Desde el primer momento rechazamos la inconstitucional decisión de cerrar el Congreso y reconocimos la legalidad de la Presidencia de Dina Boluarte. Pero consideramos que la crisis permanente que vivimos no se soluciona solo con su nombramiento como presidenta. El rechazo que muestran amplios sectores de la población en las calles hace insostenible la continuidad de todos los que salieron elegidos en el 2021.
Por ello demandamos que estas autoridades acuerden un recorte de su mandato, convoquen a elecciones generales y hagan las modificaciones legales para facilitar la instalación de nuevos poderes en el 2023. De no hacerlo, serán responsables de la profundización del conflicto y la violencia. Sus intentos de mantenerse en el cargo están costando vidas de peruanos y la situación puede deteriorarse aún más.
En las elecciones que deben convocarse en el plazo más corto, el Congreso debe comprometerse a que el sistema electoral lleve adelante las reformas ya aprobadas, como la realización de las elecciones primarias (PASO) o la eliminación del voto preferencial. Asimismo, las autoridades deben atender los problemas críticos que afectan a la población más vulnerable, como la crisis agroalimentaria, la sequía, la asistencia urgente a la agricultura familiar o la mejora inmediata de la atención primaria de la salud y retomar el camino de las reformas en la educación, así como la lucha frontal contra la corrupción.
Exigimos el respeto al derecho a la protesta y la prioridad de la vida. Debe evitarse y sancionarse el uso desproporcionado de la fuerza por la Policía Nacional. Asimismo, rechazamos toda forma de provocación e invocamos a una actitud responsable de los dirigentes sociales y políticos.
Martes, 13 de diciembre del 2022.
Gremios. Lucio Castro, dirigente del magisterio señaló que hay que entender que no se votó por Castillo sino por cambios y el expresidente fracasó. CGTP se pronuncia por reforma política y adelanto de elecciones generales.
El secretario general del Sutep, Lucio Castro Chipana, sostuvo que el país tiene que entrar en la reflexión siguiente: la gran mayoría de peruanos votó no precisamente por Pedro Castillo sino por un conjunto de cambios estructurales que el país necesita.
El secretario general del Sutep, Lucio Castro Chipana, sostuvo que el país tiene que entrar en la reflexión siguiente: la gran mayoría de peruanos votó no precisamente por Pedro Castillo sino por un conjunto de cambios estructurales que el país necesita.
También demandó a la presidenta Dina Boluarte un Ejecutivo de ancha base donde los mejores estén presentes.
“Que las responsabilidades recaigan en los más idóneos para enfrentar esta crisis. Todos los funcionarios ineptos han tenido que ver con esta crisis empezando, en nuestro caso, por el Ministerio de Educación, donde no están los más idóneos y son responsables de que este sector esté en situación crítica y hayamos retrocedido en lo avanzado”, sostuvo el dirigente que encabezó una huelga de hambre de 14 días por más presupuesto para la educación.
Lucio Castro consideró que el nuevo ministro de Educación tiene que conversar con los representantes verdaderos del magisterio y enfrentar los problemas que existen.
El dirigente reiteró la voluntad dialogante de su gremio y agregó que están a la espera de ser convocados “para aportar y contribuir con alternativas como las que quisimos alcanzar al exministro inepto (Rosendo Serna) y que ojalá ahora se dé esa oportunidad”.
Centrales sindicales
Sobre esta coyuntura también se pronunciaron las centrales sindicales.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), mediante un comunicado, rechazó el quiebre de la institucionalidad democrática y se pronunció por la urgencia de un nuevo contrato social en el que prevalezcan los intereses del pueblo. Esto, luego de precisar que la constante inestabilidad política, social y económica en el país tiene raíces en la Constitución de 1993.
Asimismo, señala que los trabajadores son conscientes de que el Congreso merece ser disuelto por sus ataques a la democracia y amenazas a los derechos y conquistas sociolaborales. También por haber atizado la crisis política.
Además, en el documento hace mención a una reforma política y adelanto de elecciones generales.
Por su parte, el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Benigno Chirinos, manifestó que su gremio censura la actitud del expresidente Pedro Castillo.
El dirigente recordó que han sido duros con el Congreso en razón a que en este poder del Estado solo se legisla para grupos de poder económico y se trata de liquidar conquistas “como el DS 001, que regula la tercerización, o el DS 014, que democratiza en algo la negociación colectiva después de la flexibilización laboral que nos perpetuó la dictadura del fujimorismo”.
Gobernadores condenan el golpe frustrado
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente, dijo que condenaban el intento de golpe y esperaban que esta sucesión constitucional le dé tranquilidad al país.
Refirió que solicitarán una reunión con la presidenta Dina Boluarte para plantearle elementos que pueden delinear políticas de desarrollo y de descentralización. Además de tratar el proceso de transferencia a las nuevas autoridades regionales.
Definir las medidas más urgentes
Enfoque por Javier Azpur, Propuesta Ciudadana
Lo que ha sucedido es lo que institucional y constitucionalmente correspondía. Luego de ello lo que le toca a la presidenta Dina Boluarte es cumplir con su anuncio de convocar a un amplio diálogo nacional. Diálogo que no puede limitarse a las fuerzas políticas del Congreso, que son tan responsables como Castillo de la crisis que hemos vivido en estos meses. Creo que debería ser muy amplio, abrirse a las instituciones, a los gobiernos nacionales, para recoger la diversidad de opiniones existentes.
En segundo lugar, debe tenerse objetivos muy claros, que no sea un proceso meramente formal sino definir un norte. Me parece que un primer tema es ponerse de acuerdo en las medidas más urgentes para atenuar una crisis que se profundiza día a día. No puede esperar la sequía en gran parte de la sierra andina. Tampoco el impacto tan negativo que va teniendo la crisis inflacionaria en la economía de la gente. Es decir, tiene que haber respuestas urgentes e inmediatas a las necesidades de los más vulnerables.
Y en tercer lugar, ese diálogo debería plantear un camino que permita arribar a un adelanto de elecciones en el país. Lo que hemos visto ahora no es la solución a la crisis, es un pequeño recodo, ojalá de tranquilidad, que debe permitir reflexionar a la sociedad, a su clase política, a su élite, a su dirigencia para construir una salida, que no puede ser otro que impulsar un conjunto de reformas y llevar adelante un proceso electoral que permita renovar tanto a nivel del Congreso como del Ejecutivo.
La clave
Código del Trabajo. Demandan que el Congreso debata el proyecto sobre el Código del Trabajo, que es un clamor de hace muchos años. Precisan que el Perú es el único en Sudamérica que no tiene este código porque siempre el Congreso se ha opuesto.
Fuente: La República.
Responsables. Epifanio Baca, especialista en el sector, atribuye esta responsabilidad al Minem, a la Sunat y a la falta de compromiso del sector privado.
Cinco meses después de que el Perú recibiera, por parte de la iniciativa global EITI, una prórroga para presentar su todavía ausente Informe Nacional de Transparencia 2019 y 2020, la historia parece haber llegado a su fin entre incontables cambios de timón en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), retrasos desde Sunat y el poco interés de algunas empresas.
Si nuestro país no presenta esta documentación en los próximos 27 días, exactamente hasta el 31 de diciembre, quedará fuera de la alianza que tiene como objetivo transparentar los pagos de las empresas mineras y de hidrocarburos a los gobiernos, y cómo estos recursos son utilizados por las autoridades a favor de la población y el crecimiento económico. Un duro golpe para la imagen de uno de los actores clave para la producción cuprífera global.
Pero el retraso tiene como principal responsable al Poder Ejecutivo, a través del Minem, por el cual han pasado hasta tres ministros desde que nuestro país, junto a Tayikistán, fuera suspendido a mediados de este año, sin que ninguno pudiera materializar el esperado VIII Informe que nos permitiría recuperar la categoría.
Epifanio Baca Tupayachi, especialista en industrias extractivas y miembro de la Comisión Nacional EITI en representación de la Sociedad Civil, atribuye este retraso a una conjunción de errores desde Minem, falta de compromiso de la Sunat y la desidia desde el sector privado.
“Hasta hace poco eran 8 empresas que no habían entregado la información, de un total de 46 –entre mineras, la mayor parte, e hidrocarburos–, y ahora la firma Sotrami ha dicho a través de su gerencia que no quiere participar”, dice el experto.
Esto complica la situación porque el comité EITI pide a los gobiernos hacer todo lo posible para que el conjunto de empresas de gran tamaño, como Sotrami, se plieguen.
Además, Baca refiere que la Sunat está demorando excesivamente en la entrega de información sobre los pagos tributarios que entregan las empresas, una tarea relativamente sencilla pero en la que, al parecer, no existe un compromiso del Gobierno peruano.
Datos
Consigna. La EITI en el Perú se implementa en 2005. Fue el primer país en América en presentarse para esta iniciativa.
Ejemplo. Perú también fue el primer país a nivel mundial en descentralizar el plan de transparencia de EITI en sus principales regiones extractivas: Moquegua, Piura, Apurímac, Arequipa y Loreto.
Región La Libertad se suma a iniciativa de transparencia del sector extractivo
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), es una alianza estratégica mundial que reúne a gobiernos, empresas extractivas y grupos de la sociedad civil, con el objetivo de promover la máxima transparencia y la gestión responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros, poniendo a disposición de la población información sobre los pagos que realizan las expresas extractivas, su uso y las obligaciones socio-ambientales.
La EITI en la actualidad se implementa en más de 50 países. En el 2007, el Perú se convirtió en País Candidato y en el 2012 logra el estatus de País Cumplidor, basado en los informes publicados y sus prácticas de políticas de transparencia y rendición de cuentas.
La Iniciativa se implementa a través de una Comisión Multisectorial Permanente, con el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Desde su conformación ha promovido la implementación de esta iniciativa en el nivel regional, por lo que el Perú es considerado pionero en el mundo en descentralizar EITI.
A la fecha, son cinco los departamentos que implementan EITI (Piura, Loreto, Arequipa, Moquegua y Apurímac) y donde se ha instalado comisiones regionales bajo el principio de participación equitativa entre sociedad civil, empresas y gobierno.
El 03 de noviembre, con 9 votos a favor y 2 abstenciones, el Consejo Regional de la Libertad aprobó la ordenanza regional 000016-2022-GRLL-CR para implementar la EITI en la región. En la sesión de Consejo también participaron el representante de sociedad civil de la Comisión Nacional EITI, Econ. Epifanio Baca, el gerente regional de Energía y Minas, Ing. Raúl Fausto Araya Neyra, y, el asesor legal del gobierno regional, Nelson Iván Lozano Chávez.
Greco Quiroz Díaz, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional, fue el encargado de resumir los acuerdos de la sesión que dio pase para que el proyecto de ordenanza sea debatido en el pleno. También intervino el gerente de Energía y Minas, quién hizo el sustento técnico, y el gerente de Asesoría Legal, para exponer el marco normativo que ampara la ordenanza.
La importancia de esta norma regional radica en que promoverá la máxima transparencia sobre el uso de los recursos del canon y regalías que hacen las municipalidades, el gobierno regional y la universidad pública. Asimismo, los pagos tributarios y no tributarios que realizan al Estado las empresas mineras que operan en la región y los gastos sociales y ambientales que realizan.
Con La Libertad, ya suman nueve las regiones que cuentan con una ordenanza regional aprobada para implementar la EITI en sus territorios. Este logro se da gracias al acompañamiento técnico que brinda el proyecto “Reforzando la transparencia y las buenas prácticas del sector extractivo”, que implementan Cedepas Norte y el Grupo Propuesta Ciudadana, con el apoyo de USAID, en esta región.
Agradecemos la difusión.
Aprueban Ordenanza Regional EITI Cusco que promoverá la transparencia del sector extractivo en la región
En sesión ordinaria del 14 de noviembre de 2022 se aprobó la Ordenanza Regional EITI Cusco que modificó el artículo segundo de la Ordenanza Regional 188-2020-CR/GR CUSCO, mediante la cual se crea la Comisión Regional Multisectorial Permanente para la implementación de la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI) en la región. Esta modificación logró que la Comisión Regional este conformada con la participación paritaria de los tres sectores que impulsan la EITI a nivel nacional y mundial: estado, empresas y sociedad civil.
Uno de los criterios del EITI establece que la Comisión tenga una participación equitativa de los representantes de los tres sectores antes mencionados, que permita un trabajo orientado a mejorar la gestión de los recursos del canon y regalías, así como transparentar los gastos sociales y ambientales que realizan las empresas extractivas. La toma de decisiones por consenso requiere capacidad de diálogo de los participantes, condición necesaria para construir relaciones de confianza e institucionalizar este espacio.
La sustentación de la modificatoria estuvo a cargo del consejero Braulio Elias Yábar, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas e Hidrocarburos. Asimismo, aportaron de manera decisiva en la argumentación de los beneficios de la propuesta el consejero Felipe Pacuri de la provincia de Espinar y la consejera Rocío Palomino de la provincia de Calca. Tras un amplio debate la ordenanza fue aprobada con 11 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones.
Gracias a esta importante decisión del Consejo Regional, Cusco contará con una Comisión Regional EITI integrada por 18 representantes, seis por cada sector. En su composición resaltan representantes del gobierno regional, las municipalidades de las provincias productoras de minerales e hidrocarburos, las empresas extractivas establecidas en la región y representantes de las comunidades campesinas e indígenas de territorios con actividad extractiva.
Una vez publicada la ordenanza regional, la conformación de la Comisión Regional estará a cargo del Gobierno Regional, con lo cual se iniciará la implementación de la iniciativa EITI en el Cusco.
La importancia de este hecho radica en que permitirá mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los ingresos provenientes de la actividad minera y gasífera. En el periodo 2015-2022 las transferencias por canon y regalías al departamento sobrepasó los S/ 15,000 millones y solo en el año 2022 llegaron a los S/ 2657 millones, producto del incremento sustancial en los precios de los minerales e hidrocarburos, cifra que representa la más alta de la historia para la región.
La sociedad cusqueña contará también con información sobre los pagos tributarios y los gastos sociales y ambientes de las empresas que operan en la región.
El dato:
El 26 de octubre, a solicitud de la Comisión de Energía y Minas e Hidrocarburos del consejo regional, se llevó a cabo una Mesa técnica con la participación de representantes de la Comisión Nacional EITI Perú, del Ministerio de Energía y Minas, el Grupo Propuesta Ciudadana y DAR para sustentar la necesidad de modificar el artículo 2 de la ordenanza regional Nro. 188-2020-CR/ GR CUSCO dando paridad en la representación de los tres sectores (estado, empresa y sociedad civil) en la Comisión Regional Multisectorial Permanente del EITI Cusco. Tras esta reunión, el Consejo Regional elaboró el dictamen y puso en agenda la propuesta que hoy es aprobada.