Un aspecto a tomar en cuenta en la definición de propuestas para el sector agropecuario es la marcada heterogeneidad territorial que nos caracteriza. Las diferencias en la cantidad de población dedicada a este tipo de actividades, en los tipos de cultivos, así como en el tipo de unidad productiva predominante, son algunos elementos que ponen en cuestión la forma centralista bajo la cual se gestiona este importante sector.
Éste no puede continuar en el plano secundario en el que se encuentra, ni la atención debe concentrarse únicamente en las potencialidades productivas de la costa. Sin duda es importante que se incremente nuestra capacidad de exportación y de promoción de la agroindustria, pero no debemos perder de vista que la pobreza y la extrema pobreza se concentran en los espacios rurales, y que el contexto global ha puesto nuevamente y con mayor fuerza en la agenda nacional el tema de la seguridad alimentaria.
En ese marco es fundamental avanzar en la descentralización del sector, dotando a los gobiernos regionales de un poder efectivo para formular e implementar políticas de desarrollo agrario regional, en el marco de una política nacional agraria concertada y de la construcción de un sistema intergubernamental para la gestión del sector en las regiones y en el plano nacional.
El Decreto Legislativo 997, que define la nueva organización y las funciones del Ministerio de Agricultura, muestra vacíos importantes desde la perspectiva de la descentralización. Preocupa que en dicha norma no se precisan con claridad las funciones, pues se traslada este tema al reglamento, instrumento normativo que depende únicamente del gobierno nacional. Con ello se sienta un precedente negativo, ya que de mantenerse este criterio para todos los sectores, se limitaría el debate público en esta importante dimensión de la reforma del Estado, excluyendo al Congreso de una decisión fundamental para la adecuación del gobierno nacional a la reforma descentralista.
Este problema se complica más porque en el DL 997 se obvia toda mención a la concertación con las regiones en la formulación de la matriz de competencias y funciones, en la cual se debe precisar el rol que cumplirá cada nivel de gobierno. Menos aún se señala algún tipo de compromiso u obligación de coordinar la estimación de los costos de las funciones. En este DL tampoco se señala la obligatoriedad de formular una estrategia concertada de fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales para una gestión eficiente de las políticas agrarias. Otra muestra de la visión centralista predominante en el sector agrario es que en el DL se retrocede en relación con el compromiso del presidente Alan García de transferir PRONAMACHCS a las regiones, lo cual debió llevarse a cabo desde el inicio del proceso de descentralización.
Esta norma crea el denominado AGRORURAL, ampliando los recursos para las actividades que hoy lleva adelante PRONAMACHCS e integrando al mismo otros programas como PROAMAZONIA. Con ello se centraliza mayor poder en el gobierno nacional con una unidad ejecutora nueva y más grande. Es clara la decisión de postergar de manera indefinida la transferencia de este importante instrumento de gestión agraria, así como de generar un mecanismo que le permita al gobierno nacional ejercer las funciones que sólo en lo formal transfiere a los gobiernos regionales.
Con este tipo de decisiones se evidencia la falta de voluntad de quienes dirigen el Ministerio de Agricultura para generar políticas que respondan a nuestras diversas realidades agropecuarias. El objetivo de la actual administración del Ministerio pareciera ser tener libertad para definir e implementar su particular visión del sector, donde el énfasis está en las políticas favorables a la gran inversión orientada a la agroexportación. Para las pequeñas unidades productivas y las comunidades campesinas se aplican mecanismos asistenciales.
El debate abierto con este DL y con otros vinculados a la actividad agropecuaria, en el marco de las normas de adecuación al TLC con EE.UU., es una excelente oportunidad para que los Gobiernos Regionales asuman un rol activo en la promoción del desarrollo agrario. Para ello, a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, deben poner en la agenda de trabajo con el Gobierno Nacional la construcción concertada de la matriz de competencias y funciones del Ministerio, a fin de garantizar una efectiva descentralización del sector. Junto a ello se debe promover el fortalecimiento del rol rector del MINAG en la generación de una política nacional, así como en la planificación, el seguimiento y el control.
Los Gobiernos Regionales deben plantear con decisión que se cumpla de manera efectiva el compromiso Presidencial y se descentralice AGRORURAL hacia las regiones. El Ministerio de Agricultura debe concentrarse en un rol normativo, de asistencia técnica y de gestión financiera de los recursos. Éste debe ser un instrumento al servicio del aumento de la producción y la competitividad de las pequeñas unidades agrarias y campesinas, cuyas características son diferenciadas en las distintas regiones.
El debate que se plantea no es sobre temas administrativos y de procedimientos, sino sobre la necesidad de construir una agenda agraria nacional que responda a los desafíos que enfrentamos como sociedad en relación con temas globales de gran complejidad, como son el cambio climático y el abastecimiento alimentario.
