Culmina el curso “Transición Energética Justa y Gobernanza del Petróleo en Loreto” con análisis sobre fideicomisos y desarrollo territorial
Este miércoles 23 de abril de 2025 concluyó el curso presencial “Transición Energética Justa y Gobernanza del Petróleo en Loreto”, desarrollado durante cuatro sesiones semanales en la ciudad de Iquitos.
El curso estuvo dirigido a representantes de diversos sectores de la sociedad loretana —como sociedad civil, sector público, empresas, comunidades indígenas, universidades y medios de comunicación— y reunió a más de 30 participantes comprometidos con el desarrollo sostenible y la gobernanza de los recursos naturales en la región.
Su objetivo fue generar un espacio de intercambio y discusión informada sobre la problemática petrolera, la transición energética justa y los desafíos del desarrollo regional en Loreto, incorporando la participación de actores de todos los sectores involucrados.
Última sesión: Fideicomisos y gestión de fondos para el desarrollo
La sesión final del curso abordó el tema de los fideicomisos vinculados a la actividad petrolera, donde se presentaron los dos principales mecanismos actualmente vigentes en Loreto:
- El Fondo 2.5% Puinahua (Lote 95, operado por Petrotal Perú S.R.L.), y
- El Fondo 2.5% compartido del Lote 8 (vinculado a Upland Oil and Gas L.L.C.).
Ambos fondos de carácter privado nacen de acuerdos entre comunidades y empresas, y son gestionados por juntas elegidas por las propias comunidades, quienes definen el destino de los recursos.
También se analizó el Fideicomiso Indígena, un fondo público creado como parte del Plan de Cierre de Brechas, con recursos del Estado peruano por un valor aproximado de S/ 6,000 millones hasta 2049, destinados a 26 municipalidades y administrado por un Consejo Directivo.
Reflexiones finales: oportunidad y desafío
Durante la sesión, las y los participantes destacaron que ambos tipos de fondos —a pesar de sus diferencias— son fruto de la lucha de las comunidades por el reconocimiento de sus derechos y por una mayor equidad en la distribución de los beneficios generados por la actividad petrolera. También coincidieron en que, aunque representan una oportunidad única para el desarrollo descentralizado, enfrentan importantes retos de gestión, transparencia y articulación intergubernamental.
Durante la cuarta y última sesión, se concluyó con una reflexión compartida: el rol activo de las comunidades será clave para garantizar que estos recursos realmente contribuyan al desarrollo territorial y al cierre de brechas en Loreto.
Este curso fue organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana y Prospectiva Amazónica, con el apoyo de la Fundación Moore y NRGI (Natural Resource Governance Institute), en el marco del proyecto “Fortaleciendo la gobernanza de las industrias extractivas en la amazonía peruana”.
Foro público en Arequipa para discutir la descentralización fiscal y la recaudación municipal
- Arequipa: Solo el 12.2% del presupuesto de los municipios proviene de su propia recaudación de impuestos.
- A nivel nacional, apenas el 2.7% de los impuestos que se recaudan provienen de lo que cobran las municipalidades. El especialista Armando Mendoza, investigador del Grupo Propuesta Ciudadana, advierte que esto provoca dependencia económica y política de las autoridades locales, lo que no representa una descentralización real de los recursos.
Muchas son las quejas de los ciudadanos por los pésimos servicios de limpieza, recojo de basura o mantenimiento de parques en sus distritos. Y en contraparte, la queja de las comunas es que los vecinos no pagan sus impuestos y arbitrios, por lo que se les hace difícil brindar servicios de calidad. «Un círculo vicioso que está afectando a todos», es lo que aseguró el investigador del Grupo Propuesta Ciudadana, Econ. Armando Mendoza Nava. Pues resulta que apenas el 2.7 % de impuestos en todo el país proviene de las municipalidades; mientras que el otro porcentaje lo recauda la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat) porque el proceso de descentralización no fue efectivo.
Mendoza Nava presentó este miércoles el estudio “Descentralización Fiscal y Recaudación Municipal” en un foro público realizado en el auditorio Richard Webb de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Durante su exposición advirtió las deficiencias que tienen los municipios para recaudar impuestos, pero advirtió que esto se debe a la falta de una reforma tributaria, que permita a las comunas tener más independencia para administrar sus recursos y no depender tanto del Gobierno Nacional. Solo por dar un ejemplo, de las casi 1900 municipalidades que hay en el país, solo 116 concentran el 77% de los tributos municipales que se recaudan.
El especialista advirtió además un círculo vicioso entre la recaudación tributaria y la morosidad de los ciudadanos. “Mientras los ciudadanos dicen que no pagan sus impuestos porque los municipios no cumplen con brindar servicios de calidad, estos acusan que no pueden mejorar los servicios mientras no tengan mejores ingresos”, dijo el economista. En tanto, sugirió que la iniciativa de mejora, para alentar a que los vecinos paguen sus impuestos, debe empezar de las autoridades.
También manifestó que esta deficiencia provoca no solo dependencia económica de los municipios, sino dependencia política. “Si dependo del dinero que me llega de Lima, ¿qué autonomía tengo, qué simetría, qué igualdad, si tengo que estar bien con el ministro, con el gobernante de turno?”, indicó y agregó Mendoza. “Quien recauda es la Sunat, luego administra y distribuye el Ministerio de Economía y Finanzas. Quien maneja la bolsa es el Gobierno Nacional, no hay una real descentralización”.
Y la situación en Arequipa es un poco mejor, pero no tan distinta. De cada 100 soles que se gastan, 12.2 soles (en promedio) provienen de los impuestos que las municipalidades recaudan. La mejor performance la tiene la municipalidad provincial de Arequipa, ya que más del 41.3% de su presupuesto proviene de la recaudación tributaria; sin embargo, otras municipalidades provinciales de la región no corren con la misma suerte, presentando cifras muy bajas de recaudación tributaria, como Condesuyos (Chuquibamba), donde este concepto alcanza el 1%, o La Unión (Cotahuasi), donde la recaudación es del 2%, haciéndolas dependientes de las transferencias del Gobierno Nacional y de otras fuentes volátiles como el canon y las regalías mineras.
La presentación fue comentada por un panel de especialistas, quienes coincidieron en que se necesita hacer una reforma. Víctor Silva de CONECTAMEF señaló que la situación actual genera clientelismo en los gobiernos locales y regionales, señalando que deberían impulsarse cambios normativos. Por su parte, la catedrática de la Facultad de Economía, Erika Velásquez, señaló que los gobiernos locales no están a la altura y que debería mejorar la capacidad profesional para mejorar la eficacia del gasto público. Finalmente, el especialista en gestión municipal, Jorge Condori, indicó que efectivamente el Ejecutivo es el que maneja el 64% del presupuesto y que no es justo que 1821 gobiernos locales tengan que manejar solo el 15% del presupuesto nacional, pues muchas veces el Foncomun no alcanza ni siquiera para cubrir sueldos. Añadió que se necesita hacer cambios a la ley de municipalidades, considerando que las realidades son distintas a nivel nacional.
Finalmente, Armando Mendoza, sugirió algunas propuestas con el fin de mejorar la recaudación. En principio, dijo que el mayor ingreso que deberían tener las comunas es por los impuestos prediales; es decir, del impuesto por las propiedades o casas. Para ello, los municipios deberían invertir para contar con un catastro predial actualizado y bien señalizado y categorizado. De esa forma se podría sincerar el cobro de este tipo de impuestos. Además, el gobierno nacional debe ayudar a los municipios a mejorar la calidad de los servicios básicos que se brindan, con el fin de que la población tenga un incentivo para acudir a pagar los impuestos. Incidió en que el estudio no pretende animar confrontaciones ni buscar culpables, sino buscar un diálogo para comenzar un proceso paralelo para mejorar el ingreso y el gasto de forma paralela, desconcentrando el poder, pues todos estamos en el mismo barco.
Este foro fue coorganizado por el Grupo Propuesta Ciudadana, descosur y la Facultad de Economía de la UNSA. Descosur y Propuesta Ciudadana están llevando estos foros a las universidades para que los alumnos en formación tengan la oportunidad de dialogar con especialistas y conocer de cerca estudios de la realidad política, económica y social de nuestro país.
Pronunciamiento: Coalición autoritaria y conservadora atenta contra la democracia y la autonomía de la sociedad civil
El Congreso y el Ejecutivo acaban de promulgar una ley que atenta contra la cooperación internacional. Se trata de una norma inconstitucional cuyo objetivo es silenciar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil. Su aplicación vulnera derechos fundamentales, como la libertad de asociación, la participación ciudadana y la libertad de expresión.
Ante esta situación, diversas organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo a una ley que socava la democracia y el Estado de derecho.
Desde el inicio, hemos alertado sobre los riesgos que esta legislación implica:
- Vulneración de la libertad de asociación, al imponer el registro obligatorio ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional–APCI y permitir que esta entidad lo cancele sin orden judicial, en flagrante violación del debido proceso y en un contexto que propicia la persecución.
- Amenaza de cierre, mediante sanciones arbitrarias y desproporcionadas, así como el establecimiento de trabas burocráticas que limitarán drásticamente la capacidad de acción de las organizaciones, afectando directamente a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
- Negación del derecho a la defensa de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, al prohibir que las organizaciones litiguen contra el Estado, obstaculizando el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
- Intento de silenciar a la sociedad civil que trabaja en derechos humanos, igualdad, democracia y lucha contra la corrupción, bajo el pretexto de mejorar la fiscalización y la transparencia, funciones que la APCI y otras entidades ya cumplen. En realidad, se busca consolidar un mecanismo de censura que impida denunciar los abusos de poder en el Estado.
- Conversión de la APCI en un instrumento de censura, al exigir autorización previa para proyectos en alianza con entidades privadas e internacionales, así como para convenios con instituciones públicas.
Afirmamos que esta ley es inconstitucional, autoritaria y discriminatoria, además de atentar contra el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la construcción de un país más justo y equitativo.
Hacemos un llamado a la sociedad civil, a los actores internacionales, a las autoridades responsables y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y rechazar cualquier acción que debilite el Estado de derecho y deje a la población en una mayor situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sociedades se fortalecen con voces libres y críticas, no con leyes que buscan silenciarlas. Seguiremos luchando sin temor por los derechos de los vulnerables, denunciando injusticias y exigiendo un Estado transparente, justo y respetuoso de la legalidad.
¡Defendamos la democracia y la libertad de asociación!
#NoNosCallarán #DerogatoriaYA
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Municipalidades de Áncash solo recaudan el 3.4% de su presupuesto: estudio revela precariedad fiscal
(Huaraz 01 de abril de 2025). En la región Áncash, la recaudación tributaria de las 166 municipalidades representa, en promedio, solo el 3.4% de su presupuesto total, siendo su principal fuente de financiamiento el canon y las regalías, seguidos del Foncomun y otras transferencias del Gobierno nacional, según el estudio Tributación municipal en un contexto de precariedad fiscal, elaborado por el Grupo Propuesta Ciudadana (GPC).
Algunas municipalidades, como Huaraz y Chimbote, superan este promedio y alcanzan hasta un 15% de recaudación, gracias a su mayor actividad económica. En contraste, otras jurisdicciones, como la municipalidad distrital de Marcos y las municipalidades provinciales de Recuay y Huari, no logran recaudar ni el 1% de su presupuesto.
Entre los principales obstáculos que enfrentan las municipalidades de Áncash para mejorar su recaudación tributaria destacan la falta de capacidades y recursos, la ausencia de un catastro urbano, el alto nivel de informalidad, el escaso desarrollo socioeconómico y la dispersión de la población rural, entre otros factores.
Los resultados de este estudio fueron presentados hoy en el foro «Descentralización fiscal y recaudación municipal», realizado en la ciudad de Huaraz y organizado por el GPC, el Colegio de Sociólogos sede Áncash, la Mancomunidad Municipal Hatun Huaylas y el Colegio de Ingenieros de Huaraz. Durante el evento, también se discutieron diversas estrategias para fortalecer los ingresos municipales.
El decano presidente de Conrede Áncash, Teodosio Ramírez Chávez Past, señaló la necesidad de implementar una cultura tributaria, establecer un proceso de fiscalización permanente e impulsar un ordenamiento territorial para optimizar la recaudación tributaria.
Por su parte, el economista Hebert Peláez Cruzado, de la Facultad de Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), destacó la importancia “potenciar iniciativas legislativas para cambiar el proceso de descentralización fiscal y que el Gobierno central trabaje articuladamente para mejorar este tema”.
En la misma línea, el CPC Alejandro Macedo Hurtado, representante del Colegio Profesional de Contadores Públicos de Huaraz, enfatizó la necesidad de mejorar los mecanismos y políticas de recaudación del impuesto predial para garantizar la sostenibilidad de las demandas ciudadanas.
El CPC Richard Jaimes Cáceres, gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Independencia-Huaraz, informó que “la recaudación tributaria en dicha municipalidad ha mejorado, logrando captar 4 millones de soles en el primer trimestre del 2025. Además de duplicarse los montos entre 2022 y 2024”. Este aumento, subrayó, ha permitido fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar el servicio de limpieza pública.
Finalmente, Armando Mendoza Nava, autor del estudio finalizó el evento recomendando que los actuales programas de incentivos a las municipalidades continúen su proceso de expansión de forma sostenida, especialmente en lo referente a recaudación del impuesto predial.
Presentación
Existe gran interés sobre la energía en Loreto y la problemática asociada al sector petrolero, en particular de grupos vinculados directa e indirectamente con el tema, pues son temas públicos de larga data y existe un debate permanente sobre las soluciones y alternativas.
Uno de esos problemas públicos en Loreto es la conexión energética al Sistema Eléctrico de Interconexión Nacional (SEIN) cuya fecha es incierta, al punto que en Iquitos existe un grupo de profesionales elaborando la propuesta de Geotermia bajo la denominación de APROENER (Asociación de Profesionales de Energías Renovables) como alternativa de solución al suministro de energía para Loreto-Iquitos. Respecto a la actividad petrolera, las preocupaciones más sentidas de las poblaciones impactadas por la actividad son la remediación ambiental, el nuevo esquema de reparto del canon petrolero, el plan de cierre de brechas (llamado también Fideicomiso indígena), el Fondo de desarrollo 2.5% del lote 95, 8 y 192, y la gobernanza del recurso en el territorio loretano, dada la gran convulsión que hoy existe en los lotes 192 y 8. Este sector es más amplio y abarca a organizaciones indígenas, comunidad estudiantil, investigadores académicos y expertos petroleros. Respecto a la comunidad estudiantil, se creó el Capítulo Estudiantil de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo (SPE) de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) desarrollando en octubre 2024 la II Semana PetroAmazonica; además, actualmente existe una mesa técnica sobre energía, creada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
En este contexto, el Grupo Propuesta Ciudadana y Prospectiva Amazónica, en el marco del proyecto “Fortaleciendo la Gobernanza de las IIEE en la Amazonía Peruana”, vemos necesario organizar el curso “Transición energética justa y gobernanza del petróleo en Loreto”, dirigido a un grupo heterogéneo de representantes de diversos sectores de la sociedad loretana.
Objetivo
Promover un espacio de discusión e intercambio de información sobre la problemática petrolera y el desarrollo regional en Loreto, con la participación de actores informados de todos los sectores involucrados: empresas, sector público, sociedad civil, universidades, comunidades indígenas y medios de comunicación dedicados a la investigación.
Metodología
- La metodología combina exposiciones breves, diálogo e intercambio con especialistas y participantes, generando un ambiente de discusión constante.
- Se organizarán mesas de discusión con dos o tres expertos, quienes abordarán los temas expuestos en una relación de 40-60.
- El expositor o los expositores cubrirán el 40% del tiempo programado.
- El 60% restante estará abierto a comentarios de expertos, quienes interactuarán con el resto de los participantes.
Este espacio clave para impulsar un desarrollo energético y regional sostenible en Loreto, es realizado con el apoyo de Natural Resource Governance Institute (NRGI) y Gordon and Betty Moore Foundation.
Para más información, descarga nuestro brochure informativo.
MUNICIPALIDADES EN CRISIS: SOLO EL 3% DE LA RECAUDACIÓN NACIONAL PROVIENE DE GOBIERNOS LOCALES
(Cajamarca, 21 de marzo de 2025). Un reciente estudio del Grupo Propuesta Ciudadana (GPC), elaborado por el economista Armando Mendoza Nava, revela la grave precariedad fiscal de las municipalidades en el Perú. Según el informe “Tributación municipal en un contexto de precariedad fiscal”, menos del 3% de la recaudación nacional proviene de los gobiernos locales, lo que los mantiene altamente dependientes del Gobierno central y limita su autonomía financiera.
El estudio, presentado en el foro “Descentralización fiscal y recaudación municipal” en Cajamarca, organizado por Cedepas Norte y Grupo Propuesta Ciudadana expuso que más del 90% del presupuesto municipal proviene de transferencias como el Foncomun, canon y regalías, mientras que la recaudación del impuesto predial es mínima. Además, 116 municipalidades concentran el 77% de los tributos municipales, dejando a 1,758 municipios con apenas el 23% restante.
Entre las principales propuestas discutidas en el evento, el alcalde del distrito de Magdalena, Wilser Carmona planteó aumentar la asignación del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) del 2% al 4%, mientras que Cristina Chambizea de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) destacó contradicciones en la distribución de recursos y propuso una reforma tributaria para mejorar la equidad en la asignación de fondos. Por su parte, el exalcalde provincial de Cajamarca, Andrés Villar subrayó que la descentralización mejora la eficiencia, pero requiere un sistema tributario más junto y personal municipal capacitado, mencionando las limitaciones de Cofopri en la gestión del catastro.
El economista Armando Mendoza también propuso una reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) con una regulación más equitativa, pues actualmente hay sectores con cargas tributarias desbalanceadas. Además, destacó la necesidad de modernizar el Estado mediante la profesionalización del servicio civil, lo que permitiría mejorar la gestión local.
Finalmente, el evento concluyó con la advertencia de que en Cajamarca persisten brechas fundamentales en agua, salud y saneamiento. La alta informalidad dificulta la recaudación y limita el desarrollo local. Los panelistas coincidieron en que se requieren reformas urgentes para fortalecer la autonomía financiera de los municipios y garantizar servicios de calidad para los ciudadanos.
CRISIS EN LA INVERSIÓN PÚBLICA: OBRAS PARALIZADAS, SOBRECOSTOS Y FALTA DE PLANIFICACIÓN
¿Por qué los proyectos de inversión pública no se concluyen dentro de los plazos y presupuestos establecidos? ¿Qué falla en los procesos de inversión pública? ¿Cómo mejorar la gestión de las inversiones financiadas con los recursos del canon y las regalías mineras?
(Cusco, 13 de marzo de 2025). Estas y otras interrogantes fueron analizadas en la presentación del estudio “Hacia un nuevo modelo para mejorar la gestión de las inversiones descentralizadas”, organizado por Grupo Propuesta Ciudadana (GPC), el Centro Bartolomé de Las Casas y el Colegio de Economistas de Cusco. La presentación estuvo a cargo del exgobernador regional, Jean Paul Benavente García y panelistas expertos en inversión pública.
Eloy Durán, director general de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), advirtió que es necesario mejorar la calidad de las inversiones en los tres niveles de gobierno y fortalecer su articulación con el sector privado, incorporando mejores mecanismos de participación ciudadana. Asimismo, señaló que muchos expedientes técnicos presentan deficiencias en su formulación y que numerosos proyectos de inversión pública no se están cerrando adecuadamente. Informó que en febrero de este año se emitió una norma para regular el cierre de proyectos, la cual establece que al menos 10,200 inversiones en gestión pública deben concluirse en 2024, de un total de 14,000. Sin embargo, alertó que solo uno de cada seis proyectos cuenta con expediente técnico. Finalmente, destacó que el cierre de los proyectos no se limita a la ejecución de la obra, sino que debe garantizar su operatividad y calidad en beneficio de la población.
Jean Paul Benavente, exgobernador de Cusco, advirtió que más de 2,500 obras están paralizadas en el país, lo que evidencia que las inversiones no están cumpliendo su objetivo de brindar servicios públicos a la ciudadanía. Señaló que los proyectos demoran más de lo previsto, incrementan sus costos y muchos quedan trabados. Además, criticó la falta de articulación entre los planes de desarrollo y la planificación territorial, lo que afecta la eficiencia de la inversión pública. Advirtió también que la corrupción surge cuando las autoridades deciden discrecionalmente qué proyectos ejecutar sin procesos participativos. Finalmente, afirmó que el modelo Invierte.pe no está funcionando y que debe alinearse con la nueva Ley de Contrataciones del Estado para agilizar la ejecución de inversiones.
“Los expedientes técnicos están teniendo serias observaciones que generan retrasos y trabas para empezar incluso con un determinado proyecto. Entonces una alternativa sería el de avanzar en paralelo la formulación de los expedientes con la ejecución, además de identificar mejor las necesidades de inversión pública en una localidad”, expresó Benavente, a la vez que añadió que los recursos del canon que hoy tenemos deben ser invertidos con un propósito claro, el de generar un desarrollo integral en favor de la población, porque ese es el objetivo de Invierte.pe, mejorar la selección y planificación de proyectos para reducir brechas sociales e infraestructura en el país.
Federico Tenorio Calderón, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana (GPC), señaló que su institución promovió una revisión de los sistemas de inversión, centrada en el modelo Invierte.pe, vigente desde el 2016. En el estudio “Hacia un nuevo modelo para mejorar la gestión de las inversiones descentralizadas”, se identificaron los principales problemas y cuellos de botella que impiden la conclusión de los proyectos, debido a que no priorizan el cierre de brechas, que debería ser el objetivo central de la gestión pública.
Tenorio Calderón explicó que el estudio propone varias recomendaciones, entre ellas: reorientar la inversión pública desde un enfoque territorial, identificando potencialidades y brechas para que los tres niveles de gobierno coordinen adecuadamente el uso de los recursos; armonizar los sistemas administrativos, que actualmente operan de manera desarticulada; y garantizar una gobernanza en la inversión pública, donde la población participe activamente en la identificación de sus necesidades y la toma de decisiones.
Nancy Yuca, gerenta de Planificación de la Municipalidad Provincial de Cusco, señaló que para mejorar la gestión pública es fundamental evaluar la calidad de los expedientes técnicos. Advirtió que existe una gran brecha entre la formulación de los proyectos de preinversión y el expediente técnico, ya que ambos se aprueban con montos económicos distintos que, en la práctica, nunca coinciden. Asimismo, cuestionó que la Ley de Contrataciones del Estado resulte perjudicial para los intereses del propio Estado y enfatizó la necesidad de establecer mecanismos de sanción para los proveedores que incumplen plazos, impidiéndoles participar en nuevos procesos de selección.
El estudio mencionado ya fue socializado en Cajamarca, Arequipa, Apurímac, Junín y Lima, y podría servir como referente para una política pública que permita al Gobierno Nacional acelerar las inversiones públicas. Este trabajo fue elaborado por GPC con la participación de más de 15 expertos en inversión pública, con el respaldo de la Cooperación Alemana (GIZ) y el Natural Resource Governance Institute.