Los resultados electorales ponen de manifiesto la exigencia de amplios sectores por que el país se enrumbe hacia la inclusión. Reclaman un Estado al servicio de la sociedad, eficiente a la hora de prestar servicios y eficaz al momento de aplicar las políticas públicas. Demandan una mejor distribución de la riqueza en beneficio del conjunto, lo que implica reorientar las decisiones económicas para que aporten más quienes más se benefician con el crecimiento. La gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país exige una firme lucha contra la corrupción.
El nuevo gobierno debe reconocer nuestra diversidad social, cultural y territorial. Esta realidad plantea grandes desafíos, pero ofrece la oportunidad de dar forma a un proyecto nacional inclusivo de mediano y largo plazo. La reforma descentralista iniciada hace casi una década, junto con la participación social activa, puede ser un punto de apoyo para modificaciones cruciales: modernizar y democratizar el Estado; emprender un nuevo pacto fiscal redistributivo; configurar una nueva forma de organización de nuestro territorio; y abrir canales democráticos que permitan procesar los conflictos entre intereses diversos o contrapuestos.
Democratizar el Estado
La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública son aspectos imprescindibles para canalizar las prioridades e intereses de la población y un poderoso instrumento de lucha contra la corrupción. Es fundamental fortalecer y ampliar los mecanismos existentes en el marco de la descentralización, y hacerlos más flexibles para responder a nuestra diversidad social, territorial y cultural.
Avanzar en la descentralización requiere de un mecanismo de conducción concertada, que incluya a los tres niveles de gobierno. Es necesario asignar con claridad las funciones y competencias e incentivar la colaboración y la complementariedad que precisa un Estado unitario y descentralizado. Urge la gestión descentralizada del presupuesto, que ponga atención no solo en la disponibilidad de los recursos sino ―y sobre todo― en la calidad del gasto. Ello implica mejorar el nivel profesional de los gestores e impulsar y apoyar los procesos de reforma institucional de los gobiernos regionales y locales.
Nueva organización del territorio
La regionalización debe ser una política de Estado que responda a una estrategia nacional orientada a dinamizar procesos económicos y sociales que impulsen y sustenten la formación de nuevas demarcaciones políticas. Las macrorregiones deben articularse fortaleciendo las Juntas de Coordinación Interregional y las mancomunidades, para avanzar ordenadamente en la formulación e implementación de proyectos de inversión de impacto interregional, entre otros aspectos.
El ordenamiento territorial es la base de todo proceso serio de regionalización y es la principal referencia para el diseño e implementación de planes y estrategias de desarrollo sostenible e inclusivo. Se requiere de un marco político y normativo orientador, así como el fortalecimiento de la responsabilidad política de los gobiernos regionales para tomar decisiones en este terreno, en coordinación con los gobiernos locales. En este aspecto es fundamental el rol del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) como eje de un sistema descentralizado de planificación.
Nuevo pacto fiscal
La inequidad y los desequilibrios territoriales que genera la actual distribución de los recursos exigen decisiones técnicamente sólidas y políticamente viables. Es tarea de los nuevos gobernantes establecer un nuevo pacto fiscal que incremente los ingresos del Estado sobre la base de un aporte más equitativo, sobre todo de las empresas extractivas, y de reducir la evasión tributaria. Esta decisión es ineludible para hacer realidad la propuesta redistributiva.
Es necesario avanzar en la descentralización fiscal para asignar los ingresos entre los tres niveles de gobierno a partir de indicadores claros y previsibles. Esta decisión permitirá establecer un sistema de financiamiento sostenible y afirmar la autonomía y la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales. Es una medida políticamente viable y que contribuirá a enfrentar los profundos desequilibrios entre departamentos y en su interior.
El reconocimiento y la inclusión social
El nuevo gobierno tiene la obligación de pasar de la retórica a la acción política. En ese sentido, en el marco de la reforma descentralista debe priorizarse el diseño y la implementación de políticas en favor del desarrollo rural y la pequeña agricultura, para integrar en mejores condiciones su producción a los mercados regionales, nacionales e internacionales. Debe enfrentarse la exclusión y la pobreza con políticas sectoriales orientadas a promover la pequeña y mediana producción, lo cual demanda políticas nacionales y descentralizadas de apoyo y promoción efectiva.
Urge un marco de referencia para los procesos de negociación, consulta y concesión de los proyectos extractivos. Es impostergable institucionalizar la consulta previa y hacerla obligatoria para todas las concesiones y contratos vinculados a las actividades extractivas, respetando la identidad y los derechos de los pueblos. Hace falta un cambio radical en el tratamiento de los inevitables conflictos entre intereses diversos y contrapuestos, fortaleciendo la capacidad de diálogo y negociación de los gobiernos regionales y locales.
