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El año 2019, la reconstrucción del norte estuvo marcada por la corta gestión de Nelson Chui, de marzo a octubre. Esta supuso tal vez la etapa más “descentralista” del proceso: favoreció la participación de las municipalidades en las transferencias totales y ensayó mecanismos de asesoría técnica en las capitales regionales para producir expedientes técnicos con mayor velocidad y consistencia. Además, afinó la coordinación política con las autoridades regionales y locales que estrenaron gestión en el 2019. No obstante, esta etapa de experimentación no pudo acelerar la ejecución de las obras más complejas, como los hospitales, centros de salud y algunos colegios. Tampoco aportar soluciones integrales para las cuencas y ciudades. Si bien son intervenciones que, por su naturaleza, tienen plazos extensos, en muchos casos no se han iniciado las fases de estudios o no se han culminado los procedimientos para encargar la ejecución de los proyectos que cuentan con los instrumentos necesarios. El agotamiento de esta estrategia se aceleró en la medida en que ganó prestigio en la opinión pública y en los circuitos de gestores el modelo utilizado en los Juegos Panamericanos. Su exsecretaria ejecutiva, Amalia Moreno, fue nombrada a inicios de noviembre como directora de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC), y anunció el empleo del modelo Estado-Estado para paquetes de intervenciones rezagadas.
Para empezar a normar el modelo se aprobaron tres decretos de urgencia. El primero es el Decreto de Urgencia (DU) 040-2019 que habilita a la ARCC como unidad ejecutora, lo que hace posible su involucramiento directo en la ejecución de las intervenciones. Una manera de lograrlo es la suscripción de convenios y contratos Gobierno-Gobierno, que la norma adapta para la reconstrucción y autoriza a los ministerios y gobiernos regionales a celebrarlos. Asimismo, prevé la creación de oficinas de gestión de proyectos como equipos dedicados a la implementación de los contratos con otros Estados y empresas. A la vez, indica la obligación de la ARCC de reportar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los avances financieros y físicos de los proyectos que se realicen con esta modalidad en las primeras dos semanas de mayo y noviembre. Queda por ver el contenido y el detalle de los reportes y los medios a través de los cuales se publicarán los datos para la fiscalización ciudadana.
La segunda norma, el DU 003-2020, abrevia los procedimientos de liberación de áreas y bienes necesarios para la implementación del Plan Nacional de Infraestructura y del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios. Las modificaciones claves apuntan a activar tareas de tasación, notificación de oferta y recorte de plazos para dejar libres estos espacios.
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El tercer DU 021-2020 desarrolla las reglas de juego de los proyectos especiales de inversión pública. Autoriza la creación de estos proyectos en los sectores, la habilitación de una Dirección Ejecutiva responsable de las oficinas de gestión de proyectos, la incorporación de metodologías de modelamiento digital de información y la confección de nuevos contratos de ingeniería para la construcción y equipamiento de grandes obras. Para cerrar el círculo de la gobernanza, queda a cargo del MEF perfilar y redactar la normatividad, fijar los lineamientos y los requisitos para el funcionamiento de estos proyectos especiales ―los habilita como unidades ejecutoras― y vincular su supervisión al mecanismo de control concurrente de la Contraloría General de la República.
Tal como lo ha anunciado la directora Moreno, el rediseño de las reglas de juego permitiría ejecutar, a través de las nuevas modalidades, los proyectos que, por su complejidad o retraso, no están avanzando con los esquemas convencionales utilizados para la reconstrucción. Entre este tipo de intervenciones están las soluciones integrales de cuencas. En el caso del río Piura, el Consorcio Inundaciones Piura lleva a cabo una serie de estudios con la finalidad de proponer un paquete de soluciones de infraestructura para el tratamiento de toda la cuenca y para el drenaje de las lluvias en la ciudad de Piura. En Trujillo, las empresas Backus, Cementos Pacasmayo y Telefónica encargaron, mediante la modalidad de obras por impuestos, un estudio destinado a otorgar soluciones de ingeniería para la quebrada San Ildefonso. Sus propuestas fueron objetadas por el Colegio de Arquitectos de La Libertad y la Cámara de Comercio de La Libertad.[1] Queda ver cuál será el destino de estos planes una vez que la fase de construcción de las soluciones se otorgue a los Estados ganadores.
Los momentos contenciosos alrededor del proceso de reconstrucción en 2019 se han incubado en Piura y, en particular, en el Bajo Piura, un territorio especialmente afectado, en donde hay esfuerzos de la sociedad organizada por retejer respuestas a las demoras e indecisiones.[2]. En los primeros días de septiembre hubo protestas en Catacaos y Cura Mori por la instalación de geobolsas como medida de protección ante el riesgo de inundaciones.[3] Los ciudadanos movilizados arguyeron que se había probado que esa tecnología traía problemas si se quería evitar un nuevo desastre y, de establecerse, postergaría una solución definitiva. A la vez, demandaron que la unidad ejecutora de dicha intervención fuera transferida de la Municipalidad Provincial de Piura al Proyecto Especial Chira-Piura, pues se consideraba que los equipos de esta última entidad tendrían un conocimiento especializado de las dinámicas de la cuenca. Finalmente se descartaron las geobolsas como una opción y se nombró una comisión interinstitucional para encontrar una mejor solución.
El rol de la reconstrucción en el debate político nacional estuvo enmarcado por la disolución del Congreso de la República el 30 de septiembre. Este evento, que supuso el momento más tenso de la confrontación política entre poderes, dio inicio a un interregno durante el cual el Ejecutivo gobernó con decretos de urgencia, sin control político formal y simultáneo. Esto implicó que no hubiera proceso de negociación política en torno al marco presupuestal, habitual en el ejercicio parlamentario del último trimestre del año. Asimismo, tal como estaba planteada la dinámica de confrontación política, la reconstrucción fue un tema instrumentalizado con frecuencia por la mayoría opositora para golpear al Ejecutivo, ya que tenía el control de la comisión que hacía seguimiento al tema. Además, los congresistas de las regiones afectadas habían incorporado a sus trabajos de representación la interlocución con las autoridades locales, la sociedad civil y el Ejecutivo sobre la materia. Ambos aspectos se extinguieron con la disolución del Parlamento.
En suma, la reconstrucción en el 2019 se definió por el cierre de una etapa de experimentación en la gestión del proceso, expresada en reflejos más descentralistas en las transferencias presupuestales y la dotación temporal de capacidad técnica para la elaboración de expedientes, y por la apertura de otra fase de reforma impulsada por el prestigio de los Juegos Panamericanos. A la par, una conflictividad de baja intensidad asociada a la pertinencia de técnicas y responsabilidades marcó la vinculación entre la ciudadanía y el universo de unidades ejecutoras, mientras que el control político se suspendió por la disolución de Legislativo.
En una Nota de Información y Análisis previa se constataba que, a mitad del año 2019, la reconstrucción en el norte estaba animada por el gasto de obras pequeñas, muchas de ellas encargadas a las municipalidades. Las entidades con mayor presupuesto, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Gobierno Regional de Piura, no estaban rindiendo de acuerdo con los fines de sus tareas, lo que explicaba, en parte, los pobres desempeños agregados de la ejecución presupuestal.[4]
El análisis que se presenta a continuación tiene por objetivo revisar esos hallazgos parciales en las cinco regiones (Piura, La Libertad, Cajamarca, Áncash y Lambayeque) para ofrecer un panorama más ajustado de la gestión del presupuesto de la reconstrucción durante el año 2019.
[1] “Se oponen a la obra en la quebrada San Ildefonso”. Correo. La Libertad. 18 de junio de 2018. https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/se-oponen-la-obra-en-la-quebrada-san-ildefonso-823445/
[2] La Defensoría consideró el conflicto motivado por las protestas en Huarmey, Áncash, como “latente” debido a las demoras en las obras de la reconstrucción. Ver: Defensoría del Pueblo. Reporte Mensual de Conflictos Sociales n° 190. Lima, diciembre de 2019.
[3] “Autoridades no priorizan obras de prevención ante un FEN, advierten especialistas”. Correo. Piura. 15 de setiembre de 2019. https://diariocorreo.pe/edicion/piura/autoridades-no-priorizan-obras-de-prevencion-ante-un-fen-910826/
[4] “La Reconstrucción 2019 en el Norte: las municipalidades son el motor de una Reconstrucción a la que le faltan sus grandes protagonistas”. https://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2019/10/NIA-26-Final-09-de-octubre-FINALISIMO.pdf
- Panorama general
Las regiones del norte contaron en el 2019 con el 52% más de recursos que en el 2018 para continuar con las obras y actividades de la reconstrucción. Los 5016 millones de soles presupuestados tuvieron un sesgo ligeramente más local, en la medida que se transfirió el 44.3% del total a las 312 municipalidades involucradas en el proceso. Si se suman los 1003 millones de soles destinados a los gobiernos regionales se tiene que el 64.3% de los fondos se pusieron a disposición de entidades subnacionales, mientras que un poco más de un tercio (35.7%) se asignó a los ministerios (ver tabla 1). Estas distribuciones no tuvieron un correlato en el gasto devengado, sobre todo en el caso de los gobiernos regionales (GORE). Así, dispusieron de un quinto de los recursos, pero solo ejecutaron el 9.2% del total, lo que se tradujo en el 20.9% de sus presupuestos.
Tabla 1. Indicadores de gestión presupuestal del 2019, por nivel de gobierno
| Nivel | Presupuesto | Devengado | % de avance | ||
| Monto | % del total | Monto | % del total | ||
| Local | 2 223 958 933 | 44.3% | 1 286 505 527 | 56.4% | 57.8% |
| Regional | 1 003 196 442 | 20.0% | 210 110 929 | 9.2% | 20.9% |
| Nacional | 1 789 293 249 | 35.7% | 784 805 818 | 34.4% | 43.9% |
| Total | 5 016 448 624 | 100.0% | 2 281 422 274 | 100.0% | 45.5% |
| Fuente: Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). Elaboración propia. | |||||
Los gobiernos locales mostraron un desempeño distinto, ya que fueron responsables del 56.4% del gasto devengado y, por tanto, los principales dinamizadores del proceso. Con todo, apenas les sirvió para cruzar la línea media del avance presupuestal, con la ejecución del 57,8% de sus recursos. Aun así, pueden exhibir una mejor cifra que los ministerios, los cuales gastaron un poco menos del 44% de lo asignado. De este análisis se desprende un primer hallazgo: las municipalidades fueron el modesto motor de la reconstrucción y reflejaron, así, la orientación de esta etapa hacia un gasto descentralizado. Estos rendimientos por nivel de gobierno completan un dato insatisfactorio de avance agregado, de solo el 45.5% de la ejecución presupuestal para el norte.
Este porcentaje se repite cuando se examina la ejecución acumulada en lo que va de la reconstrucción (ver gráfico 1). El norte ha recibido el 61.4% del presupuesto total de inversiones del periodo 2017-2019, debido a las pérdidas y daños experimentados en el verano del 2017. De los 9027 millones de soles, se gastaron 3658 millones de soles, equivalentes al 40.5%, a dos años de finalizar el plazo de ley.
Gráfico 1. Presupuesto y devengado acumulado 2017-2019 (en millones de soles)
Fuente: FONDES. Elaboración propia.
Los números indican que estamos a menos de la mitad del proceso en términos de ejecución presupuestal. Si bien los calendarios están determinados por el tipo de intervenciones y unidades ejecutoras, queda ver si el último tramo de la reconstrucción se caracteriza por avances financieros más sostenidos. Se ha planteado que una porción de las obras, importante en términos de recursos, se implementará bajo la modalidad de Estado-Estado, con la expectativa de que “se mueva la aguja” de la ejecución de las inversiones. Mientras tanto cabe preguntarse ¿cómo se han ejecutado los recursos en el 2019? ¿Cómo se han distribuido los presupuestos y qué regiones muestran más avances? ¿Cuáles han sido los motores del proceso y qué unidades ejecutoras están rezagadas? A continuación, se procura responder a estas interrogantes a partir de un análisis por niveles de gobierno, un examen agregado y la presentación de conclusiones.
- Gobiernos locales
En las cinco regiones estudiadas, 312 municipalidades tuvieron intervenciones en la reconstrucción. La región de Piura contó con 840 millones de soles de presupuesto, es decir concentró el 37% del total destinado a este nivel de gobierno en el norte. Le siguió La Libertad, con 757 millones de soles, que representaron el 34% del total. Ambas regiones tuvieron mayores recursos para municipios y, tal como muestra el gráfico 2, son también las que exhibieron mayores avances en la ejecución: 61.3% y 58.4%, respectivamente. Mientras tanto, los gobiernos locales de Áncash y Lambayeque quedaron rezagados, con un poco más de la mitad de sus recursos implementados.
Gráfico 2. Gobiernos locales: presupuesto y devengado (en millones de soles), y avance (%) del 2019, por región
Fuente: FONDES. Elaboración propia.
Si se observa la variación de los presupuestos y devengados entre julio y diciembre (gráfico 3) se advierte un incremento de al menos un cuarto de los recursos para las municipalidades de Piura y Áncash, y un quinto para Cajamarca. A la vez, en el último semestre se devengó un poco menos de la mitad del gasto en Piura y alrededor de dos quintos en Cajamarca y Áncash. La Libertad y Lambayeque muestran incrementos presupuestales y de devengado menos pronunciados, lo que revela un mayor dinamismo en la primera mitad del año. En el segundo semestre del 2019 se transfirió el 19.8% más de recursos para los gobiernos locales de las cinco regiones, hecho que impactó en los porcentajes de avance finales. La expectativa de acelerar la inversión pública subnacional en el último semestre no parece haber empujado sostenidamente las inversiones de la reconstrucción, ya que solo dos quintos del devengado ocurrieron en este periodo.
Gráfico 3. Gobiernos locales: variación porcentual del presupuesto y devengado entre julio y diciembre del 2019, por región
Fuente: FONDES. Elaboración propia.
¿Cómo se distribuyeron los presupuestos en el nivel local de gobierno? ¿De qué manera avanzó la ejecución? ¿Existen variables que explican los diferentes desempeños? El gráfico 4 muestra la composición presupuestal de acuerdo con rangos y permite analizar el volumen de los recursos de los que dispusieron las municipalidades. Es posible distinguir tres tipos de casos. Los gobiernos locales ancashinos y cajamarquinos tuvieron presupuestos iguales o menores de cinco millones de soles en el 90% y el 80% de los casos, respectivamente. En estas dos regiones, las unidades ejecutoras de los municipios participaron de la reconstrucción con presupuestos más modestos. En Lambayeque, un poco más de la mitad de las municipalidades estuvieron dotadas de recursos que iban desde un millón a cinco millones de soles, y un 43% dispuso de entre cinco millones y veinte millones de soles.
Por su lado, Piura y La Libertad presentaron estructuras similares y concentraron el 74.1% y el 63.2%, respectivamente, de los presupuestos por encima de los cinco millones de soles. De hecho, dos quintos de los municipios piuranos tuvieron presupuestos iguales o superiores a los diez millones de soles. Se trata de regiones con transferencias más robustas por unidad ejecutora y, en líneas generales, con mayores retos para activar su capacidad ejecutora dada la disponibilidad de recursos.
Gráfico 4. Gobiernos locales: composición presupuestal del 2019 (rangos en millones de soles) por región
Fuente: FONDES. Elaboración propia.
Si estas constataciones se leen a partir de lo que revela el gráfico 5, se tiene que el avance de la ejecución se relaciona con el tamaño del presupuesto de tres maneras. La primera es de “bipolaridad” entre unidades ejecutoras con avances menores del 25%, por un lado, y mayores del 75%, por otro, en el tramo de presupuestos menores o iguales a los cinco millones de soles. Eso quiere decir que las municipalidades con los menores recursos de la reconstrucción se encontraron en dos escenarios: o ejecutaron poco o estuvieron en la fase final de ejecución.
Un segundo rasgo es que un poco más de la mitad de los municipios avanzaron un 50% o más de sus dotaciones, al margen de la importancia de sus presupuestos. Una tercera característica apunta a que, a más recursos, menores tasas de ejecución en la última fase, es decir, por encima del 75%. Solo un cuarto de los gobiernos locales con mayores presupuestos se encontraba en el tramo final de sus ejecuciones, frente al 53.1% que tuvo recursos menores o iguales a un millón de soles.
Gráfico 5. Gobiernos locales: composición del avance de la ejecución (%) por rangos presupuestales (en millones de soles) del 2019
Fuente: FONDES. Elaboración propia.
Para completar el entendimiento sobre la distribución de la inversión en el nivel local, cabe preguntarse por el avance de la ejecución municipal por regiones. Tal como se observa en el gráfico 6, un poco más de la mitad de los municipios de Cajamarca presentaron presupuestos ejecutados por encima del 75% y se acercaron más a finalizar sus tareas. Les siguen los de Piura, con el 43.1%, y los de Áncash, con el 41.4%. Por su lado, dos quintos de los gobiernos locales de Lambayeque tuvieron avances menores del 25% y un poco más de la mitad (56%) estuvo por debajo del 50% de ejecución. Fue la región más rezagada en estos términos. Escenarios distintos fueron los de La Libertad y de Piura, ya que ambas regiones mostraron composiciones similares, con grupos de municipalidades en distintas fases de ejecución, aunque con el 61.8% y 65.5% de avance, respectivamente, es decir por encima del 50%.
Gráfico 6. Gobiernos locales: composición del avance de la ejecución del presupuesto (%) de inversiones del 2019, por rangos y región
Fuente: FONDES. Elaboración propia.
Hasta el momento se ha analizado el desempeño de las municipalidades por región en función de la ejecución de presupuestos de distintos tamaños. El gráfico 7 ajusta el enfoque de la evaluación hacia las intervenciones en el ámbito local para tener un panorama del comportamiento de estas inversiones de manera agregada. Así, se reproducen los rasgos mostrados en el gráfico 5 con distintos órdenes de magnitud. De las 830 intervenciones menores o iguales a un millón de soles, 452 estaban en el último tramo de avance (75% o más), mientras que 320 tenían ejecuciones inferiores o iguales al 25%. Estas proporciones se replicaron en el caso de tareas con recursos de entre un millón y cinco millones de soles. Por su lado, había 39 proyectos con recursos de entre cinco millones y diez millones de soles que estaban por encima del 75% de ejecución, más que el resto de las tareas de la misma importancia.[1] Un hallazgo que se desprende de esto es que, en el espacio local, las intervenciones menores de cinco millones de soles son las protagonistas, pues muestran la mayor parte del avance, y caminan a dos velocidades: o están finalizando o están empezando.
Gráfico 7. Gobiernos locales: número de intervenciones según rangos presupuestales (en millones de soles) y avance de la ejecución (%) del 2019
Fuente: FONDES. Elaboración propia.
Del balance de esta sección surgen tres hallazgos clave. En primer lugar, durante el segundo semestre del año se transfirió a las municipalidades el 19.8% de los recursos. En promedio, estas tuvieron un avance del 15.1% en ese periodo, y alcanzaron el 57.8% de ejecución agregada. En el caso de las cinco regiones, menos de la mitad de los gastos devengaron entre julio y diciembre y Piura fue la de mejor desempeño en este periodo presupuestal.
En segundo lugar, el tamaño de los presupuestos por municipalidad varió entre regiones. Piura y La Libertad tuvieron mayores dotaciones para sus unidades ejecutoras, mientras que en Cajamarca y Áncash los gobiernos locales contaron con recursos más limitados por entidad. Lambayeque fue un caso intermedio, pues el 76.6% de sus municipios tuvieron presupuestos de entre un millón y diez millones de soles.
En tercer lugar, se constata la bipolaridad en el tipo de intervenciones más numerosas del proceso en el nivel local: aquellas menores o iguales a cinco millones de soles. Así, este rango se parte en dos grupos: los que están por terminar sus proyectos y los que están iniciándolos.[2] Esto podría reflejar un escenario con grupos de municipios eficientes y otros con desempeños rezagados. Es posible encontrar también algunos casos de unidades ejecutoras con calendarios de transferencias y de ejecución particularmente desfasados, lo que se refleja en sus porcentajes de ejecución.
Las municipalidades fueron el motor de la reconstrucción en el 2019 y explican el 56.4% del devengado en el norte. De acuerdo con lo visto, es posible colegir que este motor estuvo nutrido, de manera relevante, por esa porción de pequeñas y medianas intervenciones que se encontraban en las fases finales de avance. Es de destacar que, en todos los casos, salvo Lambayeque, alrededor de dos tercios de los municipios alcanzaron a ejecutar el 50% o más de sus presupuestos. Es posible que estos resultados sean el producto de la maduración de la etapa de confección de expedientes técnicos que llevó a cabo la gestión de Edgard Quispe, y, de alguna manera, de la fase descentralizada que impulsó Nelson Chui con los módulos de asesoría en las capitales regionales.
- Gobiernos regionales
En el 2019, los gobiernos regionales recibieron el 20% del presupuesto, fueron responsables del 9.2% del devengado y avanzaron en el 20.9% de la ejecución de sus recursos. Si bien, en conjunto lograron remontar los desempeños de la mitad del año, el balance es insuficiente. Los rendimientos están determinados por el Gobierno Regional de Piura ya que, entre todas sus unidades ejecutoras, tuvo un presupuesto de 917 millones de soles, que fue el 91% del total de recursos de este nivel de gobierno en el norte. Sin embargo, la exploración de las cifras de cada unidad ejecutora revela un escenario variado, donde proyectos, capacidad y dotaciones presupuestales distintas dan cuenta de una realidad más heterogénea.
Así, tal como muestra la tabla 2, el Gobierno Regional de Lambayeque logró las mejores cifras de avance, con el 87.4% de los poco menos de cuatro millones de soles de sus recursos. A esta entidad le siguió el Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP) el cual, con una dotación diez veces superior, ejecutó el 55.6%. El resto de las unidades ejecutoras tuvieron desempeños inferiores a las dos primeras, con casos particularmente deficientes como la Gerencia Subregional de Luciano Castillo Colonna (GSLCC), que logró solo el 2.4% de avance, y la sección de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque (GORE Lambayeque Agricultura), que llegó al 12.8%.
Así, hubo diferentes trayectorias entre las distintas unidades ejecutoras de los gobiernos regionales. En términos comparativos, por ejemplo, el PECHP ejecutó el 25% más que el Gobierno Regional de La Libertad, a pesar de tener presupuestos similares. Otros ejemplos son el del GORE Lambayeque Agricultura y del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), que muestran una diferencia de devengado entre ambos de un poco más de cuatro millones de soles, lo que se traduce en un avance del 22.9% más a favor del segundo. Con todo, el GORE Piura fue el principal jugador en términos del gasto devengado, tres veces mayor que la suma del resto de las unidades ejecutoras.
Tabla 2. Gobiernos regionales: indicadores de la gestión presupuestal del 2019
| Unidad ejecutora | Presupuesto | Devengado | Avance |
| Soles | Soles | % | |
| GORE Piura | 699 398 598 | 151 258 330 | 21.6% |
| GORE Piura GSLCC | 144 612 339 | 3 438 484 | 2.4% |
| GORE Piura PECHP | 36 444 752 | 20 278 105 | 55.6% |
| GORE Piura M-H | 22 139 867 | 9 123 119 | 41.2% |
| GORE Piura Peihap | 14 848 258 | 4 501 978 | 30.3% |
| GORE La Libertad | 39 208 192 | 8 098 799 | 20.7% |
| GORE Lambayeque Agricultura | 22 626 711 | 2 893 709 | 12.8% |
| GORE Lambayeque PEOT | 20 088 424 | 7 173 381 | 35.7% |
| GORE Lambayeque | 3 829 301 | 3 345 024 | 87.4% |
| Fuente: FONDES. Elaboración propia. | |||
El gráfico 8 muestra un panorama más detallado y se pueden observar las variaciones entre las transferencias presupuestales, los gastos devengados y la diferencia en los porcentajes de ejecución entre julio y diciembre del 2019. Resaltan un conjunto de casos, como el del GORE Piura GSLCC y el GORE Lambayeque Agricultura, con transferencias pronunciadas en la segunda parte del año (96.4% y 76.7% de sus presupuestos finales, respectivamente), que condicionan sus tasas de avance, del 47.4% al 2.4% en el primer caso, y del 25.5% al 12.8% en el segundo. Por otro lado, el PEOT y el GORE La Libertad tuvieron transferencias ligeramente superiores a un cuarto de sus recursos totales entre julio y diciembre, pero lograron levantar sus cifras de ejecución (35.7% y 20.7%, respectivamente), gracias al empuje pronunciado en el gasto devengado (95.7% el PEOT y 83.3% el GORE La Libertad). A la vez, el GORE Piura, el GORE Piura Morropón-Huancabamba (M-H) y el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) no tuvieron transferencias en la segunda parte del año (excepto el 0.9% que recibió el GORE Piura), y devengaron el 63.5%, el 64.9% y el 99.8% de sus presupuestos, respectivamente. En general, por lo menos cinco unidades ejecutoras regionales elevaron su gasto devengado por encima del 63% en los últimos seis meses del año. El 30.3% de la ejecución del Peihap, por ejemplo, se explica básicamente por lo que logró implementar en el segundo semestre. Por su parte, casos como los del PECHP y del GORE Lambayeque exhibieron poca actividad en materia de la reconstrucción, pues apenas modificaron sus cifras anuales.
Fuente: FONDES. Elaboración propia.
Otro tipo de aproximación es evaluar el avance de las intervenciones. Así, el GORE Piura tuvo a su cargo el mayor número de proyectos, 27, de los cuales 18 tienen una ejecución menor o igual al 25%. La GSLCC tuvo 11 tareas de sus 14 en la misma etapa de implementación. El PEOT y el GORE Piura M-H muestran composiciones equiparables, con proyectos en las cuatro etapas de avance presupuestal. En general, las unidades ejecutoras regionales tienen más proyectos en fases iniciales (salvo el Peihap, el GORE Lambayeque y el PEOT), lo que explica en parte ese deficiente 20.9% de avance conjunto.
Esto se constata porque, de las 78 intervenciones a cargo de los gobiernos regionales, 50 (el 64%) tienen avances menores o iguales al 25%, y solo 17 han superado el 50% de ejecución. De esto se desprende que el 10% del total de proyectos está en su etapa final (más del 75% de avance), lo que explica el deficiente desempeño de este nivel de gobierno.
[1] Existen dos intervenciones superiores a los veinte millones de soles y ambas están en el rango del 50% al 75% de avance.
[2] Con una gran proporción de aquellos que no registran ningún avance, como se verá en la sección 5.
