Este documento tiene como objetivo analizar los principales patrones del desempeño presupuestal de la Reconstrucción en el norte durante el 2018. Para ello, nos concentramos en cinco regiones en donde el Grupo Propuesta Ciudadana despliega sus actividades en alianza con sus socios: Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash y Lambayeque.
Esta publicación es resultado del diálogo y reflexiones que se generan desde la plataforma de instituciones de la sociedad civil que participan en la Iniciativa EITI, la cual promueve el camino de la transparencia ambiental desde el año 2016. El objetivo de este estudio es profundizar la información socioambiental pública existente y realizar un análisis crítico de la transparencia ambiental y social.
La principal amenaza a nuestra democracia es que se imponga nuevamente la impunidad que ha imperado por décadas en nuestro país. Los casos “Lava Jato” y “Cuellos Blancos del Puerto” pusieron en evidencia el carácter sistémico de la corrupción y su vinculación con todos los poderes del Estado y niveles de gobierno. La indignación ciudadana se expresó en las calles, en pronunciamientos y en diversas iniciativas que demandaron una sanción ejemplar a los corruptos y reformas profundas en el sistema de justicia y en nuestro sistema político.
Esta demanda ciudadana encuentra una creciente y articulada resistencia de poderosas fuerzas políticas, judiciales y empresariales comprometidas con la corrupción. Una clara evidencia es la reiterada protección al fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry por parte del partido Fuerza Popular, que decidió de manera expeditiva enviar al archivo acusaciones que indicaban su participación en la red criminal de los Cuellos Blancos, liderada por el hoy prófugo César Hinostroza.
La mayoría congresal, argumentando supuestas trabas procesales que ellos mismos generaron días antes, ha descartado una nueva acusación contra Pedro Chávarry presentada por la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos. Esto constituye un claro ataque contra los esfuerzos de esta institución por extirpar de su interior y de su máxima instancia de gobierno, a la organización criminal que intentó, e intenta aún, controlar las principales instancias de poder de nuestro sistema de justicia.
Las instituciones y organizaciones sociales que suscribimos este pronunciamiento, expresamos nuestro absoluto rechazo e indignación frente a la reiterada decisión de la mayoría del Congreso de proteger al fiscal supremo Pedro Chávarry. Exigimos al Pleno del Congreso que rectifique esta arbitrariedad, proceda a destituir al fiscal supremo y permita que sea su propia institución la que lleve adelante la investigación seria e imparcial que se requiere. Llamamos a la sociedad organizada y a los ciudadanos a protestar contra esta decisión con todas las modalidades pacíficas y democráticas a nuestro alcance.
14 de junio de 2019
Suscriben:
Asocialción SEDYS; ALFALIT en el Perú; Asociación Regional de ONG de La Libertad -AROLIB; Asamblea de delegados de las organizaciones de la sociedad civil de Lambayeque ADOSCIL; Asociación Arariwa; Centro Bartolomé de las Casas- CBC; Centro de Estudios para el Desarrollo Regional -Ceder; Centro de Investigación y Promoción del Campesinado -Cipca; Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia -REDAD; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – desco; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo Andino Amazónico- desco centro; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur – descosur; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo Ciudadano – desco ciudadano; Centro de Investigación Social y Educación Popular- Alternativa; Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación- Cedep; Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte- Cedepas Norte; Centro Norperuano de Trabajo Social; Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAAAP; CPM Micaela Bastidas Trujillo; Colegio de Sociólogos de Cajamarca; CMPFlora Tristan; Coordinadora Nacional de Derechos Humanos- CNDDHH; Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de La Libertad- CODESCILL; Comisión de Justicia Social Chimbote CJS; COSDEJ Lambayeque; Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco DHSF; CEAS; Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer- DEMUS; Escuela para el Desarrollo; Grupo Propuesta Ciudadana-GPC; Intelta-radio Cutivalú; Movimiento Manuela Ramos; ONG Progreso; Red Interquorum Piura; SEPAR.
La reactivación del proyecto Gasoducto del Sur, ahora llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), viene siendo objeto de constantes aplazamientos por parte del gobierno, situación que está colmando la paciencia de las organizaciones sociales y autoridades del sur del país. El paro de 24 convocado para este 6 de junio por los gremios de trabajadores, exigiendo al gobierno acelere el reinicio de este proyecto, es la expresión de este malestar creciente.
Un hecho real es que el gobierno ha postergado la reactivación del Gasoducto del Sur hasta el año 2021, con lo cual en el mejor de los casos este llegaría mediante ductos cuatro o cinco años después. Mientras tanto, desde ProInversión se viene preparando la licitación internacional del proyecto “7 regiones” de distribución y masificación del gas mediante camiones distribuidores, lo cual es una solución temporal a la demanda actual. La macroregión sur no solo necesita disponer de gas para el consumo como combustible doméstico, sino también, y más importante aún, promover el desarrollo de la industria petroquímica, siderúrgica, combustible industrial y otros. Por tanto, el sistema de abastecimiento a través de camiones es una solución parcial frente a las necesidades del desarrollo macroregional que requiere el abastecimiento mediante ductos.
El Gasoducto del Sur constituye una gran posibilidad para el desarrollo sostenible de la macroregión sur, por lo que no estamos dispuestos a aceptar más demoras en la decisión para reactivar este proyecto. Somos conscientes que tras la decisión de contratar el estudio para evaluar, una vez más, el trazo del gasoducto se mueven intereses que pretenden llevar el ducto por la costa con el argumento de asegurar la rentabilidad económica del proyecto, lo cual sería contraproducente si consideramos que el gasoducto tiene ya un avance de 36% con una inversión realizada de 1500 millones de dólares. A este costo hay que añadir los 93 millones de dólares pagados por los servicios de cuidado de la infraestructura ya existente.
Exigimos una revisión exhaustiva del costo del proyecto. No olvidemos que este fue licitado en 2013 por ProInversión por un monto de 3,600 millones de dólares, y luego en 2014 fue adjudicado al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur por 7,320 millones de dólares, con lo cual el costo del proyecto se duplicó en menos de un año, lo que generó fundadas sospechas de corrupción. Una nueva licitación tiene que realizarse previa revisión y con total transparencia de la estructura de costos del proyecto.
Por lo expuesto, las organizaciones de la sociedad civil del sur y medios de comunicación firmantes demandamos lo siguiente:
a) El pronto reinicio de la licitación del Gasoducto del Sur, respetando el trazo actual por los andes.
b) Que la nueva licitación incluya el desarrollo de la industria petroquímica.
c) Que todo el proceso se realice con total transparencia y con participación de observadores de los gobiernos regionales del sur y de la sociedad civil.
d) Hacemos un llamado para que las organizaciones de la sociedad civil estén alertas y vigilantes al cumplimiento de esta demanda.
Firmantes: Arequipa te queremos, Asociación Arariwa, Centro Bartolomé de las Casas, Ceder, Convergencia Arequipa, Asociación Ser y el Grupo Propuesta Ciudadana.
Con la elaboración del documento “Experiencias exitosas de ordenamiento y gestión del territorio: lecciones aprendidas y propuestas de política desde dos experiencias emblemáticas en Apurímac y Cusco” se aportará al análisis y mayor entendimiento de la gobernanza territorial y sus componentes de planeamiento, participación y transparencia. Se relacionarán estos procesos a los temas del uso sostenible de los recursos naturales, el cambio climático y aspectos socio culturales, como la dinámica de comunidades campesinas y organizaciones de base. El trabajo se orientó principalmente en la revisión bibliográfica sobre experiencias de gestión territorial para sistematizar los procesos de su implementación y evaluación de sus logros y problemas.
La Federación de Comunidades Campesinas del Distrito de Tambobamba realizó durante marzo del 2019 acciones de vigilancia ciudadana a diversas obras públicas del mencionado distrito, a partir de la revisión de información pública existente acerca de los proyectos seleccionados y de visitas a las zonas en las que se vienen ejecutando o ya se han ejecutado las obras correspondientes. Los tres proyectos fueron: “Creación, mejoramiento e instalación de losas deportivas, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas – Apurímac”, “Instalación de los servicios de educación inicial escolarizada en las instituciones educativas iniciales: Nº 1019 Cconchapallana, Nº 1020 Pucahuaracco, Nº 1021 Pillco, Nº 1022 Ccaccahuasi, Nº 1023 Paqlapaqla, Nº 1024 Checchecalla del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas – Apurímac” y “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la Comunidad Campesina de Hallahua del distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas -Apurímac”.
Con la finalidad de contribuir al seguimiento y promoción de la eficacia y eficiencia en el gasto público, la Asociación Tikay, con el apoyo de la Asociación Arariwa y el Grupo Propuesta Ciudadana, realizaron labores de vigilancia ciudadana al proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación de los servicios del Mercado Central de Abastos del Centro Poblado de Santo Tomás, distrito de Santo Tomás de la provincia de Chumbivilcas-Cusco”, así como la revisión de las condiciones actuales de dicha obra, y el recojo de las opiniones de los pobladores y beneficiarios directos del proyecto.
