El Congreso ha aprobado un proyecto de ley para restituir las exoneraciones tributarias en los departamentos de la Amazonía. Tomó la decisión sin promover el diálogo con los gobiernos regionales y locales, ni consultar con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Si se promulga esta ley se afectará directamente a un amplio sector de la población amazónica, ya que los gobiernos regionales dejarán de contar con los recursos provenientes de la eliminación de las exoneraciones, los cuales están destinados en su totalidad a proyectos de inversión, es decir a obras y equipamiento para mejorar las condiciones de vida en una región marcada por la pobreza y la exclusión.
No nos estamos refiriendo a un pequeño monto, sino a cientos de millones de soles anuales. Para tomar una decisión de tanta importancia ni siquiera se solicitó un estudio sobre el impacto de las exoneraciones en el desarrollo de la región amazónica, pero lo que sí está demostrado es que sus niveles de pobreza son los más altos del país. También está demostrado que para utilizar las exoneraciones se han generado sistemas a través de los cuales se estafa al Estado y se lucra a costa de todos los peruanos, incluidos los que habitan en la Amazonía. El comercio clandestino de la gasolina es el más claro ejemplo de ello. También se han presentado datos que demuestran cómo se han creado fortunas con el mal uso de las exoneraciones. Con este tipo de medidas, aisladas e improvisadas, la mayoría del Congreso pone en evidencia que carece de voluntad y capacidad para promover un debate serio sobre el desarrollo de la Amazonía. En lugar de analizar con responsabilidad el tipo de medidas legislativas que deben aprobar para avanzar hacia una propuesta integral en beneficio de esta región, toman decisiones como ésta, que les permiten presentarse como supuestos defensores de la región con miras a la coyuntura electoral.
Los efectos de los lamentables sucesos de Bagua –en los cuales es evidente la responsabilidad del Congreso– han durado muy poco. Los planteamientos y demandas que han puesto en la agenda pública los pueblos indígenas de la Amazonía, y sobre los cuales siguen dialogando y movilizándose, no merecen la atención de nuestros congresistas. Entre los puntos más relevantes están los siguientes: el uso racional de nuestra riqueza forestal, los derechos culturales y de propiedad de las comunidades nativas, la importancia de identificar y potenciar actividades económicas ambientalmente sostenibles y la mejora sustantiva de servicios fundamentales como la educación y la salud. Los pueblos de la Amazonía están planteando al conjunto de la sociedad y al Estado la necesidad de construir una nueva estrategia de desarrollo. No se trata, como pretende el gobierno y un sector de la prensa, de temas del pasado o de la nostalgia de algunos cuantos ambientalistas.
El ordenamiento del territorio y la zonificación ecológica y económica concertada son dimensiones fundamentales para enfrentar algunos desafíos importantes del siglo XXI, como son el calentamiento global y la inseguridad alimentaria. En este terreno, la Amazonía constituye un espacio estratégico; esto es algo que a nuestra clase política le cuesta entender y sobre lo cual los pueblos indígenas vienen insistiendo. La ley aprobada por el Congreso no se orienta a identificar medidas para hacer más eficaz el uso de los recursos provenientes de la eliminación de las exoneraciones a favor de las comunidades nativas; tampoco para que se utilicen en la promoción de las pequeñas empresas o para mejorar los servicios de educación y salud. Simplemente optaron por restaurar las exoneraciones y con ello eliminaron recursos para proyectos viales, obras de saneamiento o escuelas, entre otros, todos ellos en beneficio de la población amazónica. Al parecer, la prioridad del Congreso está en los intereses de un grupo reducido de comerciantes, quienes son los destinatarios directos de un sistema de incentivos que muestra su agotamiento por varios lados. La decisión de los congresistas tendrá efecto sobre los programas y proyectos que los gobiernos regionales han considerado en su presupuesto 2010. Es decir que tendrá una consecuencia inmediata sobre la población, en particular sobre aquélla que vive en la pobreza y la exclusión.
Un argumento que se usa como justificación de esta improvisada decisión es que los gobiernos regionales no tienen capacidad de inversión. Bastaría el ejemplo del Gobierno Regional de San Martín, que ejecutará el 100% de su presupuesto este año, para demostrar que se trata de una generalización sin sustento en la realidad. Incluso si consideramos las gestiones más deficientes, tampoco es válido el argumento, ya que al tratarse de recursos determinados, es decir que son directamente asignados, no son devueltos al Tesoro sino que los fondos no ejecutados quedan en las regiones amazónicas para futuros proyectos de inversión. La gestión del presupuesto público debe ser multianual y vinculada a un plan territorial de mediano y largo plazo. El camino para ello es fortalecer la capacidad de gestión de todos los niveles de gobierno y generar instrumentos financieros sostenibles, como pueden ser los fondos de inversión. Lo que no es aceptable es que se opte por recortar los recursos a los gobiernos regionales, menos aún cuando esto se hace en beneficio de un pequeño grupo de comerciantes y empresarios.
El Presidente ha anunciado que observará la ley, lo cual da al Congreso una nueva oportunidad. Debe conformarse de inmediato una mesa de concertación con los gobiernos regionales e iniciarse un programa de consultas con los gobiernos locales, las comunidades indígenas, las organizaciones e instituciones sociales y los sectores empresariales. De ese proceso deben surgir las propuestas para mejorar el uso de los recursos provenientes de la eliminación de las exoneraciones tributarias.
