El gobierno negó de manera sistemática toda posibilidad de recortar los recursos ordinarios de los gobiernos regionales para la inversión en capital. Por advertir que transitaba por esa ruta el gobierno, el Presidente del Consejo de Ministros acusó a Propuesta Ciudadana de mentir malintencionadamente.
Una primera revisión de las cifras del Proyecto de Ley General del Presupuesto 2009 presentado al Congreso muestra que se han recortado aproximadamente 400 millones de soles de los presupuestos regionales para inversión de capital. El recorte no solo es a los pliegos regionales sino también a las municipalidades. De acuerdo al análisis hecho por la Red de Municipalidades Rurales del Perú, se ha reducido el 65% de los recursos ordinarios de las municipalidades, es decir 826 millones de soles.
Una de las justificaciones para estas medidas es la supuesta “incapacidad de gasto” de los gobiernos regionales. Los hechos van en sentido contrario: 8 gobiernos regionales han duplicado su inversión, 10 la han incrementado entre el 50% y el 80%, y 6 lo han hecho entre el 20% y el 45%. Todo ello entre el año 2004 y el 2008. Si esta fuera la razón, se debería centrar la atención en el propio gobierno nacional, el cual muestra una tendencia muy por debajo de esos porcentajes.
El camino elegido por el gobierno nacional para la gestión de los recursos sustraídos de los gobiernos regionales es la ampliación de los fondos destinados al FONIPREL, mecanismo concursable al cual deberán presentar sus proyectos los gobiernos regionales y municipales. Ello significa que, en los hechos, estas instancias de gobierno pierden capacidad de decisión sobre los recursos.
El mecanismo del concurso de proyectos es útil e interesante, en tanto sea un canal complementario de financiamiento para proyectos de inversión local, departamental y regional. Incluso podría ser una estrategia orientada a promover la asociación entre municipalidades y entre gobiernos regionales. Si es manejado de manera transparente, eficiente y previsible puede asimismo aportar a mejorar la calidad de las inversiones.
Pero lo que es criticable es que se fortalezca este fondo, sin tomar en cuenta que fue pensado para promover la ampliación de la inversión pública, recortando el presupuesto de las regiones. Más aún cuando quedan fuera de este nuevo filtro los recursos que invertirán en las regiones los ministerios y programas nacionales. Con ello no sólo se establece una inaceptable diferenciación, sino que queda claro que el principal objetivo de esta medida es retomar el control centralista de una parte significativa de los recursos ordinarios. Con ello se distorsionan los objetivos iniciales de este mecanismo de financiamiento de las inversiones.
No debemos perder de vista que el MEF estableció hace algunas semanas, obviamente sin concertar con nadie, que los recursos por canon y regalías serán transferidos mes a mes a las regiones, siempre y cuando cuenten con la autorización de los funcionarios encargados de evaluar la solicitud de desembolso. Por tanto, más allá del discurso, estamos ante un claro retroceso en relación con la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos regionales y locales.
Hay un segundo aspecto que requiere ser adecuadamente aquilatado. El FONIPREL, tal como está definido por la ley y su reglamento, es un instrumento de gestión dependiente del MEF y se guiará obviamente por sus objetivos y criterios. Es evidente entonces, el riesgo que se convierta en un instrumento para reducir el gasto, dadas las posiciones planteadas por el propio ministro Valdivieso.
En ese sentido, es imprescindible modificar la ley y el reglamento del Fondo, insistiendo en la devolución de los recursos recortados a las regiones y municipalidades, de tal manera de asegurar por lo menos tres cosas: i) un consejo directivo con mayor presencia de los niveles descentralizados de gobierno; ii) un comité evaluador de los proyectos que garantice representatividad, idoneidad y neutralidad en su procesamiento; iii) la formulación de indicadores y criterios claramente definidos, los cuales deben ser garantía de objetividad y transparencia del proceso.
Consideramos, asimismo, que es de primera importancia hacer una evaluación integral del presupuesto 2009. En esa orientación se requiere la más amplia y detallada información de los programas estratégicos incluidos en el denominado presupuesto por resultados. En una revisión inicial encontramos que hay problemas de coherencia entre las metas y funciones definidas en estos programas, y los recursos de los gobiernos regionales para su cumplimiento. Se trata de un instrumento de gestión clave, ya que puede ser el vínculo que se requiere para articular planeamiento y presupuesto, pero para ello debe ser adecuada y seriamente trabajado. Desvincular las metas de los recursos puede crear serios problemas de legitimidad a los gobiernos regionales y locales.
El debate presupuestal del 2009 recién se inicia y en los próximos meses es importante promover un diálogo sostenido ya que, en nuestra opinión, su diseño refleja una opción de ajuste que afecta a los sectores más pobres de la población en un contexto de crecimiento de las utilidades de las grandes empresas, así como del aumento del consumo de los sectores sociales de mayores ingresos. Ésta es una ruta que plantea serios riesgos a la gobernabilidad democrática y con ello a la reforma descentralista y participativa del Estado.
