CITEs y las universidades sería un gran acierto. De manera complementaria, se puede potenciar AGROIDEAS, programa que ya viene promoviendo la agroindustria rural, ampliando su cobertura y presupuesto. Los planes de negocio financiados son un excelente mecanismo para la capitalización de las asociaciones y/o cooperativas de pequeños productores, el cual permite escalar en la cadena de valor e incursionar a mercados dinámicos.
Las alianzas público-privadas han mostrado en algunos casos resultados efectivos para acercar la oferta productiva con la demanda. Esta estrategia podría funcionar en la política de compras estatales a la agricultura familiar, que deberían acercar al pequeño productor con los mercados finales, buscando acortar los tradicionales eslabones de comercialización. El Gobierno cuenta con un Reglamento aprobado para las compras de alimentos de los distintos programas sociales. El desafío es, promover la asociatividad, garantizar la calidad y organizar el abastecimiento oportuno de la oferta productiva local en función a las demandas específicas. Para efectivizar esta política, se podrían establecer metas en algunas regiones de manera inicial, con el fin de validar la implementación de cadenas logísticas y supervisar el cumplimiento con los estándares de calidad exigidos.
Otro elemento clave es reforzar el acceso a los servicios financieros. Para esto, AGROBANCO ha sido reestructurado y modernizado, incorporando tecnologías y establecido alianzas estratégicas con municipalidades, cooperativas u organizaciones agrarias para ampliar su cobertura y abrir nuevas oficinas de atención. Si bien no es formalmente un banco de fomento, AGROBANCO puede cumplir esa función si se continúa fortaleciendo con mayor presupuesto, equipamiento y capacidad operativa, además de otorgarle fondos, como el de AGROPERÚ, de muy bajos costos. De esta manera se puede crear también un fondo exclusivo para atender las demandas de las mujeres productoras agrarias.
Finalmente, la segunda reforma agraria debería traducirse en cambios estructurales en el sector público con el fin de superar la dispersión sectorial y poner en la agenda pública la priorización de la agricultura familiar. Los resultados esperados con esta reforma son aspiraciones de mediano y largo plazo, que solo serán posibles si a la voluntad política manifestada el 3 de octubre se le añade el financiamiento de una cartera de proyectos intersectoriales, que involucre diferentes niveles de gobiernos y establezca mecanismos que faciliten la articulación público-privada. De lo contrario, todo esto se quedará en declaraciones de buenas voluntades.
