PARADOJA. La población en la selva de La Convención-Cusco, donde nace el gas, paga 60 soles por un balón de diez kilos. En las regiones del sur, su valor promedio asciende a 36 soles. Hay tres proyectos para traer el hidrocarburo postergados por varios años.
Antes de ser alcalde del distrito de Megantoni, Daniel Ríos Sebastián vivía en la comunidad nativa de Nuevo Mundo del Bajo Urubamba, en la selva de la provincia cusqueña de La Convención. Cuando quería usar su cocina a gas, debía pagar S/ 60 por un balón de 10 kilos.
Era así de paradójico. Los dueños del gas de Camisea, aquellos que viven donde brota el combustible, tienen que pagar casi el doble por ese balón que, en la ciudad de Cusco, cuesta 36 soles. Desde que empezó la explotación del gas en Camisea, en 2004, los convencianos y cusqueños sueñan con utilizar el gas limpio y barato. Han pasado 15 años y siguen esperando.
El gas sale del suelo de Camisea y es llevado a la costa, desde donde es distribuido a Lima, el Callao y algunas otras ciudades, y también vendido en grandes cantidades al extranjero.
“Queremos que de una vez el gas llegue a nuestros pueblos y no sigamos pagando esos precios. Antes hay que revisar los contratos; luego, el Gobierno Regional de Cusco y el Ejecutivo deben tomar acciones para hacerlo”, reclama Ríos Sebastián.
En 2010 este diario publicó una nota con el título “En Camisea cocinan con leña”. Aquel año la mayoría de la población convenciana no usaba gas, sino ese rústico combustible para cocinar. Casi una década después, ya cocinan con gas, pero a cambio pagan precios altos.
¿Qué impidió que el gas llegue a los pueblos del interior del país? Marusia Ruiz Caro, del Grupo Propuesta Ciudadana, considera que una de las cosas que lo impidió es que muchos funcionarios del Estado, además de los ministerios de Energía y Minas, y Economía, “subordinaron decisiones a los criterios empresariales”. “Fueron decisiones (en función) de la rentabilidad empresarial y, por eso, llevaron todo el gas a Lima porque había más mercado”.
El sueño del gas
La población demanda que se haga realidad alguna de las obras que tienen el objetivo de traer el gas a esta parte del país a precio módico, pero están frenadas. En el Foro Macrosur: Masificación del Gas Natural en las Regiones del Sur, se evaluaron esas iniciativas.
La demanda principal es la construcción de un gasoducto que traiga el hidrocarburo a las regiones del sur. Hubo varios intentos fallidos: desde el Gasoducto Sur Andino hasta el Gasoducto Sur Peruano, ahora también el rebautizado Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), que no se sabe con certeza cuándo reiniciará.
Un segundo proyecto trunco es la construcción de la Planta de Fraccionamiento de Kepashiato, que costará 100 millones de soles y produciría unos 3 000 balones de gas diarios. Esa obra podría bajar el costo del balón a S/ 25.
La tercera obra es el proyecto siete regiones, que consiste en el traslado de gas en camiones desde la costa hasta Cusco y otras regiones para dar el combustible a las viviendas, pero tampoco avanza. En el caso de la región imperial estaba previsto que empezará a funcionar este mes, pero Proinversión informó que el contrato se firmará en el primer trimestre del 2020.
De otro lado, actualmente hay un convenio entre el Gobierno Regional de Cusco y el Consorcio Camisea para poner en marcha el proyecto de instalación de tres gasocentros para surtir con gas natural a los vehículos, sobre todo taxis, en las ciudades de Cusco y Quillabamba (La Convención). Los gasocentros deberían estar listos en diciembre. El gobernador Jean Paul Benavente dice que se cumplirá el acuerdo.
Reinicio del gasoducto
El fin de la era de Evo Morales ha dejado en suspenso la posibilidad de conseguir un acuerdo entre Perú y Bolivia para la importación de gas natural y GLP boliviano para abastecer a algunas regiones del sur.
En ese contexto, vuelve a surgir la necesidad de traer el gas de Camisea, en la selva de Cusco, a las regiones del sur, dice el gobernador Benavente. “Debemos pedir desde el sur la construcción del gasoducto”, añade.
Benavente pidió que el ducto se haga en un máximo de tres años, contados desde el 2020. “Que en el 2022 llegue a Anta y, al año siguiente, esté en Arequipa y Moquegua”, precisa.
Asimismo, las autoridades de La Convención esperan que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, cumpla el compromiso asumido el 5 de noviembre pasado. Aquel día, Zeballos dijo que entregarían el cronograma para el reinicio de SIT Gas, entre noviembre y Gas a la costa y el exterior
Mientras tanto, cada día, el Consorcio Camisea, según cifras del Ministerio de Energía, exporta en promedio alrededor de 600 millones de pies cúbicos de gas (MMPC) y otra cantidad similar es destinada al mercado nacional. “En el mercado interno, estamos vendiendo alrededor de 632 MMPC y la exportación es de 573 MMPC”, expuso Luis Daniel Guerra Zela, gerente de asuntos gubernamentales del Consorcio Camisea-Pluspetrol.
No se puede trasladar todo el gas
Guerra Zela también reveló que la empresa no logra transportar todo lo que extrae. “Nosotros reinyectamos gas natural diario en un 20%, casi 300 MMPC. Es decir, producimos una determinada cantidad de gas y solo vendemos casi dos tercios, el resto tenemos que reinyectarlo. ¿Por qué? Porque no hay quién lo compre, faltan ductos, faltan clientes”, indica.
Informó también que, entre 2004 y 2018, se entregaron al Estado Peruano 8 000 millones de dólares por concepto de regalías, canon y otros impuestos. La mitad de ese monto fue transferido al Gobierno Regional de Cusco, municipalidades de La Convención y dos universidades. diciembre de 2019.
Presentamos un análisis en torno a las ventajas y principales obstáculos que ofrece la macrorregión sur para el desarrollo de un clúster minero , así como los antecedentes de política pública e iniciativas privadas orientadas a dinamizar el sector de proveedores de bienes y servicios para su integración en la cadena de valor minera y sus resultados. El estudio concentra su atención en la región Arequipa, llamada a liderar esta iniciativa y establecerse como un nodo para la consolidación del sector metalmecánico debido a su ubicación estratégica respecto de las principales operaciones mineras de esta macrorregión y por su conexión con una red de carreteras y sistema portuario.
En el presente Reporte Nacional N° 23 de Vigilancia de las Industrias Extractivas ofrecemos información de los principales indicadores económicos de los sectores minero e hidrocarburífero y la distribución de la renta extractiva hacia los gobiernos regionales y locales.
Se necesita invertir entre USD 20,000 y USD 30,000 millones en adaptación al año para reducir el impacto ambiental y económico a los países.
Lima, 04 de diciembre de 2019.- Según datos de la Cepal, el impacto del calentamiento global en los países de América Latina y El Caribe será de entre 1,4% y 4,5% del PBI de la región. Esto equivale a por lo menos 100,000 millones de dólares al año. “Los más golpeados son las poblaciones más pobres. Invertir más en adaptación al cambio climático es más rentable que no hacer nada; por tanto, se requerirá invertir entre USD 20,000 y USD 30,000 millones al año en adaptación para tener resultados significativos”, comentó el especialista Carlos Monge, Consultor de la Red Latinoamericana sobre industrias extractivas (RLIE).
“La situación del calentamiento global es peor de lo esperado”, comentó Monge. Un reciente informe de la ONU, advierte que la temperatura media del planeta este siglo subirá a 3,2 °C, incluso si se cumplen los compromisos de reducción de emisiones enmarcados en el Acuerdo de Paris, lo que traería “impactos climáticos destructivos y de alto alcance“.
Para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C, el citado informe recomienda que los compromisos de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero de los países tuvieran que multiplicarse por cinco, en relación a los actuales.
Ante este panorama, la RLIE presentó un conjunto de propuestas contenidas en el estudio “Las actividades extractivas y el calentamiento global”, elaborado por Carlos Monge, que incluye aportes de las organizaciones de la sociedad civil integrantes de la RLIE, en el marco de los debates de la COP 25.
¿Qué propuestas se plantean?
Para hacer frente al cambio climático, Monge propone que los países que históricamente causaron y causan estos problemas, cumplan con sus compromisos de reducción de emisiones de CO2 asumidos en la Cumbre de Paris, y aporten recursos financieros para la adaptación al cambio climático en los países más impactados.
Plantea que los países productores frenen el calentamiento global dejando bajo tierra parte de sus reservas de petróleo y carbón. Y, para compensar los menores ingresos fiscales, diversifiquen sus economías y hagan reformas tributarias progresivas para que “los que ganan más, paguen más”. Complementariamente, propone la constitución de un instrumento financiero internacional de apoyo, que brinde los recursos necesarios para financiar esa transición.
Otras medidas son: eliminar las exoneraciones tributarias que promueven la exportación y el uso de energías fósiles y vigilar que la transición hacia una matriz energética limpia y sustentable se haga con soberanía, respetando los estándares ambientales y sociales. “Podemos contribuir a la transición energética mundial global y regional con nuestros minerales pero no podemos aceptar ser zonas de sacrificio social y ambiental”, resaltó Monge.
Para avanzar en energías más limpias en el Perú, el especialista sugiere por ejemplo, masificar y limpiar la matriz energética del transporte público urbano, pasando a la conversión a gas o el uso de la electricidad.
Por su parte, Fabio Velásquez, coordinador de la RLIE, indicó que “ante un problema como el calentamiento global, se necesitan soluciones globales y considerar cómo puede aportar cada país o región pero sin que se vea vulnerado su ecosistema o el derecho de sus poblaciones”.
Velásquez indicó que en la mayoría de países de la región existe un adecuado marco normativo para hacer frente el cambio climático, pero lamenta que: “exista una brecha entre el diseño de políticas, la escasa implementación y la ausencia de acción gubernamental”.
Ambos especialistas, Monge y Velásquez, coinciden en recomendar democratizar la toma de decisiones, incluyendo a diversos actores, para hacer frente al cambio climático.
Se busca recibir denuncias de corrupción. Integra información clave de 76 entidades públicas y sociedad civil organizada.
En el marco del segundo día de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII 2019), la Contraloría General presentó el portal web “Yo hago mi parte” (www.yohagomiparte.gob.pe), que es una plataforma tecnológica, educativa y amigable, producto del esfuerzo multisectorial público y privado, que tiene entre sus principales atributos facilitar el acceso a información para fortalecer la formación y vigilancia ciudadana, y un único canal de denuncias para reportar casos de corrupción.
El portal es el resultado del “Compromiso por la Integridad” suscrito durante la CAII 2019 entre el Congreso de la República, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, Asamblea Regional de Gobiernos Regionales, el Grupo Propuesta Ciudadana, y la Contraloría General de la República que lideró el proyecto.
Dicho compromiso tenía el propósito de brindar acceso a información para fomentar una ciudadanía más activa para fortalecer la vigilancia ciudadana y los sistemas preventivos. Para una mejor navegación, se han establecido las categorías Aprende, Descubre y Participa, que acumula en un solo lugar 160 contenidos de 76 entidades públicas y privadas, y de la sociedad civil organizada.
En las categorías Aprende y Descubre, el ciudadano puede acceder a información sobre sus derechos y deberes, control social, cultura tributaria, identidad e interculturalidad, participación política, así como lo relacionado a servicios en materia de agua y saneamiento, educación, emergencias para situaciones de desastres naturales, seguridad ciudadana, servicios de transportes, respectivamente.
En la categoría Participa, el portal web presenta data sobre programas de capacitación, rendición de cuentas, seguimiento de obras públicas, veedurías ciudadanas, vigilancia en época electoral, y crea un canal para reportar casos de corrupción, crimen organizado, medio ambiente, atención indebida en comisarías, entre otros.
Este trabajo presenta brevemente una revisión de la historia del gas de Camisea durante más de tres décadas. Hemos constatado que, a pesar de importantes avances, estamos muy lejos de lograr que los importantes yacimientos de gas natural con los que contamos constituyan un componente clave para un desarrollo más inclusivo, sostenible y diversificado de nuestro país y de sus territorios. La marginación de la macrorregión Sur, donde se ubican los reservorios, es la mejor evidencia del desinterés de los diferentes gobiernos por pensar el desarrollo del gas en función de los intereses nacionales.
El Grupo Propuesta Ciudadana pone a disposición de las autoridades regionales y locales, así como de las organizaciones sociales e instituciones de la macrorregión Sur del Perú, el presente informe, con el objetivo de informar, dialogar y demandar la pronta reactivación de este proyecto, el Gasoducto Sur Peruano, que tiene importancia estratégica para dinamizar las economías de los departamentos del sur y hacer llegar energía de menor costo a los hogares. La publicación de este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de Pan para el Mundo.
Trayectorias comunales. Cambios y continuidades en comunidades campesinas e indígenas del Sur Andino
El estudio tiene por finalidad ofrecer una mirada actualizada de los cambios (y continuidades) económicos, sociales, culturales e identitarios de las familias campesinas, focalizando su observación en las comunidades del sur andino, ámbito en el que el Grupo Propuesta Ciudadana ejecutó el proyecto “Apoyo al protagonismo de la sociedad civil en la generación de propuestas y estrategias de desarrollo territorial en el Sur Andino del Perú”, con el auspicio de la Fundación Ford.
El objetivo de esta investigación es diagnosticar cómo ha evolucionado la institucionalidad estatal para hacer frente a los desastres socionaturales, analizando el nivel nacional y dos casos de estudio regional: Arequipa y Piura. El estudio está dividido en 7 secciones: la primera es la introducción, seguida la sección 2 que discute el régimen institucional actual, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Luego la sección 3 reseña la evolución del gobierno de la reconstrucción desde El Niño de 1997-1998, mientras que las secciones 4 y 5 presentan los casos de Arequipa y Piura, respectivamente. La sección 6 resume lecciones aprendidas y finalmente la sección 7 presenta las conclusiones.
