La decisión del Tribunal Constitucional (TC), declarando fundado el habeas corpus presentado en defensa de Alberto Fujimori degrada aún más nuestra precaria institucionalidad democrática, vulnera los derechos de las víctimas y fortalece la impunidad.
El respeto y la promoción de los derechos humanos fortalece la democracia, fundamenta el Estado de derecho y nos brinda garantías contra las violaciones de los mismos. De allí la importancia del respeto al sistema de justicia y las instituciones jurisdiccionales. La sentencia del TC es contraria a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso específico, desconociendo el compromiso que tenemos de cumplir con sus mandatos porque somos parte de esta y otras instancias internacionales. Exigimos al Gobierno actuar con celeridad, informando a la CIDH sobre las Medidas Provisionales y solicitando su pronunciamiento sobre la decisión del TC.
El Estado peruano está en la obligación de promover leyes para prevenir, identificar y castigar a los violadores de los derechos humanos. Rechazamos esta indignante decisión del TC, denunciamos la manera arbitraria y poco transparente de su formulación y expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas que esperan justicia desde hace muchos años. La memoria histórica sobre estos hechos condenables nos permitirá prevenir violaciones a los derechos humanos en el futuro. Condenamos el acuerdo adoptado y seguiremos luchando contra la impunidad y el olvido que parece querer consagrar el TC.
Lima 18 de marzo del 2022.
El estudio comparte información sobre la situación de la actividad minera en la región Cajamarca, así como acerca de las transferencias y usos por los conceptos de canon y regalías mineras, como un aporte para fomentar la transparencia en la administración de los recursos económicos públicos provenientes de la actividad minera, asunto de interés la población.
En un lapso de casi dos décadas (2003-2020) se destinaron más de 6 mil millones de soles a las tres provincias que conforman el Corredor Minero del Sur por negociaciones directas con las empresas, aportes especiales (canon, regalías, derechos de vigencia), y negociaciones directas con el Estado, derivados de la minería. Estas son Cotabambas en Apurímac, y Espinar y Chumbivilcas en Cusco.
Así lo indicó Pablo O’brien, en el marco del Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), donde presentó el estudio “Los fondos sociales y convenios marco en el Corredor Minero del Sur” elaborado para Infosur Perú y el Grupo Propuesta Ciudadana. Sin embargo, a pesar de los enormes aportes recibidos aún persiste la conflictividad en esta zona del país donde operan importantes unidades mineras como Las Bambas, Antapaccay y Constancia, que actualmente son responsables en conjunto del casi 30% de la producción del cobre peruano.
Captura de renta minera
Una de las razones de dicha conflictividad -explicó O’Brien- radica en el diseño de instrumentos como los fideicomisos gestionados desde el Estado (que se convirtieron luego en los fondos sociales) o los convenios marcos, que se implementaron tras negociaciones entre las poblaciones y las empresas. Dichos instrumentos con el paso de los años han alentado esquemas de confrontación para obtener mayores beneficios y se convirtieron en mecanismos de captura de renta minera. Es decir, han propiciado comportamientos rentistas (rent-seeking behavior) entre las autoridades y dirigentes sociales.
“Estos esquemas de confrontación de una u otra manera han generado nuevos mecanismos de renta que otorgan nuevos privilegios, pero que a su vez están preñados de nueva conflictividad”, refirió el autor.
Fosbam
Uno de ellos es el conocido Fondo Social Las Bambas (Fosbam), el cual inició en el 2004 con un fideicomiso, administrado por Proinversión, institución que dejó la presidencia de este instrumento dos años más tarde, debido a la presión y cuestionamientos de diversos gremios de Apurímac, que exigían autonomía sobre el fondo y más beneficios. Fosbam es uno de los ochos fondos sociales creados durante el gobierno de Alan García, en el 2008, a través del Decreto Legislativo 996. Los otros son Alto Chicama, Bayovar, La Granja, Michiquillay, Yuncan, Magistral y Toromocho.
“Como el fondo agotó su dinero, ahora la exigencia es tener un nuevo convenio marco. Es por eso que a partir del 2019 se viene exigiendo el establecimiento de un nuevo convenio marco. Ya hay negociaciones”, apuntó.
Convenio Marco de Espinar
Otro de estos instrumentos, refirió O’brien, es el Convenio Marco por el Desarrollo de la provincia de Espinar, suscrito en el 2003 por los representantes de la provincia de Espinar y la empresa minera (en ese momento, BHP Billiton Tintaya). La empresa se comprometió a entregar un aporte voluntario de hasta el 3 % antes de impuestos de las utilidades que genera la empresa minera Antapaccay, y por su parte, la provincia de Espinar a apoyar el normal funcionamiento de la empresa. Al 2020, la provincia de Espinar ha recibido 2895 millones de soles para una población menor a los 60 mil habitantes.
“Se ha entregado una enorme cantidad de recursos pero el proyecto Coroccohuayco no puede salir. Y ahí es donde este mecanismo de búsqueda de renta se ha potenciado al punto que no sale este proyecto por las exigencias de nuevos recursos”, remarcó.
Alternancia en Chumbivilcas
Del mismo modo, apuntó que en el caso de Hudbay, dueña de mina Constancia, apuntó existe la particularidad de que las renegociaciones de los convenios están supeditadas a las demandas de tres distritos, los cuales se alternan para solicitar más beneficios o cambios. “Pareciera que cada distrito va alternando su opción de generar un conflicto. Primero lo hizo Velille, después Chamaca y finalmente lo acaba de hacer Livitaca. Y de esta manera han conseguido que los fondos vayan subiendo de 2 millones, a 3.5 millones y hoy a 5 millones”, precisó.
En el primer trimestre del 2021, luego de arduas negociaciones con la mediación del Minem, Hudbay Perú firmó un convenio marco con la provincia de Chumbivilcas en el cual se determina una contribución económica de S/ 11 millones. Adicionalmente, se contempla un fondo revolvente de S/ 42 millones para ejecutar proyectos bajo la modalidad obras por impuestos (OXI), sin afectar el presupuesto de la provincia; así como un compromiso de S/ 50 millones destinados al desarrollo y ejecución de proyectos prioritarios que mejoren la calidad de vida y las oportunidades de los ciudadanos de esta provincia.
Fuente: IIMP.
Con la finalidad de promover la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en Cajamarca, representantes del gobierno regional de la región y la sociedad civil, se reunirán mañana en un evento organizado por el Gobierno Regional de Cajamarca, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Cajamarca, CEDEPAS Norte y Grupo Propuesta Ciudadana.
La reunión socializará la “Ordenanza Regional que crea la Comisión Regional Permanente que activará la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas – EITI Cajamarca”, entre los participantes. La presentación estará a cargo de la Consejera Regional, Cristina Chambizea. El evento, contará además con la participación de Carlos Centurión, Director Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional.
Cabe recordar que la Iniciativa EITI es una alianza entre el Estado, empresas extractivas y sociedad civil que ha logrado institucionalizar una política nacional de transparencia en el sector extractivo. Funciona en el Perú desde el 2005 como parte de una iniciativa mundial donde participan 55 países, y nos permite conocer: a) los pagos que el Estado recibe de las empresas extractivas (mineras, petroleras y gasíferas) y b) el uso que hacen los gobiernos regionales y locales, y las universidades públicas de las transferencias por canon y regalías mineras que reciben del Gobierno nacional.
Fuente: Diario Panorama Cajamarquino.
