Uno de los problemas que señalan reiteradamente quienes buscan debilitar el proceso de descentralización es la supuesta incapacidad de los gobiernos regionales y locales para invertir los recursos públicos. Autoridades y representantes nacionales, medios y referentes de opinión, así como algunos voceros empresariales han insistido en esta idea. A pesar de que se han publicado datos que muestran un incremento sostenido y significativo de la capacidad de inversión de los gobiernos subnacionales, han persistido en esta imagen distorsionada, con el claro objetivo de deslegitimar la más importante reforma del Estado de las últimas décadas: la descentralización.
La ineficiencia es el principal argumento de quienes promueven hoy la revocatoria de la alcaldesa y del Concejo de Lima Metropolitana. Para apoyar esta idea buscan contraponer la situación actual con una supuesta eficiencia de la gestión anterior. Lo hacen sin presentar cifras que apoyen esta afirmación, lo cual es por demás sorprendente, ya que sobre esa base nos proponen una medida extrema como es la revocatoria. Afirman que la realidad es tan grave que justifica cuestionar el mandato de un gobierno elegido transparentemente para gobernar la ciudad más importante del país, en la cual vive más del 30 % de la población y concentra un alto porcentaje de la producción nacional.
Si queremos evaluar la eficiencia de una gestión, un indicador objetivo y directo es su capacidad de ejecutar los recursos con los que cuenta. Veamos qué nos dicen las cifras sobre los dos años de la actual gestión y lo que encontramos si las comparamos con el quinto y sexto año de la administración del exalcalde Castañeda, el aparente referente de los revocadores.
En el año 2007, quinto año de su gestión, la ejecución llegó al 38 %, mientras que el 2008 se ejecutó el 54 % del pliego presupuestal. En el 2011, primer año de la gestión de la alcaldesa Villarán, el nivel de ejecución fue del 52 % y el 2012 llegó al 65 %. ¿Se puede, con un mínimo de seriedad y responsabilidad, afirmar que la actual administración es ineficiente en su capacidad de inversión?
Estos datos demuestran que estamos ante un argumento creado por una campaña sistemática, que utiliza para ello los más diversos medios, ayudados por los errores de una gestión que ha puesto en evidencia serios problemas de manejo político. Las cifras prueban que no existe justificación real para llevar adelante un proceso de revocatoria que está generando inestabilidad y una polarización innecesaria.
Por ello es importante que los revocadores presten atención a la opinión de un amplio sector empresarial, muy distante de las opciones políticas de la alcaldesa, pero que más allá de las diferencias advierten que por esta ruta solo se conseguirá demorar y dificultar los proyectos que son importantes y urgentes para avanzar en el ordenamiento de la ciudad. Lamentablemente parece que los promotores de esta medida extrema son incapaces de trascender sus cálculos electorales inmediatos.
Los revocadores pueden argumentar que la cantidad no es un criterio suficiente. Veamos entonces en qué se están invirtiendo los recursos durante esta gestión y si las prioridades reflejan los ofrecimientos planteados por la alcaldesa.
Revisando la información constatamos que el 59 % de los recursos invertidos el 2012 se han orientado al sector transporte, que es la reforma más importante que viene impulsando la actual gestión. Casi el 30 % se ha destinado a otros dos ejes centrales de su programa: la mejora del entorno urbano de las viviendas de los sectores más pobres de la población (21 %) y la reforma del comercio (7 %). Estos porcentajes son abismalmente superiores al 1 % y 2 % invertidos por la gestión de Castañeda en ambos rubros durante el año 2008.
La actual gestión ha incorporado dos nuevos temas a los cuales ha asignado cerca del 10 % de su presupuesto: la mejora de la calidad ambiental de nuestra ciudad y la promoción de nuestra diversidad cultural. En el 2012 se ha invertido el 5 % del presupuesto en luchar contra el alto nivel de contaminación y el 4 % en la construcción de una cultura ciudadana, identificada con nuestra ciudad. En la anterior gestión no se invirtió nada en estos dos aspectos sustantivos para hacer realidad una Lima incluyente y democrática.
Apostar por estas políticas nos parece una visión innovadora y que marca una clara diferencia con quienes asumen que gobernar es solo sembrar cemento y hacer negocios. No es sorprendente que la gestión de Castañeda invirtiera durante el 2008 el 97 % de los recursos en infraestructura de transporte.
Finalmente, queremos resaltar que esta gestión ha entendido la importancia de construir un proyecto para Lima, para lo cual ha invertido el 2 % del presupuesto metropolitano 2012 para la formulación de un Plan al 2025, mediante un proceso en el cual han participado decenas de miles de ciudadanos y organizaciones. Nuevamente, una marcada diferencia con la gestión anterior, la cual no invirtió nada del presupuesto del 2008 en este aspecto, fundamental para una gestión que se proyecte en el mediano y largo plazo.
Como las cifras nos muestran es claro que recurrir al argumento de la ineficiencia no resiste un análisis serio de la información existente. Se puede estar en contra de las prioridades y enfoques de la actual gestión, pero para esos son las elecciones, en las cuales cada cuatro años la ciudadanía elige a sus autoridades locales y regionales. Lo que no es aceptable es que se distorsione la realidad y se apueste por el desgobierno de la ciudad con el único objetivo de retomar apresurada y sospechosamente el control de nuestra municipalidad.
