Las elecciones presidenciales y congresales han puesto en evidencia la grave crisis de nuestro régimen político, que se agrava por la polarización extrema de la segunda vuelta presidencial. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha culminado con el conteo del cien por ciento de las actas, con lo que ha terminado la etapa regular del proceso electoral cumpliendo con estándares internacionales, de acuerdo con las diversas misiones de observación participantes, que no han detectado ningún hecho que comprometa la plena expresión de la voluntad ciudadana.
En ese marco:
- Saludamos al profesor Pedro Castillo por su triunfo y lo llamamos a hacer un esfuerzo sostenido para cerrar la fractura generada por una campaña basada en el temor y la descalificación, respetar el pluralismo político y fortalecer la institucionalidad democrática y la participación ciudadana.
- Repudiamos las maniobras políticas y judiciales orientadas a desacreditar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE, así como el acoso delictivo a sus principales representantes y sus familias. Expresamos nuestro respaldo a estas instituciones para que cumplan con su responsabilidad haciendo respetar la voluntad mayoritaria de las peruanas y peruanos, expresada en las urnas el 6 de junio.
- Rechazamos el intento antidemocrático y excluyente de Fuerza Popular y sus aliados de negar el voto a cientos de miles de peruanos de las zonas más vulnerables de nuestro país, mediante argucias jurídicas sin sustento legal. Evidencian un abierto desprecio por las ciudadanas y los ciudadanos de zonas rurales de nuestro país, incrementando la desconfianza y las brechas de nuestra sociedad. Con ello buscan dilatar arbitrariamente el cierre del proceso electoral y deslegitimarlo, con el objetivo imposible de imponer su anulación. Atentan así contra la democracia y llaman al golpe de Estado.
- Expresamos nuestra preocupación porque la mayoría de los medios de comunicación masiva se han convertido en cajas de resonancia de la estrategia de la candidata Fujimori, incluyendo su discurso del fraude. Han abandonado los principios de pluralidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actuación al servicio de las y los ciudadanos y contribuyen a generar inseguridad, fomentar el miedo y presionar a las instituciones electorales.
- Hacemos un llamado al JNE a resolver con transparencia, imparcialidad y celeridad las actas que están en proceso de nulidad en los plazos establecidos por la ley.
Es ineludible que se respete a plenitud el resultado electoral para que el 28 de julio celebremos el Bicentenario con un nuevo gobierno surgido de la voluntad de la mayoría de las y los peruanos. Nos espera un largo camino para fortalecer nuestro sistema democrático y para reducir las profundas diferencias sociales, culturales, económicas y territoriales que bloquean nuestro avance al desarrollo inclusivo, descentralizado y sostenible.
Negocios. Especialistas sostienen que somos uno de los más rentables en el mundo para la producción minera.
El cobre experimenta un incremento en su cotización desde febrero del 2021, y actualmente la libra se ubica entre US$ 4,50 y US$ 4,70. De acuerdo con especialistas, esta subida en el valor del metal rojo será uno de los factores por los que las inversiones mineras no se alejen del país ante un posible gobierno de Pedro Castillo. Asimismo, sitúan a las empresas mineras en un marco con más ganancias para una posible renegociación de las sobreganancias.
José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, precisó que los bajos costos de producción de cobre en las minas peruanas son uno de los más atractivos del mundo. “Las inversiones mineras no se irán, ya que la libra de cobre trepó a US$ 4,70, un precio histórico”. En esa misma línea detalló que los inversionistas mineros se rigen a su carácter negociador. “No se van a ir, más bien debemos dejar de lado esos fantasmas”, acotó.
Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las inversiones mineras entre enero y abril del 2021 suman los US$ 1.298 millones.
Otro punto de la alta cotización del maleable es la posibilidad de renegociar las sobreganancias, tal como lo ha propuesto Perú Libre. Según fuentes de la agrupación, estos ingresos extraordinarios se negociarían con un 70% para el Estado y el 30% para la empresa. Por ejemplo, si los ingresos mineros son US$ 500 millones, al Estado hoy le corresponde el 30% (US$ 150 millones); con mejores precios, estos ingresos totales llegarían a los US$ 1.000 millones, al Estado le seguiría correspondiendo el 30% (US$ 300 millones) y la empresa tendría una ganancia extraordinaria adicional de US$ 700 millones.
Epifanio Baca consideró arriesgada la propuesta, y en su lugar consideró necesario aplicar un impuesto a las sobreganancias. “Con un precio de tres dólares las empresa ganan, imagínate con cuatro, ya hay ganancias extraordinarias. En este superciclo cuál es el nivel de participación del Estado peruano de esas rentas. Se debería aplicar un impuesto a la sobreganancia que se establece en cuanto al comportamiento del costo del mineral como el cobre”, dijo el coordinador ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana.
Infografía – La República.
Fuente: La República.
La candidata presidencial de Fuerza Popular ofreció una contribución adicional de las empresas mineras, denominada «Minería para el agro», para financiar la construcción de canales de regadío para los agricultores. Fuentes de Convoca.pe indicaron que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) no se reunió previamente con Keiko Fujimori para elaborar ese planteamiento electoral.
Durante el último debate presidencial, entre las diferentes propuestas de gobierno planteadas por la candidata Keiko Fujimori, además de bonos, ofreció entregar recursos económicos o directamente dinero provenientes del sector minero, como parte de su campaña para llegar a Palacio de Gobierno.
Uno de los planteamientos de la postulante de Fuerza Popular fue que, en su eventual gestión presidencial, se implementará una contribución adicional de las empresas mineras denominada «Minería para el agro», que permitiría financiar la construcción de canales de regadío para los agricultores.
Según fuentes de Convoca.pe en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Keiko Fujimori no ha comunicado ni ha pactado con las empresas mineras ninguna eventual nueva contribución y señalaron que actualmente «no forma parte del esquema tributario» por lo que de llegar a la presidencia, Fuerza Popular debería plantear ese tema a las compañías de este sector.
Luis Carranza, del equipo técnico de Keiko Fujimori, era ministro de Economía de Alan García cuando se diseñó el óbolo minero. Foto: Andina
Además, la misma fuente sostuvo que el gremio minero aún no se ha reunido con ningún candidato presidencial y que recién emitirán un pronunciamiento sobre las propuestas en relación a la minería cuando haya un ganador de la segunda vuelta electoral, es decir después del domingo 6 próximo.
No obstante, la fuente consideró que el aporte voluntario de la minería para la agricultura planteado por Keiko Fujimori podría ser similar al «óbolo minero» que el gobierno de Alan García acordó con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en diciembre de 2006. En aquel momento, el ministro de Economía era Luis Carranza, actual integrante del equipo técnico del partido fujimorista.
Como se recuerda, durante la última gestión presidencial de García, las empresas mineras acordaron aportar al menos 2.500 millones de soles en cinco años para programas sociales, monto equivalente al 3% de sus utilidades netas anuales, el cual fue denominado «Fondo Minero de Solidaridad con el Pueblo». Era un aporte extraordinario destinado principalmente para salud, educación y combatir la desnutrición infantil.
Sobre la aparente similitud entre la propuesta fujimorista y la medida aprista, la experta en ordenamiento territorial Beatriz Salazar, del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), refirió que lo ofrecido por la candidata de Fuerza Popular es una «medida populista» porque sería un aporte voluntario de las mineras y no estaría incluido en los presupuestos de los gobiernos locales o regionales, que deberían estar a cargo de la construcción de los reservorios y canales en sus jurisdicciones.
Salazar advirtió que una figura de aporte voluntario de las mineras no haría que fueran sostenibles en el tiempo, los proyectos a favor de la agricultura altoandina. En tal sentido, comentó que sería parecido al esquema de responsabilidad social de las compañías mineras, modelo ya existente, y en el que estas empresas deciden cuándo, dónde y con qué organizaciones trabajan.
La especialista de CEPES añadió que el principal problema en el esquema de responsabilidad social minera, relacionado a proyectos agrícolas, es que los agricultores no forman parte de la toma de decisiones, situación que los desmotiva de participar en el mantenimiento de las infraestructuras hídricas que construyen las mineras.
La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha señalado que buscará un aporte voluntario de las mineras para la mejora de la agricultura. Foto: Difusión
Por su parte, el economista Epifanio Baca calificó la propuesta de Keiko Fujimori como una «reacción de reflejo» para no quedarse atrás en relación al candidato Pedro Castillo, quien continuaba en el primer lugar de las preferencias en las últimas encuestas publicadas. «Él (Castillo) habla de renegociación de contratos y tiene un discurso más radical sobre la minería, el cual tiene mayor impacto en las zonas mineras. Y Keiko Fujimori saca esas propuestas sobre el canon y aportes voluntarios para no quedarse atrás», anotó.
Baca dijo que los aportes mineros deberían distribuirse mediante las regalías y el impuesto a la renta, y no mediante un «óbolo minero versión fujimorista» para que las empresas sean las mismas que ejecuten las obras. Agregó que las propuestas de la postulante de Fuerza Popular de entregar el 40% del canon minero directamente a las personas y “Minería para el agro», buscan abonar en la hipótesis de que agricultura y minería pueden convivir.
El experto del Grupo Propuesta Ciudadana agregó que en lugar de proponer aportes voluntarios de las mineras, se debería discutir sobre las modificaciones del esquema tributario minero para que esté en correspondencia a los ciclos mineros con precios altos.
Fuente: Convoca.pe.
“Es una propuesta clientelista que profundizaría la desigualdad en el reparto del canon”.
Contar con instituciones fuertes y eficaces, pero también con reglas claras que permanezcan en el tiempo es la receta que permite transformar las ganancias que provee la extracción de los recursos naturales en desarrollo. Pero es la fórmula que tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo han preferido ignorar a través de propuestas efectistas, que no resuelven los problemas de fondo que atraviesan los distritos donde opera el sector minero. La plata no es el problema –ese es parte de su embrujo, titularía el historiador José Deustua–, sino su gestión.
Desde el Grupo Propuesta Ciudadana, coincidimos con los diagnósticos que señalan que nuestra incapacidad como país para convertir los recursos que provienen de las actividades extractivas en bienestar para los ciudadanos se explica, en parte, por las débiles capacidades técnicas y la corrupción que caracteriza la gestión de los gobiernos regionales y locales. Para superar esta situación, la visión de la minería al 2030 del Grupo Rimay –iniciativa que reúne a representantes del Estado, gremios empresariales y la sociedad civil– sugiere establecer mecanismos que permitan mejorar la efectividad de la inversión pública: trazar una ruta que apunte a fortalecer las competencias que el Estado hoy carece en sus distintos niveles, antes que retirarlas.
La propuesta de Fuerza Popular, de distribuir el 40% del canon que reciben las regiones directamente a los ciudadanos, es, en ese sentido, una renuncia a este mandato. Es una propuesta clientelista que profundizaría la desigualdad en el reparto del canon. Según nuestros cálculos, en Áncash, cada hogar de la provincia de Huari recibiría S/8.294, mientras que en la provincia de Yungay, S/434; una diferencia de 19 a 1. Tendría algún efecto dinamizando el consumo solo en las regiones que concentran la mayor porción de las transferencias. En el resto, el dinero entregado en mano reduciría los fondos que podrían ser invertidos en grandes proyectos que cierren las brechas existentes en infraestructura, salud y educación.
Por otra parte, la propuesta parte de la falacia, varias veces repetida, de que existen millones de soles que las regiones no han logrado gastar en las arcas del Estado. Pero basta comparar los montos de transferencias de canon y regalías mineras con el gasto devengado anualmente para identificar el error. En el periodo 2008-2020, los gobiernos regionales y locales recibieron S/51,8 mil millones, pero invirtieron un total de S/52 mil millones. Las regiones sí gastan –incluso más de lo que reciben–, pero deben hacerlo mejor.
En el caso de Castillo, la propuesta de “nacionalizar nuestras riquezas” a través de la renegociación de los contratos, eliminación de exoneraciones y nuevos impuestos, presente en esos términos en el llamado Plan Bicentenario, supone cambiar las reglas de juego para la inversión. Considerando que tendría minoría en el Congreso, este tipo de propuestas, que implican cambios en el esquema tributario, tendrían dificultades para concretarse.
De ser negociadas –como con García y Humala–, las medidas podrían aumentar la dotación de recursos en el corto plazo. Pero, nuevamente, Perú Libre parte del supuesto de que el problema reside en el dinero y no en el uso que hacemos del mismo. Contamos con regiones, como Cusco, en las cuales la minería y la extracción de gas representan el 45% del PBI, pero poco se ha hecho desde el ámbito subnacional por impulsar programas que diversifiquen la matriz productiva e incentiven el empleo local.
El desafío reside lograr que un país periférico en la economía mundial, dependiente de la exportación de materias primas, fomente el desarrollo local. ¿Qué hemos aprendido en el Perú en las últimas décadas? A puertas del bicentenario, aparentemente poco.
Fuente: El Comercio.
La candidata presidencial de Fuerza Popular ofrece distribuir entre la población el presupuesto del canon minero que no utilizan los gobiernos locales. Asegura que no se gasta cerca del 40% de estos recursos, sin embargo, su afirmación es engañosa.
Una propuesta de campaña de Keiko Fujimori es la entrega directa del 40% del canon minero a la población que vive donde se desarrolla la actividad extractiva. Este dinero provendría de la partida que el Ministerio de Economía y Finanzas destina anualmente a municipalidades y gobiernos regionales.
Durante una entrevista televisiva, la candidata de Fuerza Popular dijo que el 40% del canon que se pretende entregar coincide con la cantidad de dinero no usado por los gobiernos subnacionales. «[En] los últimos 10 años, el 40% de estos presupuestos [canon] no han sido utilizados», afirmó. Además, aseguró que estos recursos se devolvían.
Convoca Verifica, la unidad de fact-checking de Convoca.pe, conversó con especialistas y revisó los datos sobre la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales durante los últimos diez años. La conclusión es que lo indicado por Fujimori resulta engañoso.
No es cierto que el presupuesto no ejecutado regrese a las arcas del gobierno central. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a Convoca Verifica que «los recursos que los gobiernos subnacionales perciben del canon minero, gasífero, hidroenergético, forestal y pesquero corresponden a dichas instituciones, por lo que los montos no ejecutados, al cierre del año fiscal, no están sujetos a una devolución al Gobierno Central. Este monto puede ser ejecutado al año siguiente».
En cuanto a la afirmación que señala que, en promedio, los gobiernos regionales no ejecutaron el 40% del canon en los últimos diez años, no coincide con lo que registra el MEF en su portal de transparencia.
En el 2019, el Grupo Propuesta Ciudadana realizó un informe sobre la ejecución del canon, regalías y sobre canon en los gobiernos subnacionales, durante el periodo comprendido entre el 2008 y 2017. Para determinar la cantidad de ejecución de este recurso, se comparó el gasto realizado por los gobiernos locales (en la fase de devengado) con las transferencias efectuadas por canon y se sumó los saldos que no fueron ejecutados el año anterior.
Tras realizar este ejercicio, Propuesta Ciudadana encontró que, en algunos casos, el monto de ejecución por el canon era mayor que la transferencia. Es decir, se obtuvo resultados negativos al restar la transferencia con la ejecución.
Epifanio Baca, consultor de Propuesta Ciudadana, explicó que este monto negativo se puede deber a que los gobiernos regionales suelen recurrir a préstamos o a la modalidad de obras por impuestos, que también genera una deuda a la entidad sobre sus recursos del canon y sobrecanon.
El especialista resaltó que la afirmación acerca de que los gobiernos subnacionales solo gastan el 60% de su presupuesto por canon fue formulada en una exposición de Perumin, en 2019. A partir de esa fecha, este dato fue utilizado muchas oportunidades.
Durante la edición número 34 de Perumin, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, Manuel Fumagalli, dijo que los gobiernos locales no ejecutaban 15.000 millones de soles. «Hoy, existen, por canon y regalías, alrededor de 39.000 millones de soles, en los últimos diez años, que han ido a los gobiernos regionales y locales pero, lamentablemente, solo el 60% se ha ejecutado”, manifestó en esa oportunidad.
Convoca Verifica actualizó el estudio sobre la transferencia y ejecución del recurso del canon en gobiernos regionales. En 2018 y 2019, también se presentan casos de regiones donde la ejecución resulta ser mayor que la trasferencia.
Además, en el 2018, el promedio de ejecución de los gobiernos regionales fue de 76.9 %. En 2019, llegó al 101% y en el 2020 al 77%.
El informe de Propuesta Ciudadana añade que, para evaluar la gestión del canon de los gobiernos locales, hay que tener en cuenta que hasta el 2018, el canon se transfería a los gobiernos en julio, lo que afectaba la ejecución del gasto anual.
Por las razones expuestas, se concluye que lo indicado por Keiko Fujimori es engañoso. Si bien hay gobiernos locales que no llegan a invertir todo su presupuesto del cano, el promedio de gasto de las regiones en los últimos diez años es superior al 40% señalado por la candidata.
Fuente: Convoca.pe.
¿La minería produce desarrollo? ¿Qué efectos provoca el uso de los recursos provenientes del canon y regalías en la sociedad y la presencia de operaciones mineras en el medio ambiente? ¿Tener más recursos mejora la gestión de los gobiernos regionales y locales?
Con el fin de responder a estas preguntas, desde el Grupo Propuesta Ciudadana, con el soporte de su socia, el Centro Bartolomé de las Casas, Natural Resource Governance Institute (NGRI) y OXFAM en Perú, elaboramos el informe Renta Extractiva en el Perú: Estado del Arte y Propuestas de Políticas Públicas.
El informe presenta una síntesis de los estudios académicos producidos en los últimos 20 años que evalúan el impacto de la minería y del uso de la renta minera -entendida como los pagos por concepto de canon y regalías- en los indicadores de desarrollo social y económico, medioambiente y la eficiencia en la gestión del gasto público.
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El informe permite conocer cuáles son los puntos de consenso y disensos entre los expertos en relación al impacto de esta actividad en el desarrollo del Perú. A continuación, los resumimos:
- En el ámbito del desarrollo económico, los efectos son mayoritariamente positivos. La minería contribuye al incremento de los ingresos, el consumo, el empleo directo, el Producto Bruto Interno nacional y regional, el valor de las exportaciones tradicionales, y a la reducción de la pobreza. Pero también se observa un incremento de la desigualdad en la distribución de la renta minera y una reducción de la producción agropecuaria cerca de los yacimientos mineros.
- El impacto es mixto en el ámbito del desarrollo social. Si bien se observa un efecto positivo en los indicadores de infraestructura educativa y de asistencia y rendimiento escolar, se asocia a la minería el aumento de la migración de la población rural hacia zonas donde se desarrollan las operaciones, el incremento de conflictos políticos y socioambientales, y del clientelismo y corrupción a escala regional.
- En relación al medio ambiente, el impacto es predominantemente negativo. Un efecto de la minería es la reducción en el acceso al agua y de la disponibilidad de tierra para la agricultura, la erosión de la calidad del aire y tierra y el incremento de la percepción de contaminación.
- En relación la eficiencia de la gestión pública, el impacto es preponderantemente negativo. La evidencia indica que la renta minera produce un incremento de la pereza fiscal, de la ineficiencia en el gasto público y de la dependencia presupuestal de los recursos provenientes de esta actividad.
¿Qué debe cambiar?
Desde el Grupo Propuesta Ciudadana recomendamos las siguientes acciones:
- MEJORAR LA GESTIÓN. El impacto negativo de la minería en ciertos aspectos se explicaría por las débiles capacidades técnicas e institucionales de los gobiernos regionales y locales. Se requiere establecer mecanismos que permitan incrementar la efectividad de la inversión pública para contribuir a reducir las brechas de acceso a la infraestructura social básica y que ayuden a las familias a generar ingresos favoreciendo el empleo en el ámbito local.
- REDUCIR LA DEPENDENCIA. Se debe reducir de manera paulatina la dependencia de los recursos generados por las actividades extractivas y, en su lugar, impulsar la diversificación productiva a nivel subnacional. De esta forma, se evitará que los shocks en los mercados internacionales afecten seriamente las arcas públicas.
- MÁS TRANSPARENCIA. Se debe potenciar la transparencia de la gestión de la renta extractiva, de modo que permita al Estado, las empresas mineras y la población rural contar con información oportuna y mejorar la confianza entre las partes. Ello debe complementarse con iniciativas de vigilancia ciudadana.
- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS. Hace falta generar un marco institucional que permita realizar un seguimiento de los acuerdos firmados entre las comunidades y las empresas mineras. Ello reducirá la probabilidad de que las partes incumplan con sus compromisos y, por lo tanto, reduciría los conflictos sociales.
- REVISAR LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN. El esquema vigente que se usa para la distribución del canon y las regalías mineras genera desigualdades entre los distritos, no asegura una gestión eficiente de los recursos, provoca conflictos y no ha logrado brindar bienestar sostenible a las poblaciones locales. El Gobierno debería revisar los criterios para redistribuir los ingresos provenientes de los recursos naturales a los gobiernos subnacionales.
- AVANZAR HACIA UN RÉGIMEN FISCAL MÁS JUSTO Y EQUITATIVO. Es necesaria una reforma hacia una estructura tributaria justa y transparente, fortaleciendo los mecanismos para perseguir la evasión y elusión fiscal en el sector.
SOBRE EL AUTOR
- César del Pozo Loayza. Economista, Magíster en Economía de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y Magíster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) investigador del Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas (CBC).
El estudio comparte información sobre lo que ocurre en las municipalidades provinciales y distritales en torno a la planificación urbana y su relación con la gestión del riesgo de desastres. Dividido en cinco capítulos, el estudio es producto de la revisión de plataformas oficiales de información existentes en materia de gestión del riesgo de desastres, los planes y políticas de ordenamiento territorial y planeamiento urbano, aprobados y relevantes de las ciudades de Piura y Trujillo. Además, contamos logramos recopilar datos a través de entrevistas a profundidad con actores clave en Piura, Trujillo y Lima.
El candidato presidencial Pedro Castillo negó que en su eventual gobierno se disponga la estatización de empresas que operan en sectores estratégicos del país. Y en su lugar, planteó la nacionalización. A menos de un mes de los comicios de la segunda vuelta electoral, aún se desconoce en qué consiste ese planteamiento de Castillo, que va en oposición al plan de gobierno del partido, elaborado por Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín sentenciado por corrupción.
Durante una entrevista en un medio de comunicación, el candidato presidencial Pedro Castillo dijo que el partido Perú Libre propone la nacionalización de los recursos, pero no la estatización, sin mayor explicación sobre cuál es su concepción respecto a estos dos conceptos o cómo se aplicaría esa medida en un eventual gobierno bajo su mandato. A menos de un mes de la segunda vuelta electoral, en la cual compite con Keiko Fujimori, algunas propuestas de Castillo como el cambio de Constitución o la nacionalización de los recursos, no han sido explicadas de forma detallada y menos a nivel técnico, razón por la que muchos dudan sobre si serán viables o sostenibles.
Convoca.pe solicitó a Perú Libre una entrevista con el equipo técnico a cargo de elaborar la propuesta de nacionalización. La respuesta de la organización política fue el silencio. Similar actitud exhibe Pedro Castillo durante la campaña de la segunda vuelta, cuando le preguntaron sobre la identidad de los miembros de su equipo técnico. Se estima que su presentación se realice en las próximas horas o días.
Por ahora, el documento que da mayores alcances sobre la política de nacionalización que plantea Perú Libre es el plan de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, que se terminó en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia por el Covid-19, y que en realidad es el ideario del fundador del partido, Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín senteciado por corrupción.
En contradicción con lo afirmado por Pedro Castillo, el documento partidario sí se refiere a la estatización y también a la nacionalización. Entendiéndose que existe una diferencia entre ambas medidas, pero sin dar muchos detalles al respecto. Una parte de aquel plan de gobierno indica que los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos y comunicaciones, deben «nacionalizarse». «En algunos casos solamente debe recurrirse a la nacionalización y no la estatización, indemnizando al privado lo invertido y administrando el total de las utilidades generadas», se lee en el documento.
En otra parte se explica que la estatización procedería en caso los privados no acepten renegociar el reparto de utilidades con el Estado, para que el gobierno se haga acreedor del 70% u 80% de las mismas y el resto quede para la empresa.
Camisea y yacimientos
Epifanio Baca, consultor del Grupo Propuesta Ciudadana, considera que la nacionalización plantea devolver la capacidad al Estado para decidir sobre sus recursos. Agregó que esta propuesta sería importante en el caso del gas de Camisea. Este recurso se extrae de lotes ubicados en la región Cusco, sin embargo «en 15 años no ha llegado ni una sola gota de gas al sur». Baca sostiene que la nacionalización podría plantear que este recurso se destine de manera prioritaria para el consumo nacional, en segundo lugar a su venta al extranjero.
En su plan de gobierno, Perú Libre toma a Bolivia como ejemplo de una exitosa nacionalización del sector de hidrocarburos. En 2006, el gobierno de Evo Morales procedió con la nacionalización de este sector. Esta política consistió en la renegociación de contratos con las empresas privadas, el establecimiento de mayores impuestos y la reconstrucción de empresas nacionales en el rubro. Epifanio Baca explicó que esta nacionalización no expulsó a las compañías del territorio boliviano, estas se quedaron en el país, pero con diferentes condiciones, más favorables para el Estado boliviano.
Perú Libre plantea la nacionalización del gas y el petróleo. Foto: Andina
Perú Libre no solo toma como referencia la nacionalización de este recurso en Bolivia, sino de otras naciones como Venezuela, Arabia Saudita, Ecuador y Uruguay, entre otros modelos que son distintos entre sí, por lo que se mantiene la duda respecto a qué plantea en realidad Pedro Castillo sobre la nacionalización.
Otro aspecto, tiene que ver con la nacionalización del recurso mineral. Epifianio Baca cree que será difícil la aplicación de esta política en el sector debido a que no hay mucha demanda del recurso en el mercado interno, motivo por el cual es destinado a la exportación. Respecto a la expropiación de yacimientos, el especialista sostiene que podría traer consecuencias legales al Estado peruano.
Fuente: Convoca.pe
