Inicio Industrias Extractivas Informe. RENTA EXTRACTIVA MINERA EN EL PERÚ: ESTADO DEL ARTE Y PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Informe. RENTA EXTRACTIVA MINERA EN EL PERÚ: ESTADO DEL ARTE Y PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

 

¿La minería produce desarrollo? ¿Qué efectos provoca el uso de los recursos provenientes del canon y regalías en la sociedad y la presencia de operaciones mineras en el medio ambiente? ¿Tener más recursos mejora la gestión de los gobiernos regionales y locales?

Con el fin de responder a estas preguntas, desde el Grupo Propuesta Ciudadana, con el soporte de su socia, el Centro Bartolomé de las Casas, Natural Resource Governance Institute (NGRI) y OXFAM en Perú, elaboramos el informe Renta Extractiva en el Perú: Estado del Arte y Propuestas de Políticas Públicas.

El informe presenta una síntesis de los estudios académicos producidos en los últimos 20 años que evalúan el impacto de la minería y del uso de la renta minera -entendida como los pagos por concepto de canon y regalías- en los indicadores de desarrollo social y económico, medioambiente y la eficiencia en la gestión del gasto público.

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El informe permite conocer cuáles son los puntos de consenso y disensos entre los expertos en relación al impacto de esta actividad en el desarrollo del Perú. A continuación, los resumimos:

  • En el ámbito del desarrollo económico, los efectos son mayoritariamente positivos. La minería contribuye al incremento de los ingresos, el consumo, el empleo directo, el Producto Bruto Interno nacional y regional, el valor de las exportaciones tradicionales, y a la reducción de la pobreza. Pero también se observa un incremento de la desigualdad en la distribución de la renta minera y una reducción de la producción agropecuaria cerca de los yacimientos mineros.
  • El impacto es mixto en el ámbito del desarrollo social. Si bien se observa un efecto positivo en los indicadores de infraestructura educativa y de asistencia y rendimiento escolar, se asocia a la minería el aumento de la migración de la población rural hacia zonas donde se desarrollan las operaciones, el incremento de conflictos políticos y socioambientales, y del clientelismo y corrupción a escala regional.
  • En relación al medio ambiente, el impacto es predominantemente negativo. Un efecto de la minería es la reducción en el acceso al agua y de la disponibilidad de tierra para la agricultura, la erosión de la calidad del aire y tierra y el incremento de la percepción de contaminación.
  • En relación la eficiencia de la gestión pública, el impacto es preponderantemente negativo. La evidencia indica que la renta minera produce un incremento de la pereza fiscal, de la ineficiencia en el gasto público y de la dependencia presupuestal de los recursos provenientes de esta actividad.

 ¿Qué debe cambiar?

 Desde el Grupo Propuesta Ciudadana recomendamos las siguientes acciones:

  1. MEJORAR LA GESTIÓN. El impacto negativo de la minería en ciertos aspectos se explicaría por las débiles capacidades técnicas e institucionales de los gobiernos regionales y locales. Se requiere establecer mecanismos que permitan incrementar la efectividad de la inversión pública para contribuir a reducir las brechas de acceso a la infraestructura social básica y que ayuden a las familias a generar ingresos favoreciendo el empleo en el ámbito local.
  2. REDUCIR LA DEPENDENCIA. Se debe reducir de manera paulatina la dependencia de los recursos generados por las actividades extractivas y, en su lugar, impulsar la diversificación productiva a nivel subnacional. De esta forma, se evitará que los shocks en los mercados internacionales afecten seriamente las arcas públicas.
  3. MÁS TRANSPARENCIA. Se debe potenciar la transparencia de la gestión de la renta extractiva, de modo que permita al Estado, las empresas mineras y la población rural contar con información oportuna y mejorar la confianza entre las partes. Ello debe complementarse con iniciativas de vigilancia ciudadana.
  4. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS. Hace falta generar un marco institucional que permita realizar un seguimiento de los acuerdos firmados entre las comunidades y las empresas mineras. Ello reducirá la probabilidad de que las partes incumplan con sus compromisos y, por lo tanto, reduciría los conflictos sociales.
  5. REVISAR LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN. El esquema vigente que se usa para la distribución del canon y las regalías mineras genera desigualdades entre los distritos, no asegura una gestión eficiente de los recursos, provoca conflictos y no ha logrado brindar bienestar sostenible a las poblaciones locales. El Gobierno debería revisar los criterios para redistribuir los ingresos provenientes de los recursos naturales a los gobiernos subnacionales.
  6. AVANZAR HACIA UN RÉGIMEN FISCAL MÁS JUSTO Y EQUITATIVO. Es necesaria una reforma hacia una estructura tributaria justa y transparente, fortaleciendo los mecanismos para perseguir la evasión y elusión fiscal en el sector.

SOBRE EL AUTOR

  • César del Pozo Loayza. Economista, Magíster en Economía de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y Magíster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) investigador del Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas (CBC).

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