La propuesta de crear un Ministerio del Ambiente ha generado interés en diversos sectores de la sociedad peruana. La degradación y la vulnerabilidad que afronta el Perú, así como la debilidad de la institucionalidad ambiental y la profunda desconfianza de la población hacia ella, explican la expectativa generada sobre el tema. Más allá de sus contenidos, los cuales no son hasta el momento conocidos por la opinión pública, es claro que estamos ante una ventana de oportunidad para poner en la agenda una dimensión estratégica y cuya trascendencia en la escena internacional es creciente. La posibilidad de dar forma a una autoridad con la capacidad suficiente de diseñar e implementar políticas, criterios y mecanismos orientados a la sostenibilidad ambiental requiere un amplio y democrático debate, tal como ha sido planteado por diversas instituciones y redes de la sociedad civil.
Éste es el primer punto sobre el cual es necesario llamar la atención. Es positiva la ampliación hasta el 15 de marzo del plazo del grupo de trabajo formado por el especialista Antonio Brack para presentar su propuesta sobre el Ministerio del Ambiente y, ojalá también, sobre el sistema descentralizado de gestión ambiental. Esperamos que a partir de esa fecha se abra un proceso de diálogo y consulta con las autoridades regionales y locales, con las organizaciones sociales y con las diversas instituciones de la sociedad civil. Proceso de diálogo y concertación democrática que deberá aportar a que el Congreso debata y apruebe la legislación que sustente el sistema. Sería lamentable que en un tema de tanta trascendencia se opte por la ruta de imponer un decreto legislativo, bajo el supuesto amparo de la delegación de facultades hecha por el Congreso para que el gobierno legisle sobre el TLC con EE.UU.
En este escenario es importante señalar algunos vacíos preocupantes del discurso oficial. Un primer tema es que el anuncio presidencial se ha hecho sin que el gobierno explicite las políticas que orientan la estrategia ambiental, en función de las cuales se está dando forma al Ministerio. Tampoco se conoce una posición clara sobre la evaluación que tiene el gobierno del mecanismo de coordinación existente que, es el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), el cual ha mostrado serios problemas producto de su carencia de autonomía y de competencias para asumir el rol de una efectiva autoridad ambiental.
Otro aspecto sobre el que vale la pena poner atención es que el discurso oficial se centra en la institucionalidad del gobierno nacional, sin que hasta el momento se haya escuchado, desde la PCM o desde el Palacio de Gobierno, el concepto o la idea de un sistema descentralizado de gestión ambiental. En la medida que la gestión involucra a diversos actores, se requiere un sistema que evite contradicciones, duplicidades y vacíos. Es por ello sumamente importante que se revisen y redefinan las competencias ambientales de los gobiernos locales y regionales, así como también se prevea la forma de ir desarrollando capacidades en estas instancias de gobierno que permitan el desempeño eficaz y eficiente del sistema.
Sin duda es fundamental debatir y concertar la estructura, las funciones y roles de las distintas instancias en el sistema de gestión ambiental, pero ello tendrá real sentido si asumimos esa dimensión como el primer y más importante paso hacia la definición de una estrategia de desarrollo nacional que incorpore el componente ambiental. Definir las prioridades es fundamental para orientar el accionar del Estado, de la sociedad civil y los sectores empresariales y productivos en general. Entre las dimensiones más relevantes podemos señalar: i) la política para la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, los bosques, la biodiversidad y las zonas marinas costeras; ii) orientaciones para la mitigación y adaptación del país al cambio climático; iii) fortalecimiento de la institucionalidad mediante normas, instrumentos de gestión, un sistema nacional de información y evaluación ambiental, así como la participación ciudadana.
Un aspecto importante del sistema y del Ministerio del Ambiente es su capacidad de fiscalización y sanción. Sin ello se trataría de una reiteración, bajo otro nombre y modalidad, del fracasado CONAM, el cual se limitaba a constatar los problemas y promover el diálogo, sin ninguna capacidad de garantizar el cumplimiento de las políticas y reglamentos. Es fundamental desarrollar un mecanismo que garantice efectiva capacidad de control ambiental, lo cual demanda un enfoque descentralizado, de recursos humanos suficientes y capacitados, así como de la participación amplia de la sociedad civil.
Para la gestión del sistema es necesario asumir un enfoque intergubernamental que articule a los diversos sectores en torno a las políticas ambientales y, sobre todo, posibilite una conducción concertada entre los tres niveles de gobierno. Éste es el espacio para articular las políticas ambientales y optimizar su implementación, haciendo de la complementariedad y la colaboración aspectos sustantivos de su funcionamiento.
Como vemos, se trata de un tema de primera importancia y de gran complejidad. Las autoridades regionales y locales tienen que cumplir un rol activo para garantizar su capacidad de ejercer un rol efectivo de gobierno en su territorio. En este asunto, la dimensión ambiental es fundamental.
