Gestión del agua y acceso a la información en zonas mineras: el caso de la cuenca de Locumba.
El Perú se encuentra entre los 20 países con mayor disponibilidad hídrica del mundo; sin embargo, mantiene serios problemas de distribución y contaminación, los cuales frecuentemente derivan en conflictos ambientales. Con el propósito de entender la actual gobernanza de los recursos hídricos, la publicación muestra información técnica y administrativa generada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para realizar la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional y local mediante el estudio de caso de la cuenca de Locumba, Tacna. Para entender el tema se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cuánto volumen requieren y se otorga a las empresas mineras por cuenca? ¿Cómo se vigila el cumplimiento de normas para evitar la contaminación minera? ¿Cómo se monitorea la calidad y cantidad de los cuerpos de agua cercanos a la actividad minera?, entre otras preguntas.
Es hora de actuar: Reforma integral del sistema de justicia y destitución y sanción a implicados en tráfico de influencias y corrupción
En los últimos días el país ha asistido al escándalo de cuotas de poder, tráfico de influencias y hechos corrupción que comprometen al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Corte Suprema de Justicia y la Corte Superior del Callao, se ha revelado así una de las más graves crisis del Sistema de Justicia del país. Frente a estos hechos los colectivos, gremios, instituciones y redes de sociedad civil abajo suscritos, expresamos lo siguiente:
1. En el año 2000, los peruanos y peruanas logramos derrotar la dictadura y a la mafia dirigida por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y compañía, quienes conformaron una red de corrupción en el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y otros, con el fin de someter al Sistema de Justicia a su servicio y no al servicio de las y los ciudadanos. En esta misma situación se encontraban otros organismos, por ejemplo, la la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
2.Desde el año 2015 denunciamos los peligrosos problemas que afectaban al CNM, por esto, el actual partido de gobierno,Peruanos por el Cambio, así como Fuerza Popular (con mayoría en el Congreso) expresaron su compromiso electoral de “corregir” esta situación; sin embargo, ni hicieron nada y los graves problemas continúan.
3. Dieciocho años después de caída la dictadura, la investigación periodística de IDL – Reporteros nos muestra que esta grave situación no se ha superado. Los audios evidencian que los miembros del CNM implicados no tienen límite alguno y han puesto en riesgo la legitimidad de la función pública, usando esta para propósitos delictivos.
4. Por ello demandamos la renuncia o el cese inmediato de todos los miembros del CNM, procediendo luego de una investigación urgente, a sancionar a los culpables y el nombramiento de un nuevo CNM.
5. Con relación al juez supremo Hinostroza Pariachi exigimos su suspensión inmediata, y que sea sometido a investigación por el órgano judicial que corresponde, investigación que debiera concluir con una efectiva y ejemplar sanción.
6. Una situación similar ocurre con la ONPE, donde las serias denuncias contra sus altos funcionarios -por el apoyo indebido a la inscripción de un partido político-, no produjeron una investigación seria, por el contrario, conllevaron a la destitución de las personas que denunciaron esto. El CNM debió tomar cartas en el asunto; sin embargo, no hizo nada con los funcionarios denunciados. Esto, además de evidenciar el impacto de la corrupción en la ONPE, pone en riesgo el proceso electoral de este año.
7. Así también, esta crisis del Sistema de Justicia impacta directamente en el acceso a la justicia de las mujeres y de todas las víctimas de violencia de género. Estas redes de corrupción evidenciadas en los audios han demostrado que se negocian sentencias e impunidad a cambio de favores. Cabe recordar, que el juez Hinostroza fue quién negó la solicitud de transferencia a Lima del caso de Arlette Contreras. Preocupa de sobremanera, que sean la jueza Emperatriz Pérez y el juez supremo César Hinostroza, implicados en esta denuncia,quienes deban pronunciarse en el juicio emblemático de Manta y Vilca sobre violencia sexual en el conflicto armado interno. Por lo que, exigimos una reforma integral del Sistema de Justicia con enfoque de género, que garantice el derecho a la justicia a todas las víctimas de violencia.
8. No es posible aceptar que las mismas instituciones donde se cometen estos atropellos contra la justicia sean quienes se reorganicen bajo una lógica de acción corporativa que protege a sus miembros y sus intereses. Es necesario buscar en el derecho internacional mecanismos que nos apoyen en el acceso a la justicia, así como una verdadera reforma del Sistema de Justicia.
9. Exigimos al Presidente de la República, señor Martín Vizcarra, asumir un rol activo en la lucha contra la corrupción, planteando la ruta de una reforma integral y urgente del Sistema de Justicia avasallado por redes criminales. La convocatoria al Consejo de Estado para ver este tema es sólo un primer paso en esta línea.
Las instituciones que suscribimos alertamos de la gravedad de la crisis del Sistema de Justicia, situación que revela el avance de redes de corrupción y crimen organizado sobre nuestras instituciones y nuestra frágil democracia. La corrupción impacta en la ciudadanía en general, especialmente viola los derechos humanos de las peruanas y peruanos más pobres y en quienes luchan por alcanzar justicia; tal como se aprecia en uno de los audios donde se traficaba impunidad para el violador de una niña de 11 años. Esto no puede continuar más, desde la ciudadanía nos mantendremos vigilantes y movilizados para impedir que las redes del crimen mutilen la justicia, la democracia y nuestro futuro.
ADHESIONES:
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
- Confederación General de Trabajadores del Perú
- Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo – ANC
- Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP
- Foro Salud
- Concilio Nacional Evangélico del Perú – CONEP
- Católicas por el Derecho a Decidir, Perú
- Proética
- Mesa Directiva de la FEPUC
- Asociación de Centros de Estudiantes de la UNI – ACUNI
- Equipo Peruano de Antropología forense – EPAF
- Campaña Peruana por el Derecho a la Educación
- Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX
- Asociación Paz y Esperanza
- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
- Vicaría de la Solidaridad de Jaén, Cajamarca
- Servicios Educativos Rurales – SER
- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS
- Colectiva AQP Feminista, Arequipa
- Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
- Asociación Humanidad Libre, Arequipa
- Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos – CEPRODEH, Arequipa
- Mesa de Vigilancia de los Derechos Sexuales y Reproductivos
- Grupo Propuesta Ciudadana
- Perú Equidad
- Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural – SEPAR
- Forum Solidaridad Perú
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
- Asociación Cultural Museo Itinerante Arte por la Memoria
- Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
- CLADEM Perú
- Frente Callao Dignidad
Las organizaciones abajo firmantes nos solidarizamos con el pueblo hondureño y hacemos un llamado de alerta ante las violaciones a los derechos humanos y la represión ejercida por el gobierno de Honduras hacia la población de ese país, que legítimamente ha salido a las calles a manifestarse en contra de las acciones fraudulentas que el gobierno, con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), realiza para evitar que se cumpla la voluntad popular expresada en las urnas el domingo 26 de noviembre pasado con una tendencia claramente a favor del candidato de la Alianza Opositora contra la dictadura, Salvador Nasralla. Exigimos al gobierno de Honduras respeto a los derechos humanos, a los principios básicos de la democracia de la alternancia en el poder, el cese de la criminalización de la protesta social y las demandas populares, así como el cese de la represión en contra del pueblo hondureño.
Organizaciones firmantes:
- ABONG – Brasil
- Acción Campesina – Venezuela ACCIÓN, Asociación Chilena de ONGs. Asociación Civil Solidaridad – Uruguay
- Asociación Nacional de Centro de Investigación, Promoción Social y Desarrollo – Perú Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación – CLADE.
- Centro de Estudios Ecuménicos – México
- Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento – México Cep Parras – México
- Círculo Bolivariano Yamilet López – Costa Rica Colectivo CEAAL Argentina
- Colectivo CEAAL Costa Rica. Colectivo CEAAL Ecuador.
- Colectivo CEAAL Nicaragua Colectivo CEAAL Paraguay Colectivo CEAAL Región Andina
- Colectivo CEAAL Región Brasil Colectivo CEAAL Región Caribe
- Colectivo CEAAL Región Centro América Colectivo CEAAL Región Cono Sur Colectivo CEAAL Región México Colectivo CEAAL Uruguay
- Colectivo CEAAL Venezuela
- Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL. Dinamismo Juvenil – México
- Ensenyants Solidaris – España
- Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y la Economía – México FUNPROCOOP – El Salvador
- Grupo de Educación Popular entre Mujeres A. C. – México
- Grupo Propuesta Ciudadana – Perú
- Instituto de Pedagogía Popular – IPP – Perú
- Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A. C. Intersindical Valenciana – España
- LACCASO-Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones no gubernamentales con trabajo en VIH/SIDA
- MAIZ Costa Rica
- MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de América Latina y el Caribe.
- Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador
- Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – PIDDHH. Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – Latindadd
- Savia – Paraguay
- Sinergia – Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezuela Tapea – Paraguay
- Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas – UNAMG.