En las últimas semanas hemos asistido a un debate público sobre las razones por las cuales viene fracasando estrepitosamente el FORSUR, institución creada para enfrentar la dramática situación en la que se encuentra la población de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto. Las críticas a las carencias de su Presidente, señor Julio Favre, así como al asambleísmo que caracteriza a su instancia de conducción, son en la gran mayoría de los casos reales y han sido los temas en los cuales se ha centrado la atención durante el debate.
Frente a la evidente indignación de la población afectada, que a más de 100 días constata la inoperancia e irresponsabilidad con la que se aborda el tema desde el gobierno y la clase política, así como frente al anuncio de un paro regional en Ica, promovido por los más distintos sectores sociales y ciudadanos, se ha implementado una campaña para trasladar toda la responsabilidad al actual responsable del FORSUR. Asimismo se han tomado algunas decisiones sorprendentes, como la ratificación en el cargo de su desgastado presidente. Esta decisión parece responder al interés del gobierno por contar con una figura en la cual descargar sus responsabilidades frente a la ineficiencia y lentitud de la reconstrucción.
La otra decisión significativa ha sido reducir a 10 el número de integrantes de la instancia de dirección de FORSUR, aprovechando al mismo tiempo la oportunidad para reforzar más su carácter centralista, limitando la representación de las instancias descentralizadas de gobierno a los tres presidentes de las regiones afectadas y eliminando del mismo a las autoridades locales. Los temas de fondo relacionados con la estructura de esta instancia están ausentes del debate, tanto desde el gobierno como desde la oposición parlamentaria.
Desde los primeros momentos del desastre que afectó a una vasta zona del territorio nacional, Propuesta Ciudadana señaló que era imprescindible fortalecer el rol y las capacidades de las instituciones elegidas por la población para ejercer el gobierno. En esa perspectiva propusimos que se conformara una instancia intergubernamental que diseñara un plan de emergencia, así como uno de corto, mediano y largo plazo para vincular la reconstrucción con un plan de desarrollo que integrara las tres regiones afectadas. Ha sido un error no asumir esta orientación y, más bien, repetir algunos viejos y fracasados criterios que marcan la cultura política de nuestras autoridades. Es bueno recordar que el diseño de FORSUR fue aprobado casi por unanimidad en el Congreso.
Se puso de manifiesto la inadecuada comprensión y valoración de la importancia que tienen las instituciones para enfrentar los problemas, sobre todo en sociedades como las nuestras, y para construir bases sólidas para el desarrollo y la democracia. En lugar de consolidar la capacidad de acción de los tres niveles de gobierno se creó un referente paralelo que, por algún acto de magia, debía superar todas las trabas y limitaciones de la administración pública. Incluso se quiso aprobar que sus decisiones, vinculadas obviamente a la asignación de recursos que son de todos los peruanos, estuvieran por encima de cualquier control y responsabilidad administrativa. Esta ruta no sólo afecta a los gobiernos regionales y locales sino incluso a las propias instancias y programas del gobierno nacional.
El resultado es lamentable. Nos encontramos con una gran dispersión territorial y sectorial de las diversas acciones que se realizan en las zonas afectadas, producto de la carencia de un mecanismo con la capacidad y legitimidad necesaria para definir objetivos, metas y prioridades claras, y para evitar la superposición o la excesiva concentración de las inversiones. Tampoco se ha puesto la atención necesaria en definir los roles de cada uno de los tres niveles de gobierno.
En ese sentido es imprescindible que el presidente Alan García reconozca que se equivocó y escuche a quienes desde fuera y dentro del gobierno le proponen un cambio de rumbo, por lo menos en este terreno. Asimismo, es necesario que la oposición trascienda sus propias limitaciones, temores y cálculos de corto plazo para poner en la agenda una propuesta que se oriente en un sentido efectivamente alternativo al diseño actual del FORSUR.
Se requiere consolidar una instancia intergubernamental que articule las capacidades y recursos de los tres niveles de gobierno, y que permita resolver las limitaciones administrativas y de gestión pública sobre la base del trabajo coordinado y el aprovechamiento de las ventajas y potencialidades de cada uno de ellos.
Para que eso sea posible es necesario superar un segundo problema estructural del diseño del FORSUR. Repitiendo una vieja práctica caudillista y coherente con la alianza del presidente Alan García con los grandes empresarios, para conducir esta instancia se designó al señor Julio Favre y se dio mayoría en el directorio a un grupo amplio de empresarios, todos ellos parte del entorno de asesores empresariales “informales” que despacha semanalmente en Palacio de Gobierno.
Una propuesta alternativa debería orientarse a generar un sistema institucional formado el gobierno nacional y los subnacionales, representados por sus autoridades. Ello garantizaría un funcionamiento efectivamente intergubernamental y pondría la responsabilidad de responder a las demandas y exigencias, así como de la rendición de cuentas a la población afectada en quienes corresponde en toda democracia.
No se trata de formular soluciones simplistas para salir del paso de la indignación popular, como es la decisión del Congreso de reducir el número de los integrantes del directorio a pedido del gobierno nacional, sino de imaginar un diseño que garantice tanto la participación de todas las autoridades elegidas de la zona como una gestión eficiente.
Algunas orientaciones posibles en ese sentido son:
- Nombrar como presidente de FORSUR al presidente del Consejo de Ministros, constituyendo un comité ad hoc con los ministros cuyos sectores son estratégicos para la reconstrucción.
- Designar un comité ejecutivo formado por el presidente del Consejo de Ministros y por los presidentes de las tres regiones afectadas por el terremoto. Esta instancia tomaría las decisiones ejecutivas y evaluaría el cumplimiento del plan y de las responsabilidades asumidas por cada instancia de gobierno.
- Instalar en cada una de las tres regiones un comité descentralizado de FORSUR formado por el presidente regional y los alcaldes de las provincias y distritos afectados por el terremoto, quienes se encargarían de la implementación y evaluación permanente del plan.
- Realizar cada tres meses sesiones de evaluación y ajuste del plan de reconstrucción con la participación de los ministros, los presidentes regionales, así como las autoridades provinciales y distritales.
Sean éstas u otras propuestas mejores, lo importante es que exista la decisión y la voluntad política para responder a la grave situación en la que se encuentra la población de las zonas afectadas con alternativas que se basen en el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia. Lamentablemente, nada nos indica que el presidente Alan García tiene este tipo de preocupaciones en mente y, por el contrario, lo más probable es que se persistirá en un estilo personalista y centralista de gobierno, sin que quienes se denominan oposición, como en casi todos los temas de interés nacional, perfilen un camino distinto.
Autor:
Grupo Participa Perú
Fecha de Publicación:
Lun, 19/11/2007
