Con la inscripción de las fórmulas presidenciales se ha iniciado formalmente la campaña electoral. En esta primera etapa constatamos un debate muy limitado en relación con las propuestas programáticas. En lo social se centra en la reducción de la pobreza, lo cual es sin duda importante, pero insuficiente en una perspectiva inclusiva.
Si aceptamos las cifras oficiales, la pobreza se ha reducido de manera significativa desde el inicio de la transición democrática el año 2000. Pero centrar el debate en esta dimensión oculta que se trata de un resultado precario y muy por debajo de lo que sería esperable, dado el sostenido incremento del PBI durante gran parte de la década pasada.
Es más o menos evidente que se busca minimizar la importancia del principal problema de nuestra sociedad, que es la desigualdad: una de nuestras características estructurales como sociedad y que se mantiene casi en los mismos niveles que en el año 2000. Luego de dos décadas de aplicación del modelo económico neoliberal, este debe ser un tema ineludible en la confrontación electoral en curso.
Abordar el tema de la desigualdad implica discutir sobre el rol del Estado. Existe un claro consenso, especialmente luego de la crisis global iniciada el 2008, sobre la necesidad de su fortalecimiento y ampliación. El precepto neoliberal del mercado como el factor articulador del orden social se ha mostrado inviable y no pasa de ser un discurso ideológico sin sustento en la realidad. Para reducir la desigualdad —que debe ser el objetivo principal de un nuevo proyecto nacional— se requiere redefinir el papel del Estado en lo político, lo social y lo económico. Si ese rol es inviable, por ejemplo, asumir el reto de mejorar el acceso de los niños y jóvenes del medio rural a servicios de educación y salud de calidad, dimensiones fundamentales para reducir la exclusión y abrir oportunidades de bienestar.
Cuando hablamos de fortalecer el rol del Estado para enfrentar la desigualdad es inevitable acercarnos a la reforma fiscal, es decir a la necesidad de un nuevo pacto orientado a generar mayores recursos para hacer realidad una efectiva estrategia redistributiva. Mayores recursos, gestionados con mayor eficiencia, son condiciones para mejorar la calidad y condiciones de vida de los sectores excluidos por el actual modelo de crecimiento económico, así como del conjunto de la sociedad. Para ello es fundamental incrementar de manera sustantiva la presión tributaria, implementar medidas que permitan que pague más el que más tiene y establecer criterios e indicadores claros para la asignación de los recursos. En ese marco, un aspecto particularmente relevante es el incremento sustantivo de los ingresos del Estado sobre la renta generada por las actividades extractivas.
Cuando se aborda la desigualdad en nuestro país se constata la existencia de profundas brechas territoriales. La exclusión se concentra en los departamentos y provincias andinas y amazónicas, así como en amplios bolsones de población que viven en las zonas marginales de las principales ciudades de la costa. Esta realidad hace imprescindible abordar el tema de la descentralización.
Para quienes apuestan por la continuidad se trata de realizar meros cambios administrativos; sin embargo, es más o menos evidente que esta es una dimensión necesaria, pero claramente insuficiente. Se debe construir un nuevo pacto descentralista, asumiendo la reforma en su perspectiva integral, es decir tanto política y administrativa, como económica. La autonomía de las instancias subnacionales de gobierno, el rol orientador del gobierno nacional y el ordenamiento de nuestro territorio a partir de una visión que se oriente a cerrar las brechas sociales y económicas, son aspectos que deben ser parte sustantiva del debate para la elección de un nuevo gobierno.
En esa perspectiva es imprescindible que se diseñen e implementen políticas que promuevan la transformación de nuestra estructura productiva, la cual tiene base en las actividades primarias para la exportación. Nuestra dependencia de ellas, caracterizadas por su poco impacto en la generación de empleo y su poca vinculación con el resto de los sectores productivos, no solo no se ha modificado, sino que se ha profundizado con el modelo económico hegemónico impuesto por el gobierno fujimontesinista. Desde un enfoque basado en nuestra heterogeneidad territorial, es necesario implementar políticas de apoyo a las actividades manufactureras, al incremento de la productividad agraria y al turismo. Superar la desigualdad demanda un cambio sustantivo en este terreno.
Finalmente, pero no por ello menos importante, abordar el tema de la desigualdad nos lleva al debate sobre la consolidación y profundización de la democracia. Se requiere una gestión transparente, un Estado dialogante y una estructura de gestión abierta a la participación de la sociedad organizada. Este no es un tema menor si constatamos la abierta oposición de la clase política y empresarial al anuncio hecho por la Alcaldesa de Lima sobre el diálogo con la población para la ejecución de las grandes obras de inversión. En esta visión de la democracia no existe el ciudadano sino el elector, quien cada cierto tiempo elige a quienes tomarán las decisiones, las cuales serán muchas veces distintas a las ofrecidas durante la campaña. Superar la desigualdad requiere del protagonismo de todos, en particular de quienes sufren una realidad de exclusión y precariedad.
Esta aproximación integral al debate sobre la desigualdad intenta ser diluida por un amplio sector de la clase política y los poderes fácticos, contentos con un Estado al cual los gobiernos de las últimas décadas han hecho funcional a los intereses de las grandes inversiones extractivas y financieras. Por ello es de primera importancia que las diversas organizaciones sociales e instituciones que tienen en su agenda estos temas, promuevan espacios de diálogo y debate social y político en el marco del contexto electoral en curso en el país.
