Las promesas con las cuales se impulsó la reforma descentralista del Estado fueron las de alcanzar una democracia más plena, mejorar la provisión de servicios a la ciudadanía y alcanzar un desarrollo territorial más armónico en el país. A pesar del mandato constitucional de hacer de ella permanente, quedó estancada y abandonada apenas unos años después de su lanzamiento y con el pasar de los años, es objeto de campañas que la señalan como causante de diversos problemas en el país, como ocurre en estos días, con particular intensidad.
El asesinato de Ezequiel Nolasco, opositor del Presidente Regional de Ancash César Álvarez sindicado como su autor intelectual, así como la situación de inseguridad, crimen y corrupción que se vive en esa región, vienen siendo endosados al proceso de descentralización como su causa, cuando estos son fenómenos que se sufren en todos los niveles del Estado y de la sociedad peruana.
Ancash evidencia que no se quiere reconocer que hay un problema más profundo que puede terminar frustrando los esfuerzos que ha implicado el crecimiento económico en el país: una grave crisis institucional, con un Estado débil, sometido a la discrecionalidad de los poderes económicos, permeado por economías delictivas, renuente a reformas fundamentales que permitan auténticos equilibrios de poder y una capacidad real de descentralizar, planificar y fiscalizar el poder.
El pobre desempeño del gobierno central para ejecutar su presupuesto en los distintos sectores, las acusaciones contra el Premier Cornejo por presuntos conflictos de interés y la subvaluación en el caso de ENAPU, la incapacidad para revertir la retracción de la inversión privada, la postergación reiterada del proyecto del Gasoducto del Sur y los resultados de la concesión de la línea 2 del Metro de Lima, muestran estas grandes dificultades. A ellas se suman el enfrentamiento entre los poderes judicial y legislativo por las investigaciones de la Megacomisión que investiga a Alan García y las groseras dificultades de la Fiscalía de la Nación para elegir a su máxima autoridad. Los problemas de corrupción e impunidad en Ancash parecen comprometer al propio Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, varios congresistas de la República y la Policía Nacional, lo que nos muestra el alcance de un problema que trasciende de lejos el ámbito regional y la presunta responsabilidad de su mandatario.
Frente al carga montón contra la descentralización acusándola de debilitar al Estado y crear escenarios para la corrupción y el crimen, además de investigar y castigar drásticamente a todos quienes resulten involucrados en el caso de Ancash, se hace necesario evaluar el proceso y sus limitaciones después de 12 años, asumiendo que sus resultados son disímiles y ameritan valoraciones más equilibradas y mejor informadas de las distintas regiones. El mejor desempeño en la ejecución del gasto, el desarrollo de capacidades, el éxito de algunas alianzas público privadas, un papel destacado en la prevención y manejo de distintos conflictos, entre otros, son algunos de los logros de instancias de gobierno a las que se les transfirió competencias de papel y sin recursos para afrontar graves problemas como la minería ilegal, por ejemplo. Entre lo negativo, entre otras cosas, además de la carencia de un modelo de gestión descentralizada y de que la calidad del gasto sigue siendo un tema pendiente, hay que señalar el presidencialismo que se observa en las regiones, que permite márgenes de una amplia discrecionalidad, más aún con los debilitados Consejos Regionales que no tienen capacidad de contrapeso y fiscalización. A ello, se añade que los gobiernos regionales no cuentan con los recursos para cumplir con sus competencias y funciones, que además no están bien delimitadas, así como tienen limitaciones para intervenir en temas relacionados con su territorio y el impacto de las actividades extractivas, que implican todo un desafío para los mismos.
Similares son los problemas a nivel nacional: pugnas recurrentes entre sectores, ministros que se desautorizan los unos a los otros, la amplia discrecionalidad del MEF y del Presidente de la República, la debilidad de un Congreso incapaz de discutir, sin la batuta del MEF, el presupuesto de la República. Pero además, el copamiento del poder judicial que no se recupera desde la reforma fujimorista y la incapacidad de instituciones como la Contraloría de la República que sin duda no cumplió su tarea en el caso de Ancash y sopla la pluma para que le embarguen las cuentas.
En suma, Ancash es apenas un síntoma, bastante grave por cierto. El Perú requiere de una seria reforma del Estado y de la discusión y profundización de la descentralización, para fortalecer su institucionalidad, asegurando contrapesos, balances de poder e instancias fiscalizadoras eficaces. ¿Será posible alcanzar esto cuando los poderes fácticos han capturado distintos ámbitos del Estado y los poderes económicos y mediáticos se guían por sus intereses más inmediatos a los que subordinan a los políticos en los distintos espacios territoriales? ¿Será esto posible mientras sigamos viviendo una terrible fragmentación política y una profunda crisis de los partidos políticos y de la propia sociedad civil?
