La grave crisis nacional que hoy vive nuestro país nos remonta a julio del 2016, cuando Fuerza Popular desconoce su derrota, y da inicio, desde el Congreso de la República, a la destrucción de la democracia y sus instituciones. La campaña electoral evidenció los peligros de la penetración del narcotráfico en la política. Posteriormente, el periodismo de investigación confirmaría estos nexos, además del sometimiento de los operadores de justicia a las redes de corrupción. Así se hizo pública la naturaleza corrupta de buena parte de la representación nacional, que opera a favor de sus máximos líderes comprometidos con la corrupción, y sus intereses particulares, vía la inmunidad parlamentaria. En este contexto, las organizaciones e instituciones abajo firmantes manifestamos a la ciudadanía lo siguiente:

• El país atraviesa una grave crisis política, social y ética que se manifiesta en el deterioro de las instituciones públicas y la amenaza constante contra jueces y fiscales honestos, frente a lo cual el pueblo redobla su lucha contra la corrupción. Se expresa también en la permanente confrontación entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria; en la desnaturalización de la reforma judicial y política, que mantiene el privilegio de impunidad de las y los parlamentarios. Asimismo, el blindaje a personajes vinculados a la corrupción -como el fiscal Chávarry-, leyes que atentan contra los derechos humanos, y la igualdad y la no discriminación. La mayor expresión de la crisis del régimen político es la exigencia ciudadana que demanda el cierre del Congreso y que se vayan todos. En este contexto se ubica la propuesta del Gobierno de adelanto de elecciones generales para el 2020.
• Alertamos sobre las pretensiones de las fuerzas políticas que han capturado al Estado y se oponen a los cambios y reformas que demanda la gran mayoría de nuestro país. Los grandes grupos de poder económico, representados en la CONFIEP, en alianza con sectores ultraconservadores y anti-derechos, tienen a uno de sus representantes directos como presidente del Congreso de la República. Esta alianza busca garantizar la impunidad de redes mafiosas, obstruir y desviar las investigaciones del Ministerio Público, vacar al presidente de la República y, finalmente, copar todos los poderes públicos. Por ello advertimos que un proyecto autoritario acecha a nuestra democracia y sus instituciones.
• La actual crisis debe ser una oportunidad para resolver los problemas de fondo que comprometen la calidad de vida y la condición ciudadana de las y los peruanos. En este sentido el gobierno, y la transición que se abre con el adelanto de las elecciones, debe generar un mecanismo de diálogo y participación ciudadana, orientada a tratar al más alto nivel las demandas pendientes y propuestas surgidas en los diversos conflictos socio-ambientales en la Amazonía, Cajamarca, en el corredor minero, y sobre todo, el conflicto del valle de El Tambo (Tía María). Los cuestionamientos al “Plan de competitividad y productividad”, y los intentos de privatización de SEDAPAL. Igualmente urge acelerar la reconstrucción del norte; la implementación efectiva del acceso a servicios de salud. Una profunda reforma del sistema de justicia libre de corrupción, de impunidad y de estereotipos de género, que sancione a criminales, agresores y feminicidas que han arrebatado la vida de más de 100 niñas y mujeres en lo que va del año.
• La convocatoria a elecciones generales debe realizarse aplicando nuevas reglas de juego: inscripción de nuevos partidos; elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; con paridad y alternancia; penalización del financiamiento ilícito; impedimento para postular a quienes tengan sentencia en primera instancia y condenas por violencia de género y deudores alimentarios. Elecciones sin cambios en las reglas, no garantizan la renovación de la política ni la recuperación de la confianza ciudadana sobre el régimen y las instituciones democráticas.
• Frente a la crisis hacemos un llamado a construir la más amplia unidad ciudadana, que convoca al conjunto de fuerzas democráticas, descentralistas y éticas para articular una agenda y ratificar, a través del referéndum, la reforma constitucional que debe ser aprobada por el Congreso. De no ser así, el Primer Ministro debeplantear la “cuestión de confianza”, y, de ser negada, procederá el cierre del Congreso, como se establece en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política.
• Por lo señalado, convocamos a desarrollar una amplia movilización democrática, unitaria y pacífica a nivel nacional. La participación ciudadana es fundamental para hacer de la actual crisis una oportunidad para refundar nuestro país. Urge un nuevo contrato social para la construcción de una sociedad justa y democrática, y el desarrollo de una economía al servicio de las personas.

Las y los peruanos asumimos la necesidad y el reto de construir una verdadera República que garantice bienestar a toda la ciudadanía, sin privilegios ni discriminaciones; con libertades plenas; con paz y justicia social y ecológica; con empleo y trabajo digno; con igualdad de género; y con educación y salud de calidad para todas y todos. La refundación del país nos convoca a todas y todos.

Apostemos por un Perú con igualdad, justicia y libre de violencias y corrupción.

Perú, 14 de agosto de 2019

Descarga aquí el pronunciamiento