El terremoto de hace unas semanas ha puesto en la agenda la reconstrucción de una significativa parte de la región centro-sur. La mejor forma de apoyar a nuestros compatriotas más allá de la imprescindible solidaridad inmediata frente a la emergencia, es dando forma a una propuesta que permita aprovechar de mejor manera sus potencialidades productivas, así como mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida. Para ello es importante tener una mirada integrada del espacio urbano y rural de Ica y Huancavelica, así como de sus formas de articulación vial y de comunicaciones al resto del país, de Sudamérica y del mundo. Trabajar en este sentido nos parece una forma eficaz de aportar a que las decenas de miles de personas afectadas puedan reconstruir su capacidad de imaginar un futuro mejor para sí y para sus hijos, elemento fundamental frente a este tipo de desastres.
Nos parece bien que el gobierno nacional asuma su responsabilidad y participe en las decisiones. Igualmente es positivo que los grandes empresarios canalicen una parte de lo que no aportan tributariamente en un marco de crecimiento sustantivo de la producción, las exportaciones y, sobre todo, de las utilidades. Lo que nos parece criticable es que no se conforme una instancia intergubernamental presidida por el gobierno regional más afectado en términos de población e infraestructura, que es Ica e integrada por el de Huancavelica y las autoridades locales. Debe ser un espacio intergubernamental con la obvia representación de los ministerios claves para esta nueva etapa, como son el MEF, agricultura, educación, salud y transporte. Sin embargo, se opta por el camino de crear una nueva instancia, en la que sus integrantes tengan ninguna responsabilidad pública por sus decisiones y se pone bajo el control de un grupo de respetables empresarios y por los representantes del gobierno nacional.
Este tipo de decisiones, en un momento cargado de dramatismo y urgencia, nos muestra que la visión que tiene el gobierno sobre la reconstrucción de las regiones afectadas no apunta a fortalecer las instituciones existentes. También refleja que no entiende que ésta debe ser vista como parte de una agenda integral de ordenamiento territorial que, por ahora, está ausente del horizonte político.
Por otro lado, en lo que se refiere al tema de la regionalización, el discurso oficial durante estos 13 meses de gobierno se ha limitado a un ofrecimiento reiterado del presidente Alan García de conformar una región piloto. La idea llamó la atención en su lanzamiento a inicios de este gobierno, pero en estos meses parece mostrar que está vacío de definiciones y estrategias. Veamos algunos temas sobre los cuales sería importante conocer los planteamientos que tiene el gobierno, todos los cuales deberán ser parte del diseño e implementación de la estrategia de reconstrucción de Ica y Huancavelica.
La propuesta de regionalización diseñada en el marco normativo de la descentralización sufrió un duro revés en el referéndum de octubre de 2005. Por una contundente mayoría, la población optó por decir no a la integración que se le proponía. Este hecho no puede ser visto sólo ni principalmente a partir de los problemas de gestión política del proceso. Tampoco es suficiente afirmar que se debe avanzar hacia la fusión de departamentos como si se tratara de una decisión sólo política o administrativa.
Se requiere una concertación consistente entre los tres niveles de gobierno, así como con los partidos políticos nacionales y regionales, los principales grupos empresariales y de la sociedad civil, de tal manera de dar forma a un plan nacional de ordenamiento territorial, en el cual se evalúe la viabilidad y el sentido de la propuesta presidencial de conformar en el corto plazo una región piloto. Sobre esto poco o nada dice el gobierno nacional, pero lamentablemente tampoco las instancias regionales y locales de gobierno.
Otro tema relevante del proceso de regionalización es sus alcances y tiempos. Es evidente que uno de los objetivos debe ser la conformación de instancias que ejerzan el gobierno en el marco de una nueva demarcación política. Pero esta orientación no es por sí sola una estrategia de construcción de una región como un nuevo referente territorial. Para empezar se deben definir propuestas que consoliden las potencialidades y articulaciones económicas que se están desarrollando en el país desde hace varias décadas y que desbordan largamente a la actual demarcación política basada en los departamentos. Junto a ello se deben perfilar propuestas que partan de reconocer la existencia y fuerza de las identidades, en muchos casos locales, que en el referéndum han mostrado ser un factor importante. Tampoco conocemos orientaciones y planteamientos sobre esto de las diversas instancias de gobierno.
Un ejemplo claro de los problemas que tienen nuestros gobernantes para entender de manera integral la regionalización es la displicencia o negativa a poner en funcionamiento el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). La planificación concertada y orientadora es el instrumento clave para dar forma a un nuevo ordenamiento del territorio. Es desde un proceso de análisis estratégico que se pueden definir: a) las estructuras organizativas de las instituciones claves más adecuadas para la gestión pública; b) las políticas regionales que hacen posible sus potencialidades; c) propuestas para establecer alianzas y acuerdos estratégicos entre el sector público, las empresas y la sociedad organizada.
El CEPLAN es el eje articulador del sistema nacional de planificación y su importancia radica en su capacidad de orientar la acción de los diversos niveles de gobierno. El planeamiento regional debe integrar los procesos departamentales y locales y, al mismo tiempo, debe servir de referencia para la construcción de un instrumento nacional orientador. Si esto se logra, se habrán creado las condiciones para transformar la actual descentralización política y administrativa en un proceso de descentralización también económica y productiva. Es preocupante por ello que el mensaje presidencial haya sido tan displicente e impreciso frente a una institución que como el CEPLAN ha sido creada por ley hace dos años y que tiene tanta importancia para la descentralización y el desarrollo nacional.
Un punto final que nos parece importante resaltar en relación con la regionalización es la ausencia de propuestas claras para el fortalecimiento de las Juntas de Coordinación Regional (JCI). Éstas son instancias que tienen entre sus funciones la formulación de planes estratégicos, la promoción de la competitividad regional, así como el diseño y la gestión de proyectos macrorregionales, además de la creación de condiciones para la conformación política de las regiones. Como se puede ver, son instancias intergubernamentales horizontales que tienen potencialidad para responder a las diversas dimensiones del ordenamiento territorial. Nada hemos escuchado sobre incentivos fiscales para la conformación de estas instancias, tampoco de incentivos a los proyectos de inversión macrorregional o a la inversión privada. Menos aún está en la agenda del gobierno la formación de centros regionales de planificación que sean parte del sistema nacional y que estén relacionados con la JCI.
Lo que queremos resaltar con estos temas, aun cuando hay otros igualmente relevantes para una estrategia de construcción de regiones, es la importancia que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno asuman el tema en su real complejidad e importancia. Si algo nos enseñan otros procesos nacionales es que el territorio es hoy una dimensión estratégica para su inserción adecuada, crítica y competitiva en la economía mundial. Es un referente clave para toda estrategia de integración, andina o sudamericana, así como para definir los puntos críticos en las negociaciones comerciales en las cuales nuestro país está inmerso. Es hora de tomar las cosas con seriedad y sin improvisación, pasando de las frases impactantes al menos espectacular pero más trascendente trabajo de definir políticas y estrategias.
Lima, agosto 2007
