Las elecciones regionales y municipales del próximo domingo 5 de octubre se producen en un escenario difícil para la descentralización y la democracia en el país. Cierran una campaña en la que la proliferación de listas y candidatos y la multiplicación de ofertas imposibles, que no corresponden en muchos casos a las funciones y competencias que tendrán quienes pugnan por ser elegidos, ha estado acompañada, más visiblemente que antes, por un proceso marcado por distintas acusaciones entre los candidatos, donde las supuestas o reales vinculaciones con el narcotráfico, la minería ilegal y el blanqueo de recursos, no han sido las menores.
En un escenario fuertemente fragmentado y puesto en cuestión por la significativa campaña lanzada desde distintas autoridades de los diversos poderes del Estado y distintos medios de comunicación, orientada a mostrar la corrupción en regiones y municipalidades, como si ésta fuera “patrimonio” de los gobiernos descentralizados y se originara en el interior del país, hemos asistido a más actos de violencia que en el pasado, varios de ellos con la muerte de distintos candidatos que se anuncia en el espectáculo de los medios y cuyo esclarecimiento desaparecerá en el tiempo.
Como es obvio, el debate de propuestas y programas ha estado virtualmente ausente en la mayoría de regiones y localidades, Lima incluida, como es notorio. Una sensación de pesimismo y distancia invade a distintos sectores del electorado en muchos territorios del país. La proliferación de postulantes y el empleo de ingentes recursos, las más de las veces de origen desconocido, incrementa la desconfianza de los electores porque pareciera que municipalidades y regiones son crecientemente vistas como un botín que permitirá recuperar la inversión realizada.
Los pocos datos nuevos que aparecen –por primera vez en las regiones compiten más listas de partidos nacionales (160) que de agrupaciones regionales- son apenas síntomas de la descomposición de nuestro sistema de partidos, para denominar de alguna manera lo que tenemos. Convertidos, los más de ellos en franquicias, vemos una vez más en los territorios, lo que también observamos desde años atrás en el Congreso de la República: agrupaciones que son marcas de ocasión, el transfuguismo como moneda corriente y el predominio del interés particular sobre la propuesta de política pública.
El “florecimiento” de listas y candidatos no es patrimonio del interior del país. Recordemos que Lima tiene 13 candidatos y candidatas a su alcaldía provincial y que por lo menos 5 de sus distritos tienen 17 o más aspirantes al municipio. En este escenario, es obvio que emergerán autoridades no sólo nuevas sino también más débiles a las actuales. Que varias de ellas en cinco o seis regiones resulten de la primera vuelta no les dará mayor legitimidad. El 6 de octubre, en consecuencia, amaneceremos con varios ganadores formales pero con nuestra democracia y el proceso de descentralización más debilitados.
Se hace imprescindible, en consecuencia, recuperar un debate serio e informado sobre la reforma iniciada 12 años atrás, sobre sus muchas limitaciones, pero también sobre sus aportes. Necesitamos con urgencia corregirla y vincularla a la indispensable reforma del sistema de partidos y de representación, pero también a la urgente transformación de un Estado e instituciones que han desnudado, una vez más, su incapacidad, pero también en muchos casos, su corrupción. Una democracia sin contenidos ni instituciones como la que crecientemente tenemos, no es sostenible ni contribuye al crecimiento, menos aún al desarrollo.
