Entrevista al docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, José Carlos Orihuela, quien es el autor del estudio «¿Reconstrucción sin instituciones?: Gobierno de los desastres socionaturales en el Perú 1997-2019». Este libro fue presentado en el auditorio del CIPCA en Piura, y radio Cutivalú le realizó una entrevista sobre los principales hallazgos de este estudio y su importancia.
Entrevista al especialista del Grupo Propuesta Ciudadana, Rafael Barrio De Mendoza, en el programa «Informamos y Opinamos» de radio Exitosa con Christian Hudwalcker. El tema central fue la designación de Amalia Moreno Vizcardo como directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, tras la renuncia de Nelson Chui quien estuvo en el cargo durante 6 meses.
ERP. ¿Por qué es necesaria una entidad enfocada a la rehabilitación después de un desastre socionatural? ¿Por qué las instituciones públicas no incorporan las lecciones tras cada desastre? ¿Por qué algunas reconstrucciones funcionaron mejor que otras?. Son preguntas que han sido desarrolladas y cuyas conclusiones se expondrán a la población de Piura el próximo martes 29 de octubre.
Una de las razones es la desigual evolución de las instituciones a cargo de la gestión del riesgo de desastres. Un modelo con dos cabezas, en donde el CENEPRED, encargado de prevenir y mitigar el riesgo de desastres, no cuenta con el peso presupuestal ni político del INDECI, institución responsable de las acciones de respuesta a los desastres. Emergen así, brechas de coordinación, redundancia de tareas y problemas de articulación de sus sistemas de información.
A la poca claridad en el diseño organizacional de la gestión del riesgo a nivel nacional, se suman también las debilidades de los niveles de gobierno regional y municipal. El proceso de descentralización no contempló un sistemático apoyo a la consolidación de una burocracia profesional regional y local. Así, los diagnósticos redundan en la constatación de débiles capacidades institucionales, lo que limitó la transferencia de funciones estatales del INDECI a los municipios.
Para discutir sobre estos temas y presentar otros hallazgos, el Grupo Propuesta Ciudadana los invita a la presentación del estudio: “¿Reconstrucción sin instituciones? Gobierno de los desastres socionaturales en el Perú 1997-2019”, a realizarse este martes 29 de octubre a las 5:30 p.m. en el Auditorio de Cipca, ubicado en calle San Ignacio N° 300, Miraflores, Castilla – Piura.
La presentación estará a cargo del autor, el economista político José Carlos Orihuela, profesor de la Universidad Católica y doctor en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Columbia. Además, nos acompañan como comentaristas: Fidel Torres de Inundación Nunca Más, Felipe Parado de PREDES y la investigadora María Sofía Dunin-Borkowski.
Fuente: El Regional Piura
El congresista Armando Villanueva se refirió al incidente en que el presidente del Congreso exhortó al presidente Martín Vizcarra a gobernar, y, como parte de sus argumentos, dio el siguiente dato: “Estamos a 7 meses y más de este año y no hemos ejecutado más allá del 30% de las inversiones públicas”. Tras revisar información oficial, Ojo-publico.com concluye que el dato específico mencionado por el congresista Villanueva es verdadero. En principio, la inversión pública es el gasto que el Estado realiza en infraestructura, agua, saneamiento, servicios de salud, educación y transporte.
Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, que realiza el seguimiento de ejecución a los proyectos de inversión, hasta el último martes 27 de agosto del 2019 se ejecutó el 33.4% del presupuesto del Estado para este concepto, lo que equivale a S/ 15 857 750 694 del monto total programado para este año, que asciende a S/ 47 484 954 813. Hasta la fecha, los gobiernos regionales fueron el sector que presentó un menor avance (27.8%) con respecto a la ejecución de su presupuesto en proyectos de inversión que asciende a S/10 448 851 416. En el caso de los gobiernos locales, estos ejecutaron 34.1% del total de dinero asignado, que asciende a S/18 040 159 425; mientras que el gobierno nacional ejecutó el 35.8%, que se sitúa en S/18 995 943 972.
Con relación al Poder Ejecutivo, los sectores que presentaron una ejecución de presupuesto para inversión menor al 30% fueron el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (3.8%), Mujer y Poblaciones Vulnerables (7.4%), Trabajo y Promoción del Empleo (17.7%), Ambiente (21%), Economía (26.2%), Vivienda, Construcción y Saneamiento (27%), Defensa (28.2%) y Salud (28.4%).
Las carteras que superaron el 30% de la ejecución en inversión fueron Educación (31.6%), Producción (33.2%), Agricultura (33.6%), Comercio Exterior (39.1%), Transportes y Comunicaciones (40.4%), Justicia (43%), y Energía y Minas (54.7%).
Cabe señalar que los cinco ministerios con más presupuesto institucional asignado para proyectos de inversión son Transporte y Comunicaciones (S/9 609 691 010), Educación (S/1 737 530 108), Agricultura (S/1 683 032 312), Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/1 645 664 825) y Salud (S/ 850 891 745). La mayoría tiene una ejecución cercana al 30%, excepto el sector de Transporte y Comunicaciones, cuyo avance se elevó al 40%.
Por otro lado, los cinco gobiernos regionales que presentaron un mayor porcentaje de avance en la ejecución de la inversión pública fueron Ucayali (59.9%), Lambayeque (43%), Madre de Dios y Loreto (37.3%), y la región de San Martín con 34.9%. Los que tuvieron menor ejecución fueron el Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao (7.6%), La Libertad (17%), Huancavelica (18.2%), Tumbes (19.1%), y Piura (19.4%).
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CIFRAS. La Sociedad Nacional de Minería sostiene que de cada 100 soles generados en utilidades, dejan 47 al fisco. Epifanio Baca plantea revisar cifras y analizar beneficios.
Por: Deysi Pari
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la carga fiscal que pesa sobre las empresas mineras en el Perú asciende al 47%. Ese es el porcentaje que descontarían de sus utilidades para pagar impuestos en el país.
Enrique Ferrand, gerente del sector minero de la SNMPE, señaló ayer que la carga tributaria en el Perú es superior a la de Chile (40.7%), Australia (44.3%) y Canadá (35.5%).
Sin embargo, Epifanio Baca, economista del grupo Propuesta Ciudadana, consideró que ese índice debe ponerse en debate y analizarse en profundidad con información de calidad. “Hay que responder a la pregunta: si en el Perú, efectivamente, las empresas (mineras) están pagando más”, dijo.
La cifra que toma la Sociedad Nacional de Minería fue reportada inicialmente por el Instituto Peruano de Economía a mediados de año.
Baca propone que para generar transparencia en la actividad extractiva, también se debería evaluar el esquema tributario vigente y los beneficios tributarios para las empresas extractivas.
Durante este año, en el sur, se desataron varios conflictos sociales a consecuencia de proyectos mineros, como el caso de Tía María. En estos también se puso en duda si las mineras tributan más de lo que la Sunat les devuelve por beneficios.
Ferrand defendió a su sector e insistió en que en los últimos 10 años, la minería ha tributado en el orden de 17.6% del Producto Bruto Interno (PBI), pese a que representa el 8.7% de este índice. “Es una actividad que tributa mucho más que las otras que impulsan la economía en el país”, explicó.
Critica a gobiernos
Las aseveraciones de Ferrand fueron expuestas durante el foro Minería y Desarrollo Territorial Sostenible en el sur, organizado por Propuesta Ciudadana. Además, el representante delsector minero criticó a los gobiernos regionales por no ejecutar adecuadamente el dinero proveniente del canon minero.
De acuerdo a sus cifras, en los últimos 20 años, se generó canon por 38 mil millones de soles, pero solo se ejecutó el 65%. Arequipa recibió S/ 5 261 millones.
Ferrand señaló que ese sería el principal problema que da origen a los conflictos sociales, que el Estado “no esté presente en las comunidades de influencia minera”.
En ese sentido, el economista Epifanio Baca propuso que el esquema de distribución del canon minero se modifique, pues ha estado orientado a la zona urbana y no ha tenido un efecto en las comunidades más pobres, lo que ha producido más desigualdades en el país.
En torno a la propuesta de una nueva Ley de Minería, el directivo de la SNMPE señaló que la ley vigente ya ha pasado por varias modificaciones.
Agregó que en los últimos años se han dictado varias normas ambientales.
Fuente: La República
El Pleno del Congreso, presidido por Pedro Olaechea, podría aprobar hoy la ampliación del régimen laboral agrario por diez años más. La propuesta ya había sido aprobada en junio de 2018 en la Comisión Agraria del Congreso de la República.
El dictamen del proyecto de ley propone modificaciones al régimen especial agrario, promulgado con la Ley N° 27360 -el año 2000- por el entonces ministro de Agricultura fujimorista, empresario agroindustrial y exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper. Además, es dueño de Agrokasa, una empresa agroindustrial que opera en Ica.
Dicho dictamen, que prácticamente no hace mención a las millonarias exoneraciones tributarias por cerca de 4 mil millones de soles con las que se benefician principalmente las grandes agroexportadoras de Ica, Piura y La Libertad, sugiere extender dicho régimen especial hasta el 31 de diciembre de 2031 (hasta ahora vence el 31 de diciembre de 2021), e incluye algunas modificaciones en derechos laborales, entre ellas:
- Pago adicional de Gratificación y CTS (antes incluidas en remuneración diaria);
- Aumento de vacaciones de 15 a 30 días;
- Aumento de indemnización por despido arbitrario de 15 a 45 jornales por año trabajado (hasta un máximo de 360 jornales, antes era 180), y;
- Aumento en la contribución del empleador a Essalud del 4 al 6% (el Estado entonces seguiría subvencionando un 3%).
Por ello, compartimos lo que algunos especialistas opinaron acerca de este dictamen, como lo hicimos conocer anteriormente. Estas fueron sus observaciones.
“Ningún cambio de fondo, se mantienen privilegios tributarios”
Especialistas coinciden en que más allá de algunas mejoras menores en derechos laborales, esta propuesta de ampliación es más de lo mismo: “lo que buscan (con este dictamen) es perpetuar un régimen que establece un doble estándar con relación al régimen general de la actividad privada”, comenta con preocupación el sociólogo laboralista y editor de TrabajoDigno.pe, Enrique Fernández-Maldonado.
Coincide, en ese sentido, el investigador principal de Grade, Eduardo Zegarra: “este es un dictamen que hace algunos pequeños cambios al régimen especial agrario, solo en la parte laboral, aunque con una serie de deficiencias”. Según Zegarra, había propuestas que debieron haberse incluido en este dictamen, “como condicionar estas exoneraciones a la articulación con la pequeña agricultura, o que los beneficios tributarios sean por un período determinado, 4 o 5 años como máximo”.
Y es que, revisando el dictamen publicado, prácticamente no se hace mención a los beneficios tributarios de los que goza el sector desde hace casi dos décadas: “extiende el beneficio (…) del impuesto a la renta a las empresas agrarias e incluye a las del sector acuícola y forestal. Esto reducirá los ingresos tributarios en un contexto en donde aún la sostenibilidad fiscal es un tema crítico para el país”, comenta el investigador del Grupo Propuesta Ciudadana, Pedro Llanos.
“Gratificaciones y CTS desnaturalizadas”
Otra crítica de los especialistas gira en torno a la distorsión conceptual del monto a pagar por Compensación de Tiempo de Servicios (CTS), incluida en la remuneración diaria: “la CTS está totalmente desnaturalizada, poniendo en la remuneración diaria un concepto que no tiene ningún sentido, la CTS se considera para que el trabajador pueda tener un fondo para cuando es despedido o ya no pueda seguir trabajando y que les permite tener una protección para que puedan seguir buscando trabajo (…) es una burla, es una forma de disfrazar un beneficio hacia el empresario”, expone Zegarra, quien agrega: “además no reconoce otros beneficios del régimen general como la bonificación familiar, el seguro para actividades de trabajo riesgoso y tampoco el seguro de vida”.
Pedro Llanos apunta la crítica a la vulnerabilidad generada por la temporalidad de la actividad: “(…) resulta claramente insuficiente (esta pequeña inclusión de la CTS y gratificaciones), ya que, si bien la agroexportación presenta remuneraciones mensuales elevadas, la estacionalidad de la misma hace que si se comparan los ingresos anualizados, éstos se encuentran muy cerca de la línea de pobreza”.
“Indemnizaciones discriminatorias y sindicalización restringida”
Si bien el dictamen considera una mejora en las indemnizaciones, “sigue siendo menor a la establecida en el régimen de la actividad privada”, señala Fernández Maldonado respecto a lo propuesto por la Comisión Agraria, y añade en modo de alerta, “se mantiene la posibilidad de contratación temporal que es el principal escollo que tienen los trabajadores para sindicalizarse, lo que ha sido observado por el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos por considerarlo lesivo a los derechos laborales”.
Estos recortes remanentes de derechos laborales, propuestos con el presente dictamen, Zegarra los cuantifica: “comparando cuánto se ahorra el empresario en este régimen agrario, respecto al régimen general, antes de este dictamen, era un 12% del salario, ahora sería el 8%, es decir el empresario mantiene un ahorro de costos (…) a costa del trabajador bastante significativo”.
Subvención innecesaria que sigue atentando contra Essalud
Según los especialistas consultados, si bien la subvención del Estado a los empresarios respecto a las aportaciones a Essalud se reduce en este dictamen, es injustificable mantenerla.
“Es totalmente inaceptable, no hay ningún sentido que se esté subsidiando a grandes empresarios, (…) en financiar un sistema de salud que es para el conjunto de los trabajadores, con más razón para los trabajadores agrícolas que es un sector muy vulnerable y que tiene serios problemas en los servicios de salud”, comenta Eduardo Zegarra, de Grade.
Y es que, como es de amplio conocimiento, el sistema de salud está más que colapsado, teniendo un forado actual de cerca de 300 millones de soles, reduciéndose con este cambio a 200 millones, según cálculo del economista y catedrático, Pedro Francke quien se pregunta: “¿debemos todos los trabajadores del Perú tener un sistema de salud venido a menos solo para beneficiar a un puñado de agroexportadores, entre los que destaca José Chlimper, secretario general de la fuerza número 1 de la señora K?”.
La única mejora significativa: las vacaciones
Los especialistas coinciden en que lo único indiscutiblemente rescatable de este dictamen, es el período de vacaciones que se equipara al del régimen general, de 15 a 30 días.
Lo que se viene:
Según los especialistas consultados, es muy probable que este dictamen ingrese a ser votado a la Comisión Permanente la semana entrante, lo que sería muy grave pues no habría tiempo ni espacio para el debate necesario: “vamos a ver si el Congreso se aventura a aprobar esta norma antilaboral, antitrabajadores en un contexto donde está siendo fuertemente cuestionado y sin el debido debate político y habiendo tanta evidencia, que no amerita la extensión temporal de este régimen”, comenta Fernández Maldonado.
Por su parte, el profesor Francke tiene claro que “la mayoría fujimorista en el congreso quiere aprobar apresuradamente una ley para seguir favoreciendo a los exportadores agrícolas (…)”; beneficios a grandes exportadores agrícolas “que reciben el 90% de los beneficios de este tipo de legislación, y en lo laboral se siguen ahorrando pagar el 8% del salario mínimo vital de los trabajadores, a costa del sistema de salud y sin comprometerse a un modelo de desarrollo distinto para la agroexportación que incluya a otros actores que deben participar del crecimiento de este sector agroexportador”, comenta el economista Zegarra.
Todas las alertas prendidas. Veremos qué depara la semana. Esperemos que la buena noticia de que se postergará esta propuesta para un debate más amplio y público.
Fuente: Wayka.pe
