La crisis motivada por el COVID-19 ha ocasionado la paralización de un sinnúmero de proyectos de inversión, entre ellos, obras públicas financiadas con recursos del canon minero e hidrocarburífero, que la población aguarda con expectación.
Es así que, transcurridos varios meses del inicio de la emergencia sanitaria, el Grupo Propuesta Ciudadana convocó la participación de iniciativas de vigilancia ciudadana para hacer seguimiento y conocer cuál es el avance de estas obras y qué uso se ha hecho del dinero del canon, antes y durante la pandemia.
Para ello, seleccionó a la Universidad Nacional de Piura, una de las dos universidades estatales piuranas (la otra es la Universidad Nacional de Frontera) que se benefician con los recursos del canon petrolero en el norte peruano.
De acuerdo al Comité de Vigilancia de Piura, conformado por estudiantes piuranos líderes, se escogió a esta institución por su importante rol formando profesionales en diferentes carreras universitarias, y al hecho de que las obras que realiza con recursos del canon, no suelen ser abordadas en las acciones de vigilancia.
“Nunca se ha visto un reporte de alguna obra realizada por esta institución que se haya dado a conocer a la población”, señala el comité de vigilancia.
Otra consideración importante fue el récord de denuncias por corrupción que han involucrado recientemente a docentes de dicha casa de estudios, y también a su exrector, César Reyes, acusado de lavado de activos y de cometer fraude en las elecciones para ocupar el cargo.
OBRA INCONCLUSA
De esta manera, el comité de vigilancia puso el foco en el proyecto denominado “Mejoramiento del servicio académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura”.
Maqueta de lo que será la remodelada Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
El proyecto en mención busca modernizar la infraestructura de esta facultad, la misma que cuenta con más de 20 años de antigüedad y se encuentra deteriorada por el paso del tiempo.
Contempla la construcción de 26 ambientes y la compra de 666 enseres (mobiliario), en una primera etapa. Y la construcción de 24 ambientes y la compra de 391 enseres, en una segunda etapa.
A ese fin, la Universidad Nacional de Piura aprobó un presupuesto de S/10, 513,194.52, de los cuales 6 millones de soles fueron presupuestados para la primera etapa. De estos, solo se han ejecutado S/3,586,367 hasta marzo de 2020, esto es, un 51.54% de avance físico real de la obra, según el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras).
El Comité de Vigilancia Ciudadana apunta que la primera parte del proyecto debió finalizar el 1 de mayo del 2020. A marzo, sin embargo, sólo se habría avanzado con la mitad. Esta información causó preocupación, pues suponía que la obra no sería concluida en el lapso previsto.
PROCESO TRANSPARENTE
En esa línea, los integrantes del comité verificaron que en julio de 2020 los contratistas del proyecto solicitaron una ampliación de plazo excepcional, por 152 días calendario, amparada en tres causales previstas en la directiva N° 005-2020 de la OSCE.
| Contratista | Tipo de proceso | Contrato | Fecha de suscripción | Monto de suscripción |
| Talledo Coveñas José Franklyn | Adjudicación simplificada | S/N elaboración de expediente técnico | 26/04/2017 | S/140,170 |
| Consorcio Arquitectura-Piura | Licitación pública | Ejecución de la obra mejoramiento del servicio académico de la facultad de Arquitectura- Urbanismo de la UNP | 07/08/2019 | S/6,957,796.91 |
| Consorcio Sago | Licitación pública | Supervisión de la obra mejoramiento del servicio académico de la facultad de Arquitectura -Urbanismo de la UNP | 27/08/2019 | S/179,928.00 |
Sin embargo, no se halló documentación que especifique la fecha de reinicio de las obras, lo cual sigue creando aprehensión, sobre todo, en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la ANP.Esto quiere decir que el nuevo plazo para entregar el proyecto vence el 22 de setiembre del 2020.
El comité de vigilancia también verificó que los procesos de contratación con los responsables del proyecto, los consorcios Arquitectura-Piura y SAGO, fueron efectuados conforme a ley.
Del mismo modo, constató que los costos unitarios propuestos por ambos en el proceso de selección y firma del contrato no sufrirán variación alguna. Y resaltó que los estudiantes están contentos con la remodelación de su facultad.
“Sin embargo, estos manifiestan que deberían avanzar con la obra porque está dividida en dos etapas”, señalan.
Por otro lado, el comité de vigilancia no encontró información clara sobre el impacto en el costo total que tendrá el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19.
Foto del avance de obras hasta antes del inicio de la emergencia sanitaria.
RECOMENDACIONES
En suma, el informe no ha encontrado sospechas de sobrecostos, adendas y otros artificios que sugieren corrupción. De donde se desprende que se trata de un proceso gestionado adecuadamente.
Sin embargo, hay vacíos en la información que necesitan ser aclarados para tranquilidad de los estudiantes.
En ese sentido, el comité de vigilancia recomienda que se publique en un lugar visible para la ciudadanía la fecha de reinicio de ejecución de la obra y que esta información se actualice en las plataformas web correspondientes.
También, pide que se aclare si se incurrirá en un aumento de presupuesto debido a la implementación de los protocolos COVID 19.
Cabe señalar que la información recopilada en el informe de vigilancia ciudadana fue recogida de portales web de dominio público, como es el caso de la Consulta Amigable y Seguimiento de Supervisión de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) de la Contraloría General de la República y del Sistema Electrónico de Adquisición de Contrataciones del Estado (SEACE).
No está de más mencionar que esta iniciativa de Vigila Perú constituye una experiencia singular de inversión pública en universidades, que no ha sido objeto de atención por ninguna entidad pública o privada.
