Durante el Pleno del Congreso, el congresista Yonhy Lescano dio a conocer su punto de vista sobre el manejo de los conflictos sociales por parte del Poder Ejecutivo. Al referirse específicamente al proyecto minero Las Bambas (Apurímac), Lescano indicó: “Las Bambas no ha pagado […] impuestos el 2015 y el 2016”. Tras revisar la normatividad de la actividad minera, estudios independientes sobre los aportes de la empresa, y consultar con expertos, Ojo-publico.com concluye que la afirmación del congresista Lescano es engañosa.
De acuerdo al ordenamiento legal vigente, que incluye la Ley de Minería y normas complementarias, la actividad minera en el Perú no solo tributa por concepto de Impuesto a la Renta (IR), sino que también realiza aportes asociados a la explotación y exportación de los recursos. Es el caso del Impuesto Especial a la Minería (IEM), el Gravamen Especial Minero (GEM), las regalías mineras y las regalías contractuales (para casos específicos). Además, las empresas mineras también pagan tributos aduaneros, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), derechos de concesiones, alcabalas, etc.
No obstante, el canon minero, según la Ley N°27506, “está constituido por el 50% (cincuenta por ciento) del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la actividad minera, por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos o no metálicos”. El Estado, según la misma norma, es el encargado de redistribuir estos ingresos de manera efectiva entre los gobiernos regionales y locales. De ahí que el interés se centre en el pago del Impuesto a la Renta (IR), pues se trata del impuesto que mayores ganancias deja al Estado.
Para determinar el Impuesto a la Renta aplicable al proyecto minero Las Bambas, es necesario establecer una línea de tiempo. De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, los hitos de esta historia son los siguientes:
-La concesión del proyecto cuprífero se remonta al año 2005, cuando la empresa Xstrata, de capitales suizos, ganó la licitación pública para la exploración de Las Bambas en la provincia de Cotabambas (Apurímac).
-Ocho años después, en el 2013, Xstrata fue comprada por la multinacional de origen suizo Glencore, que a su vez transfirió su participación total en el proyecto Las Bambas al grupo de capitales chinos MMG en el 2014.
-En el 2015, se terminó la construcción de la mina Las Bambas y solo a inicios del 2016 se realizó el primer embarque de cobre a través del puerto de Matarani.
Consultado para esta verificación, Epifanio Baca, economista y coordinador general del Grupo Propuesta Ciudadana -un consorcio de organizaciones independientes que elabora propuestas de políticas para la reforma del Estado- aclaró que si bien Las Bambas no pagó el Impuesto a la Renta los años 2015 y 2016, tampoco estaba obligado a hacerlo: “En el 2015, Las Bambas se encontraba en fase preoperativa, por lo tanto no generaba utilidades y no estaba obligado a pagar el IR. En el 2016, cuando se produce el primer envío de minerales al exterior, la empresa entró en un período de recuperación de la inversión y por ende se encontraba exonerado del pago del IR”, aseguró.
Baca señaló, además, que, de acuerdo al contrato de concesión que firmó con Proinversión, esta exoneración del pago de IR se mantiene hasta el 2019 y regirá hasta que la empresa recupere la inversión realizada para poner en marcha el proyecto. Según estimaciones de la ONG CooperAcción, especializada en la gestión sostenible del territorio, el pago del Impuesto a la Renta por parte de la empresa Las Bambas podría darse en el mejor de los casos en el año 2022 o el 2023.
José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental y director de Cooperacción, señaló que la afirmación del congresista Lescano no es exacta. “En el 2015, la empresa Las Bambas no había empezado a producir comercialmente o atravesaba por lo que se conoce en la minería como la fase blanca, por lo tanto no correspondía un pago del Impuesto a la Renta. En el 2016, hubo un proceso de recuperación de las inversiones y tampoco correspondía un pago de IR”.
César Flóres, economista y coautor de una investigación titulada “Recaudación fiscal y beneficios tributarios en el sector minero a la luz de los casos Las Bambas y Cerro Verde” (2017), explicó que lo que se conoce como período de la recuperación de la inversión responde a una combinación de elementos: “El efecto contable, referido a la depreciación la inversión en maquinaria, que en el caso de Las Bambas asciende a 7.180 millones de soles; adicionalmente, los préstamos solicitados por la empresa a bancos chinos, que demandan amortizaciones altas hasta el año 2022 o 2023; por último, la política tributaria peruana en el sector minero, que por sus particularidades puede alargar el período de no pago del Impuesto a la Renta”.
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La grave crisis nacional que hoy vive nuestro país nos remonta a julio del 2016, cuando Fuerza Popular desconoce su derrota, y da inicio, desde el Congreso de la República, a la destrucción de la democracia y sus instituciones. La campaña electoral evidenció los peligros de la penetración del narcotráfico en la política. Posteriormente, el periodismo de investigación confirmaría estos nexos, además del sometimiento de los operadores de justicia a las redes de corrupción. Así se hizo pública la naturaleza corrupta de buena parte de la representación nacional, que opera a favor de sus máximos líderes comprometidos con la corrupción, y sus intereses particulares, vía la inmunidad parlamentaria. En este contexto, las organizaciones e instituciones abajo firmantes manifestamos a la ciudadanía lo siguiente:
- El país atraviesa una grave crisis política, social y ética que se manifiesta en el deterioro de las instituciones públicas y la amenaza constante contra jueces y fiscales honestos, frente a lo cual el pueblo redobla su lucha contra la corrupción. Se expresa también en la permanente confrontación entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria; en la desnaturalización de la reforma judicial y política, que mantiene el privilegio de impunidad de las y los parlamentarios. Asimismo, el blindaje a personajes vinculados a la corrupción -como el fiscal Chávarry-, leyes que atentan contra los derechos humanos, y la igualdad y la no discriminación. La mayor expresión de la crisis del régimen político es la exigencia ciudadana que demanda el cierre del Congreso y que se vayan todos. En este contexto se ubica la propuesta del Gobierno de adelanto de elecciones generales para el 2020.
- Alertamos sobre las pretensiones de las fuerzas políticas que han capturado al Estado y se oponen a los cambios y reformas que demanda la gran mayoría de nuestro país. Los grandes grupos de poder económico, representados en la CONFIEP, en alianza con sectores ultraconservadores y anti-derechos, tienen a uno de sus representantes directos como presidente del Congreso de la República. Esta alianza busca garantizar la impunidad de redes mafiosas, obstruir y desviar las investigaciones del Ministerio Público, vacar al presidente de la República y, finalmente, copar todos los poderes públicos. Por ello advertimos que un proyecto autoritario acecha a nuestra democracia y sus instituciones.
- La actual crisis debe ser una oportunidad para resolver los problemas de fondo que comprometen la calidad de vida y la condición ciudadana de las y los peruanos. En este sentido el gobierno, y la transición que se abre con el adelanto de las elecciones, debe generar un mecanismo de diálogo y participación ciudadana, orientada a tratar al más alto nivel las demandas pendientes y propuestas surgidas en los diversos conflictos socio-ambientales en la Amazonía, Cajamarca, en el corredor minero, y sobre todo, el conflicto del valle de El Tambo (Tía María). Los cuestionamientos al “Plan de competitividad y productividad”, y los intentos de privatización de SEDAPAL. Igualmente urge acelerar la reconstrucción del norte; la implementación efectiva del acceso a servicios de salud. Una profunda reforma del sistema de justicia libre de corrupción, de impunidad y de estereotipos de género, que sancione a criminales, agresores y feminicidas que han arrebatado la vida de más de 100 niñas y mujeres en lo que va del año.
- La convocatoria a elecciones generales debe realizarse aplicando nuevas reglas de juego: inscripción de nuevos partidos; elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; con paridad y alternancia; penalización del financiamiento ilícito; impedimento para postular a quienes tengan sentencia en primera instancia y condenas por violencia de género y deudores alimentarios. Elecciones sin cambios en las reglas, no garantizan la renovación de la política ni la recuperación de la confianza ciudadana sobre el régimen y las instituciones democráticas.
- Frente a la crisis hacemos un llamado a construir la más amplia unidad ciudadana, que convoca al conjunto de fuerzas democráticas, descentralistas y éticas para articular una agenda y ratificar, a través del referéndum, la reforma constitucional que debe ser aprobada por el Congreso. De no ser así, el Primer Ministro debeplantear la “cuestión de confianza”, y, de ser negada, procederá el cierre del Congreso, como se establece en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política.
- Por lo señalado, convocamos a desarrollar una amplia movilización democrática, unitaria y pacífica a nivel nacional. La participación ciudadana es fundamental para hacer de la actual crisis una oportunidad para refundar nuestro país. Urge un nuevo contrato social para la construcción de una sociedad justa y democrática, y el desarrollo de una economía al servicio de las personas.
Las y los peruanos asumimos la necesidad y el reto de construir una verdadera República que garantice bienestar a toda la ciudadanía, sin privilegios ni discriminaciones; con libertades plenas; con paz y justicia social y ecológica; con empleo y trabajo digno; con igualdad de género; y con educación y salud de calidad para todas y todos. La refundación del país nos convoca a todas y todos.
Apostemos por un Perú con igualdad, justicia y libre de violencias y corrupción.
Perú, 14 de agosto de 2019
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Este documento tiene como objetivo analizar los principales patrones del desempeño presupuestal de la Reconstrucción en el norte durante el 2018. Para ello, nos concentramos en cinco regiones en donde el Grupo Propuesta Ciudadana despliega sus actividades en alianza con sus socios: Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash y Lambayeque.
Esta publicación es resultado del diálogo y reflexiones que se generan desde la plataforma de instituciones de la sociedad civil que participan en la Iniciativa EITI, la cual promueve el camino de la transparencia ambiental desde el año 2016. El objetivo de este estudio es profundizar la información socioambiental pública existente y realizar un análisis crítico de la transparencia ambiental y social.
La principal amenaza a nuestra democracia es que se imponga nuevamente la impunidad que ha imperado por décadas en nuestro país. Los casos “Lava Jato” y “Cuellos Blancos del Puerto” pusieron en evidencia el carácter sistémico de la corrupción y su vinculación con todos los poderes del Estado y niveles de gobierno. La indignación ciudadana se expresó en las calles, en pronunciamientos y en diversas iniciativas que demandaron una sanción ejemplar a los corruptos y reformas profundas en el sistema de justicia y en nuestro sistema político.
Esta demanda ciudadana encuentra una creciente y articulada resistencia de poderosas fuerzas políticas, judiciales y empresariales comprometidas con la corrupción. Una clara evidencia es la reiterada protección al fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry por parte del partido Fuerza Popular, que decidió de manera expeditiva enviar al archivo acusaciones que indicaban su participación en la red criminal de los Cuellos Blancos, liderada por el hoy prófugo César Hinostroza.
La mayoría congresal, argumentando supuestas trabas procesales que ellos mismos generaron días antes, ha descartado una nueva acusación contra Pedro Chávarry presentada por la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos. Esto constituye un claro ataque contra los esfuerzos de esta institución por extirpar de su interior y de su máxima instancia de gobierno, a la organización criminal que intentó, e intenta aún, controlar las principales instancias de poder de nuestro sistema de justicia.
Las instituciones y organizaciones sociales que suscribimos este pronunciamiento, expresamos nuestro absoluto rechazo e indignación frente a la reiterada decisión de la mayoría del Congreso de proteger al fiscal supremo Pedro Chávarry. Exigimos al Pleno del Congreso que rectifique esta arbitrariedad, proceda a destituir al fiscal supremo y permita que sea su propia institución la que lleve adelante la investigación seria e imparcial que se requiere. Llamamos a la sociedad organizada y a los ciudadanos a protestar contra esta decisión con todas las modalidades pacíficas y democráticas a nuestro alcance.
14 de junio de 2019
Suscriben:
Asocialción SEDYS; ALFALIT en el Perú; Asociación Regional de ONG de La Libertad -AROLIB; Asamblea de delegados de las organizaciones de la sociedad civil de Lambayeque ADOSCIL; Asociación Arariwa; Centro Bartolomé de las Casas- CBC; Centro de Estudios para el Desarrollo Regional -Ceder; Centro de Investigación y Promoción del Campesinado -Cipca; Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia -REDAD; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – desco; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo Andino Amazónico- desco centro; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur – descosur; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo Ciudadano – desco ciudadano; Centro de Investigación Social y Educación Popular- Alternativa; Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación- Cedep; Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte- Cedepas Norte; Centro Norperuano de Trabajo Social; Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAAAP; CPM Micaela Bastidas Trujillo; Colegio de Sociólogos de Cajamarca; CMPFlora Tristan; Coordinadora Nacional de Derechos Humanos- CNDDHH; Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de La Libertad- CODESCILL; Comisión de Justicia Social Chimbote CJS; COSDEJ Lambayeque; Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco DHSF; CEAS; Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer- DEMUS; Escuela para el Desarrollo; Grupo Propuesta Ciudadana-GPC; Intelta-radio Cutivalú; Movimiento Manuela Ramos; ONG Progreso; Red Interquorum Piura; SEPAR.
La reactivación del proyecto Gasoducto del Sur, ahora llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), viene siendo objeto de constantes aplazamientos por parte del gobierno, situación que está colmando la paciencia de las organizaciones sociales y autoridades del sur del país. El paro de 24 convocado para este 6 de junio por los gremios de trabajadores, exigiendo al gobierno acelere el reinicio de este proyecto, es la expresión de este malestar creciente.
Un hecho real es que el gobierno ha postergado la reactivación del Gasoducto del Sur hasta el año 2021, con lo cual en el mejor de los casos este llegaría mediante ductos cuatro o cinco años después. Mientras tanto, desde ProInversión se viene preparando la licitación internacional del proyecto “7 regiones” de distribución y masificación del gas mediante camiones distribuidores, lo cual es una solución temporal a la demanda actual. La macroregión sur no solo necesita disponer de gas para el consumo como combustible doméstico, sino también, y más importante aún, promover el desarrollo de la industria petroquímica, siderúrgica, combustible industrial y otros. Por tanto, el sistema de abastecimiento a través de camiones es una solución parcial frente a las necesidades del desarrollo macroregional que requiere el abastecimiento mediante ductos.
El Gasoducto del Sur constituye una gran posibilidad para el desarrollo sostenible de la macroregión sur, por lo que no estamos dispuestos a aceptar más demoras en la decisión para reactivar este proyecto. Somos conscientes que tras la decisión de contratar el estudio para evaluar, una vez más, el trazo del gasoducto se mueven intereses que pretenden llevar el ducto por la costa con el argumento de asegurar la rentabilidad económica del proyecto, lo cual sería contraproducente si consideramos que el gasoducto tiene ya un avance de 36% con una inversión realizada de 1500 millones de dólares. A este costo hay que añadir los 93 millones de dólares pagados por los servicios de cuidado de la infraestructura ya existente.
Exigimos una revisión exhaustiva del costo del proyecto. No olvidemos que este fue licitado en 2013 por ProInversión por un monto de 3,600 millones de dólares, y luego en 2014 fue adjudicado al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur por 7,320 millones de dólares, con lo cual el costo del proyecto se duplicó en menos de un año, lo que generó fundadas sospechas de corrupción. Una nueva licitación tiene que realizarse previa revisión y con total transparencia de la estructura de costos del proyecto.
Por lo expuesto, las organizaciones de la sociedad civil del sur y medios de comunicación firmantes demandamos lo siguiente:
a) El pronto reinicio de la licitación del Gasoducto del Sur, respetando el trazo actual por los andes.
b) Que la nueva licitación incluya el desarrollo de la industria petroquímica.
c) Que todo el proceso se realice con total transparencia y con participación de observadores de los gobiernos regionales del sur y de la sociedad civil.
d) Hacemos un llamado para que las organizaciones de la sociedad civil estén alertas y vigilantes al cumplimiento de esta demanda.
Firmantes: Arequipa te queremos, Asociación Arariwa, Centro Bartolomé de las Casas, Ceder, Convergencia Arequipa, Asociación Ser y el Grupo Propuesta Ciudadana.
