El proceso de integración de los actuales departamentos en nuevas y más grandes regiones ha entrado en la recta final. La encuesta de IMASEN que publicamos en esta página (www.participaperu.org.pe/novedades/encuesta_imasen.xls) muestra los importantes límites de información que la ciudadanía aún muestra de cara al referéndum del 30 de octubre. Pero también nos indica que en un número importante de departamentos la votación por el Sí puede consolidarse, mientras la opción por el No, que es mayoritaria en algunos pocos casos, ganaría por escaso margen.
Frente a las opciones ciudadanas por el Sí o por el No hay dos estrategias en conflicto. Una viene desde abajo, promovida mayoritariamente por distintas organizaciones y colectivos de la sociedad civil y algunas pocas autoridades regionales y locales comprometidas con el proceso de descentralización y con la integración regional. Agrupados departamental y regionalmente, han llevado adelante campañas de información y de divulgación de los alcances de las distintas propuestas, apostando en los más de los casos por el Sí. Superando distintas limitaciones, se han convertido en los principales difusores de los Expedientes Técnicos y del enorme sentido político de la integración a través de foros públicos, publicaciones, debates radiales y distintas campañas de comunicación. A esta campaña se ha sumado, aunque tardíamente y sin los recursos suficientes, el Consejo Nacional de Descentralización.
Desde arriba, el Ejecutivo no tiene iniciativa y se mantiene en silencio, sin comprarse el pleito de la integración regional, desconociendo su compromiso con la única reforma realmente emprendida en casi cinco años de gobierno, al punto que el Presidente del CND se ha quejado públicamente de la falta de apoyo de sus colegas del Ejecutivo a la integración. Por su parte, el MEF ha aprobado un Reglamento de la Ley de Descentralización Fiscal que desconoce los supuestos con los que se formularon los expedientes Técnicos aprobados por el CND, frustrando así las expectativas creadas.
El Congreso de la República -tras buscar infructuosamente postergar la consulta ciudadana del 30 de octubre- desde el mes de agosto ha demorado la aprobación de las modificaciones normativas necesarias para corregir algunas ambigüedades legales sobre el referéndum y las nuevas regiones. Ahora, en una actitud lamentable, congresistas que firmaron los acuerdos de la Comisión retiran sus firmas mientras que representantes de diversos partidos buscan impedir que el Pleno debata lo acordado en la Comisión.
La mayor parte de los partidos políticos nacionales y sus líderes –más interesados en promover sus candidaturas para el 2006- han guardado silencio público frente a un tema de interés nacional y en muchos casos han presionado a su militancia para asegurar el bloqueo y posterior fracaso de la integración en debate, haciendo evidente su temor a un eventual resultado que redefina y reduzca sus respectivas cuotas de poder. Han mostrado, una vez más, el escaso respeto que les merecen los ciudadanos y ciudadanas del interior del país.
Por su parte, varias autoridades regionales que prepararon y presentaron las propuestas de integración de sus regiones, ahora hacen campaña por el no. ¿Auténtico desengaño frente al Reglamento de la Ley de Descentralización Fiscal? ¿Sometimiento a las directivas de sus direcciones partidarias? ¿Cálculo frío de sus posibilidades en la futura consulta? En cualquier caso, falta de responsabilidad con sus electores.
En este contexto de desigual competencia entre los intereses y expectativas de la gente y el afán de conservación de la mayoría de los políticos, seguimos convencidos que la integración regional es el aspecto más dinámico de la descentralización y puede ser un proceso que determine su profundización. La integración de dos o más regiones en octubre, pondría al nuevo gobierno que resulte de las elecciones del 2006 –cualquiera que éste sea- frente a un proceso en marcha, y por lo tanto irreversible.
En el mediano plazo, como lo hemos reiterado repetidas veces, la regionalización nos permitiría contar con espacios con una dotación mayor y más diversa de recursos naturales y de capacidades productivas e institucionales, con mejores posibilidades de construir equidad y democracia, de generar desarrollo. Regiones más grandes serían, sin duda, más fuertes para negociar sus intereses con el gobierno nacional. La posibilidad de un nuevo equilibrio de poderes en el Perú sigue siendo entonces el principal temor del centralismo y sus muchos defensores.
Autor:
Grupo Propuesta Ciudadana
Fecha de Publicación:
Mar, 11/10/2005
