En la presentación del presidente Ollanta Humala ante el Congreso de la Republica en julio pasado, casi al final de su alocución, el mandatario soltó una frase que nos llamó la atención a quienes seguimos el tema de la descentralización y el rol de las industrias extractivas en la economía nacional. El presidente dijo: “Hemos diseñado una política para mejorar la equidad y uso del canon para que todos se beneficien”, asegurando que en 30 días el Ejecutivo mandaría dicha propuesta al Congreso para su discusión.
Este anuncio no era nada nuevo habida cuenta que el jefe del Estado también formuló uno similar en julio del 2013, sin que luego se presentara ninguna propuesta para concretarlo, evidenciando así la indecisión de un gobierno a la que ya estamos acostumbrados en éste y otros temas que debieran ser discutidos no sólo en el Congreso sino que también tendrían que ser consensuados con las autoridades y las sociedades regionales concernidas. ¿A qué se refería esta vez el Presidente Humala con el anuncio de mejorar la equidad y uso del canon?
Desde el Ministerio de Economía, donde se maneja el tema como un secreto de Estado, se alcanzó información adicional señalando que se trataría de “cambios en la distribución intrarregional” porque según la expresión del Ministro Castilla “hemos visto que hay unos índices de Gini, de inequidad, muy fuertes cuando uno ve la distribución de los recursos al interior de una determinada región”, subrayando que la propuesta buscaría que la distribución del canon sea más “solidaria y equitativa” en el corto plazo.
No cabe duda que la medida es necesaria – aunque tardía- para corregir el problema de la inequidad en la distribución intrarregional del canon. Conviene recordar que frente a esa situación, desde los gobiernos regionales y las municipalidades se presentaron en el pasado propuestas concretas que el gobierno actual y el anterior, han ignorado. Siendo necesaria, creemos que la medida es insuficiente para corregir de manera significativa la inequidad en la asignación del presupuesto – que también se da entre regiones- , el cual viene siendo recentralizado por este gobierno utilizando la Ley del Presupuesto Público de los años 2013 y 2014. Insuficiente, porque en los últimos años los recursos del canon se redujeron significativamente por la caída de los precios de los minerales, mientras que los ingresos tributarios totales han seguido creciendo. Si de veras queremos una asignación más equitativa, la medida tendría que contemplar el presupuesto total y no sólo una pequeña fracción de éste.
Limitarse a la redistribución del canon es caer en el juego del gobierno, en especial del MEF, interesado no solamente en recentralizar cada vez más el manejo del presupuesto desde algunos sectores, sino también en privatizar crecientemente la ejecución del gasto público con el argumento de la ineficiencia del Estado para acelerar las inversiones y enfrentar la corrupción creciente. Lo cuestionable de esta política es que el gobierno muestra simultáneamente un completo desinterés por implementar las reformas para mejorar la capacidad de gestión pública a nivel nacional y descentralizado. Por ello, el tema de fondo que se debe plantear al debate, junto con la redistribución del canon, es el de la descentralización fiscal que comprende la asignación de recursos según necesidades de gasto, las transferencias intergubernamentales, la tributación municipal y el gasto orientado a resultados.
