El presidente Humala anunció el 24 de mayo distintas medidas para acelerar la inversión privada, aparentemente ante la preocupación gubernamental por el bajo rendimiento de la economía en el primer trimestre del año. Su mensaje era la respuesta a la presión de distintos analistas y líderes empresariales que buscaban decisiones en esa orientación, en un contexto en el que el reflujo del comercio exterior, la recesión europea, el estancamiento norteamericano, la ralentización de la economía china y la caída de los precios de los minerales, les servían para empujar al gobierno en la dirección que les interesa.
El mandatario, ya preocupado por su caída en las encuestas de opinión pública que muestran que su índice de aprobación llegó al nivel más bajo desde el inicio de su gestión, golpeado por la insólita campaña mediática sobre sus marchas y contramarchas en el caso REPSOL y seguramente afectado por las declaraciones del Presidente del Banco Central de Reserva quien expresó su preocupación por la caída de la confianza empresarial en el gobierno en cerca de siete puntos, se apresuró en declarar de “interés nacional” las inversiones privadas. Con ello aceptaba el discurso empresarial, cuando los hechos y las cifras demuestran que es la continuidad de la crisis global y el descenso de los precios de las materias primas lo que explica centralmente el menor crecimiento de nuestra economía, junto con el de toda la región.
El gobernante anunció siete medidas para reactivar la economía que evidencian la ausencia de una estrategia integral contracíclica para enfrentar este nuevo impacto de la crisis global, explicitando, una vez más, que no tiene propuestas para que los tres niveles de gobierno puedan cumplir de manera más eficiente y efectiva sus roles de planificación, de implementación de políticas y de inversión pública: (i) la creación de un equipo ejecutivo que hará el seguimiento a los grandes proyectos de inversión minero energéticos y de infraestructura; (ii) una ley que facilite la expropiación de terrenos para obras de infraestructura portuaria, aeroportuaria y de vialidad; (iii) un proyecto de ley de reforma del mercado de capitales para impulsar el ingreso de las MYPES a la Bolsa de Valores; (iv) una norma que agilice la obtención de certificados de inexistencia de restos arqueológicos; (v) una ley de reposición de capital para brindar mayor valor a los bonos para que puedan ser usados como medio de préstamo; (vi) una ventanilla única para los EIA de los inversionistas; (vii) nuevos criterios de calificación del FONIPREL a fin de acelerar la entrega de permisos y licencias.
En ese marco, el gobierno aprobó los DS 054 y 060-2013 PCM que impulsan distintos cambios en materia de la gestión ambiental. El DS 054-2013-PCM, establece un plazo de 20 días hábiles para resolver las solicitudes de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), que deben cumplir las empresas para realizar obras de infraestructura vial, agrícola, energética y actividades extractivas, sin la cual no pueden realizar las inversiones previstas. Vencido éste, si no hubiera respuesta del Ministerio de Cultura, se aplicaría el silencio administrativo positivo otorgándose autorización automática para la ejecución de los proyectos. Por su parte, el D.S. 060-2013-PCM, establece al MINAM plazos no mayores de 100 días para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos de inversión.
Como es obvio, la celeridad que se pretende con tales disposiciones, pone en riesgo la protección del patrimonio cultural y natural del país. Los plazos señalados en el contexto actual (falta de personal, equipamiento e infraestructura adecuados para actuar eficazmente) pueden significar una condena a muerte de esa riqueza nacional. En el caso del primer decreto, el panorama es muy grave porque apenas el 10% del material arqueológico está inventariado.
El DS 060-2013-PCM, por su parte, no explica como se determinarán los aspectos sociales y ambientales prioritarios y específicos que deben expresarse en los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental, limitándose adicionalmente la participación del Ministerio del Ambiente para emitir opinión sobre los TdR comunes que podrían dejar pasar detalles que posteriormente pueden ocasionar problemas graves de contaminación ambiental y/o de conflictividad social. Dicha norma alienta a que la autoridad administrativa no especializada limite los requerimientos de información o subsanación sobre los EIA, al obligarla a verificar la vinculación de éstos a las competencias de las entidades públicas que intervienen, además de restringir la participación de los gobiernos regionales, la participación ciudadana obligatoria y otros mecanismos complementarios.
En este caso, la reducción de los plazos a 100 días hábiles para la revisión y evaluación de los EIA Detallados, resulta dramática, al no contemplar la situación real de las instituciones responsables. Recordemos que el MINAM tiene recursos humanos y logísticos limitados para esta tarea, que existe una alta rotación del escaso personal calificado, que los vacíos para evaluar los EIA son significativos y que no existen sistemas informatizados para el intercambio entre especialistas, por no hablar de las dificultades presupuestarias para tercerizar la evaluación ambiental. En el caso del sector de hidrocarburos, no olvidemos que el MINEM disponía de 210 días calendarios para el mismo proceso, por lo que deberán “abreviarlo” de 10 meses y 10 días a 3 meses y 10 días, sacrificando seguramente un número importante de procedimientos como el Taller Informativo y la Audiencia Pública.
Nadie desconoce que el Estado es ineficiente, retrasando la inversión privada pero especialmente los servicios básicos para la mayoría de la población que se ve afectada en muchos de sus derechos fundamentales. En ese escenario, no necesitamos una vez más de medidas cortoplacistas que tras la supuesta simplificación administrativa para la aprobación del CIRA y de los EIA, esconden la decisión gubernamental de evitar que el patrimonio natural y cultural sean obstáculos para la gran inversión privada, olvidando que al sembrar vientos se pueden cosechar tempestades. Harían bien el gobierno y los sectores empresariales que lo alientan, en establecer el diálogo entre los actores involucrados, para buscar propuestas consensuadas que respondan a la necesidad de impulsar sosteniblemente la expansión de la economía en el mediano y largo plazo, propuestas impensables si no se redefine y reforma el aparato estatal y se diversifica el frente productivo del país.
