La fusión del CND con la PCM tuvo dos efectos no esperados por el gobierno: colocar en el centro del debate la conducción del proceso de descentralización y motivar la decisión de los presidentes de los gobiernos regionales de autoconvocarse para la conformación de una instancia autónoma y representativa.
En su segunda reunión, realizada el 20 y 21 de marzo en Huánuco, han dado forma a la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales (ANGR) al aprobar sus estatutos y decidir el inicio de su proceso de institucionalización. Participaron en esta decisión 18 de 25 gobiernos regionales.
Tal como ha señalado su coordinador, el presidente regional de Junín Vladimiro Huaroc, es importante resaltar que se trata de un espacio que busca trascender las discrepancias ideológicas y partidarias que son propias de un espacio diverso como es la Asamblea, para poner por delante la búsqueda de ejes programáticos comunes. Por ello han afirmado con claridad que su existencia no se contrapone a las posiciones o intereses de cada región, cuyos gobiernos dialogarán sobre ellos con quienes corresponda en el Ejecutivo o el Congreso. Su rol es definir ejes centrales, cuya definición involucra al conjunto de regiones. Ello exigirá una gran voluntad de concertar y de construir una institucionalidad democrática. Como también ha indicado el Coordinador, este espacio no surge contra nadie, sino a favor de la consolidación de la descentralización y del desarrollo equilibrado y sostenible de las regiones.
La Asamblea aparece como un espacio para procesar y proyectar a la sociedad una Agenda Nacional desde las regiones. No está pensada como una instancia reivindicativa, sino como un instrumento de diálogo y propuesta, con la capacidad necesaria para marcar el ritmo y el debate sobre la reforma política y administrativa del Estado. Incluso, su visión va más allá y se orienta a poner en debate políticas y estrategias que permitan a los diversos territorios que conforman nuestro país construir condiciones para su desarrollo. En esta última perspectiva es fundamental el rol de las Juntas de Coordinación Interregional para definir sus temas prioritarios, ponerlos en la agenda de diálogo con el Ejecutivo e identificar y definir ejes articuladores para el conjunto de las regiones en función de los cuales actúe la Asamblea en relación con el gobierno central. Tal como han establecido en sus acuerdos iniciales, su principal tarea es “impulsar, desarrollar, profundizar y defender el proceso de descentralización para consolidar el liderazgo de los gobiernos regionales del país”.
La reunión de Huánuco ha dado los primeros pasos y ha identificado un conjunto de temas que deben ser concertados con el Ejecutivo. Éstos son imprescindibles para que los gobiernos regionales puedan cumplir una gestión efectiva y eficiente en la perspectiva de promover el desarrollo de las regiones. Han planteado iniciar el diálogo sobre la descentralización fiscal, ofrecida por el presidente Alan García para el 2008, a fin de consolidar su autonomía financiera y ampliar sus responsabilidades en la gestión y captación de los recursos que el Estado requiere para responder a los enormes desafíos de una sociedad caracterizada por la desigualdad y la exclusión. Asimismo han asumido con claridad y decisión el compromiso de trabajar para mejorar la eficiencia y la calidad en el gasto público.
Junto a ello, los gobiernos regionales han demandado el cumplimiento de otra promesa presidencial hecha en octubre de 2006, que es transferir las 185 funciones señaladas en la Ley Orgánica de Regiones. Estas autoridades entienden que se trata de un paso fundamental para estar en condiciones de formular políticas e implementar estrategias de desarrollo, aspectos que trascienden su actual rol centrado en la inversión de recursos. Consideran que el cumplimiento de esta promesa es una primera fase para establecer una adecuada distribución de roles entre los tres niveles de gobierno. Plantean que para ello es fundamental el diálogo y la concertación, ya que no se trata de que el Ejecutivo defina de manera unilateral los alcances de las funciones a ser transferidas. La experiencia de la etapa toledista ha demostrado que no basta con la formalidad de transferir algunas facultades comprendidas en cada función, sino de incluir todas aquéllas que son necesarias para su ejercicio efectivo y de garantizar que estén acompañadas de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios.
La agenda de la Asamblea no se limita a estos temas. Un punto de preocupación de los gobiernos regionales es los alcances y características de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Está presente el tema de las competencias compartidas y la necesidad de definir con claridad el rol normativo del Ejecutivo, así como garantizar la participación de las instancias descentralizadas en la definición de las políticas fundamentales que afectan las condiciones de desarrollo de las regiones y localidades. Los presidentes regionales han puesto en agenda un tema estratégico, que es el papel de las industrias extractivas en relación con la dinámica social y productiva de las regiones y del país. Han expresado claramente que no están en contra de las inversiones, pero han reclamado un rol en las negociaciones y una adecuada distribución de las riquezas que se obtienen de la explotación de nuestros recursos naturales.
Con estos acuerdos, la Asamblea se perfila como un interlocutor muy interesante en la escena política nacional. Luego de varios años de iniciada la reforma descentralista existe la posibilidad que las perspectivas e intereses de las regiones estén presentes en las definiciones nacionales, generalmente orientadas en función de grandes intereses económicos y políticos que basan su fuerza en un diseño centralista del poder. Éste será un año particularmente decisivo para este nuevo referente político descentralista.
