El debate sobre la nueva constitución marcará el gobierno de Pedro Castillo, quien ha propuesto diversas medidas que, de aprobarse, significarían profundos cambios en el rol del Estado: la actividad empresarial, la obtención de rentas de la actividad extractiva y la competencia pública en los préstamos bancarios. Además, el Ejecutivo, a través del premier Guido Bellido, anunció un “plan B” en caso de que el Congreso rechace el proyecto de reforma constitucional para convocar a una Asamblea Constituyente.

La bancada parlamentaria de Perú Libre presentó ayer por la tarde un proyecto de Ley de reforma constitucional para permitir el control de precios. Tanto en campaña electoral como luego de asumir funciones, el actual ministro de Economía Pedro Francke, con la intención de tranquilizar a los mercados, ya había negado la posibilidad de una medida económica de esta naturaleza.

Sin embargo, en un contexto en el que el alza de precios ha llevado a que la inflación registre en julio último su pico más alto desde marzo de 2017, la parlamentaria oficialista Francis Jhasmina Paredes Castro firmó esta iniciativa legislativa que busca poner a debate la modificación de los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución peruana. De acuerdo con la propuesta, se colocarían excepciones a los derechos a la libertad de contratar y a la protección del consumidor.

Así, en caso de declaratoria de emergencia, sería posible modificar los términos contractuales en contratos que involucran bienes y servicios necesarios para atender a la demanda nacional. En el mismo escenario de emergencia, el Estado también estaría autorizado para la regulación del abastecimiento y de los precios de los bienes y servicios producidos por empresas públicas y privadas.

Por otro lado, respecto a las concesiones sobre recursos naturales, el proyecto busca que estas se otorguen a particulares «garantizando a precio regulado el abastecimiento de productos y servicios al mercado nacional y regional en donde se explotan dichos recursos». En este caso, no se menciona como requisito ninguna declaratoria de estado de emergencia.

Las principales propuestas económicas del gobierno de Pedro Castillo implican necesariamente un cambio, al menos en parte, de la Constitución de 1993. Y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para un cambio total de la Carta Magna es el planteamiento del Ejecutivo que más oposición encuentra en los grupos de derecha del Parlamento. Algunos incluso han señalado que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, debe descartar el cambio de Constitución para lograr el voto de confianza a favor de su gabinete.

A la fecha, tres de las propuestas económicas de Castillo, que fueron anunciadas ante el Congreso en su primer mensaje presidencial, necesitarían modificaciones constitucionales para hacer viable la participación del Estado como agente activo en la economía nacional. Ello implicaría generar un cambio medular en el capítulo económico vigente.

Dichas propuestas son la partipación estatal en proyectos mineros, la renegociación de las condiciones tributarias con empresas de ese mismo rubro y el desarrollo de la competitividad del Banco de la Nación.

El último 28 de julio, en su discurso inaugural, Castillo anunció un nuevo pacto con los inversores privados en el sector minero, en el que la organización estatal intervendría para reducir costos, facilitar procesos y mantener la seguridad jurídica. En ese sentido, advirtió que el gobierno de Perú Libre «promoverá la participación del Estado, como lo hacen todos los países de la región, como socio o ejecutor mayoritario».

Por otro lado, Castillo también señaló que su gobierno trabajará para que el Banco de la Nación esté en la capacidad de proporcionar “todos los servicios bancarios disponibles”, con préstamos con tasas razonables y competitivas “pero sin usura”. Es decir, la banca pública tendría igual participación crediticia que la banca privada y las cajas municipales.

Sin embargo, según expertos en temas constitucionales y económicos, esto requeriría primero una reforma constitucional del artículo 60 de la actual Carta Magna, pues actualmente el Estado sólo puede realizar «subsidiariamente» actividad empresarial, «por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional».

Estado empresario

En declaraciones para Convoca.pe, el economista del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, indicó que, respecto a la participen empresas estatales como socias en proyectos mineros, tendría que hacerse un ajuste constitucional. La actual constitución indica que el Estado tiene un rol subsidiario; es decir, interviene donde el privado no llega.

Añadió que el planteamiento de que el Banco de la Nación actúe como cualquier otra entidad bancaria también requeriría un cambio en la constitución.

Baca recordó que hace algunas semanas, el 23 de julio, el entonces presidente Francisco Sagasti observó la autógrafa de ley que autorizaba al Banco de la Nación a competir con la banca privada a través del otorgamiento de créditos a personas naturales o de recibir depósitos de ahorros de estas últimas. Aunque esa propuesta venía de un acuerdo mayoritario del Congreso anterior, Sagasti decidió rechazarla.

El expresidente Sagasti observó una norma aprobada por el Congreso para hacer que el Banco de la Nación compita con la banca privada. Pedro Castillo lo volverá a impulsar. Foto: Andina

Según el gobierno de transición, esa propuesta normativa contravenía el principio subsidiario del Estado contemplado en el artículo 60 de la Constitución. Entre los argumentos de rechazo, señaló que el Estado interviene en la economía “apoyando a las empresas privadas y no compitiendo con ellas”. Por ello, según Baca, se necesitaría cambiar dicho artículo en particular.

Por su parte, el abogado constitucionalista Luciano López indicó que con la Constitución actual, si el Estado quiere participar en la actividad empresarial, tiene que darse una ley del Congreso para autorizar la actividad empresarial de manera directa o indirecta. Es decir, mediante la propiedad directa o en participación asociada.

López indicó que la Carta Magna establece que el Estado sólo puede realizar actividad empresarial de forma subsidiaria, en los casos en que los privados no puedan participar. Sin embargo, indicó que el gobierno podría justificar la participación empresarial del Estado por razones de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

Los contratos-ley

Otra de las propuestas de Castillo es la de modificar los contratos-ley que tienen una garantía de estabilidad tributaria. El objetivo sería adecuar estos acuerdos a las cambiantes circunstancias del mercado internacional. En concreto, a los aumentos en los precios de los metales. Hoy, los contratos de estabilidad tributaria están protegidos por el artículo 62 del texto constitucional.

«Estamos dispuestos a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales porque muchos hoy en día están en manos extranjeras, con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria», dijo Castillo en su discurso del último 28 de julio.

Para el constitucionalista Luciano López, la modificación de los contratos-ley podrían pasar por una modificación constitucional, pero que antes tendría que haber una negociación entre el Estado y las empresas beneficiadas con contratos-ley de estabilidad tributaria con calidad de «intocables».

En el Perú, los más importantes proyectos mineros de cobre gozan de las condiciones que otorgan estos contratos. Es el caso, por ejemplo, de las mineras Cerro Verde, Quellaveco y Las Bambas.

El abogado señaló que estas modificación, así sea de rango constitucional, no podría ser unilateral, por lo que el Estado deberá realizar antes una estrategia de negociación para que las consecuencias de la eliminación de los contratos-ley no sean nocivas para el país. “El Perú podría ser pasible de demandas internacionales de las empresas afectadas”, advirtió López.

El ministro de Economía, Pedro Francke, anunció que el gobierno prepara aumentar los impuestos a la minería. Foto: MEF

Recientemente, en una entrevista con la agencia Reuters, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, indicó que el gobierno se encuentra estudiando la fórmula para aumentar los impuestos a la minería sin afectar la competitividad del sector privado. Las medidas se aplicarían siempre y cuando los precios de los metales se mantengan altos, aseguró el ministro.

Sobre esta proposición, el economista Epifanio Baca indicó que esta sería la más factible para los fines de aumento de la recaudación que tiene el gobierno de Castillo. De esta manera, se podrían crear nuevos impuestos aprovechando el alza de los precios de los metales como el cobre y el litio a nivel internacional, pues la mayoría de empresas mineras no tiene contratos-ley de estabilidad tributaria.

Baca añadió que en el caso de las empresas mineras con contratos de estabilidad jurídica, el gobierno de Pedro Castillo podría sentar a la mesa a esas compañías para obtener un gravamen minero a las sobreganancias, imitando al gobierno de Ollanta Humala, mientras se debate al cambio del artículo constitucional referido a los contratos-ley.

El «plan B» para la Asamblea Constituyente

Por otro lado, en una reciente entrevista, el premier Bellido sostuvo que si bien el Ejecutivo presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 206 de la Constitución -para incluir la posibilidad de la convocatoria a una Asamblea Constituyente-, también podría alcanzarse el objetivo a través de la recolección de millones de firmas para un referéndum que plantee la reforma total de la Carta Magna, como señala el artículo 32 del texto constitucional vigente.

El constitucionalista Luciano López confirmó que es cierto que el artículo 32 del texto constitucional brinda la posibilidad de que se pueda cambiar totalmente la Constitución vía consulta popular. Sin embargo, apuntó que la discusión debe concentrarse sobre cómo se llega a este escenario de consulta.

Según el experto jurídico, para este cambio constitucional existen tres caminos, dos en manos del Congreso y uno en poder de la ciudadanía. La primera ruta es la que anunció el presidente Castillo, quien dijo que presentará un proyecto de Ley para la reforma del artículo 206 de la Constitución. Si este es aprobado por el Congreso, se hará el referéndum. En este caso, la palabra final la tiene el parlamento.

El gobierno de Castillo anunció que tiene como plan la reforma del artículo 206 de la Constitución para convocar a una Asamblea Constituyente. Foto: Luis Enrique Pérez / Convoca.pe

La segunda es la que permite la Ley 27600, dada en el 2001, que suprimió la firma de Alberto Fujimori de la Constitución de 1993 como consecuencia de su permanente incapacidad moral tras su renuncia vía fax en el 2000. Esa norma encargó a la Comisión de Constitución del Congreso proponer un proyecto de reforma total de la Constitución, tomando en cuenta la Constitución de 1979. De ser aprobado por el Pleno del Congreso, el proyecto sería sometido a referéndum.

No obstante, en el actual Congreso ese grupo de trabajo sería presidido por el fujimorismo, que rechaza de plano la modificación total de la Constitución.

La tercera fórmula es la posibilidad de recoger 2.5 millones de firmas válidas de los ciudadanos en respaldo a una fórmula legal que indique una serie de disposiciones para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como el proceso de conformación, el número de miembros, el plazo de debate del proyecto de Constitución, entre otros importantes puntos.

De acuerdo con López, en el caso de que se lograran reunir los 2.5 millones de firmas validadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá convocar a referéndum para que sea la ciudadanía la que apruebe o rechace la propuesta de convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Necesidad de ampliar las rentas

Para el sociólogo Francisco Durand, estudioso en materia de grupos de poder económicos, el presidente Castillo y el ministro Bellido están trayendo a debate cuestiones principistas con base en los objetivos del «Plan Bicentenario» presentado como propuesta de gobierno durante la segunda vuelta electoral. Si bien el momento para introducir estos cambios aún no ha llegado, según Durand, destacó que el nuevo gobierno inicia su gestión fijando el norte del Ejecutivo.

Sobre la propuesta de la participación del Estado en los proyectos extractivos junto al sector privado, Durand explicó que respondería a la posibilidad de que el sector público tenga mayores rentas a través de la riqueza de la tierra para captar mayores recursos para su política social. Esto es muy importante, pues se prevé que el precio del cobre bordeará los 10 mil dólares por tonelada, más del doble del valor que tenía hace una década.

Petroperú sería una opción del gobierno para volver a asumir la explicación de yacimientos petroleros y gasíferos. Foto: Andina

Durand indicó que una de las opciones de menor complejidad para hacer que el Estado vuelva a ser empresario es que la compañía estatal Petroperú pueda volver a asumir la labor de explotación petrolera, como ya lo anunció Castillo, ya que existen normas que le permiten asumir lotes petroleros en alianza con inversores privados. Ello no requeriría un cambio constitucional pues el Perú ya cuenta con esta empresa entre sus activos.

El analista también agregó que en el caso de que se busque realizar inversiones públicas asociadas con privadas en la minería, esta alternativa sí requeriría un cambio en el texto constitucional. Actualmente, debido al principio de subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial, no se cuenta con una empresa minera pública desde hace décadas.

Fuente: Convoca.pe

En medio de un escenario de inestabilidad política y económica en el país, se requiere de consensos entre el Estado, la empresa privada y sociedad civil para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos mineros que garanticen un mejor futuro para el país.

Así lo indicó Claudia Copper, presidenta de PERUMIN 35, durante la presentación de su libro “Minería y equilibrio económico”, financiado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en el marco del Jueves Minero.

“Necesitamos líderes políticos de todas las posturas que nos permitan llegar a ese acuerdo que nos haga sacar los proyectos adelante”, resaltó la exministra de Economía y Finanzas, quien también mencionó que es vital tener una Visión de la Minería al 2030.

Remarcó que un tercer tema es poner en marcha un plan de desarrollo territorial, que genere una mayor productividad de las regiones a través de encadenamientos de cadenas de valor y diversificación productiva en los territorios.

«Ese plan se tiene que hacer y está en manos básicamente de los dueños de su futuro que son las propias regiones”, apuntó.

Asimismo, resaltó que uno de los problemas importantes a ser revisados en el sector minero, es la necesidad de cambiar el mecanismo actual de redistribución de la renta minera, pues este modelo claramente no ha funcionado.

“No hemos logrado resolver esta dicotomía entre el desarrollo de la empresa minera y el desarrollo de alrededor de la misma. Y esto ha sido por múltiples razones, por falta de capacidades, por corrupción, etc.”, sostuvo.

Por su parte, Magaly Bardales, vicepresidenta de Minería de la SNMPE, señaló que tanto la mejora en la ejecución de los recursos mineros como el impulso del concepto de desarrollo territorial, ayudarán a reducir la conflictividad social que es otro de los desafíos del sector minero.

“Se viene hablando ya de propuestas para la mejora en la ejecución de canon, como el canon condicional y un sistema a nivel de gobierno nacional que pueda dar un servicio en la gestión y ejecución de proyectos a los gobiernos regionales y locales”, comentó.

Carlos Oliva, exministro de Economía, refirió que frente a la poca capacidad de gasto de los recursos del canon, el PMO externo (oficina de gestión de proyectos, por sus siglas en inglés) es un mecanismo de gestión que puede ayudar a hacer más eficiente el uso del boom de ingresos mineros que recibirán las regiones el otro año.

“Ese es el camino por el cual tendríamos que ir. Más allá de que si se contrata a algún internacional, todas las entidades, ministerios y gobiernos regionales tienen que tener sus oficinas de inversiones con el concepto de PMO”, remarcó.

En tanto que Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana, coincidió en que el futuro de una mejor gobernanza en el sector minero, pasa por un acuerdo entre Estado, comunidades y empresas. Agregó que eso implica cambios en el enfoque de las empresas, de ir más allá de la responsabilidad social empresarial para comprometerse con el desarrollo territorial.

“Y reconocer que en ese territorio la autoridad es el gobernador regional o el alcalde provincial. Teniendo un plan de desarrollo consensuado, la empresa se convierte en un actor más. Ese es el esfuerzo al que habría que apuntar”, afirmó.

Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Decisiva alocución. Voceros de sectores claves de la economía como el turismo y el inmobiliario coinciden con los analistas en que el discurso presidencial del 28 de julio debe acabar con las dudas sobre el rumbo que seguirá Pedro Castillo.

Por: Doris Aguirre, Fernando Cuadros

El discurso presidencial del 28 de julio será muy diferente por varias razones: por primera vez el jefe del Estado es un profesor de escuela pública, reside en una localidad de los Andes y milita en un partido de izquierda. Pero también Pedro Castillo asumirá el Gobierno con una economía duramente impactada por la pandemia de la COVID-19.

’’Partiremos de la buena fe’’, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Carlos Canales: ’’Construiremos a partir de la lucha contra la desigualdad. Todo buen peruano quiere lo mismo. Por eso, urge impulsar al sector turismo, que es el que menos se ha podido recuperar. Hasta 2019 generábamos 25 mil millones de dólares bancarizados y 3 millones de empleos.

Canales resaltó que varios sectores productivos han comenzado a mostrar signos de recuperación, pero no así en su sector. “El 78% de las empresas nuestras son mypes y pymes y estamos en lugares donde hay poca inversión pública. Nos toca hacer reflexionar al presidente y acompañarlo para que el país sea viable”, indicó Canales.

El presidente del Comité de Análisis de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI), Ricardo Arbulú, indicó que el discurso de Castillo será exitoso y acaba con la incertidumbre. ’’Apenas hace una semana no sabíamos quién podía ser el presidente de la República, pero esperamos que con el discurso se definan lineamientos de la gestión pública’’, explicó Arbulú: ’’Ante ello, las inmobiliarias buscan reinventarse, desarrollando nuevos productos con viviendas más accesibles y atractivas para la familia. Este es un elemento que ha jugado a favor y sostenido al sector: las tasas de interés históricamente bajas, que han permitido que las familias califiquen para un crédito inmobiliario’’.

Turismo. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Foto: difusión

Vacunación y economía

Sin embargo, el presidente del Grupo Participación Ciudadana, especialista en políticas públicas y presupuesto, resaltó que Pedro Castillo debe explicar detalladamente el rumbo que va a tomar la economía en su Gobierno.

’’Solo ha habido generalidades y ausencia de información respecto a cómo va a ser la política fiscal por el lado de los gastos e ingresos, y qué características generales va a tener la reactivación económica en su Gobierno. O si va a mantener las medidas tributarias para el sector minero, por ejemplo’’, anotó Baca.

’’Pero también es de importancia para la reactivación de la economía la vacunación contra la COVID-19, porque cualquier política de reactivación va a depender de la reactivación económica. Debe quedarse el equipo dedicado a esa tarea porque ha tomado un ritmo de avance de inmunización que debe continuar por lo menos cinco meses más’’, añadió Epifanio Baca.

Para la jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, Alexandra Ames, tan importante como el discurso presidencial es quién será el próximo ministro de Economía.

’’Así es, todo dependerá de quién asumirá el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que entender que el discurso presidencial de Pedro Castillo va a ser muy importante para tener una estimación de cuál va a ser más o menos la ruta por donde va a ir’’, arguyó Ames.

No obstante, dijo que para saber si el discurso de Castillo coincide con la realidad, serán claves sus decisiones respecto al Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva del Perú.

’’Bajo esta perspectiva, debemos prestar atención a la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que La República ha publicado, donde se demuestra con claridad que hay un 61 por ciento de la población que busca un cambio en el modelo económico, pero no un cambio radical’’, subrayó Alexandra Ames.

’’Creo que si Pedro Castillo es estratégico en aras de la gobernabilidad, puede ser consciente de que hay evidentemente grandes reformas que hacer. La pandemia ha evidenciado justamente que hay varios cambios que son necesarios, cambios que pueden ser alentados desde el propio Estado, del propio Ejecutivo. Aferrarse a un cambio total de la Constitución puede jugarle una mala pasada en términos de gobernabilidad a Pedro Castillo’’, concluyó la analista Alexandra Ames.

La prioridad es la reactivación y el empleo

El catedrático e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Jorge Manco Zaconetti señaló que el presidente Pedro Castillo debe concentrarse en la reactivación de la economía.

’’Espero que ratifique el subsidio a los consumidores de la electricidad, agua, gas e internet, que está contenido en el Plan del Bicentenario. También el programa Reactiva Agrario (FAE Agro) para los 2 millones de productores independientes y de comunidades campesinas. Y anuncie un programa Reactiva para pequeñas y microempresas para reducir los 2,5 millones de desempleados que tenemos’’, apuntó.

Fuente: La República