En su mensaje del 18 de octubre pasado, el Presidente marcó la orientación de su gobierno frente a la descentralización. En términos generales, se trató de un discurso que refleja una voluntad política descentralista. El carácter amplio y poco estructurado de los anuncios, sin embargo, plantea dudas sobre sus alcances y la integralidad de las medidas, que no son suficientes para afirmar que existe una estrategia clara para profundizar y consolidar la única reforma importante en curso en el país. Esta percepción aumenta al constatar la evidente descoordinación entre el CND y la Presidencia al momento de presentar las denominadas 20 medidas descentralizadoras, que eran 12, en la propuesta del Consejo.
La transferencia de competencias y funciones fue el eje más definido de la propuesta presidencial y supone el compromiso de transferir a los gobiernos regionales, antes del 31 de diciembre del 2007, las 185 funciones que están contempladas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es imprescindible para estructurar un mapa de competencias y funciones, eficiente y complementario, entre los cuatro niveles de gobierno. Se requiere que éste exprese, de inmediato y en forma articulada con la transferencia de competencias, la decisión de iniciar la descentralización fiscal. Consolidar la autonomía financiera de los gobiernos regionales y garantizar la continuidad de las políticas y los servicios deben ser los ejes orientadores de esta reforma.
Es positiva la decisión de implementar un plan nacional de formación a funcionarios y autoridades regionales. El problema es la ausencia de un enfoque orientado a la construcción de capacidades, que incluye la dimensión formativa, pero la trasciende, pues comprende aspectos como el diseño organizativo y la formulación de políticas y proyectos.
Nos parecen relevantes las medidas señaladas con respecto a la regionalización: la formulación de un plan de regionalización, el fortalecimiento de las Juntas de Integración Regional y la conformación de regiones piloto. Para avanzar en esta perspectiva es importante definir mecanismos y plazos para dar forma al plan de manera concertada entre los principales actores sociales, políticos y empresariales. Este instrumento debe transformarse en ley y orientar el reordenamiento del territorio nacional desde una visión descentralista e incluyente. Hace falta, también, rediseñar las Juntas a fin de darles capacidad para generar efectivas mancomunidades regionales.
Otra decisión destacable es el inicio de la descentralización de la educación y la salud. Consideramos adecuada la estrategia de promover experiencias piloto en el ámbito local ya que se trata de dos sectores particularmente sensibles para la población. Es primordial que los sectores señalen a la brevedad los alcances, el contenido y el sentido de las mismas, así como la estrategia de la cual forman parte. Se requiere de una propuesta que no se limite a la transferencia de funciones sino que se oriente a superar los problemas estructurales de la educación y la salud.
Consideramos que el discurso presidencial, que incluye otras medidas de diverso alcance e importancia, abre un espacio para impulsar la reforma descentralista. Se requieren precisiones sobre los anuncios, tanto como un amplio debate. Llamamos a los candidatos a los gobiernos regionales y a las municipalidades del país a que pongan su atención en este conjunto de iniciativas para enriquecerlas desde las perspectivas e intereses de las regiones y localidades.
