Poco más de seis meses después de asumir su mandato, el Ministro de Economía Luis Valdivieso fue renunciado. Era demasiado evidente la dificultad de este funcionario del FMI para adecuarse y responder con audacia y creatividad a los desafíos de una crisis que está afectando a diversos sectores productivos y sociales. Su gestión se orientó a enfriar la economía ajustando el gasto público; vieja receta cuyo efecto es descargar los costos de los riesgos económicos que venimos enfrentando desde hace varios meses, en los hombros de los sectores más pobres de la población. Los hechos nos muestran, incluido el improvisado y mal denominado Plan Anticrisis, que no tuvo el manejo suficiente para delinear un escenario alternativo, alimentando en el discurso oficial una visión que minimizó la dimensión de la crisis y sobrevaloró nuestras posibilidades de contrarrestar sus efectos.
Es obvio que en la agenda del reestrenado ministro de Economía, Luis Carranza, no están los cambios que se requieren para producir una respuesta integral a la crisis económica global, lo cual significa poner en cuestión varios principios básicos del modelo neoliberal. Temas como los ajustes en la política comercial y arancelaria, incentivos a los sectores productivos más expuestos, políticas sectoriales orientadas a la generación de empleo, todos ellos planteados por especialistas de los más diversos sectores, muy probablemente encontrarán la negativa o la indiferencia como respuesta.
La pregunta que nos hacemos es si el retorno de Luis Carranza significará, por lo menos, una modificación en la orientación del MEF en el sentido de promover y facilitar la inversión pública en los tres niveles de gobierno. Ello implicaría un cambio radical al sentido y las características que, desde setiembre de 2008, viene imponiendo la todopoderosa burocracia del MEF a los gobiernos regionales y locales, como se ve a continuación:
i) recentralización ilegal de la gestión de los recursos mediante autorizaciones mensuales de todas las fuentes de financiamiento, incluyendo recursos determinados como el canon;
ii) trabas administrativas para demorar la autorización y transferencia de los recursos. Se ha llegado al extremo de hacer el desembolso respectivo el último día del mes correspondiente;
iii) ausencia de propuestas orientadas a mejorar la capacidad de gestión de los proyectos de inversión;
iv) ineficiencia en la gestión del FONIPREL, cuyos proyectos aprobados para el 2008 se implementarán este año.
En este contexto preocupa la capacidad de promover el diálogo y la concertación del Ministro Carranza entre los tres niveles de gobierno. Si tomamos como referencia su desempeño los dos primeros años de este gobierno, es evidente que la coordinación horizontal con las autoridades democráticamente elegidas por la población no ha estado entre sus virtudes. Su actitud fue más bien de imposición, lo cual puede acentuar la tendencia que viene aplicando el MEF de recentralizar la gestión de los recursos y limitar al máximo posible la autonomía financiera que la Constitución y las leyes reconocen a los gobiernos regionales y locales.
Si el cambio de ministro busca modificaciones en la política de gasto público, en el sentido de darle un efectivo contenido contracíclico, una decisión a tomar de manera inmediata debe ser el incremento del presupuesto de inversión de los gobiernos regionales al mismo nivel, en términos reales, del presupuesto modificado del 2008. Ello permitiría no sólo incrementar la disponibilidad de recursos, sino también mejorar las condiciones para hacer una adecuada planificación presupuestal en los 25 gobiernos regionales. La información sobre la eficiencia en la ejecución de la inversión en los últimos cuatro años –sobre la base de datos precisos que se pueden encontrar en nuestra Nota de Información y Análisis de este mes–, muestra que los gobiernos regionales y locales pueden ser un canal más eficiente para la implementación de una política de gasto que sea coherente con los peligros que la recesión mundial plantea para nuestra economía, en particular para las regiones y provincias más pobres del país.
Otra propuesta de los gobiernos regionales en esta misma perspectiva es la eliminación de los candados burocráticos que el MEF viene aplicando hasta el día de hoy con el objetivo de reducir el nivel de inversión de los gobiernos regionales y locales. Sobre la base de un presupuesto 2009 ampliado, se debe respetar la autonomía de estas instancias de gobierno. Es inaceptable que mes a mes las autoridades locales y regionales deban “negociar” con funcionarios del MEF la forma de gestionar los recursos que la ley ha puesto bajo su responsabilidad. Mucho menos cuando se trata de recursos provenientes del canon y las regalías, es decir de recursos intangibles de las regiones y localidades del país. Si se mantiene el control absoluto del MEF sobre los recursos y no se apuesta por fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, no será posible mejorar la eficiencia en el gasto. Los pobres resultados del FONIPREL el 2008 han mostrado que es falso el argumento de centralizar para mejorar la eficiencia y la calidad del gasto.
Sin duda hay temas que deben ser abordados como parte del necesario debate sobre el diseño y la implementación de una estrategia para enfrentar la crisis, empezando por la evaluación de su dimensión y duración, y sobre lo cual el gobierno ha optado por un discurso que peligrosamente minimiza sus riesgos y sobrevalora nuestra fortaleza económica para resistirla.
Deben formar parte de este diálogo nacional temas como:
i) la integralidad que debe definir y reflejarse en una estrategia mucho más amplia que el gasto público;
ii) los mecanismos para enfrentar la crisis de balanza comercial que se vislumbra;
iii) el mejor uso de nuestras reservas internacionales y la política monetaria que requerimos;
iv) la mejor forma de blindar, hasta donde nos sea posible como sociedad, a los sectores marginados de un crecimiento económico profundamente inequitativo.
No tenemos expectativas sobre las modificaciones que el nuevo ministro pueda producir en estos aspectos, pero sí nos parece imprescindible que el gobierno, en particular el MEF, sean sumamente transparentes en lo que se refiere a la evolución de los principales indicadores macroeconómicos y de las inversiones, así como a los efectos de las políticas aplicadas. Ésta puede y debe ser una función del Grupo Intergubernamental que ha conformado la Presidencia del Consejo de Ministros para hacer un seguimiento al impacto de la crisis sobre nuestra dinámica económica y social.
