La inflación ha superado en el último año el 5%, pero los precios de los alimentos han crecido por encima del 10%. En algunas regiones, la inflación ha tenido un impacto todavía mayor. Es claro que quienes más sienten el problema son los sectores pobres de la población.
El debate sobre el tema está girando sobre la forma de responder a este aún inicial proceso inflacionario. Un significativo sector de especialistas, autoridades y dirigentes políticos propone que las políticas de control de la demanda se orienten hacia el consumo privado, para lo cual toman como punto de partida que el consumo privado interno representa algo más de 87% de la demanda nacional global, mientras que el gasto público, a pesar de su incremento reciente, es sólo algo superior a 12%. Esta posición considera que no es conveniente aplicar el ajuste al gasto público, sobre todo aquel vinculado a la salud, la educación y la infraestructura, porque éste tiene un impacto directo sobre los sectores populares, que son los que tienen las mayores urgencias y necesidades.
A pesar de los diversos argumentos en ese sentido, la lógica que parece imponerse en el gobierno, bajo la batuta del Ministerio de Economía, es poner el énfasis en la reducción de la capacidad de inversión del Estado, pues el recorte no se hará sólo sobre el gasto corriente, que tiene muy poca flexibilidad, sino sobre la inversión en capital, es decir sobre los recursos destinados a carreteras, hospitales y escuelas. El argumento para centrarse únicamente en el gasto público es que afectar excesivamente el consumo y la inversión privada tendría un impacto directo sobre el crecimiento de la economía, al alentarse la disminución de las inversiones y, consecuentemente, de las utilidades del capital.
De esta manera, se opta por el que, aparentemente, es el camino más sencillo para enfriar la economía, sin siquiera considerar alternativas que afecten el consumo privado y no repercutan de manera importante sobre los sectores más pobres. Por ejemplo, el reajuste de la política arancelaria o una reforma tributaria que ponga énfasis en aumentar los impuestos sobre los que más ganan en aras de reducir su consumo. Luego de varias semanas en las que el MEF se negó a usar el término recorte, utilizando el eufemismo de la modulación del gasto, no le ha quedado otra salida al nuevo ministro, Luis Valdivieso, que anunciar la reducción del gasto fiscal como el principal mecanismo que el gobierno utilizará para intentar controlar el crecimiento de la inflación.
Según alguna información disponible, la reducción del presupuesto público para el año 2009 será de aproximadamente 7 mil millones de soles, que representa aproximadamente entre 10 y 12% con relación al presupuesto del 2008. Todo parece indicar que los gobiernos regionales y locales estarán entre los más perjudicados con esta orientación de la política antiinflacionaria del gobierno. Se está empleando como argumento su supuesta incapacidad de gasto, obviando que este mismo problema lo tiene el gobierno nacional. Adicionalmente al recorte de los recursos es muy posible que se apliquen mecanismos administrativos que hagan más difícil hacer realidad las inversiones previstas.
Más allá del uso político de este tema, sigue ausente una política sostenida que se oriente a mejorar sustantivamente la calidad de la inversión pública, evitando gastos superfluos y dispendiosos, e incrementando aquellos que tienen impactos positivos en la formación del capital para el ser humano, en la mejora de la capacidad productiva y en la articulación territorial.
El asunto es de gran importancia para los gobiernos locales y regionales y en general para el país, porque ajustar el gasto fiscal como se pretende resulta unilateral y oneroso para los sectores más pobres de la población. Los gobiernos regionales deberían plantear desde hoy y cuanto antes, una propuesta sobre este aspecto crucial para su gestión.
Su propuesta debe orientarse a defender el gasto público como un instrumento redistributivo, especialmente en nuestra sociedad marcada por profundas desigualdades. Es inaceptable que en momentos en los cuales se cuenta con recursos fiscales significativos, producto del crecimiento económico y del auge en los precios de los minerales, se opte por cargar el costo de detener la inflación en quienes viven excluidos de los beneficios del crecimiento y ven ampliarse la brecha con quienes más tienen.
Sin embargo, no es suficiente oponerse a un recorte que, además de injusto, es centralista. Es fundamental poner también en la agenda propuestas orientadas a mejorar la calidad de la gestión de los recursos públicos en todos los niveles. La identificación precisa de las prioridades, la orientación del gasto en función de objetivos de desarrollo, así como la vinculación de planeamiento y presupuesto son temas que demandan de las autoridades regionales planteamientos de corto y mediano plazo. Es importante hacer realidad una gestión eficiente y eficaz para consolidar el proceso de reforma descentralista y aportar a la construcción de la legitimidad que la gobernabilidad democrática requiere.
