Vocerías de diversos sectores advierten que el proceso electoral representa un punto de quiebre para el país e instan a ejercer un voto activo, informado y vigilante.

En un contexto de creciente preocupación por el deterioro de la institucionalidad democrática, diferentes organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Plataforma Voces Ciudadana, realizaron una conferencia de prensa para hacer un llamado a la ciudadanía a recuperar la democracia a través del voto en las elecciones del próximo 12 de abril bajo el lema “Recuperemos la democracia”.
Estuvieron presentes representantes de ollas comunes, pueblos indígenas, colectivos de jóvenes, comunidad LGTBQ+, trabajadoras sexuales, asociación de familiares de víctimas, colectivos afroperuanos, transportistas, microempresarios, personas con discapacidad y organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres en su diversidad se unieron en un mensaje común en defensa de la democracia y del poder del voto como herramienta de cambio.

En conjunto, las organizaciones destacaron que uno de los principales objetivos de la campaña es promover un voto activo, informado y responsable, desalentando el voto en blanco o viciado, al considerar que este tipo de opciones favorecen a quienes buscan mantener el control de las instituciones. La actividad reunió a representantes de diversos sectores ciudadanos, quienes coincidieron en la necesidad de responder a la crisis política mediante una participación consciente en las urnas.

Durante su intervención, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió que el país no enfrenta una elección ordinaria, sino un momento decisivo para su futuro. “Estas elecciones pueden marcar un punto de quiebre: o empezamos a recuperar la democracia, o se consolida su deterioro”, señaló, tras alertar sobre un proceso de captura institucional.

En la misma línea, Yolanda Rojo, de la Plataforma por la Democracia, cuestionó los discursos de odio, la desinformación y las prácticas discriminatorias en la contienda electoral, e hizo un llamado a ejercer el voto como un acto de recuperación ciudadana: “Este 12 de abril, recuperemos nuestro voto, recuperemos la democracia”.
Por su parte, Lely Mozambique, de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar del Perú, alertó sobre la difusión de narrativas de fraude sin sustento. Asimismo, se informó que los jóvenes definirán también el rumbo del país, y su participación informada es clave frente a lo que hoy están demandando.

Elecciones con garantías de transparencia

Las organizaciones subrayaron que el proceso electoral cuenta con mecanismos de supervisión nacional e internacional que garantizan su transparencia, lo que permite confiar en que los comicios se desarrollarán de manera libre y segura. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía, especialmente a los miembros de mesa, a cumplir un rol activo en el resguardo del voto y la legitimidad del proceso.
La conferencia concluyó con un mensaje unificado desde todos los espacios ciudadanos: “Este 12 de abril, salgamos a votar. El país que queremos se construye con nuestro voto.

En un contexto marcado por la crisis institucional y el inicio de un nuevo ciclo político, especialistas nacionales y regionales lanzaron una advertencia contundente: el Perú avanzó en descentralizar el gasto, pero no en mejorar la vida de la ciudadanía.

Este fue el mensaje central del evento “Descentralización fiscal: avances y desafíos”, realizado en Tarapoto como parte de la iniciativa “El Estado en el Territorio: Nuevas rutas para la descentralización”, impulsada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) y el Programa GFP Subnacional, apoyado por Suiza, a través de su Cooperación Económica e implementada por el Basel Institute on Governance y contó con el apoyo de la Universidad Nacional de San Martín.

El evento se desarrolló en dos paneles complementarios. El primero abordó los desafíos estructurales de la descentralización fiscal; el segundo analizó el desempeño de los fideicomisos en la Amazonía, mostrando evidencia concreta desde el territorio.

En el primer panel, los especialistas coincidieron en que la descentralización fiscal en el Perú es altamente dependiente, desordenada y con bajo impacto. Aunque los gobiernos subnacionales ejecutan cerca del 41% del gasto público, el 95% del presupuesto de los gobiernos regionales proviene de transferencias del Gobierno central. Además, solo el 2.7% de los ingresos tributarios del país es recaudado por gobiernos subnacionales.

El economista Carlos Casas señaló que el problema no es la falta de recursos, sino cómo se asignan y se usan. “Hemos duplicado el gasto, pero no sabemos si ha mejorado el bienestar”, advirtió. Esta preocupación fue respaldada por cifras que evidencian la crisis de calidad del gasto: más de 2,300 obras paralizadas que comprometen más de 30 mil millones de soles, y seis de cada diez inversiones que no estaban previstas en la planificación.

Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana reforzó esta idea al afirmar que el Estado gasta más, pero no necesariamente mejor, mientras que Armando Mendoza subrayó que sin ingresos propios no existe una verdadera descentralización y que el poder sigue concentrado en el nivel central.

Epifanio Baca, coordinador de proyectos del Grupo Propuesta Ciudadana

A partir del debate, se plantearon rutas claras: fortalecer los ingresos propios de gobiernos locales, ordenar la inversión pública, priorizar la mejora de los servicios al ciudadano, mejorar capacidades técnicas del Estado, mayor articulación entre los tres niveles del gobierno y crear mecanismos de estabilidad frente a la volatilidad del canon.

El segundo panel trasladó estas reflexiones al territorio amazónico, evidenciando una fuerte contradicción en el uso de fideicomisos.  Por un lado, el caso de San Martín muestra resultados positivos. El fideicomiso regional supera los 92 millones de soles anuales proyectados para 2025 y permite financiar inversión estratégica con reglas claras y transparencia, incluso apalancando financiamiento internacional.

En cambio, en Loreto la situación es distinta. A pesar de contar con recursos significativos del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y de los fideicomisos, los resultados son limitados. La pobreza monetaria se mantiene alrededor del 43%, persisten altos niveles de anemia y no se han logrado mejoras sustantivas en servicios básicos.

El especialista Roger Grandez alertó que, con el Fideicomiso Indígena, se están priorizando obras urbanas, como plazas, asfaltados de pistas y compra de maquinaria, en lugar de inversiones orientadas a cerrar brechas en agua, energía o salud, especialmente para las comunidades indígenas. Esta situación refleja problemas de gobernanza en el manejo del Fideicomiso Indígena: falta de transparencia, débil rendición de cuentas y ausencia de indicadores de resultados.

Economista Roger Grandez

El contraste entre ambas regiones deja una lección clara: los instrumentos financieros existen y los recursos están disponibles, pero sin una gestión adecuada y sin alineamiento con las necesidades reales de la población, su impacto es limitado.

El evento concluyó con un llamado estratégico en un año electoral:  es urgente mejorar la recaudación de ingresos y la calidad del gasto. Este es uno de los principales desafíos del Perú y ello requiere: una mejor priorización de la asignación de los recursos a nivel nacional y subnacional con criterios de cierre de brechas y eficiencia; fortalecer la gobernanza territorial y las capacidades del Estado en todos sus niveles; y vincular el gasto con resultados concretos. Una descentralización fiscal efectiva es clave para recuperar la confianza ciudadana en el Estado.

En el marco de la presentación del estudio “Democracia y Tributación Justa: la agenda pendiente hacia la adhesión del Perú a la OCDE”, elaborado por el Grupo de Justicia Fiscal Perú, un espacio que analizó la relación entre democracia y política fiscal, especialistas advirtieron la necesidad de impulsar reformas urgentes para fortalecer el sistema tributario en el Perú, en un contexto marcado por el aumento indiscriminado de beneficios tributarios y el debilitamiento institucionalidad democrática.

Desde el Grupo de Justicia Fiscal se planteó la importancia de avanzar hacia un sistema tributario más progresivo, lo que implica revisar y reducir las exoneraciones tributarias. Asimismo, se destacó la necesidad de mejorar el esquema tributario en sectores como el minero que goza de altas cotizaciones, pero cuyo aporte tributario no está aumentando como se esperaría, lo que evidencia fallas o debilidades en el desempeño de la SUNAT.

Epifanio Baca, coordinador de proyectos en GPC, representante del GJF

Durante el evento, Catherine Eyzaguirre, destacó que el Perú deja de recaudar más de S/20 mil millones anuales debido a beneficios tributarios. El gasto tributario —que refleja los ingresos que el Estado deja de percibir por exoneraciones y tratamientos especiales— ha crecido de manera sostenida, pasando de S/12 mil millones en 2011 a más de S/20 mil millones en 2025 en términos reales, superando el 2% del Producto Bruto Interno.

La tendencia al aumento del gasto tributario está asociada con el creciente rol del Congreso en la aprobación de medidas tributarias, sin tomar en cuenta la opinión técnica del ente rector, el MEF. Entre 2021 y 2025 se aprobaron 40 leyes en esta materia, en su mayoría orientadas a otorgar beneficios fiscales en favor de grupos de interés particulares.

La Economista Eyzaguirre advirtió que este proceso se da en un contexto de debilitamiento democrático. “Cuando la vitalidad de la democracia se reduce, se incrementan las medidas tributarias regresivas que no contribuyen a fortalecer el sistema tributario”, explicó.

Catherine Eyzaguirre, Econ. consultora a cargo del estudio

Por su parte, la congresista Flor Pablo enfatizó la importancia de promover una mayor conciencia cívica y abrir el debate público sobre el impacto de las exoneraciones tributarias en el país.

En la misma línea, Miryam Yepes del MEF, destacó la necesidad de continuar con una agenda de reformas alineada a estándares internacionales como los de la OCDE, que incluya la reducción de beneficios tributarios ineficientes, el fortalecimiento de la lucha contra la evasión, la mejora de la tributación empresarial, la simplificación del sistema tributario y un mayor equilibrio entre las rentas del trabajo y del capital.

A su turno, el economista Germán Alarco advirtió que el Perú mantiene una de las presiones tributarias más bajas de la región. “Mientras el país alcanza alrededor del 17% del PBI, el promedio de América Latina es 21,2% y el de la OCDE 33,9%”, indicó, subrayando la brecha existente. Para que el Perú se nivele con la presión tributaria de países vecinos como Chile y Colombia, necesita recaudar 14,000 millones de dólares adicionales por año.

Finalmente, Narda Carranza remarcó que el problema de la regresividad tributaria no es únicamente técnico, sino también político. Señaló que el retroceso democrático, el debilitamiento del equilibrio de poderes y la baja pluralidad están incidiendo en las decisiones tributarias, lo que limita la posibilidad de construir un sistema más equitativo de distribución de los gastos, mediante la mejora de servicios esenciales de salud y educación para los ciudadanos.

En ese contexto, especialistas coincidieron en que es necesario retomar una agenda de reformas que fortalezca la institucionalidad y recupere el equilibrio de poderes como condiciones clave para avanzar hacia un sistema fiscal más justo y sostenible, y un nuevo pacto fiscal que devuelva la confianza a los ciudadanos.