Petroperú volverá a tener posesión total del Lote 64, en Loreto, tras el retiro de Geopark, que tenía el 75% de participación.
La estatal petrolera se asoció con la empresa chilena en 2014, suscribiendo la cesión parcial en 2016. Para 2018, la inversión estimada era de US$ 200 millones en dos pozos petroleros del yacimiento y para 2019 de hasta US$ 25 millones si no se aprobaba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) -que fue observado por Senace en marzo de ese año y retirado en junio por Geopark-. La empresa realizó en el Lote 64 la elaboración del EIA, trabajos de mantenimiento y actividades sociales y ambientales.
En este contexto, se suma la caída de la cotización del petróleo, que registró número negativo en abril y actualmente bordea los US$ 40 el barril.
A ello se suma el descontento de los pueblos Achuar y Wampis, ubicados en la zona del Lote 64. Los Wampis presentaron una demanda contra Geopark por movilización de sus trabajadores durante el confinamiento. Desde los achuares, el apu Nelton Yankur indicó a La República que no quieren a “ninguna empresa extractivista”, aun si se trata de una estatal. Apunta a que en la zona quedó un impacto pasivo ambiental ocasionado por Talisman, quien tuvo la titularidad junto con Hess del lote hasta 2013.
Epifanio Baca, coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana, apuntó a Petroperú “debe atender servicios de salud, educación, servicios básicos como agua para consumo humano y reparar los daños ambientales”, y responder a las demandas de los pueblos.
Las reservas certifi cadas del Lote 64 son de 83 millones de barriles, según las fi rmas Ryder Scott y Gregorian Mac Nottle.
Ofrecer los dos lotes a un socio inversor
Petroperú anunció que se revisará la manera eficiente de operar el lote con un socio inversor. Para Aurelio Ochoa Alencastre, especialista en temas energéticos, el yacimiento se podría ofrecer en conjunto con el Lote 192 a grandes empresas de la industria petrolera para continuar la exploración de petróleo.
Fuente: La República
Ajustón. Las regiones del sur que dependen de la minería y gas verán mermados sus recursos para obras del próximo año. Ya estiman una caída del canon minero y gasífero debido a los bajos precios y la pandemia que afectó la producción. Tijeretazo podría alcanzar hasta el 38%, eso obliga a priorizar obras fundamentales.
La mayoría de gobiernos regionales y municipios de las regiones del sur dependen del canon minero, partida financiada con el Impuesto a la Renta que pagan las compañías mineras al Estado.
En una buena parte de estas instituciones públicas, el canon sostiene el 70% del presupuesto de obras. Lo que se viene para el próximo año es complicado. Las utilidades mineras de 2019 mermarán como efecto de la pandemia. La reducción se sentirá en Arequipa, Apurímac, Puno, Moquegua y las demás circunscripciones mineras.
Cusco es un caso especial. Su presupuesto también es alimentado por los impuestos dejados gracias a la explotación del gas en la selva de Camisea. La cotización del combustible también se redujo.
El gobernador regional, Jean Paul Benavente, estima para el 2021 canon y sobrecanon vendrá mermado en 38% .
Eso quiere decir que, a diferencia de los años pasados, “el 2021 será un año de vacas flacas”, refirió el economista Epifanio Baca Tupayachi, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana. Estas partidas bajarán sustancialmente debido a la reducción del costo del gas y la disminución de la producción de minerales.
Los gobiernos locales de la región Cusco tienen como principal fuente presupuestal el canon gasífero, minero, además las regalías.
El premier Walter Martos sostuvo el martes que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para utilizar un mecanismo que estabilice los recursos del canon, sobrecanon y regalías mineras. Será como un fondo para ahorrar cuando las cotizaciones de las materias primas sean altas y utilizarlo en tiempos de escasez.
Baca Tupayachi sostuvo que como idea general y si el planteamiento es a largo plazo no está mal. “Pero hay que tener en cuenta que los fondos de estabilización funcionan cuando hay boom de precios altos y es menos interesante cuando los precios bajan. Ahora estamos en el segundo momento”, precisó.
Además, dijo que solo seis regiones reciben grandes cantidades de dinero por canon minero: Cusco, Arequipa, Ancash, Apurímac y Piura.
“Si ahora no hay nada o poco canon. Eso debe ser más pensado en el largo plazo”, anotó.
La recaudación de las mineras será menor. “Hemos calculado que habrá transferencias menores en 20% o 30% por baja producción y la caída del precio de metales y que ahora ya se recuperó”.
En los siguientes años, dice Baca Tupayachi, el gobierno debe enfatizar en las políticas sociales, reforzando los programas Juntos, Pensión 65, comedores populares y bonos para los pobres. “Debe haber una fuerte política social de la mano con inversión, pero que se hagan bien y no se roben la plata”.
En Arequipa
La región Arequipa también vería disminuidos los recursos de canon minero en el 2021. El economista Glen Arce, señaló que de acuerdo a Bloomberg, servicio de información financiera, la minera Cerro Verde cerraría este 2020 con una utilidad (antes de impuestos) de 355.5 millones de dólares, una cifra muy por debajo de la registrada en el 2019. Ese año la utilidad fue de 688 millones de dólares (sin descuentos)
A la utilidad se le impone el 32% del Impuesto a la Renta. Del tributo que paga la empresa minera la mitad se convierte en canon minero.
No obstante Glen Arce, señala que Cerro Verde no está en una mala posición, pues pese a la pandemia del coronavirus, el precio del cobre está subiendo, se ubica en 2.95 dólares la libra y el costo de producción es de 2.40 dólares. –
En sus estados financieros que son presentados a la Bolsa de Valores de Lima, Cerro Verde manifiesta que su utilidad neta al segundo trimestre de este año, va en 68.7 millones de dólares, significa que la mayor parte de la utilidad la generará en lo que resta de este año.
Hay que tener en cuenta que Cerro Verde reportó utilidades netas (con los descuentos) en el 2019 de 390.4 millones de dólares, en el 2018 de 119 millones de dólares y en el 2017, de 349.9 millones de dólares, cifras que se reflejaron en el canon minero de la región (ver infografía), dado que Cerro Verde tiene una importante participación.
El contador y docente de la Universidad Católica San Pablo, Luis Castro, señala que para lo que viene hay una buena perspectiva para el cobre, pues los precios en el mercado son buenos, por lo tanto, habría una mejora tributaria.
Fuente: La República
Después de cuatro meses de silencio, el Gobierno hizo públicas las recomendaciones de la comisión para la reforma del sector minero.
La pandemia del COVID-19 ha silenciado la publicación del informe final de la comisión de alto nivel para la reforma minera.
De forma discreta, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó en su portal web el informe final de la comisión de alto nivel encargada de proponer reformas para el mejor desarrollo de la minería. Nos referimos a ese mismo informe que el país esperaba con expectación meses atrás, cuando el conflicto en torno a Tía María ocupaba todos los titulares.
Lamentablemente, las necesidades de la lucha contra el COVID-19 han disipado esa expectativa. Sin embargo, la pandemia no explica la demora previa del Gobierno en publicar el esperado documento, pues este le fue entregado el 13 de febrero, cinco semanas antes de la declaratoria de emergencia nacional.
Hablamos de un retraso de cuatro meses, precisa el economista Gonzalo Tamayo, miembro del grupo de trabajo. Pero, ¿qué es lo que propone el informe?
DIAGNÓSTICO MINERO
Quienes han leído el frondoso documento –125 páginas – concuerdan en que es un ejercicio ambicioso, rico en información y confeccionado con mucho empeño. En esencia, explica el geólogo Miguel Cardozo, el documento reconoce nuestra gran dependencia económica del sector minero, pero también la manera desastrosa en que los procesos vinculados a la minería son manejados por la administración pública.
Según el Banco Central de Reserva del Perú, los procedimientos administrativos mineros se han multiplicado vertiginosamente, desde apenas 12 en 2001 a 265 en 2016, llevando al entrampamiento de muchos proyectos mineros.
Del mismo modo, el informe reconoce la necesidad de actualizar la Ley General de Minería, documento con casi 30 años de antigüedad, que ha quedado desfasado para los requerimientos de la minería moderna. “Los planteamientos de la comisión coinciden en gran parte con las preocupaciones que hemos manifestano al Gobierno en la Mesa Ejecutiva Minero-energética”, apunta Pablo de La Flor, director ejecutivo de la SNMPE.
El análisis efectuado por la comisión de alto nivel, dicen los especialistas, es impecable. Pero otro sería el caso de sus propuestas.
¿UNA OPORTUNIDAD PERDIDA?
Marcial García, experto en tributación minera e internacional de EY, opina que se ha perdido una gran oportunidad de pulir la legislación tributaria.
“Yo esperaba propuestas más concretas, considerando que las normas tributarias mineras tienen 30 años y que fueron diseñadas para una realidad muy distinta a la que vemos ahora”, señala.
A su entender, las recomendaciones de la comisión son muy generales y evitan entrar en precisiones, cuando lo cierto es que ‘el diablo está en los detalles’. Prueba de ellos es la controversia entre la Sunat y Sociedad Minera Cerro Verde, originada por la oscuridad de una norma tributaria, que está llevando al país a un nuevo y costoso arbitraje.
De similar opinión es Epifanio Baca, consultor independiente del Grupo Propuesta Ciudadana. El economista considera bastante útiles los aportes de la comisión y, de hecho, resalta que esta haya tomado en cuenta dos iniciativas de carácter tributario propuestas por la asociación civil: la adopción de medidas anti-elusión y el fortalecimiento de los sistemas de revisión (para evitar prácticas de subvaloración en el envío de concentrados).
No obstante, concuerda en que las recomendaciones del grupo de trabajo tienen un caracter muy general, un resultado que reflejaría la dificultad de consensuar los diferentes puntos de vista de sus integrantes.
EXPLORACIÓN MINERA
Una prueba de esto, en opinión de Miguel Cardozo, es el acercamiento de la comisión al problema regulatorio en la exploración minera. En este apartado, señala, el grupo de trabajo da un paso adelante al sugerir que la Ficha Técnica Ambiental (FTA) sea de aprobación automática, pero mantiene la consulta previa para los proyectos de exploración inicial y también el silencio administrativo negativo.
“Reconozco que el informe tiene una mirada muy integrada y balanceada respecto de la importancia de la minería y la necesidad de corregir las ineficiencias del estado, pero cuando entra a las propuestas concretas todo se relativiza”, anota el geólogo.
Como se recuerda, la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible estaba conformada por ocho profesionales de distintas esquinas ideológicas: Roxana Barrantes (presidente), Isabel Calle, Carlos Herrera Descalzi, Diego Macera, José Luis Escaffi, Iván Lanegra, Paulo Vilca y Gonzalo Tamayo.
Fue creada el 23 de setiembre del 2019 (Resolución Suprema N° 145-2019-PCM) tras los fuertes reclamos de los gobernadores regionales del sur, deseosos de reformar la Ley General de Minería.
Puede leer el informe de la comisión aquí.
Las rondas campesinas adquirieron un nuevo protagonismo y contribuyeron al cumplimiento de las medidas preventivas, adaptando las acciones dictadas desde el Gobierno central en coordinación con otras autoridades locales y comunales, en un contexto en el que la presencia policial y militar es escasa.
Por: Helen Palma y Julio Portocarrero*
Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció al distanciamiento social y aislamiento como parte de las principales medidas para la prevención de la trasmisión del COVID-19. El Estado de Emergencia declarado por el Gobierno peruano incluía el cumplimiento estricto de estas medidas, desarrollando disposiciones desde perspectivas urbanas y de control individual de la enfermedad, poco aplicables a poblaciones rurales o indígenas. Sin embargo, estas poblaciones adaptaron rápidamente estas medidas apelando a sus instituciones y a sus experiencias históricas y dinámicas de convivencia, demostrando gran capacidad organizativa y autonomía.
El aislamiento territorial o comunal ha sido una estrategia protectora utilizada históricamente por diversos pueblos indígenas y campesinos de los Andes y la Amazonia frente a situaciones críticas, como la amenaza de epidemias y agentes de violencia. Antes que cualquier documento técnico o norma lo advirtiese, las poblaciones de las zonas rurales de nuestro país comprendieron que el aislamiento entendido desde un punto de vista domiciliario o individual no tenía sentido en sus territorios, y que estas medidas debían ser aplicadas colectivamente y abarcando sus comunidades y distritos de ser posible.
Control y fiscalización: las rondas campesinas junto a otras organizaciones
En este proceso, organizaciones como las rondas campesinas han adquirido un nuevo protagonismo, contribuyendo al cumplimiento de las medidas preventivas, adaptando las acciones dictadas desde el nivel central en coordinación con otras autoridades locales y comunales, en un contexto en que la presencia policial y militar es escasa. A través de diferentes medios, fue posible atestiguar cómo distintas comunidades comenzaron a colocar letreros, tranqueras y formar barricadas en un intento por controlar el acceso a sus territorios, en lo que puede interpretarse como un ejercicio de autonomía comunitaria. Apurímac y Cusco no fueron la excepción. La siguiente imagen, en la que se observa a ronderos y autoridades de Santo Tomás (Provincia de Chumbivilcas, Cusco) construyendo una tranquera en la vía de entrada principal, es ejemplo de lo ocurrido en las provincias y distritos de estas regiones.
Ronderos y autoridades de Santo Tomás (Chumbivilcas, Cusco) colocando una tranquera en la entrada del distrito. Crédito: Héctor Boza.
Si bien el aislamiento no fue practicado de la misma manera en todas las comunidades y distritos, por lo general se impuso un control estricto de los accesos para impedir la salida de pobladores y el ingreso de gente extraña. En algunos casos, se permitía el acceso de los camiones o movilidades que llevaban productos para abastecer negocios o ferias para satisfacer la demanda local. En otras zonas, como en Quiñota (Chumbivilcas, Cusco) el aislamiento se expresó de manera más radical: durante el mes de abril, población y autoridades en conjunto decidieron cerrar totalmente sus accesos durante dos semanas al difundirse la noticia que un joven diagnosticado con COVID-19 había transitado por dicho distrito.
Las rondas han tenido un rol central en el ejercicio de este control territorial y también han desempeñado una importante función para la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos, así como en acciones de fiscalización del trabajo de sus alcaldes y otras autoridades. Las rondas pusieron en evidencia y capturaron algunas autoridades que manejaron de manera indebida el presupuesto local en el contexto de la emergencia. En el marco de estas acciones, las rondas han empezado a solicitar una retribución económica en los accesos o puntos de ingreso a las comunidades, como compensación por sus horas de trabajo, en reconocimiento al desempeño de las funciones que vienen desarrollando los últimos meses, poniendo además en riesgo su integridad frente a posibles actos violentos y de contagios.
Vale añadir que los hombres y mujeres que conforman las rondas no actúan de manera aislada. Su trabajo se desarrolla articuladamente con diferentes actores locales, como los dirigentes barriales, los frentes de defensa y las organizaciones agrarias, entre otros. Si esta coordinación existía previamente, ante la epidemia se ha visto potenciada a partir de los Comandos COVID y Comités Multisectoriales conformados en cada distrito, en los que participan también representantes de la sociedad civil organizada.
La difusión de información: organizaciones sociales de base y las ONG
La difusión de información vinculada al COVID-19 fue también motivo de movilización social. Una enfermedad nueva como esta, en la que el conocimiento sobre la misma es aún incipiente, ameritó el despliegue de procesos de comunicación local, más allá de la información emitida oficialmente desde el Ministerio de Salud (MINSA). En Cusco, en el distrito de Quiñota, la asociación Tomasa Tito Condemayta viene participando en el desarrollo de programas radiales hechos por mujeres y dirigidos a mujeres, con el objetivo de informar y sensibilizar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas dictadas. Organizaciones no gubernamentales presentes en la zona facilitaron la logística para el desarrollo de programas tanto en castellano como en quechua. De otro lado, en Apurímac, en distritos como Tambobamba, los Comando COVID han sido el espacio que ha propiciado la difusión y discusión de las medidas preventivas, a partir de reuniones con miembros de la comunidad, respetando el distanciamiento recomendado.
Reunión de coordinación e información en Tambobamba (Cotambambas, Apurímac). Crédito: Alejandro Enríquez.
Los retornantes: un reto afrontado en conjunto
La organización tejida frente a la amenaza del COVID-19 tuvo entre sus principales retos el retorno inesperado de cientos de pobladores que regresaron a sus comunidades de origen en busca de refugio y seguridad. Las cifras de la población empadronada en los registros de los gobiernos regionales dan cuenta para el mes de abril de al menos 167 mil personas de diferentes regiones que buscaban regresar a sus lugares de origen, de los cuales más del 90% se encontraba en Lima. De estos, 16,670 inscritos pertenecían a la región Cusco y 13,400 a Apurímac. No obstante, las cifras manejadas posteriormente muestran que la población retornante es sensiblemente mayor a lo que reflejan los padrones oficiales. Las noticias de los distintos medios de comunicación y los testimonios de la población de estas zonas, reafirma que son miles los ciudadanos no registrados que han regresado por sus propios medios. Así, por ejemplo, una dirigente de Totora Oropesa (Antabamba, Apurímac) informó recientemente[1] sobre un total de 300 retornantes en su distrito, más del 10% de una población local estimada de 2,300 habitantes.
Aunque parte de esta población fue recibida de manera ordenada por las autoridades locales en los albergues o espacios designados para ello, un grupo significativo retornó por su cuenta y fue llegando directamente a sus hogares en condiciones precarias y sin mayor control sanitario[2]. Este hecho, no coordinado adecuadamente entre el nivel central y regional, ha ocasionado que muchos lugares vean rebasada su capacidad organizativa. Como contaba una representante de la asociación de mujeres Tomasa Tito Condemayta de Quiñota, varios han llegado caminando durante cinco días desde lugares tan lejanos como Arequipa, con los pies hinchados y ampollados, y casi sin comer; siendo muchos de ellos sus paisanos e incluso familiares, “cómo no los íbamos a dejar entrar”.
Las personas llegadas por sus propios medios, sin cumplir una cuarentena previa y sin una prueba de descarte de la enfermedad, implicaron replantear algunas medidas y redoblar los esfuerzos organizativos. Los ronderos, en particular, exigieron mayor respaldo de las autoridades para el control de los migrantes que cada día iban llegando. Fue a exigencia de los ronderos y dirigentes barriales que la Municipalidad Distrital de Colquemarca y su Comando COVID emitieron el 11 de mayo un comunicado dirigido a su población, manifestando su preocupación por la llegada de personas desde otras ciudades, instando a la población a cumplir con las medidas establecidas, y radicalizando la orden de inamovilidad. Otros llamados de atención semejantes se han reproducido en distintos ámbitos por parte de las autoridades locales.
Las acciones para prevenir la propagación del virus como producto de la llegada de los migrantes de retorno han variado de una localidad a otra. Algunos lugares se han mostrado receptivos, estableciendo condiciones y acuerdos, así como disponiendo una logística para su ingreso. En lugares como Tambobamba y Totora Oropesa en Apurímac, ante el fracaso de la respuesta inicial consistente en solicitar a la población la comunicación con sus familiares para que no regresen, se condicionó el ingreso de las personas retornantes al cumplimiento de la cuarentena en Abancay o Andahuaylas. En lugares como Quiñota, dada la proximidad del Cusco, los llamados “retornantes” comenzaron a arribar con facilidad. Ante esa situación, se acordó que cada familia habilite un espacio aislado en sus respectivas viviendas para recibir a los familiares que pudiesen llegar, responsabilizándose además del cumplimiento debido de la cuarentena. En otros distritos, se habilitaron escuelas o locales comunales para el mismo fin. En las localidades más grandes y pobladas como Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, el ingreso de los migrantes ha sido por momentos masivo, haciendo poco posible cumplir con los acuerdos vinculados al aislamiento y rebasando la capacidad de los locales destinados para la cuarentena de los retornantes.
Las remesas campo-ciudad: la solidaridad ante todo
Pero no todos los que buscan retornar a su tierra pueden hacerlo. Muchos no pudieron llegar a su destino final y se quedaron en el trayecto, otros simplemente no pudieron salir, y permanecen aún en las ciudades y capitales. Todo esto ha motivado expresiones de organización y solidaridad de las que poco se ha hablado: las remesas de alimentos.
La lenta y a veces nula atención por parte de las autoridades hacia los llamados “caminantes”, y la problemática de los “residentes” en las ciudades, motivó una ágil reacción de sus familiares y paisanos quienes, junto a sus autoridades locales, organizaron el envío de grandes remesas con distintos productos de sus cosechas. La población del distrito de Colquemarca (Chumbivilcas, Cusco) fue una de las primeras en llevar a cabo esta iniciativa, siendo luego replicada en otros lugares como LLusco y Quiñota. Una vez conocida esta movilización solidaria, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas ofrecieron correr con los gastos del transporte de las encomiendas preparadas en las comunidades. De esta manera, cientos de sacos con papas, maíz, habas, zanahorias, y otros productos, fueron cargados en los camiones y enviados rumbo a ciudades como Arequipa, Abancay, Cusco y Lima.
Registro de remesas de alimentos en Santo Tomás (Chumbivilcas, Cusco). Crédito: Héctor Boza.
Comentarios finales
La aplicación del llamado distanciamiento social y aislamiento en nuestro país, ha soslayado las características y dinámicas de convivencia colectiva presentes en los distintos pueblos indígenas y ámbitos rurales de nuestro país. A partir de los casos de Apurímac y Cusco, se observa cómo las comunidades campesinas y las organizaciones sociales, junto con sus autoridades locales, dieron muestra de su gran capacidad organizativa y solidaria en respuesta a la amenaza del COVID-19, haciendo ejercicio de su autonomía a partir del control de sus territorios y de la movilización de sus organizaciones.
La migración de retorno ha desafiado la organización tejida desde el inicio de la emergencia. Este fenómeno, ha demandado redoblar los esfuerzos locales para la gestión del flujo de retornantes, estableciendo mecanismos diversos y responsabilidades para el cumplimiento de la cuarentena. Por otro lado, la falta de atención desde el nivel central y los niveles regionales a aquellos ciudadanos que no han podido retornar a sus hogares y se han quedado varados en las ciudades, ha propiciado una cadena solidaria de atención por parte de sus familiares y paisanos a partir de las remesas de alimentos, en las que comunidades y autoridades han sabido organizarse para garantizar su alimentación.
En este escenario, las rondas campesinas en articulación con organizaciones de base y autoridades locales se han convertido en actores clave en la respuesta a la emergencia, cumpliendo funciones vinculadas a la vigilancia, seguridad y fiscalización. Aunque en la mayoría de los casos gozan de la legitimidad y apoyo de sus vecinos y la población local, deberían también ser reconocidas por las autoridades y funcionarios del Estado, y sobre todo respaldadas logísticamente e incluidas en las estrategias y acciones del gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias.
La capacidad organizativa y de solidaridad desplegadas en este tiempo en algunos ámbitos de la zona andina, no es reconocida ni valorada por las estrategias nacionales de lucha contra el Covid 19. Una conclusión que es posible desprender de las prácticas y capacidad de respuesta de las poblaciones del sur andino -y seguramente de otras partes del país- es la importancia de considerarlas como ciudadanos con gran capacidad de agencia, que las autoridades nacionales podrían valorar y aprovechar. Sería importante, pero sobre todo necesario, ver a la población no sólo como necesitada de atención con programas sociales o bonos sino también como agente activo en tareas y funciones conjuntas que contribuyen al esfuerzo nacional contra la pandemia.
* Esta nota se desprende de la información obtenida para el estudio situacional “Características de la emergencia social sanitaria en territorios de alta renta extractiva: El caso de Cusco y Apurímac”, encargado por Propuesta Ciudadana a Helen Palma y Julio Portocarrero, el cual fue elaborado en colaboración con Héctor Boza (Asociación Arariwa) y Vilma Tumpe (Centro Bartolomé de las Casas).
[1] Información difundida el 26/05 en el programa Martes Campesino del Centro Bartolomé de las Casas.
[2] Este fenómeno ha llegado a ser calificado por algunos especialistas como una crisis humanitaria, en la que los llamados “retornantes” deberían ser tratados como desplazados internos. Ver: https://www.servindi.org/actualidad-opinion/22/05/2020/miles-de-personas-luchan-contra-la-pandemia-por-volver-sus-regiones
Hacinamiento en hogares, una cuarentena con distintos niveles cumplimiento, y una tasa de contagios positivos que indican grandes aglomeraciones en mercados son tres factores que contribuyen a explicar la actual situación epidemiológica en la región.
Por: Rafael Barrio de Mendoza
Hacia el 27 de mayo, la tendencia marca que Piura duplica el número de casos positivos cada semana, con pocos menos de 6,039 acumulados a la fecha. Probablemente, cuando usted lea esta nota, esta cifra sea superior. La región es tercera, después de Lima-Callao y Lambayeque, en sus cifras de reportes de pacientes con COVID-19. Las explicaciones sobre las razones de esta situación tendrán que esperar, ya es difícil hacer sentido de todas las variables que se están conjugando en el momento para originar el desempeño piurano. En la opinión pública y redes sociales ha venido formándose el consenso de un supuesto desapego de los y las piuranas a las indicaciones de aislamiento social. Esta sensación esta nutrida de fotografías, videos y anécdotas que, si bien capturan eventos puntuales, son aún insuficientes para explicar las tasas de contagio vistas. En este texto proponemos ver tres factores que pueden ayudar a entender las condiciones que facilitan el contagio del virus causante del COVID-19.
La pobreza y refrigeradores
El primero, la relación entre una pobreza que crece y el hacinamiento. Se ha argumentado que las tasas de pobreza serían un factor que motivaría el desacato, ya que el caudal de ingresos de este segmento de la población dependería, en gran medida, de actividades diarias en el sector informal. En 2018, la región tenía una prevalencia de pobreza monetaria poco menor al 25%, lo que la emparenta con departamentos como Áncash, La Libertad, Cusco, San Martin o Junín, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI. Estas regiones muestran cifras disímiles en sus tasas de contagio, y la segunda región con más reportes positivos para COVID-19, Lambayeque, tiene una tasa de pobreza monetaria del 12%, menor a la piurana.
No obstante, es probable que estas cifras estén cambiando rápidamente con el establecimiento de la emergencia sanitaria, ya que los segmentos de población que están inmediatamente por encima de la línea de la pobreza son especialmente vulnerables a shocks económicos, dada la reducida tenencia de ahorros, activos y vivienda propia. Si miramos de cerca las cifras del censo de 2017, vemos que 276,592 o 56% del total de viviendas no cuenta con una refrigeradora, electrodoméstico clave para el almacenamiento de comida, y por ende, condición para diferir en el tiempo la búsqueda de ella (si es que se cuenta el dinero suficiente para hacer compras “para la semana”). En un extremo, el 54% de las viviendas que no cuentan con refrigeradora alberga entre una y tres personas, y el 46% restante, o 126,063 viviendas, de cuatro a más. De este último número, la mitad de las viviendas tiene entre una o dos habitaciones. Es decir, que en la región Piura hay 62,797 viviendas que carecen de refrigeradora y albergan de cuatro a más personas que solo ocupan entre uno y dos ambientes. El aumento de la pobreza monetaria y el hacinamiento serían factores que contribuyen a que un grupo de piuranos salgan a buscar ingresos y comida con mayor frecuencia, y que al regresar puedan contagiar a varios miembros de su familia.
Movilidad
Y así arribamos al segundo factor: la movilidad. Una de las premisas del contagio es que este se acelera cuanto mayor contacto cercano hay entre personas. Así las aglomeraciones en mercados, parques, bancos, medios de transporte y farmacias podrían propiciar escenarios ideales para el incremento de infecciones. Las medidas de aislamiento social han confinado a los piuranos en sus casas, y los empuja a moderar sus salidas para buscar alimentos, medicinas, retirar dinero (los que poseen cuentas bancarias) y, en algunos casos, a sus centros de trabajo en actividades esenciales no suspendidas.
Una base de datos que nos permite acercarnos a las tasas de movilidad es la que Google ha puesto a disposición pública. En esta se registran, en una serie de tiempo, los reportes de localización de datos de celulares que tienen esta opción habilitada y cuentan con el sistema operativo Android. Por ello, es difícil establecer rangos de representatividad, ya que no todas las personas tienen celulares, no todos los móviles tienen habilitada la función mencionada (que no está activada por defecto), y no todos tienen el sistema operativo de Google. Además, tenemos las dificultades de transmisión y exactitud. Con todo, son datos interesantes que nos sirven para llegar a algunos hallazgos, ya que comparan la movilidad a lugares de recreación, parques, mercados y farmacias, trabajo, transporte y residencia entre un promedio de las semanas previas (línea de base) y las de aislamiento social.
De esta manera, en el gráfico podemos ver la variación de la movilidad con respecto a las semanas previas al 16 de marzo, y posteriores a ésta hasta el 2 de mayo. Observamos que la actividad que mostró una reducción más pronunciada es el transporte, seguida del desplazamiento a lugares de recreación (centros comerciales, restaurantes, cines), y parques o espacios libres. Dos actividades que muestran menores tasas de reducción son los movimientos a mercados y farmacias, y a lugares de trabajo. Ambas podrían entrañar una de las claves del contagio, ya que ponen en contacto a trabajadores y compradores. Los viajes (o permanencias) en el hogar muestran tasas positivas con respecto a la línea base, alcanzando su pico el fin de semana santa, con 44%. Entre las actividades con cifras negativas, vemos diversos picos asociados a los domingos (días de inamovilidad total), pero nos interesa hacer un “zoom” a la movilidad a lugares de trabajo, y mercados y farmacias.
Gráfico: Datos de movilidad pre y durante cuarentena
En la tabla apreciamos este “zoom”. La intensidad de rojos indica un mayor acatamiento de la cuarentena, mientras que la intensidad de verdes apunta a lo contrario. Así, tenemos que las salidas a mercados y farmacias muestran tres rasgos aparentes. El primero, que el acatamiento de las tres primeras semanas fue gradual, con los dos primeros domingos menos “movidos” hasta que se decretó la inamovilidad obligatoria desde la tercera semana. El segundo, y que podría ser clave para entender las tasas de contagio, es lo que pasó en la semana santa. El miércoles de la cuarta semana, 8 de abril, las salidas se reducen en solo un 40%, 16 puntos menos que el mismo día de la semana anterior. Es el día previo a la inamovilidad sancionada para el jueves y viernes de semana santa, mientras que hay un “rebote” el sábado de gloria: los piuranos salieron en mayor número a hacer compras antes de ese fin de semana. El tercero, que después de la semana santa se aprecia un acatamiento más elevado del aislamiento social, siendo el martes 21 de abril el día de semana que menos movimientos hubo para comprar alimentos o medicamentos.
Cuadro: Variación en la movilidad durante las semanas de cuarentena
En el caso de los viajes a lugares de trabajo, apreciamos que las tasas no son tan pronunciadas dados los movimientos de personal autorizado. Es de notar que en los días sábado se registra más desplazamientos laborales, pero no quedan claras las razones de este patrón.
Al parecer, estos factores se replican con ciertas variaciones en otras regiones y en el agregado nacional. Parece razonable pensar que una cascada de contagios empieza a partir de semana santa, y podría ser lo que captura, en parte, el incremento de pruebas que el ministerio de salud empezó a aplicar desde la quincena de abril. Vistos ambos factores, hacinamiento y movilidad, es bastante probable que la ruta del contagio se dé desde los mercados hacia los hogares, en un ciclo de retroalimentación que sigue progresando.
Aglomeraciones
Un último factor es el de la aglomeración. Para complementar la respuesta no basta con preguntarnos cuánto hemos dejado de movernos, sino cómo nos estamos moviendo (y aglomerando) en tiempos de cuarentena. Y para ello, otra herramienta que Google ha publicado antes, un mapa de jerarquías de movilidad nos muestre los “puntos calientes” de aglomeración, podría ser de ayuda. Lamentablemente, esos datos no han sido liberados y sólo contamos con evidencia visual (fotografías) para hacer un ejercicio de cuantificación. Con todo, un indicador que ayuda a ilustrar cuán riesgosos son los mercados en estos momentos es el que se desprende de los testeos aleatorios que viene llevando el personal de salud. Así, se tomaron pruebas rápidas a vendedores de los mercados La Capullana, Chulucanas y el mercadillo de Sullana. Los casos positivos ascendieron a 51% en el primer caso, 37% en el segundo, y 39% en el tercero. Estas cifras son particularmente alarmantes y hacen necesaria la descentralización de la oferta de alimentos y la adopción de protocolos sanitarias estrictos.
Hacinamiento en hogares, una cuarentena con distintos niveles cumplimiento, y una tasa de contagios positivos que indican grandes aglomeraciones en mercados son tres factores que contribuyen a explicar la actual situación epidemiológica en la región. El virus estaría viajando, ida y vuelta, de macroaglomeraciones (mercados) a microaglomeraciones (viviendas hacinadas). Por ello, resulta fundamental cambiar nuestros comportamientos de adquisición de alimentos, de manera que, si para una parte de la población no es posible diferirla en el tiempo, si pueda ser posible hacerla en espacios más seguros. Para avanzar en ese sentido las autoridades locales, en coordinación con el sector agrario, deberían de intensificar la descentralización de los mercados, haciéndolos itinerantes, promoviendo la microcomercialización, habilitando mecanismos de reparto u otras modalidades alternativas.
Créditos de foto: www.peru21.pe
