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A poco más de un mes del inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, resulta clave entender el comportamiento del contagio en regiones, y poder estimar los escenarios de corto y mediano plazo más allá de Lima. Una de las medidas potenciales dentro de la estrategia de salida es la fijación de territorios con distintos regímenes de movilidad y actividades, de acuerdo con las cifras de contagio que se vayan presentando en las siguientes semanas[1]. Así, estas “cuarentenas” regionales de distinto alcance e intensidad dependerán de la capacidad de los sistemas de salud locales de lidiar con las curvas de hospitalizaciones, y dentro de ellas, de las que requieran cuidados intensivos. Las tasas de letalidad serán un indicador fundamental para las decisiones de la salud pública.
En lo que va de abril, las regiones que presentan, fuera de Lima y Callao, más de cien casos son: Lambayeque, Loreto, Piura, Áncash, La Libertad, Arequipa, Junín, Cusco, Ica, Ucayali y San Martín. De estas, Lambayeque es la que muestra un escenario más complejo, con 741 casos positivos, pasando, tras la quincena, a Loreto como el primer espacio de contagio regional. En esta región norteña la tasa de positivos sobre pruebas tomadas es de 24.5% de acuerdo a la sala situacional del Ministerio de Salud, mientras la letalidad es de 12.15%. Estos números podrían estar indicando que la población contagiada es más numerosa que la que está siendo reportada hasta el momento, y parece necesario desplegar de manera más intensa la aplicación de pruebas en Chiclayo y los demás centros urbanos de la región[2]. Por su lado, Piura es la tercera región con 475 reportes positivos, elevando su participación sostenidamente desde el 14 de este mes. El salto en estos números traduce una expansión de la toma de pruebas, tanto serológicas como moleculares, como parte de la estrategia epidemiológica del sector salud tras recibir los nuevos stocks de muestras. Un segundo grupo es constituido por Áncash, La Libertad y Arequipa, que documentan contagios en el rango de 200 a 300. Un tercer grupo, entre los que están Junín, Cusco, Ica, Ucayali y San Martín, muestra tasas de crecimiento estacionadas, salvo esta última que ha visto multiplicar sus casos por 8 entre el 16 y el 20 de abril. De esta manera, es razonable esperar la constitución de la costa norte como un territorio de riesgo sanitario en las próximas semanas. Otro espacio de atención especial sería las regiones amazónicas de Loreto, San Martín y Ucayali.
Una mirada de cerca a la capacidad instalada de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) revela que los umbrales críticos de atención se están alcanzando. Contar con una UCI implica tener una serie de variables cubiertas: un médico/a y un/a enfermero/a por cada cuatro camas[3], equipos de reanimación, ventilación mecánica y monitoreo, además de otros instrumentos especializados. Y si bien ampliar el número de estas unidades toma tiempo y recursos, el Ministerio de Salud informa que tiene 504 UCI para cuidados relacionados al COVID-19. En regiones, ha sido difícil obtener números exactos, lo que habla de las trampas de producción y transmisión de información confiable sobre un punto clave de la estrategia sanitaria. Con todo, las cifras publicadas indican que en Ucayali, Ica y Piura la ocupación de UCI es del 100%, y sólo Cusco, San Martín (que no tienen pacientes COVID19 en UCI) y Junín tienen menos de la mitad de su oferta comprometida. Con una tasa nacional del 2% de los casos positivos reportados[4], el límite de los servicios de cuidados intensivos regionales se acerca inexorablemente.
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Finalmente, si observamos los datos de la gestión presupuestal encargada de implementar la atención de salud para afrontar la pandemia[5], constatamos que las asignaciones más importantes están en el norte, Cusco y Loreto. No obstante, los porcentajes de avance difieren, en La Libertad, Lambayeque y Piura con ejecuciones aún tempranas que bordean el 15%. Por su lado, Arequipa, Junín e Ica han superado el 50% de devengado de sus recursos. Es importante anotar que estas cifras traducen la atención de necesidades de operación que varían de región en región, e incluso de hospital en hospital, y que son dinámicas dada la velocidad con la que se están transfiriendo recursos vinculados al comportamiento del contagio. No obstante, es de notar los bajos ratios de implementación en tres de las regiones más golpeadas en lo que va de la emergencia sanitaria, y cabe vigilar si ello se traslada al desempeño en la provisión del servicio.
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[1] “Ministro de Salud estima habrá cuarentenas focalizadas por región después del 12 de abril”: https://andina.pe/agencia/noticia-ministro-salud-estima-habra-cuarentenas-focalizadas-region-despues-del-12-abril-791522.aspx
[2] Hacia el 21/04 Lambayeque tiene un acumulado de 3025 muestras, entre rápidas y moleculares.
[3] Para hospitales de nivel II-2 según la norma técnica del Ministerio de Salud.
[4] Tasa agregada que debe modularse a las especificidades del contagio regional.
[5] No incluye la compra de equipos médicos (como ventiladores) o las modificaciones a la infraestructura de los centros de salud.
Economista Epifanio Baca sostiene que del desempeño del sector público dependerá la reactivación de la economía. El problema es la poca capacidad de gasto, ya que solo les quedaría 7 meses.
Cuando acabe la batalla contra el COVID-19, empezará la pelea para revertir la recesión económica. Se vienen tiempos difíciles: se redujo al mínimo la inversión, se afectó el consumo e inevitablemente habrá más desempleo. La capacidad de las autoridades y funcionarios para invertir el dinero estatal acumulado en sus cuentas será prioritaria para superar la crisis.
La inversión pública ahora está paralizada. Más de S/ 25 mil millones tienen en conjunto los gobiernos regionales y municipales del sur, y las oficinas descentralizadas del Ejecutivo nacional. Una vez que concluya la cuarentena, tendrán siete meses para ejecutar obras y generar puestos de trabajo.
El dinero está guardado y las obras paralizadas. La cosa seguirá así mientras dure la emergencia. El factor COVID-19 frenó el gasto estatal. El promedio de ejecución en los gobiernos regionales es de 19%, mientras que las comunas provinciales y distritales apenas gastaron cerca de 15% de su presupuesto.
Un ejemplo. En Cusco el gasto global es del 17%. El Gore Cusco gastó el 19% y las municipalidades el 14.6%. Con obras paradas, los obreros eventuales no tienen ingresos económicos: cerca de 30 mil hombres. Cifras similares en las regiones del sur.
El coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, sostiene que del desempeño del sector público dependerá la reactivación de la economía. No obstante, la lentitud de los procesos y la poca capacidad de gasto serán dos grandes obstáculos. Baca recordó, por ejemplo, que la reconstrucción del Norte apenas está a medio camino después de dos años del fenómeno de El Niño. “Debe haber un impulso fiscal fuerte, más inversión pública en grandes, medianos y pequeños proyectos. Sin embargo, conocidas las limitadas capacidades del Estado, se complicará el gasto”.
Reactivar obras
¿Cómo podría agilizarse las inversiones? El economista Pablo Villa sugirió que los gobiernos locales y regionales impulsen proyectos que demanden una masiva mano de obra. “Eso generará recursos económicos para las familias y estas a su vez aumentarán la demanda de bienes y servicios, que podría encadenar a otros sectores”.
“La inversión del Estado no puede parar, sobre todo en la construcción, este es uno de los factores que se encarga de dinamizar la economía”, coincide Alaín Alanoca, exconsejero regional del Cusco. Para eso las autoridades deben reforzar sus equipos técnicos.
En el sur hay una gran cantidad de obras millonarias trabadas. En Arequipa, Majes Siguas II de más de US$ 550 millones; en Cusco el hospital Antonio Lorena que cuesta más de S/ 230 millones. Reactivar esos megaproyectos creará empleo y ayudará a superar la recesión.
Villa observa con acierto que se debe “aprovechar (el dinero) para mejorar el sector salud, con inversión en la mejora sustancial de sus establecimientos, capacitación y de la situación de los servidores del sector”.
Majes II, vital para reactivar la economía
El Gobierno Regional de Arequipa requerirá una serie de inversiones públicas y privadas para reactivar la economía. Será vital destrabar Majes Siguas II, que cuesta más de US$ 550 millones.
El proyecto está parado desde que la contratista Cobra propuso modificar el sistema de riego, que representa otros 104 millones de dólares. El gerente de Promoción de Inversión Privada, Augusto Palaco, señaló que la Región retomará las obras de Majes II. También quieren viabilizar otros proyectos.
Las empresas petroleras se aprestan a cerrar pozos en Talara y la selva. En tanto, Frontera Energy detiene producción en el lote 192.
El mercado de hidrocarburos transita por la peor crisis de su historia: con precios del petróleo que bordean US$20 el barril (los más baratos de las últimas dos décadas), pero con pocas personas dispuestas a adquirirlo debido a las medidas de cuarentena adoptadas por los gobiernos para evitar la expansión del Covid-19.
“No importa cuán asequible sea el petróleo, si la gente no conduce autos, no viaja en avión ni consume algo, no hay forma de que su demanda aumente”, apunta Oil Price.
Se estima que el aislamiento social contraerá la demanda global de crudo en hasta 25%, de 100 millones a 75 millones de barriles diarios, en las próximas semanas.
En este contexto, los analistas del mercado de hidrocarburos advierten que el precio del petróleo (derrumbado de antemano por la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita) podría caer a nuevos abismos: US$10 el barril, a decir de S&P.
Frente a ello, las grandes petroleras han reaccionado anunciando recortes de inversión y personal, empezando por las de EE.UU., cuyo costo de producción supera muchas veces los US$30 el barril.
¿Y en Perú, como impacta esta crisis?
MENOR PRODUCCIÓN
En su mensaje a la nación, el pasado 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció medidas extremas de confinamiento social y paralización de las actividades económicas para frenar la expansión del Covid-19.
Sin embargo, exceptuó de esta medida a las industrias indispensables para el abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad, como la producción de combustibles.
En cumplimiento de ello, los productores de hidrocarburos procedieron a desmovilizar a su personal, dejando solo el necesario para mantener producción.
Esta, sin embargo, ha descendido. Según Perú-Petro, la producción de petróleo se contrajo 20% entre febrero y marzo, de 61,2 mil a 48,5 mil barriles por día (bpd).
Del mismo modo, la producción de gas natural cayó 13,5%, debido a “la menor demanda del sector eléctrico e industrial” y la ausencia de transporte, de acuerdo a Macroconsult.
La consultora rescata, sin embargo, la resiliencia del sector petrolero, debido a “la mayor producción del lote 95 de Petrotal (Loreto)”.
SALVAVIDAS PETROLERO
En efecto, el productor de petróleo asegura que seguirá produciendo a niveles de 10 mil bpd, siempre y cuando sus trabajadores y contratistas colaboren adecuándose a “los nuevos niveles de precios”.
“Estamos revisando recortes con el apoyo de los proveedores”, explica Ronald Egusquiza, CEO de Petrotal.
Acota, sin embargo, que este esquema solo tendrá éxito con el apoyo del gobierno, al que los petroleros han pedido la suspensión de “algunas obligaciones”.
Es el caso de la suspensión del pago de regalías por un periodo mínimo de 90 días y la postergación o fraccionamiento del pago de impuestos anuales y mensuales, hasta julio del 2020.
El pedido fue efectuado al gobierno por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) con el objetivo de “impedir la quiebra de la industria nacional de hidrocarburos”. ¿Qué está en juego?
FACTURA ELEVADA
Según los especialistas en hidrocarburos, con precios inferiores a US$30 por barril, muchos campos petroleros no cubrirán sus costos de producción, sobre todo, aquellos pequeños y con regalías elevadas, como varios de Talara, que pagan más de 40%.
Petrotal, con regalías de 5% (lote 95), tendría – en ese sentido – más margen de maniobra para capear la crisis.
Otros, en cambio, deberán cerrar pozos, como estaría ocurriendo, en estos momentos, en Talara y la selva norte, según señalan fuentes del sector.
Es el caso del lote 192 (Loreto), de Frontera Energy, que ha detenido por completo su producción, según estadísticas de Perú-Petro al 27 de marzo.
Del mismo modo, Geopark, operador del lote 64 (en joint Venture con Petro-Perú) ha anunciado que recortará sus inversiones para este año en 60%.
En este contexto, Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult, advierte que si el gobierno no toma medidas con carácter de urgencia, no sólo “se perderán reservas sin producirlas”, sino que también descenderá la producción, se perderán puestos de trabajo, caerán los impuestos y regalías, y las regiones cobrarán menos canon.
“La factura que se tendrá que pagar por inacción es demasiado alta”, señala.
ECOS DE LA SOLICITUD
Este diagnóstico es compartido por Epifanio Baca, consultor del grupo Propuesta Ciudadana, aunque con un reparo.
A su entender, la suspensión de regalías e impuestos solicitada por la SPH se justifica, dada la situación de emergencia en el sector, pero sólo si es empleada como medida temporal.
“Si se convierte en algo permanente, como ya ha pasado otras veces en el país, entonces no estaría de acuerdo”, señala.
Trascendió, no obstante, que el Minem no estaría dispuesto a apoyar la propuesta de la SPH, sea porque la considera inoportuna o, como señalan algunos, porque teme ver reducido su presupuesto operativo, pues toma el 0.75% de las regalías para ese fin.
¿Qué es un coronavirus?
Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.
En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.
¿Qué es la covid-19?
La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.
El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.
Fuente: El Comercio.
URGENTE. Las medidas del gobierno son paliativas, pero cuántas empresas sobrevivirán a la parálisis. Varios economistas piden algo más para evitar la recesión y que se agrave el desempleo en el país.
La economía mundial entró en recesión, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cuando hay recesión se reduce la actividad económica, disminuye el consumo, inversión, y aumenta el desempleo.
El paquete anunciado por el gobierno del presidente, Martín Vizcarra, para trabajadores y ciudadanos, es una medida de corto plazo, pero no frenará la crisis. Los economistas aprueban esas medidas, pero también esperan disposiciones más fuertes a mediano y largo plazo para menguar en lo posible un periodo de “vacas flacas”. Y es que la economía peruana no crecerá en 2020 y es posible que cierre el año con índices negativos.
El coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca Tupayachi, consideró que se avecina un periodo de recesión sin precedentes. “Es posible que perdamos 4 o 5% del PBI. Si estábamos creciendo 2 o 3%, podríamos aparecer con -2% tranquilamente”, prevé Baca.
Baca sostiene que estamos ante una crisis nunca antes vista. Antes, dice, los baches económicos ocurrían por shock de oferta o demanda. “En 2008 y 2009 fue una crisis por shock de demanda y la pequeña crisis de 2014 y 2015 fue por shock de oferta, por la caída del precio de los minerales”, ejemplifica. Ahora estamos ante una crisis de oferta y demanda.
Medidas sugeridas
Según Baca, el gobierno debe considerar un paquete para evitar que quiebre un gran número de pequeñas, medianas e inclusive grandes empresas, impedir la pérdida de empleo, y lograr la reactivación económica. Además, debe pergeñar un impulso fiscal fuerte, con más inversión pública.
Para el economista Joaquín Alcázar, el gobierno debe activar políticas de flexibilización en el pago de algunos impuestos. Por ejemplo, podría reducir de manera temporal algunos puntos del IGV, para aliviar las finanzas de las empresas. Considera que la economía puede aguantar paralizada hasta el 13 de abril, pero después será complicado.
En tanto, el rector de la Universidad La Salle, Patricio Quintanilla, opinó que el Estado debe prorrogar el pago del impuesto a la renta para todas las empresas. Por ahora esta medida rige para micro y pequeñas empresas. También, dijo, se requerirá que el Estado subsidie a sectores independientes, como taxistas. Y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa pide al gobierno que tome medidas analizando las realidades de los diferentes sectores y en coordinación con ellos, “para garantizar se preserve el empleo y que se evite la ruptura de la cadena de pagos a trabajadores y proveedores”.
Lo positivo
El economista Glenn Arce dijo que, aunque todavía no tiene una mirada más allá del 13 de abril, es positivo el subsidio en las planillas menores a 1 500 soles. Asimismo, el economista Pablo Villa Incantito explicó que la liberación de la CTS y la suspensión del pago a las AFPs por un mes incrementarán la disponibilidad de recursos económicos de las familias, “cuyas remuneraciones se encuentran en planillas, principalmente del sector estatal”.
En esa misma línea, el catedrático en Economía, José Orós, señaló que aumentará el consumo masivo, dinamizará a los empresarios y, por ende, la rueda de la economía seguirá girando. Orós agregó que los trabajadores tendrán una disponibilidad de hasta 800 soles por la suspensión del pago a las AFPs.
Desde el Grupo Propuesta Ciudadana, saludamos las medidas tomadas por el Gobierno que, si bien parciales, apuntan en la dirección adecuada y llegan oportunamente. Lo más importante en este momento es cuidar la vida de las personas y para ello, todos y todas debemos colaborar quedándonos en casa.
Se ha informado que el número de personas infectadas por el Covid-19 ha incrementado progresivamente. En un día aumentó en 100 casos (llegando a 580), marcando una tendencia creciente. Es preocupante que el número de personas detenidas que hacen caso omiso al estado de emergencia llegue a 21,704 (2,568 personas detenidas solo el 25 de marzo), en su gran mayoría en Lima y el norte del país.
Para evitar la propagación del COVID 19 el Gobierno decidió ampliar el estado de emergencia hasta el 12 de abril y junto a ello ha dictado un conjunto de medidas para mitigar el impacto de la crisis, sobre todo en las familias más vulnerables y en las que generan sus ingresos mediante su trabajo independiente.
Entre las medidas podemos citar algunas como: i) la transferencia económica de 200 millones de soles a los 1874 municipios distritales y provinciales para adquirir y distribuir artículos de primera necesidad; ii) la inclusión de 800 mil familias beneficiarias al bono de S/ 380 comprendidas por trabajadores independientes e informales, identificadas por el Ministerio de Trabajo; iii) el retiro de hasta S/ 2,400 del CTS por parte de los trabajadores; y iv) la suspensión temporal del pago de aportes de las AFP para el mes de abril.
También se han tomado medidas iniciales para aminorar el impacto en las empresas, como: la aprobación de un subsidio (35%) para el pago del sueldo de los trabajadores que ganan menos de S/ 1,500 mensuales y otras que en breve propondrá el Banco Central de Reserva (BCR) con el fin de brindar mayor liquidez, pero sin desvincularse del apoyo a la defensa del empleo.
Es de esperar que un nuevo y más potente paquete de medidas se concrete cuando el Congreso delegue en el Ejecutivo las facultades extraordinarias solicitadas. Y que, este poder del Estado, desde su rol legislativo y fiscalizador, actúe a la altura de las circunstancias difíciles que vive el país.
Corresponde a las entidades encargadas del control del gasto como la Contraloría de la República hacer un seguimiento estricto que minimice los hechos de corrupción en el uso de los recursos. A las organizaciones de la sociedad civil nos toca estar vigilantes del manejo transparente de estos recursos, poniendo especial atención en la situación de las poblaciones más vulnerables.
En relación a las medidas impuestas para el cumplimiento del aislamiento social, estas deben implementarse respetando los derechos de las personas. Exigimos también al Gobierno que redoble sus esfuerzos para dotar al personal de salud de la seguridad y garantías que su abnegada labor requiere, así como acelerar la adquisición e implementación de las pruebas necesarias para tener una imagen más precisa de la dimensión de la pandemia y de su posible evolución en las próximas semanas.
Junto con las medidas de corto plazo, se requiere trabajar desde ahora un plan concertado para la reactivación de la economía, la generación de empleo y la diversificación productiva en las regiones, el cual se debe implementar de manera sostenida, culminada la emergencia y el aislamiento obligatorio.
Igualmente consideramos que se debe ir más allá de la emergencia y delinear una estrategia que permita revertir la situación de abandono en la que se ha tenido al sector salud a lo largo de las últimas décadas. La pandemia ha puesto en evidencia que se trata de un sector estratégico relegado por la apuesta unilateral de nuestros gobernantes por el sector privado, con lo cual se debilitó significativamente su capacidad de asegurar la vida y el bienestar de los peruanos y peruanas. Lo mismo vale para el sector agraria, en especial para la agricultura familiar, históricamente abandonada por los gobiernos que en este momento de crisis vienen cumpliendo un rol fundamental en el abastecimiento de alimentos para las ciudades.
Los peruanos siempre nos hemos caracterizado por enfrentar los problemas y levantarnos tras las tragedias. Ejemplos de ello sobran. No dejemos que este momento nos impida decir que ¡Si se puede salir de la emergencia! Hagámoslo por nuestras familias, por el personal de salud y de limpieza, por los policías y las fuerzas armadas que se esfuerzan por hacer cumplir el aislamiento social, y por los aguerridos agricultores y agricultoras que día a día abastecen los mercados para alimentar a más de 30 millones de peruanos.
Positivo y negativo. Destacan liberación de CTS y suspensión de pago a AFPs, pero desconfían de la eficiencia de las municipalidades para distribuir productos básicos a los más vulnerables. Observan falta de disposiciones para que bancos dejen de cobrar intereses.
Los economistas aprueban el paquete económico de contención anunciado por el gobierno del presidente, Martín Vizcarra, para trabajadores y ciudadanos afectados con la crisis desatada por la pandemia del coronavirus.
Ha sido -según los especialistas- acertada la liberación de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) hasta S/ 2400 y la suspensión del pago de las AFPs por un mes. “Poner más dinero en el bolsillo de la gente es una medida acertada como la entrega de bonos a más de 3 millones y medio de familias”, señaló el economista Epifanio Baca Tupayachi.
Asimismo, el economista Pablo Villa Incanttito explicó que ambas medidas incrementarán directamente la disponibilidad de recursos económicos de las familias, “cuyas remuneraciones se encuentran en planillas, principalmente del sector estatal”.
En esa misma línea, el catedrático en Economía, José Orós, dijo que aumentará el consumo masivo, dinamizará a los empresarios y, por ende, la rueda de la economía seguirá girando. Orós agregó que los trabajadores tendrán una disponibilidad de hasta 800 soles por la suspensión del pago a las AFPs.
Sin embargo, Villa Incanttito precisa que, si bien el ingreso de dinero fresco al mercado ayudará a la adquisición de productos de primera necesidad, a la vez puede empujar al acaparamiento de las mismas. Y los perjudicados serán las personas que menos tienen.
Municipios sin confianza
Lo que no aprueba la mayoría es la transferencia de S/ 200 millones a las 1874 municipalidades distritales y provinciales para que compren y distribuyan productos de primera necesidad a familias vulnerables.
“Tengo mucha preocupación al respecto. El pago de los 380 soles a familias nos ha mostrado muchas deficiencias. Entonces, ¿qué nos garantiza que las municipalidades lo harán mejor”, observa Pablo Villa.
Al respecto, el economista José Orós consideró apresurada la decisión presidencial. “Están usando un sistema de datos desfasada. Muchos salieron de la pobreza, pero aparecen en la lista de beneficiarios del bono y hay mucha gente que no está empadronada y no está en la lista. Allí está el problema”.
Ambos profesionales consideran además que los gobiernos locales son ineficientes y la corrupción y aprovechamiento político es alto cuando se trata del uso de programas sociales. “La historia nos dice que los municipios nunca han sido eficientes en ese tipo de programas. Lamentablemente la corrupción siempre está presente. Y hay mucha ineficiencia en las municipalidades”, refiere Orós.
Asimismo, Villa Incanttito advierte que otro riesgo es que la entrega de víveres puede ser aprovechado “populistamente para mejorar la imagen tan alicaída de muchos de ellos”.
Bancos intocables
El economista Epifanio Baca consideró que un punto débil y cuestionable en las disposiciones gubernamentales es que no haya medidas para que los bancos prorroguen el pago de los créditos y sin cobrar más intereses. BBVA, BCP e Interbank anunciaron que congelan créditos por dos y tres meses sin intereses.
“Los bancos son el sector más poderoso y los que ganan más fuerte en el país. Sin embargo, no han dicho nada. La ministra de Economía apenas los ha invocado a que no cobren intereses”, observó.
Baca Tupayachi refirió que deberían emitirse disposiciones claras para forzar que los bancos también contribuyan a contener la parálisis. “Eso corresponde por funciones a la Superintendencia de Banca y Seguros. Y claro es una decisión política para decirles que ganan una millonada de plata y no les va a pasar nada si no cobran intereses por 2 o 3 meses”.
Fuente: La República