- El Congreso de la República implementa, sin ninguna consideración a su gran ilegitimidad, su programa de captura del sistema de justicia del país para, a través de él, avanzar en la captura de los órganos electorales. Ahora, la Comisión Permanente acaba de aprobar el informe final de destitución e inhabilitación por 10 años de TODOS los miembros de la Junta Nacional de Justicia, argumentado una infracción del artículo 156 de la Constitución sobre el requisito de 75 años como edad máxima para acceder a ella como integrante, interpretando interesadamente lo que era claramente un requisito para postular a un cargo con un mandato por cinco años.
- La decisión liderada por la coalición fujicerronista, aliada con APP, Avanza País y Renovación Popular le deja al Pleno del Congreso el golpe final para la captura de las instituciones constitucionalmente autónomas y el fin del equilibrio de poderes. Imponiendo una vez más la fuerza que tienen sus votos sobre cualquier razón, el Congreso continúa avasallando y avanzando en su pretensión del control absoluto de la institucionalidad, debilitando cada vez más nuestra precaria democracia en función a sus intereses y su impunidad, destruyendo lo poco que queda del Estado de Derecho
- Este programa de captura del poder lo hemos visto antes, con el Congreso que acompañó el gobierno dictatorial fujimorista en la década de los 90. Entonces como ahora, el primer paso fue recortar el derecho ciudadano de referéndum, obligando a pasar las iniciativas por el Congreso. Luego, el control de Tribunal Constitucional y los órganos jurisdiccionales. Ello permitió lo que se busca ahora: impunidad y control de los organismos electorales.
- En medio de la innegable crisis que vive la JNJ, llamamos a pronunciarnos y movilizarnos contra este nuevo quiebre institucional que pretenden los congresistas. Lo que está en juego es el futuro de nuestra democracia, nuevamente despojada de contenido por los ataques y avances del actual pacto político y económico autoritario En el 2000, fue la movilización ciudadana de los 4 suyos del Perú lo que detuvo ese proyecto antidemocrático. Hoy, también es necesario que desde todos los rincones del país, ciudadanas y ciudadanos indignados nos movilicemos en defensa de la democracia y la participación.
Lima, 28 de febrero de 2024.
Suscriben:
- Grupo Propuesta Ciudadana
- Alternativa Centro
- Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES
- Centro Bartolomé de las Casas CBC
- Cedepas Norte
Las organizaciones abajo firmantes, conscientes de que nos encontramos frente al cogobierno de una coalición que busca impunidad para sus delitos, que ha demostrado su vocación autoritaria e incapacidad de gestión para enfrentar los problemas que afectan a la mayoría de nuestra sociedad, nos pronunciamos frente al creciente deterioro democrático, el acoso a la libertad de expresión, la profundización de la inseguridad y la recesión económica, exigiendo:
- JUSTICIA para las víctimas de las masacres perpetradas en contra de las poblaciones, principalmente andina, que ejercían su derecho a la protesta en Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Junín, La Libertad, Arequipa y Lima (50 personas asesinadas, 1,200 heridas, cientos de detenidas y criminalizadas) durante diciembre 2022 y enero 2023, por acción del actual gobierno a través de las fuerzas policiales y militares.
- JUSTICIA para las víctimas de violencia de género y feminicidio, delitos que se han incrementado en el 2023 (165 feminicidios, 21,585 violaciones y casi 10,000 desaparecidas). Llamamos a la inmediata actuación del Estado, con un enfoque preventivo, sancionador y reparador.
- JUSTICIA para las familias de los defensores ambientales asesinados, la aplicación de la consulta previa y la inmediata derogatoria de la Ley Antiforestal, por atentar contra los pueblos originarios e indígenas, cuyos territorios y formas de vida se han visto nuevamente amenazadas por el Congreso de la República que entrega sus territorios a las mafias del narcotráfico, la tala indiscriminada, la minería contaminante y la trata de personas.
- JUSTICIA frente al ecocidio sistemático como los derrames de petróleo, relaves mineros y diversas formas de contaminación de nuestros mares y ríos que destruyen la tierra, la vida y nuestra biodiversidad. Apostamos por una agricultura sostenible y sustentable que garantice nuestra seguridad alimentaria, y exigimos normas que resguarden la vida.
- JUSTICIA hídrica en el acceso al agua potable y el saneamiento, especialmente para los sectores populares, siendo un derecho humano básico que el Estado debe garantizar, con participación social de los representantes de los trabajadores en los directorios e instancias de decisión.
- JUSTICIA para las y los trabajadores, especialmente los jóvenes, que enfrentan una mayor precarización laboral, con un sistema en que sectores de la juventud ve reducidas sus oportunidades de ingreso al mercado laboral por efecto de la recesión, el desempleo y el incremento de la jubilación obligatoria de 70 a 75 años. Reivindicar la agenda de libertad sindical, negociación colectiva, seguridad y salud en el trabajo.
- JUSTICIA para las víctimas de la inseguridad ciudadana, enfrentando el incremento de las bandas nacionales y transnacionales de delincuentes que asesinan, secuestran y extorsionan a trabajadores y comerciantes, poniendo en riesgo a las familias, barrios y comunidades. Estos delitos suceden frente a la pasividad y, en algunos casos, la complicidad de la policía y el sistema de justicia. La vida no es una mercancía.
Por ello, nos dirigimos a las organizaciones sociales, a las instituciones públicas y privadas, así como a la ciudadanía en general a unirnos, promover espacios de diálogo y propuesta, así como movilizarnos para enfrentar la creciente estrategia autoritaria y luchar por lograr verdadera JUSTICIA y DEMOCRACIA para nuestro país.
Lima, febrero 2024.
Firman:
- Asamblea Nacional de los Pueblos-ANP
- Asociación Nacional de Centros-ANC
- Central Unitaria de Trabajadores del Perú, CUT PERÚ
- Coalición Ciudadana-CC
- Confederación General de Trabajadores del Perú-CGTP
- Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha-CNUL
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDHH
- Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresistas-COIP
- Coordinadora Anticapitalista
- Colectivo Mariateguista «Libertad con Justicia Social»
- Equipos Docentes del Perú (EDOP)
- En Movimiento
- Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú-FENTAP
- Fuerza Ciudadana
- Foro Educativo
- Grupo Propuesta Ciudadana
- Movimiento Nuevo Perú por el Buen Vivir
- MUP-Movimiento por la Unidad de los Pueblos
- Partido de Todos
- Plataforma de Comercio Justo y Consumo Ético de Perú
- Red Sin Fronteras (RSF)
- Alfombra Roja Perú
- Alternativa-Centro de Investigación y Educación Popular
- Asociación Arariwa
- Asociación Pro Derechos Humanos-APRODEH
- Asociación Mujer Esperanza de Villa El Salvador
- Asociación Fe y Derechos Humanos FEDERH
- Asociación civil JAPIQAY, memoria y Ciudadanía
- CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo
- Centro de la Mujer Peruana «Flora Tristán»
- Centro de Desarrollo Étnico
- CENDIPP
- Centro Bartolomé de Las Casas-CBC
- Centro de Comunicación Popular y Promoción del Desarrollo de Villa El Salvador
- Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación-CEDEP
- Centro de Estudios para el Desarrollo Regional-CEDER
- Centro Ecuménico de promoción y Acción Social Norte-CEDEPAS Norte
- Colectivo “Por la Constituyente”
- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo-desco
- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur-Descosur
- Colectivo Sonqo Warmi Cusco
- Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia COSDEJ
- Comisión Episcopal de Acción Social-CEAS
- Comisión de Derechos Humanos de Ica
- Comunidad Laical Carlos de Foucauld
- Comunidad Luterana del Perú
- Comité de Derechos Humanos El Agustino
- Comité Distrital Los Olivos de Lima Norte
- CPM Micaela Bastidas
- Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA
- Federación Departamental de Trabajadores del Cusco
- Fomento de la Vida-FOVIDA
- Forum Solidaridad Perú
- Frente Callao Dignidad
- Fundación Ecuménica por el Desarrollo y la Paz-FEDEPAZ
- GRUFIDES
- Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas-GREF
- Instituto de Defensa Legal – IDL
- IPEP CJS Chimbote
- Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica-IDPA
- Movimiento Manuela Ramos
- Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas
- Paz y Esperanza
- Red Muqui
- Red de Trabajadores de las Artes y las Culturas de Lima
- Red Agua Desarrollo y Democracia-REDAD
- Servicios Educativos Rurales-SER
- SEPAR
- SEDYS Trujillo-Perú
- SICSAL-Comité Oscar Romero Perú
- Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal-SUTESAL
- Tejedoras por la Democracia
Cajamarca, 7 de febrero de 2024 — Ayer se llevó a cabo con notable éxito el foro titulado «Gestión de inversiones públicas regionales: problemas y desafíos». Este evento, organizado por CEDEPAS Norte, Grupo Propuesta Ciudadana y el Colegio de Economistas de Cajamarca, congregó a expertos, funcionarios, académicos y líderes de la sociedad civil. El objetivo principal fue discutir los desafíos y oportunidades en la administración de recursos públicos destinados a proyectos de desarrollo en la región.
El foro abordó temas críticos que afectan la ejecución eficiente de inversiones públicas en la región de Cajamarca:
- Baja ejecución de la inversión pública: Se profundizó en la problemática de la baja ejecución de proyectos, identificando las causas subyacentes y proponiendo soluciones para agilizar los procesos de implementación.
- Programación de la cartera de proyectos: Los panelistas debatieron sobre estrategias para optimizar la selección y programación de proyectos con el fin de maximizar el uso de los recursos públicos disponibles.
- Calidad de estudios de preinversión y expedientes técnicos: Se puso el énfasis en la importancia de contar con estudios sólidos y expedientes técnicos de alta calidad para prevenir la paralización de obras, los sobrecostos y los retrasos en los proyectos.
- Operación y mantenimiento de activo: Se resaltó la necesidad de una gestión eficiente y sostenible de los proyectos una vez finalizados, para garantizar la prestación continua de servicios de calidad a la población.
El foro también puso de relieve la relevancia del proyecto «Reforzando la transparencia y las buenas prácticas en el sector extractivo», que promueve una adecuada gestión de los recursos públicos. Se destacó la participación activa de las comunidades en la planificación y seguimiento de inversiones como un factor crucial para prevenir conflictos sociales y asegurar que las necesidades locales sean atendidas.
En resumen, el foro logró su objetivo de fomentar el debate público y generar propuestas concretas para mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión de inversiones públicas en la región. Agradecemos a todos los participantes por su compromiso y esperamos que estas discusiones conduzcan a acciones concretas en beneficio de nuestra comunidad.
