El conflicto generado alrededor del proyecto Tía María es seguramente uno de los más anunciados de los distintos casos que se han producido en el país. Más allá de sus particularidades, la dramática situación que se ha generado en el valle de Tambo (Arequipa), demuestra las enormes dificultades que tenemos Estado, empresas y sociedad, para aprender de la larga lista de experiencias similares que hemos vivido, la última de las cuales, la de Conga a inicios del actual gobierno. Ello, no obstante el importante número de muertos y la violencia sufrida en todos y cada uno de esos casos.

Tía María es una historia vieja que enfrenta una vez más a un proyecto minero con una población integrada mayoritariamente por pequeños agricultores. El rechazo de los pueblos del valle al mismo, se dio desde el momento en que éste se hizo visible, acicateado por enfrentamientos de larga data entre ambas partes por los probables efectos perjudiciales durante largos años, de los humos de la fundición de la empresa sobre la producción agrícola. A fines del 2009, los pobladores de 3 distritos –Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón- rechazaron masivamente en una consulta popular, la presencia del proyecto. El MINEM entonces, decidió que un organismo internacional, UNOPS, revise el estudio de impacto ambiental (EIA), presentado por la Southern.

Las 138 observaciones presentadas por los evaluadores fueron contundentes, al extremo que en abril del 2011, el Ministerio declaró inadmisible y rechazó el EIA. El 2013, la empresa presentó un nuevo estudio, que proponía desalinizar agua de mar para el proyecto, que no modificó la percepción de la población sobre aquél, manteniendo su negativa a la denominada licencia social. No obstante las condiciones existentes y la historia de desconfianza previa, el MINEM realizó una parodia de audiencia pública a fines de diciembre de ese año –menos de una hora, impedimento para el ingreso de las principales organizaciones sociales opuestas al proyecto y más de 2,000 policías rodeando la sede de la reunión-, que le sirvió al entonces ministro Merino para sostener que el proyecto contaba con licencia social.

Posteriormente, en agosto pasado, el MINEM aprobó el mencionado EIA. Mientras la Southern intentaba demostrar las supuestas bondades del proyecto y el Estado intentaba impulsar sus llamadas mesas de diálogo, en octubre, la población de los distintos distritos y de la provincia, elegía como autoridades locales a candidatos que explícitamente habían expresado su rechazo a Tía María y a la sola presencia de la empresa en la zona. Así las cosas, la política de hechos consumados del MINEM y la empresa, fue respondida por la posición irreductible de la población.

El resultado hasta ahora es una paralización del valle que se acerca a los dos meses, 3 muertos -uno de ellos un policía- como resultado de los violentos y condenables enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los agricultores, la región Arequipa viviendo distintas movilizaciones, paralizaciones y enfrentamientos y un proyecto que a estas alturas, termina siendo inviable. La empresa, mientras tanto, bien gracias, guardando silencio tras haber anunciado que se retiraban del proyecto, para “corregir” su postura, apenas horas después. Como es obvio, el diálogo se hace imprescindible y todos debemos apoyarlo, pero a las limitaciones que impone nuestra precariedad institucional, se suman las dificultades generadas por el gobierno y la empresa, al descalificar a los opositores al proyecto como “terroristas antimineros”, mientras que sectores de la población, al hacer uso de su derecho a la movilización y la protesta pasó de los canales pacíficos e institucionales, a manifestaciones de violencia creándose un ambiente inapropiado para cualquier proceso de diálogo que obliga, sin duda, a la suspensión del proyecto.

El conflicto ha puesto sobre la mesa nuevamente algunos aspectos que requieren ser discutidos. Nos referimos a la necesidad de contar con un planeamiento de las inversiones en función de una estrategia de desarrollo nacional; no se trata de atraer la inversión privada a cualquier costo y en función del sentido de lucro y oportunidad empresarial. Requerimos revisar las reglas para una nueva minería que debe ir en correspondencia a las condiciones para la explotación de nuestros recursos naturales y el desarrollo de actividades extractivas. Ponerle condiciones sociales y ambientales a cualquier inversión no es estar en contra de ésta. Demandar una institucionalidad transparente y efectiva de un Estado con instrumentos efectivos como los PAMA, los EIA y una estrategia de ordenamiento territorial, no es ser ni antisistémicos ni fundamentalistas. Es nada más y nada menos que exigir un Estado capaz de defender el bien común y el beneficio de la población.

Las elecciones regionales y municipales del próximo domingo 5 de octubre se producen en un escenario difícil para la descentralización y la democracia en el país. Cierran una campaña en la que la proliferación de listas y candidatos y la multiplicación de ofertas imposibles, que no corresponden en muchos casos a las funciones y competencias que tendrán quienes pugnan por ser elegidos, ha estado acompañada, más visiblemente que antes, por un proceso marcado por distintas acusaciones entre los candidatos, donde las supuestas o reales vinculaciones con el narcotráfico, la minería ilegal y el blanqueo de recursos, no han sido las menores.

En un escenario fuertemente fragmentado y puesto en cuestión por la significativa campaña lanzada desde distintas autoridades de los diversos poderes del Estado y distintos medios de comunicación, orientada a mostrar la corrupción en regiones y municipalidades, como si ésta fuera “patrimonio” de los gobiernos descentralizados y se originara en el interior del país, hemos asistido a más actos de violencia que en el pasado, varios de ellos con la muerte de distintos candidatos que se anuncia en el espectáculo de los medios y cuyo esclarecimiento desaparecerá en el tiempo.

Como es obvio, el debate de propuestas y programas ha estado virtualmente ausente en la mayoría de regiones y localidades, Lima incluida, como es notorio. Una sensación de pesimismo y distancia invade a distintos sectores del electorado en muchos territorios del país. La proliferación de postulantes y el empleo de ingentes recursos, las más de las veces de origen desconocido, incrementa la desconfianza de los electores porque pareciera que municipalidades y regiones son crecientemente vistas como un botín que permitirá recuperar la inversión realizada.

Los pocos datos nuevos que aparecen –por primera vez en las regiones compiten más listas de partidos nacionales (160) que de agrupaciones regionales- son apenas síntomas de la descomposición de nuestro sistema de partidos, para denominar de alguna manera lo que tenemos. Convertidos, los más de ellos en franquicias, vemos una vez más en los territorios, lo que también observamos desde años atrás en el Congreso de la República: agrupaciones que son marcas de ocasión, el transfuguismo como moneda corriente y el predominio del interés particular sobre la propuesta de política pública.

El “florecimiento” de listas y candidatos no es patrimonio del interior del país. Recordemos que Lima tiene 13 candidatos y candidatas a su alcaldía provincial y que por lo menos 5 de sus distritos tienen 17 o más aspirantes al municipio. En este escenario, es obvio que emergerán autoridades no sólo nuevas sino también más débiles a las actuales. Que varias de ellas en cinco o seis regiones resulten de la primera vuelta no les dará mayor legitimidad. El 6 de octubre, en consecuencia, amaneceremos con varios ganadores formales pero con nuestra democracia y el proceso de descentralización más debilitados.

Se hace imprescindible, en consecuencia, recuperar un debate serio e informado sobre la reforma iniciada 12 años atrás, sobre sus muchas limitaciones, pero también sobre sus aportes. Necesitamos con urgencia corregirla y vincularla a la indispensable reforma del sistema de partidos y de representación, pero también a la urgente transformación de un Estado e instituciones que han desnudado, una vez más, su incapacidad, pero también en muchos casos, su corrupción. Una democracia sin contenidos ni instituciones como la que crecientemente tenemos, no es sostenible ni contribuye al crecimiento, menos aún al desarrollo.

Las medidas para destrabar las inversiones anunciadas por el Ejecutivo y enviadas al Congreso de la República para su aprobación, no hacen sino demostrar que en el gobierno se han consolidado las posiciones ligadas a sectores empresariales vinculados a la minería, los hidrocarburos y los sectores industriales tradicionales. De otra manera estas medidas no se explican porque no es cierto que la desaceleración económica tenga que ver con las regulaciones ambientales, las dificultades tributarias o los “sobrecostos” laborales, sino con el contexto económico internacional en el que se ha producido la caída de los precios de los minerales y la desaceleración de economías como la China.

En la jerga de los economistas, las causas de la desaceleración, que además, por lo menos por ahora, no es dramática para el Perú, están en la demanda, y no en la oferta, en la que las medidas económicas ponen énfasis. Esto quiere decir que el gobierno nos está pasando de contrabando medidas orientadas a favorecer a los sectores aludidos, desbaratando nuestra ya limitada institucionalidad y poniendo en riesgo los derechos de muchos peruanos. Así, la caída del crecimiento de los últimos meses es solo un pretexto que no atiende problemas de fondo que cada vez serán más evidentes debido a la dependencia de nuestra economía de las inversiones mineras que mantendrán su importancia en los próximos años, tanto como por la debilidad e incapacidad de nuestro Estado y sus principales instituciones.

Con un presidente de la República que sigue hundiéndose en las encuestas, y con la complicidad de los grandes medios de comunicación, el poderoso Ministro Castilla, prácticamente ha desaparecido el rol del Ministerio del Ambiente para avanzar en la flexibilización de las ya bastante precarias exigencias ambientales, otorga convenios de estabilidad tributaria por 15 años a determinadas inversiones mineras como si estuviéramos en condiciones similares a los inicios de los años noventa, condona deudas, generando un incentivo perverso y pretende seguir reduciendo los derechos laborales.

Si algo nos enseña la desaceleración económica es que requerimos aprovechar de los precios de los minerales todavía altos, de la existencia de una cartera de inversiones importantes en el país, para construir una institucionalidad sólida y eficaz, diversificar la economía, desarrollar capacidades e invertir en tecnología, combatiendo la desigualdad económica con una mayor y mejor redistribución económica. Esto a corto plazo implica hacer más eficaz al Estado para la inversión en infraestructura, garantizar condiciones claras para inversiones que logren legitimidad social y también el respeto de las condiciones ambientales para que después no se constituyan en pasivos sociales, ambientales y económicos para el país.

Lamentablemente, estas alternativas van a contrapelo del cortoplacismo de quienes hoy nos gobiernan los que además, con sus marchas y contramarchas hacen incompatible el ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en los próximos años, y renuncian sin pena ni gloria al rol que debieran jugar en la reunión COP20 a realizarse a fines de año.

La caída del canon minero puso en difícil situación a distintas regiones y municipalidades del país a mediados del año 2013. A la base de dicha situación, sin ninguna duda, se encontraba la volatilidad de los recursos, totalmente dependientes de los precios internacionales de los minerales, que se encontraban a la baja desde el año 2012. En otras palabras, la situación era previsible. Más previsible aún, si se observaba la evolución del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras desde el año 2007, la misma que registraba una caída de 14% entre el 2011 y el 2012.

Lo sorprendente en este escenario fue que el Ministerio de Economía y Finanzas estimó en 4,761 millones de soles los recursos provenientes del canon para el año 2013, cuando éste llegó apenas a 3,817 millones. Un error de cálculo significativo que no contempló ni la previsible variación de los precios internacionales, ni la consiguiente disminución del impuesto a la renta de las empresas mineras, registrado el año 2012. Tampoco se contemplaron las señales claras provenientes de la economía mundial desde el segundo trimestre del año pasado: (i) la desaceleración del crecimiento chino; (ii) la virtual parálisis de la economía norteamericana; (iii) la profunda crisis de las economías europeas. Adicionalmente, los funcionarios debieron prever que en escenarios de disminución de precios y alta volatilidad, como el que se observa desde el 2009, las empresas se “protegen” aumentando sus costos de venta de manera tal que disminuye su utilidad antes de impuestos, sobre la que se aplica el impuesto a la renta.

Como sabemos bien, fueron regiones y localidades, en realidad las poblaciones de las mismas, las que se vieron perjudicadas por el grosero error de los funcionarios responsables del cálculo en el sector que finalmente decide la vida de millones de peruanos y peruanas. El Ministro Castilla y su equipo, sin embargo, lograron un “adecuado control de daños”, es decir, no tuvieron costo alguno por su error. Peor aún, no aprendieron nada del mismo.

Así, en julio del 2013, estimaron los recursos del canon para el 2014 en 3,495 millones de soles; en diciembre de ese año, reajustaron sus números y previeron 2,590 millones de soles, es decir una disminución de más del 28%. Sin embargo, en días pasados, Tania Quispe, titular de la SUNAT, anunció que la regularización por impuesto a la renta de las empresas mineras había disminuido en 74%. Recordemos que las empresas mineras hacen mensualmente pagos a cuenta, cubriendo la diferencia al final del ejercicio. Con esa información y asumiendo que los pagos a cuenta y la regularización, según la propia SUNAT habían caído en 47%, es evidente que la disminución de los recursos del canon será bastante mayor al 28% estimado por el MEF, aproximándose en realidad al 40%.

El rol del MEF es el de calcular la distribución del canon a nivel regional con la información que le entregan la SUNAT y el MINEM, utilizando los índices de distribución establecidos por norma. Esa información la debiera difundir lo más oportunamente posible, anunciando a tiempo los ingresos que llegarán efectivamente a las regiones y municipalidades. Todo indica que este año, nuevamente se equivocaron en el cálculo.

Recordemos también que el año pasado, el canon minero se transfirió sin aviso previo de la fuerte reducción producida, generándose gran malestar y distintos problemas por la paralización de las obras previstas, provocándose un conflicto innecesario. El MEF seguramente ya cuenta con la información del IR declarado por las empresas mineras correspondiente al ejercicio fiscal 2013, proporcionada por la SUNAT. Sería conveniente que anuncien ya su primer estimado del canon minero a distribuirse entre las regiones productoras, asumiendo sus errores de cálculo, pero evitando el papel de eventuales incendiarios que cumplieron el año 2013.

En la presentación del presidente Ollanta Humala ante el Congreso de la Republica en julio pasado, casi al final de su alocución, el mandatario soltó una frase que nos llamó la atención a quienes seguimos el tema de la descentralización y el rol de las industrias extractivas en la economía nacional. El presidente dijo: “Hemos diseñado una política para mejorar la equidad y uso del canon para que todos se beneficien”, asegurando que en 30 días el Ejecutivo mandaría dicha propuesta al Congreso para su discusión.

Este anuncio no era nada nuevo habida cuenta que el jefe del Estado también formuló uno similar en julio del 2013, sin que luego se presentara ninguna propuesta para concretarlo, evidenciando así la indecisión de un gobierno a la que ya estamos acostumbrados en éste y otros temas que debieran ser discutidos no sólo en el Congreso sino que también tendrían que ser consensuados con las autoridades y las sociedades regionales concernidas. ¿A qué se refería esta vez el Presidente Humala con el anuncio de mejorar la equidad y uso del canon?

Desde el Ministerio de Economía, donde se maneja el tema como un secreto de Estado, se alcanzó información adicional señalando que se trataría de “cambios en la distribución intrarregional” porque según la expresión del Ministro Castilla “hemos visto que hay unos índices de Gini, de inequidad, muy fuertes cuando uno ve la distribución de los recursos al interior de una determinada región”, subrayando que la propuesta buscaría que la distribución del canon sea más “solidaria y equitativa” en el corto plazo.

No cabe duda que la medida es necesaria – aunque tardía- para corregir el problema de la inequidad en la distribución intrarregional del canon. Conviene recordar que frente a esa situación, desde los gobiernos regionales y las municipalidades se presentaron en el pasado propuestas concretas que el gobierno actual y el anterior, han ignorado. Siendo necesaria, creemos que la medida es insuficiente para corregir de manera significativa la inequidad en la asignación del presupuesto – que también se da entre regiones- , el cual viene siendo recentralizado por este gobierno utilizando la Ley del Presupuesto Público de los años 2013 y 2014. Insuficiente, porque en los últimos años los recursos del canon se redujeron significativamente por la caída de los precios de los minerales, mientras que los ingresos tributarios totales han seguido creciendo. Si de veras queremos una asignación más equitativa, la medida tendría que contemplar el presupuesto total y no sólo una pequeña fracción de éste.

Limitarse a la redistribución del canon es caer en el juego del gobierno, en especial del MEF, interesado no solamente en recentralizar cada vez más el manejo del presupuesto desde algunos sectores, sino también en privatizar crecientemente la ejecución del gasto público con el argumento de la ineficiencia del Estado para acelerar las inversiones y enfrentar la corrupción creciente. Lo cuestionable de esta política es que el gobierno muestra simultáneamente un completo desinterés por implementar las reformas para mejorar la capacidad de gestión pública a nivel nacional y descentralizado. Por ello, el tema de fondo que se debe plantear al debate, junto con la redistribución del canon, es el de la descentralización fiscal que comprende la asignación de recursos según necesidades de gasto, las transferencias intergubernamentales, la tributación municipal y el gasto orientado a resultados.

Las promesas con las cuales se impulsó la reforma descentralista del Estado fueron las de alcanzar una democracia más plena, mejorar la provisión de servicios a la ciudadanía y alcanzar un desarrollo territorial más armónico en el país. A pesar del mandato constitucional de hacer de ella permanente, quedó estancada y abandonada apenas unos años después de su lanzamiento y con el pasar de los años, es objeto de campañas que la señalan como causante de diversos problemas en el país, como ocurre en estos días, con particular intensidad.

El asesinato de Ezequiel Nolasco, opositor del Presidente Regional de Ancash César Álvarez sindicado como su autor intelectual, así como la situación de inseguridad, crimen y corrupción que se vive en esa región, vienen siendo endosados al proceso de descentralización como su causa, cuando estos son fenómenos que se sufren en todos los niveles del Estado y de la sociedad peruana.

Ancash evidencia que no se quiere reconocer que hay un problema más profundo que puede terminar frustrando los esfuerzos que ha implicado el crecimiento económico en el país: una grave crisis institucional, con un Estado débil, sometido a la discrecionalidad de los poderes económicos, permeado por economías delictivas, renuente a reformas fundamentales que permitan auténticos equilibrios de poder y una capacidad real de descentralizar, planificar y fiscalizar el poder.

El pobre desempeño del gobierno central para ejecutar su presupuesto en los distintos sectores, las acusaciones contra el Premier Cornejo por presuntos conflictos de interés y la subvaluación en el caso de ENAPU, la incapacidad para revertir la retracción de la inversión privada, la postergación reiterada del proyecto del Gasoducto del Sur y los resultados de la concesión de la línea 2 del Metro de Lima, muestran estas grandes dificultades. A ellas se suman el enfrentamiento entre los poderes judicial y legislativo por las investigaciones de la Megacomisión que investiga a Alan García y las groseras dificultades de la Fiscalía de la Nación para elegir a su máxima autoridad. Los problemas de corrupción e impunidad en Ancash parecen comprometer al propio Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, varios congresistas de la República y la Policía Nacional, lo que nos muestra el alcance de un problema que trasciende de lejos el ámbito regional y la presunta responsabilidad de su mandatario.

Frente al carga montón contra la descentralización acusándola de debilitar al Estado y crear escenarios para la corrupción y el crimen, además de investigar y castigar drásticamente a todos quienes resulten involucrados en el caso de Ancash, se hace necesario evaluar el proceso y sus limitaciones después de 12 años, asumiendo que sus resultados son disímiles y ameritan valoraciones más equilibradas y mejor informadas de las distintas regiones. El mejor desempeño en la ejecución del gasto, el desarrollo de capacidades, el éxito de algunas alianzas público privadas, un papel destacado en la prevención y manejo de distintos conflictos, entre otros, son algunos de los logros de instancias de gobierno a las que se les transfirió competencias de papel y sin recursos para afrontar graves problemas como la minería ilegal, por ejemplo. Entre lo negativo, entre otras cosas, además de la carencia de un modelo de gestión descentralizada y de que la calidad del gasto sigue siendo un tema pendiente, hay que señalar el presidencialismo que se observa en las regiones, que permite márgenes de una amplia discrecionalidad, más aún con los debilitados Consejos Regionales que no tienen capacidad de contrapeso y fiscalización. A ello, se añade que los gobiernos regionales no cuentan con los recursos para cumplir con sus competencias y funciones, que además no están bien delimitadas, así como tienen limitaciones para intervenir en temas relacionados con su territorio y el impacto de las actividades extractivas, que implican todo un desafío para los mismos.

Similares son los problemas a nivel nacional: pugnas recurrentes entre sectores, ministros que se desautorizan los unos a los otros, la amplia discrecionalidad del MEF y del Presidente de la República, la debilidad de un Congreso incapaz de discutir, sin la batuta del MEF, el presupuesto de la República. Pero además, el copamiento del poder judicial que no se recupera desde la reforma fujimorista y la incapacidad de instituciones como la Contraloría de la República que sin duda no cumplió su tarea en el caso de Ancash y sopla la pluma para que le embarguen las cuentas.

En suma, Ancash es apenas un síntoma, bastante grave por cierto. El Perú requiere de una seria reforma del Estado y de la discusión y profundización de la descentralización, para fortalecer su institucionalidad, asegurando contrapesos, balances de poder e instancias fiscalizadoras eficaces. ¿Será posible alcanzar esto cuando los poderes fácticos han capturado distintos ámbitos del Estado y los poderes económicos y mediáticos se guían por sus intereses más inmediatos a los que subordinan a los políticos en los distintos espacios territoriales? ¿Será esto posible mientras sigamos viviendo una terrible fragmentación política y una profunda crisis de los partidos políticos y de la propia sociedad civil?

La reciente renuncia de César Villanueva a la Presidencia del Consejo de Ministros, nos obliga a reflexionar acerca del rumbo del gobierno y del país en su conjunto, considerando las motivaciones de los diversos actores, aunque también las condiciones estructurales en las que éstos se desenvuelven. Esto, porque ya es el cuarto premier que es reemplazado en tan solo tres años de gobierno del Presidente Humala, pero también por las circunstancias que rodearon su salida, las mismas que desnudan las “lógicas” de quiénes hoy detentan el gobierno, así como de los que ejercen el poder de manera formal o informal en el país.

La economía y el ciclo político inaugurado con el fujimorismo pareciera irse acercando a su fin; todo indica que el actual modelo económico e institucional, creado dos décadas atrás y tímidamente reformado para su despliegue, van llegando a su límite. Sus debilidades más recientes se evidencian, entre otras cosas, en la significativa reducción del canon para las regiones, pero también en la imposibilidad de concretar distintas y nuevas inversiones en el país, además de las ostensibles debilidades del Estado para acelerar la velocidad de las inversiones en curso y facilitar nuevos proyectos extractivos que siguen sin realizarse o que tienen posibilidades limitadas para hacerlo. A diez meses de las medidas orientadas a este fin, el gobierno no puede mostrar ningún resultado; las licitaciones de los megaproyectos comprometidos por el Presidente en julio y reiterados por Villanueva en su presentación ante el Congreso, continúan postergándose o avanzando a trompicones como el caso de la modernización de la refinería de Talara.

En este escenario, más aún, en un año electoral regional y municipal, se avecinan distintas protestas, si bien fragmentadas lo que las hace más explosivas; protestas que seguramente expresarán los múltiples y distintos malestares que existen en el país, pero también y eventualmente, que servirán para la radicalización oportunista de los candidatos. Ante esta situación, a riesgo de ser tildados de tremendistas, cabe preguntarse si no estaremos asistiendo a un debilitamiento mayor de nuestra débil democracia y a la tentación de pasar a un tiempo autoritario que garantice a toda costa la reproducción del modelo económico. Recordemos que la criminalización de la protesta es un camino por el cual el actual gobierno ha dado ya más de un paso.

En este sentido, el cambio del Premier y de varios de los ministros, nos permite especular sobre la primacía de una elemental racionalidad que calcula, apuntando a consolidar a los grupos de poder en el gobierno -a los que representan Castilla y el nuevo Premier Cornejo-, mientras se administra el cambio de gobierno el 2016, hacia uno que les garantice mayor tranquilidad que la que ofrece un presidente incapaz de comunicar ideas, de hacer política y plantear objetivos de cualquier índole. En esa perspectiva, las acciones de los diferentes actores a las que hemos asistido las últimas semanas, demuestran el fuerte peso del interés primario, de corto plazo y de beneficio inmediato, que conspira también contra aquellas miradas más estratégicas que veían un problema en los afanes institucionalizadores del ex Premier.

En estos extremos, podemos pensar en un arco de posibilidades con ambos componentes que seguramente dan cuenta de la real complejidad de las motivaciones de los actores en el poder, los visibles y los ocultos, sin caer en una mirada que le asigne una racionalidad omnicomprensiva y absolutamente calculada a alguno de ellos (los que verdaderamente tienen el poder) o creer que las cosas se mueven fuera de toda lógica y de manera anárquica, orientada solo a satisfacer los apetitos de poder y de ganancias individuales de manera inmediata.

En cualquier caso, si algo queda claro, es que tanto el presidente de la República como la Primera Dama, que se ha revelado más que nunca como dueña de una gran capacidad no sólo de influir sino de decidir en el gobierno, actúan sin ningún horizonte claro más allá de mantenerse en el gobierno y aspirar a un nuevo mandato. Las palabras de la señora Heredia tras las declaraciones del expremier, quien la responsabilizó de su salida, deseándole buena suerte a Villanueva en su “aventura política”, quizá delaten una comprensión de la política, fuertemente presente en este gobierno.