Frente a la profunda crisis política del país lo que se requiere son plataformas de diálogo y negociación con todos los actores sociales e institucionales y no solo con el Congreso y los otros poderes del Estado, para dar curso a elecciones generales ya.
Se requiere afirmar la democracia y la paz, para lo cual el Gobierno debe anular el estado de emergencia y acabar con la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden.
El Gobierno y el Congreso no escuchan a la gente, deslegitiman las movilizaciones sociales, allanan locales partidarios y gremiales, limitan los derechos ciudadanos y avalan el asesinato de peruanos y peruanas, agudizando con ello la crisis y la polarización.
Alto a la violencia, sanción a los culpables de la represión indiscriminada.
Diálogo nacional para adelanto de elecciones y nuevo Gobierno y Congreso en el 2023.
Sábado 17 de diciembre del 2022.
Desde el primer momento rechazamos la inconstitucional decisión de cerrar el Congreso y reconocimos la legalidad de la Presidencia de Dina Boluarte. Pero consideramos que la crisis permanente que vivimos no se soluciona solo con su nombramiento como presidenta. El rechazo que muestran amplios sectores de la población en las calles hace insostenible la continuidad de todos los que salieron elegidos en el 2021.
Por ello demandamos que estas autoridades acuerden un recorte de su mandato, convoquen a elecciones generales y hagan las modificaciones legales para facilitar la instalación de nuevos poderes en el 2023. De no hacerlo, serán responsables de la profundización del conflicto y la violencia. Sus intentos de mantenerse en el cargo están costando vidas de peruanos y la situación puede deteriorarse aún más.
En las elecciones que deben convocarse en el plazo más corto, el Congreso debe comprometerse a que el sistema electoral lleve adelante las reformas ya aprobadas, como la realización de las elecciones primarias (PASO) o la eliminación del voto preferencial. Asimismo, las autoridades deben atender los problemas críticos que afectan a la población más vulnerable, como la crisis agroalimentaria, la sequía, la asistencia urgente a la agricultura familiar o la mejora inmediata de la atención primaria de la salud y retomar el camino de las reformas en la educación, así como la lucha frontal contra la corrupción.
Exigimos el respeto al derecho a la protesta y la prioridad de la vida. Debe evitarse y sancionarse el uso desproporcionado de la fuerza por la Policía Nacional. Asimismo, rechazamos toda forma de provocación e invocamos a una actitud responsable de los dirigentes sociales y políticos.
Martes, 13 de diciembre del 2022.
Gremios. Lucio Castro, dirigente del magisterio señaló que hay que entender que no se votó por Castillo sino por cambios y el expresidente fracasó. CGTP se pronuncia por reforma política y adelanto de elecciones generales.
El secretario general del Sutep, Lucio Castro Chipana, sostuvo que el país tiene que entrar en la reflexión siguiente: la gran mayoría de peruanos votó no precisamente por Pedro Castillo sino por un conjunto de cambios estructurales que el país necesita.
El secretario general del Sutep, Lucio Castro Chipana, sostuvo que el país tiene que entrar en la reflexión siguiente: la gran mayoría de peruanos votó no precisamente por Pedro Castillo sino por un conjunto de cambios estructurales que el país necesita.
También demandó a la presidenta Dina Boluarte un Ejecutivo de ancha base donde los mejores estén presentes.
“Que las responsabilidades recaigan en los más idóneos para enfrentar esta crisis. Todos los funcionarios ineptos han tenido que ver con esta crisis empezando, en nuestro caso, por el Ministerio de Educación, donde no están los más idóneos y son responsables de que este sector esté en situación crítica y hayamos retrocedido en lo avanzado”, sostuvo el dirigente que encabezó una huelga de hambre de 14 días por más presupuesto para la educación.
Lucio Castro consideró que el nuevo ministro de Educación tiene que conversar con los representantes verdaderos del magisterio y enfrentar los problemas que existen.
El dirigente reiteró la voluntad dialogante de su gremio y agregó que están a la espera de ser convocados “para aportar y contribuir con alternativas como las que quisimos alcanzar al exministro inepto (Rosendo Serna) y que ojalá ahora se dé esa oportunidad”.
Centrales sindicales
Sobre esta coyuntura también se pronunciaron las centrales sindicales.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), mediante un comunicado, rechazó el quiebre de la institucionalidad democrática y se pronunció por la urgencia de un nuevo contrato social en el que prevalezcan los intereses del pueblo. Esto, luego de precisar que la constante inestabilidad política, social y económica en el país tiene raíces en la Constitución de 1993.
Asimismo, señala que los trabajadores son conscientes de que el Congreso merece ser disuelto por sus ataques a la democracia y amenazas a los derechos y conquistas sociolaborales. También por haber atizado la crisis política.
Además, en el documento hace mención a una reforma política y adelanto de elecciones generales.
Por su parte, el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Benigno Chirinos, manifestó que su gremio censura la actitud del expresidente Pedro Castillo.
El dirigente recordó que han sido duros con el Congreso en razón a que en este poder del Estado solo se legisla para grupos de poder económico y se trata de liquidar conquistas “como el DS 001, que regula la tercerización, o el DS 014, que democratiza en algo la negociación colectiva después de la flexibilización laboral que nos perpetuó la dictadura del fujimorismo”.
Gobernadores condenan el golpe frustrado
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente, dijo que condenaban el intento de golpe y esperaban que esta sucesión constitucional le dé tranquilidad al país.
Refirió que solicitarán una reunión con la presidenta Dina Boluarte para plantearle elementos que pueden delinear políticas de desarrollo y de descentralización. Además de tratar el proceso de transferencia a las nuevas autoridades regionales.
Definir las medidas más urgentes
Enfoque por Javier Azpur, Propuesta Ciudadana
Lo que ha sucedido es lo que institucional y constitucionalmente correspondía. Luego de ello lo que le toca a la presidenta Dina Boluarte es cumplir con su anuncio de convocar a un amplio diálogo nacional. Diálogo que no puede limitarse a las fuerzas políticas del Congreso, que son tan responsables como Castillo de la crisis que hemos vivido en estos meses. Creo que debería ser muy amplio, abrirse a las instituciones, a los gobiernos nacionales, para recoger la diversidad de opiniones existentes.
En segundo lugar, debe tenerse objetivos muy claros, que no sea un proceso meramente formal sino definir un norte. Me parece que un primer tema es ponerse de acuerdo en las medidas más urgentes para atenuar una crisis que se profundiza día a día. No puede esperar la sequía en gran parte de la sierra andina. Tampoco el impacto tan negativo que va teniendo la crisis inflacionaria en la economía de la gente. Es decir, tiene que haber respuestas urgentes e inmediatas a las necesidades de los más vulnerables.
Y en tercer lugar, ese diálogo debería plantear un camino que permita arribar a un adelanto de elecciones en el país. Lo que hemos visto ahora no es la solución a la crisis, es un pequeño recodo, ojalá de tranquilidad, que debe permitir reflexionar a la sociedad, a su clase política, a su élite, a su dirigencia para construir una salida, que no puede ser otro que impulsar un conjunto de reformas y llevar adelante un proceso electoral que permita renovar tanto a nivel del Congreso como del Ejecutivo.
La clave
Código del Trabajo. Demandan que el Congreso debata el proyecto sobre el Código del Trabajo, que es un clamor de hace muchos años. Precisan que el Perú es el único en Sudamérica que no tiene este código porque siempre el Congreso se ha opuesto.
Fuente: La República.
Responsables. Epifanio Baca, especialista en el sector, atribuye esta responsabilidad al Minem, a la Sunat y a la falta de compromiso del sector privado.
Cinco meses después de que el Perú recibiera, por parte de la iniciativa global EITI, una prórroga para presentar su todavía ausente Informe Nacional de Transparencia 2019 y 2020, la historia parece haber llegado a su fin entre incontables cambios de timón en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), retrasos desde Sunat y el poco interés de algunas empresas.
Si nuestro país no presenta esta documentación en los próximos 27 días, exactamente hasta el 31 de diciembre, quedará fuera de la alianza que tiene como objetivo transparentar los pagos de las empresas mineras y de hidrocarburos a los gobiernos, y cómo estos recursos son utilizados por las autoridades a favor de la población y el crecimiento económico. Un duro golpe para la imagen de uno de los actores clave para la producción cuprífera global.
Pero el retraso tiene como principal responsable al Poder Ejecutivo, a través del Minem, por el cual han pasado hasta tres ministros desde que nuestro país, junto a Tayikistán, fuera suspendido a mediados de este año, sin que ninguno pudiera materializar el esperado VIII Informe que nos permitiría recuperar la categoría.
Epifanio Baca Tupayachi, especialista en industrias extractivas y miembro de la Comisión Nacional EITI en representación de la Sociedad Civil, atribuye este retraso a una conjunción de errores desde Minem, falta de compromiso de la Sunat y la desidia desde el sector privado.
“Hasta hace poco eran 8 empresas que no habían entregado la información, de un total de 46 –entre mineras, la mayor parte, e hidrocarburos–, y ahora la firma Sotrami ha dicho a través de su gerencia que no quiere participar”, dice el experto.
Esto complica la situación porque el comité EITI pide a los gobiernos hacer todo lo posible para que el conjunto de empresas de gran tamaño, como Sotrami, se plieguen.
Además, Baca refiere que la Sunat está demorando excesivamente en la entrega de información sobre los pagos tributarios que entregan las empresas, una tarea relativamente sencilla pero en la que, al parecer, no existe un compromiso del Gobierno peruano.
Datos
Consigna. La EITI en el Perú se implementa en 2005. Fue el primer país en América en presentarse para esta iniciativa.
Ejemplo. Perú también fue el primer país a nivel mundial en descentralizar el plan de transparencia de EITI en sus principales regiones extractivas: Moquegua, Piura, Apurímac, Arequipa y Loreto.
