La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 2027 es, en los hechos, una claudicación. El Congreso ha elegido el atajo más cómodo para surfear la campaña electoral del 2026, en lugar de enfrentar un problema que arrastra décadas. No es una medida técnica ni responsable: es un acto de cálculo político que posterga, otra vez, las decisiones de fondo. Y mientras los gremios empresariales cuestionan con vehemencia esta maniobra, el Ejecutivo guarda un silencio que solo puede interpretarse como complicidad o desinterés.
El país merece honestidad: más del 80% de los mineros de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) no tiene concesiones y dependen de contratos de explotación que casi ningún titular quiere otorgar. ¿Cómo se puede formalizar a quienes no tienen acceso al punto de partida? El Congreso lo sabe. El Gobierno también. Pese a ello, ambos poderes prefieren mirar hacia otro lado, prolongando una precariedad que alimenta tensiones sociales, empuja a miles de mineros a la informalidad permanente y deja seguir operando a la minería criminal que destruye la Amazonía. Una ley MAPE bien diseñada no debería ser un lujo ni un proyecto pendiente del próximo gobierno: debería ser una urgencia nacional.
Pero la raíz del problema es aún más incómoda para quienes legislan: el sistema de concesiones es altamente especulativo. Más de 20 millones de hectáreas están concesionadas y solo el 10% tiene actividad. Cinco empresas concentran cerca del 10% del total. ¿Por qué se permite a un titular retener una concesión hasta por 30 años cumpliendo requisitos mínimos y sin invertir para producir? ¿A quién favorece este diseño? A la formalización, definitivamente no. Mientras en países como Chile o Colombia los plazos no superan los 10 años, en el Perú el Estado continúa sirviendo a los intereses de unos pocos, manteniendo un régimen que bloquea un avance real.
La narrativa oficial y empresarial que equipara a toda la MAPE con criminalidad es, además de sesgada, funcional. Lleva a polarizar el debate y meter a todos en el mismo saco, estigmatizar a quienes hacen minería en comunidades campesinas andinas de regiones con tradición minera ancestral. Esa etiqueta indiscriminada es un pretexto para no diferenciar entre minería informal con arraigo comunitario y redes ilegales que depredan territorios amazónicos.
El país necesita un golpe de timón. Un censo real de la MAPE para distinguir a quienes deben ser incorporados al sistema de quienes deben ser erradicados. Incentivos para contratos de explotación viables. Cambios profundos al régimen de concesiones para romper la lógica especulativa que hoy domina el sector. Y un Estado que no solo supervise las plantas de beneficio, sino que asuma un rol promotor para garantizar la trazabilidad de los minerales. Lo contrario —seguir prorrogando plazos y evitando decisiones— no es gobernar: es abdicar. Y el Perú ya ha pagado demasiado por esa renuncia sistemática.
Lima, 20 de noviembre de 2025.
Fuente de foto: Caretas.
