El conflicto generado alrededor del proyecto Tía María es seguramente uno de los más anunciados de los distintos casos que se han producido en el país. Más allá de sus particularidades, la dramática situación que se ha generado en el valle de Tambo (Arequipa), demuestra las enormes dificultades que tenemos Estado, empresas y sociedad, para aprender de la larga lista de experiencias similares que hemos vivido, la última de las cuales, la de Conga a inicios del actual gobierno. Ello, no obstante el importante número de muertos y la violencia sufrida en todos y cada uno de esos casos.

Tía María es una historia vieja que enfrenta una vez más a un proyecto minero con una población integrada mayoritariamente por pequeños agricultores. El rechazo de los pueblos del valle al mismo, se dio desde el momento en que éste se hizo visible, acicateado por enfrentamientos de larga data entre ambas partes por los probables efectos perjudiciales durante largos años, de los humos de la fundición de la empresa sobre la producción agrícola. A fines del 2009, los pobladores de 3 distritos –Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón- rechazaron masivamente en una consulta popular, la presencia del proyecto. El MINEM entonces, decidió que un organismo internacional, UNOPS, revise el estudio de impacto ambiental (EIA), presentado por la Southern.

Las 138 observaciones presentadas por los evaluadores fueron contundentes, al extremo que en abril del 2011, el Ministerio declaró inadmisible y rechazó el EIA. El 2013, la empresa presentó un nuevo estudio, que proponía desalinizar agua de mar para el proyecto, que no modificó la percepción de la población sobre aquél, manteniendo su negativa a la denominada licencia social. No obstante las condiciones existentes y la historia de desconfianza previa, el MINEM realizó una parodia de audiencia pública a fines de diciembre de ese año –menos de una hora, impedimento para el ingreso de las principales organizaciones sociales opuestas al proyecto y más de 2,000 policías rodeando la sede de la reunión-, que le sirvió al entonces ministro Merino para sostener que el proyecto contaba con licencia social.

Posteriormente, en agosto pasado, el MINEM aprobó el mencionado EIA. Mientras la Southern intentaba demostrar las supuestas bondades del proyecto y el Estado intentaba impulsar sus llamadas mesas de diálogo, en octubre, la población de los distintos distritos y de la provincia, elegía como autoridades locales a candidatos que explícitamente habían expresado su rechazo a Tía María y a la sola presencia de la empresa en la zona. Así las cosas, la política de hechos consumados del MINEM y la empresa, fue respondida por la posición irreductible de la población.

El resultado hasta ahora es una paralización del valle que se acerca a los dos meses, 3 muertos -uno de ellos un policía- como resultado de los violentos y condenables enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los agricultores, la región Arequipa viviendo distintas movilizaciones, paralizaciones y enfrentamientos y un proyecto que a estas alturas, termina siendo inviable. La empresa, mientras tanto, bien gracias, guardando silencio tras haber anunciado que se retiraban del proyecto, para “corregir” su postura, apenas horas después. Como es obvio, el diálogo se hace imprescindible y todos debemos apoyarlo, pero a las limitaciones que impone nuestra precariedad institucional, se suman las dificultades generadas por el gobierno y la empresa, al descalificar a los opositores al proyecto como “terroristas antimineros”, mientras que sectores de la población, al hacer uso de su derecho a la movilización y la protesta pasó de los canales pacíficos e institucionales, a manifestaciones de violencia creándose un ambiente inapropiado para cualquier proceso de diálogo que obliga, sin duda, a la suspensión del proyecto.

El conflicto ha puesto sobre la mesa nuevamente algunos aspectos que requieren ser discutidos. Nos referimos a la necesidad de contar con un planeamiento de las inversiones en función de una estrategia de desarrollo nacional; no se trata de atraer la inversión privada a cualquier costo y en función del sentido de lucro y oportunidad empresarial. Requerimos revisar las reglas para una nueva minería que debe ir en correspondencia a las condiciones para la explotación de nuestros recursos naturales y el desarrollo de actividades extractivas. Ponerle condiciones sociales y ambientales a cualquier inversión no es estar en contra de ésta. Demandar una institucionalidad transparente y efectiva de un Estado con instrumentos efectivos como los PAMA, los EIA y una estrategia de ordenamiento territorial, no es ser ni antisistémicos ni fundamentalistas. Es nada más y nada menos que exigir un Estado capaz de defender el bien común y el beneficio de la población.

Las elecciones regionales y municipales del próximo domingo 5 de octubre se producen en un escenario difícil para la descentralización y la democracia en el país. Cierran una campaña en la que la proliferación de listas y candidatos y la multiplicación de ofertas imposibles, que no corresponden en muchos casos a las funciones y competencias que tendrán quienes pugnan por ser elegidos, ha estado acompañada, más visiblemente que antes, por un proceso marcado por distintas acusaciones entre los candidatos, donde las supuestas o reales vinculaciones con el narcotráfico, la minería ilegal y el blanqueo de recursos, no han sido las menores.

En un escenario fuertemente fragmentado y puesto en cuestión por la significativa campaña lanzada desde distintas autoridades de los diversos poderes del Estado y distintos medios de comunicación, orientada a mostrar la corrupción en regiones y municipalidades, como si ésta fuera “patrimonio” de los gobiernos descentralizados y se originara en el interior del país, hemos asistido a más actos de violencia que en el pasado, varios de ellos con la muerte de distintos candidatos que se anuncia en el espectáculo de los medios y cuyo esclarecimiento desaparecerá en el tiempo.

Como es obvio, el debate de propuestas y programas ha estado virtualmente ausente en la mayoría de regiones y localidades, Lima incluida, como es notorio. Una sensación de pesimismo y distancia invade a distintos sectores del electorado en muchos territorios del país. La proliferación de postulantes y el empleo de ingentes recursos, las más de las veces de origen desconocido, incrementa la desconfianza de los electores porque pareciera que municipalidades y regiones son crecientemente vistas como un botín que permitirá recuperar la inversión realizada.

Los pocos datos nuevos que aparecen –por primera vez en las regiones compiten más listas de partidos nacionales (160) que de agrupaciones regionales- son apenas síntomas de la descomposición de nuestro sistema de partidos, para denominar de alguna manera lo que tenemos. Convertidos, los más de ellos en franquicias, vemos una vez más en los territorios, lo que también observamos desde años atrás en el Congreso de la República: agrupaciones que son marcas de ocasión, el transfuguismo como moneda corriente y el predominio del interés particular sobre la propuesta de política pública.

El “florecimiento” de listas y candidatos no es patrimonio del interior del país. Recordemos que Lima tiene 13 candidatos y candidatas a su alcaldía provincial y que por lo menos 5 de sus distritos tienen 17 o más aspirantes al municipio. En este escenario, es obvio que emergerán autoridades no sólo nuevas sino también más débiles a las actuales. Que varias de ellas en cinco o seis regiones resulten de la primera vuelta no les dará mayor legitimidad. El 6 de octubre, en consecuencia, amaneceremos con varios ganadores formales pero con nuestra democracia y el proceso de descentralización más debilitados.

Se hace imprescindible, en consecuencia, recuperar un debate serio e informado sobre la reforma iniciada 12 años atrás, sobre sus muchas limitaciones, pero también sobre sus aportes. Necesitamos con urgencia corregirla y vincularla a la indispensable reforma del sistema de partidos y de representación, pero también a la urgente transformación de un Estado e instituciones que han desnudado, una vez más, su incapacidad, pero también en muchos casos, su corrupción. Una democracia sin contenidos ni instituciones como la que crecientemente tenemos, no es sostenible ni contribuye al crecimiento, menos aún al desarrollo.

Las medidas para destrabar las inversiones anunciadas por el Ejecutivo y enviadas al Congreso de la República para su aprobación, no hacen sino demostrar que en el gobierno se han consolidado las posiciones ligadas a sectores empresariales vinculados a la minería, los hidrocarburos y los sectores industriales tradicionales. De otra manera estas medidas no se explican porque no es cierto que la desaceleración económica tenga que ver con las regulaciones ambientales, las dificultades tributarias o los “sobrecostos” laborales, sino con el contexto económico internacional en el que se ha producido la caída de los precios de los minerales y la desaceleración de economías como la China.

En la jerga de los economistas, las causas de la desaceleración, que además, por lo menos por ahora, no es dramática para el Perú, están en la demanda, y no en la oferta, en la que las medidas económicas ponen énfasis. Esto quiere decir que el gobierno nos está pasando de contrabando medidas orientadas a favorecer a los sectores aludidos, desbaratando nuestra ya limitada institucionalidad y poniendo en riesgo los derechos de muchos peruanos. Así, la caída del crecimiento de los últimos meses es solo un pretexto que no atiende problemas de fondo que cada vez serán más evidentes debido a la dependencia de nuestra economía de las inversiones mineras que mantendrán su importancia en los próximos años, tanto como por la debilidad e incapacidad de nuestro Estado y sus principales instituciones.

Con un presidente de la República que sigue hundiéndose en las encuestas, y con la complicidad de los grandes medios de comunicación, el poderoso Ministro Castilla, prácticamente ha desaparecido el rol del Ministerio del Ambiente para avanzar en la flexibilización de las ya bastante precarias exigencias ambientales, otorga convenios de estabilidad tributaria por 15 años a determinadas inversiones mineras como si estuviéramos en condiciones similares a los inicios de los años noventa, condona deudas, generando un incentivo perverso y pretende seguir reduciendo los derechos laborales.

Si algo nos enseña la desaceleración económica es que requerimos aprovechar de los precios de los minerales todavía altos, de la existencia de una cartera de inversiones importantes en el país, para construir una institucionalidad sólida y eficaz, diversificar la economía, desarrollar capacidades e invertir en tecnología, combatiendo la desigualdad económica con una mayor y mejor redistribución económica. Esto a corto plazo implica hacer más eficaz al Estado para la inversión en infraestructura, garantizar condiciones claras para inversiones que logren legitimidad social y también el respeto de las condiciones ambientales para que después no se constituyan en pasivos sociales, ambientales y económicos para el país.

Lamentablemente, estas alternativas van a contrapelo del cortoplacismo de quienes hoy nos gobiernan los que además, con sus marchas y contramarchas hacen incompatible el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en los próximos años, y renuncian sin pena ni gloria al rol que debieran jugar en la reunión COP20 a realizarse a fines de año.