Los resultados de las elecciones nos muestran el desplazamiento de los denominados partidos nacionales por movimientos y liderazgos regionales. Se pone nuevamente en evidencia la debilidad organizativa y programática de los partidos en las regiones y provincias del país. Junto con ello, se constata el avance de un nuevo referente organizativo que son las fuerzas políticas regionales. La mayoría de movimientos regionales tiene varios años de existencia y ha lpresentado candidatos en las provincias y distritos de su región. En 2002 ya constituían un actor político relevante y triunfaron en buen número de regiones. Las autoridades electas y sus dirigentes están lejos de ser personajes improvisados. La representación política de las regiones sale fortalecida de estas elecciones.
El mapa delineado en las elecciones nacionales de abril y junio no se ha reflejado en este proceso. Las tres principales fuerzas de la primera elección sólo han triunfado en tres gobiernos regionales y en la siempre importante Municipalidad de Lima. Es importante tener presente que se trata de un conglomerado que se caracteriza por su diversidad. Junto con presidentes regionales progresistas –corriente mayoritaria en su interior y que fue intrascendente en las elecciones nacionales– hay personajes vinculados a la izquierda radical, otros al fujimorismo, así como a la derecha democrática.
Al triunfar en 23 regiones, estos movimientos tienen un gran desafío. La consolidación de la reforma descentralista requiere que la población perciba beneficios en sus condiciones de vida y en su relación con el Estado. Esta segunda etapa de los gobiernos regionales tendrá mayor exigencia de la ciudadanía. Por ello, están en la obligación de llevar adelante una gestión eficiente, que mejore los servicios y la formulación de políticas, y que al mismo tiempo sea transparente y abierta a la participación ciudadana. Deberán dotarse de los recursos humanos más calificados de sus regiones y llevar adelante una transformación sustantiva de la organización y estructura de sus gobiernos.
El reto no termina allí: tienen que asumir el liderazgo de la reforma descentralista. Deberán construir, desde su heterogeneidad, una agenda política y programática orientada a la reorientación y profundización del proceso. Dos aspectos claves en esta perspectiva son la articulación de la dimensión política de la descentralización con la económica y social y la construcción de un sistema nacional y regional de planificación.
La reforma descentralista entra a una nueva y decisiva etapa. Es importante, con el liderazgo de las nuevas autoridades, sumar las capacidades de las diversas corrientes sociales, políticas y programáticas democratizadoras. La reforma requiere gestiones exitosas y abiertas a la participación en las regiones y municipalidades.
