Este documento de trabajo plantea una aproximación a una serie de preguntas recurrentes en el debate público respecto a la participación del gas natural en la matriz energética peruana, los retos asociados al cumplimiento de los acuerdos internacionales para la reducción de emisiones asumidos por el país y las rutas habilitadas para propiciar una transición energética justa. Sin pretender ser un examen exhaustivo ni dar respuestas absolutas, este trabajo ofrece un análisis crítico de lo avanzado hasta la actualidad con relación a los usos principales de las fuentes de energía, las condiciones del mercado eléctrico, el desarrollo de las energías renovables y las tareas pendientes.
Encuentro regional: “Agua, cambio climático y oportunidades de financiamiento en La Libertad”
En el recinto de la Cámara de Comercio de La Libertad llevamos a cabo el foro regional: “Agua, cambio climático y oportunidades de financiamiento en La Libertad”, evento organizado para propiciar un diálogo en torno a las inversiones necesarias para mejorar la disponibilidad hídrica en la región.
En dicha reunión, se congregaron destacados representantes provenientes de diversas gerencias del Gobierno Regional de La Libertad, municipalidades provinciales, la Autoridad Nacional de Agua, agencias agrarias, consejeros y consejeras regionales, así como representantes de comités de usuarios de riego, comunidades y rondas campesinas.
Fue el escenario ideal para revelar datos sobre la pequeña agricultura, tanto a nivel nacional como regional. La Gerencia Regional Agraria (GRA) de La Libertad presentó la estrategia que viene implementando en múltiples provincias. Además, se compartió valiosa información sobre el Programa presupuestal 0042, cuyo enfoque prioritario radica en el aprovechamiento del recurso hídrico con fines agrarios.
Durante este encuentro, se presentaron los resultados del estudio sobre el desempeño del programa en el período 2017-2022, se detallaron los presupuestos y la ejecución a nivel nacional y, específicamente, en La Libertad. Asimismo, se revelaron las diversas fuentes de financiamiento que respaldan este programa, y se presentó una lista de los proyectos más destacados que han sido aprobados y que se encuentran actualmente en ejecución.
El espacio permitió evidenciar entre los participantes que la estrategia implementada por la GRA solo alcanzó a cubrir menos del 10% del área agrícola trabajada por los pequeños productores. Esta estadística refleja la gran necesidad que prevalece en este importante sector. La importancia del agua, como recurso vital que abarca todas las actividades productivas y el consumo humano.
El diálogo sostenido llevó a la conclusión de que es crucial involucrarse en espacios donde diversos actores puedan debatir e influir en las inversiones necesarias para mejorar la disponibilidad de agua en la región. Este enfoque tiene como objetivo garantizar el acceso a este recurso a un mayor número de productores, especialmente aquellos que residen en la sierra, donde la inversión es escasa y la pobreza y las necesidades se agudizan.
Los funcionarios y representantes de gremios que tomaron parte en el evento reafirmaron su compromiso de continuar discutiendo e influyendo en la autoridad regional, con la esperanza de que se sigan priorizando las inversiones relacionadas con el agua.
La actividad minera artesanal, sobre todo, ha tenido un impacto directo en la formación de comunidades, en la creación de centros poblados y en el crecimiento de la población en aquellos lugares donde se explota los minerales, sin planificación alguna. Esto ha desencadenado a su vez, diversas necesidades como servicios básicos, así como de mecanismos de regulación y ordenamiento social que procuren condiciones aceptables de vida para sus habitantes.
Sobre esto, conversamos en el I Foro Provincial: “Alternativas para el desarrollo minero sostenible en el sur”, donde participaron lideresas de organizaciones de mujeres, que cuentan con una larga trayectoria y reconocimiento.
Frente a la exposición sobre el contexto actual de la crisis política, económica y social a nivel nacional, que repercute negativamente a todos los departamentos del país entre ellas la provincia de Chumbivilcas, las lideresas indican que la crisis que enfrenta el país, ocurre porque el Estado nunca se ha identificado con sus poblaciones para resolver problemas y necesidades, al contrario, el Gobierno central siempre se ha desligado de las poblaciones alejadas de la capital. Las autoridades locales tampoco responden para solucionar problemas urgentes como los del sector agropecuario, por ejemplo, no hay inversiones para solucionar la crisis del agua.
En ese escenario, las y los participantes señalaron que, las organizaciones unidas deben hacer algo para que las autoridades realmente atiendan las necesidades fundamentales para la población.
Por otro lado, frente a la extracción de minerales de pequeña a gran escala, la población está consciente de que genera efectos negativos al medio ambiente, a la salud y al mismo tiempo traen consigo problemas sociales como la deserción de jóvenes en las instituciones educativas, la trata de personas, el alcoholismo y la violencia familiar.
Este evento fue organizado en coordinación con nuestro socio, la Asociación Arariwa y la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.
Junto a nuestro socio, el Centro Bartolomé de las Casas, realizamos talleres de capacitación para organizaciones de jóvenes de las provincias de Cotabambas y Grau en la región Apurímac, a fin de incidir en la importancia de fortalecer la vigilancia ciudadana y acceso a la información pública mediante el uso de las plataformas virtuales.
El proceso formativo incluyó el uso del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta amigable), el Sistema de Seguimiento de Inversiones (Invierte.pe), el Sistema electrónico de contrataciones del estado (SEACE) y el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) de la Contraloría.
En ambos talleres se resaltó que la vigilancia ciudadana contribuye a mejorar el trabajo que realizan nuestra autoridades y funcionarios, logrando una gestión pública más eficaz y transparente como práctica de la buena gobernanza.
No a la imposición autoritaria de la bicameralidad centralista y la reelección parlamentaria
Decisiones sobre la estructura del Congreso nacional y sobre las condiciones y requisitos de la elección congresal deberían ser materia de un amplio debate nacional en el marco de un proceso constituyente. El objetivo de estas decisiones tendría que fortalecer y profundizar la democracia sobre la base del equilibrio de poderes, la autonomía de instituciones fundamentales y la adecuada representación política de todas las regiones.
Sin embargo, la coalición de fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso de la República busca en estos días imponer reformas a la Constitución para regresar a un Parlamento bicameral, que incluye una concentración centralista del poder en el Senado y la reelección de la representación parlamentaria.
La coalición política con mayoría en el Congreso actual no ha logrado aún los 87 votos necesarios para aprobar esta reforma directamente, sin que pase por un referéndum ciudadano y buscan conseguirlos -como hemos sido testigos mediante métodos matonescos de presión sobre representantes que se niegan a apoyarlos con su voto. Y lo hacen porque saben que, si la propuesta de doble cámara con centralismo y reelección fuese consultada, la ciudadanía la rechazaría de manera abrumadora, como ya lo hizo en el referéndum de diciembre del 2018.
Llamamos a la sociedad organizada, a la ciudadanía en general y a las fuerzas políticas con convicciones democráticas a manifestarse activamente repudiando esta nueva imposición autoritaria, insistiendo en el adelanto de las elecciones generales para tener la oportunidad de elegir un nuevo Congreso y Gobierno, y reclamando un referéndum que abra paso a un proceso constitucional que permita el debate y la decisión democrática sobre este y otros temas vitales para el país.
Lima, 15 de junio de 2023.
Suscriben:
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
- Grupo Propuesta Ciudadana
- Plataforma Inundación Nunca Más
- Red de Propuesta y Acción- Red Muqui
- Movimiento Manuela Ramos
- Centro de la Mujer Peruana- Flora Tristán
- Centro de Promoción y Defensa de Los Derechos Sexuales y Reproductivos- PROMSEX
- Asociación Arariwa
- Centro de Investigación Social y Educación Popular- Alternativa
- Centro Bartolomé de las Casas- CBC
- Centro de Estudios para el Desarrollo Regional- Ceder
- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo- desco
- Centro Peruano de Estudios Sociales- CEPES
- Centro de Investigación y Promoción del Campesinado- CIPCA
- Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación- CEDEP
- Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte- Cedepas Norte
- Centro de Atención de Niños Niñas y adolescentes CANAT
- Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta CEDISA
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR
- Instituto Teleducativo los Tallanes -IINTELTA-Cutivalú
- Plataforma Inundación Nunca Más
Salvemos la vida: Protejamos el ambiente y a nuestras Áreas Naturales Protegidas
SALVEMOS LA VIDA: PROTEJAMOS EL AMBIENTE Y A NUESTRAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Las organizaciones de sociedad civil organizada y personas que suscriben, expresamos nuestro profundo rechazo a la propuesta de proyecto de ley elaborada por PERUPETRO y respaldada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que busca modificar los artículos 3, 4, 5, 7, 19, 20, 21, 23 y 27 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP), con el objetivo de priorizar, a nivel nacional, el aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos en zonas de alta biodiversidad como lo son las ANP, y de ese modo debilitar la institucionalidad y los mecanismos de creación y gestión existentes en la normativa.
La propuesta del MINEM ha sido señalada como inviable por el Ministerio del Ambiente, además consideramos que sería inconstitucional, al priorizar actividades extractivas sobre derechos fundamentales y la conservación de la diversidad biológica en las ANP, contraponiéndose al mandato establecido en la Constitución Política del Perú, que señala “el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas” (artículo 68°) y vulnerando el derecho fundamental de toda persona “(…) a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (artículo 2°, numeral 22°).
La biodiversidad es un activo económico del Perú. Nuestro país cuenta con una alta diversidad biológica protegida en ANP como Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y otras categorías, muchas de ellas altamente frágiles y vulnerables a actividades ilícitas, que son reservas de vida para todos los peruanos y peruanas, principalmente para las comunidades campesinas y nativas, y pueblos indígenas que se benefician de los invaluables recursos naturales que nos brindan las ANP, como son el agua, aire limpio, diversidad biológica, y servicios ecosistémicos de provisión, culturales y de soporte como la regulación hídrica, secuestro y almacenamiento de carbono, mantenimiento de la diversidad biológica, entre otros servicios.
Esta propuesta del MINEM debilita la protección de las ANP y pretende modificarlas física y legalmente, al permitir la extracción de recursos renovables y no renovables en áreas de uso indirecto (donde la actual legislación lo prohíbe) y en áreas de uso directo sin excepción. Ello evidencia que existen intereses para explorar y explotar el subsuelo de áreas naturales de alta protección como el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su corazón, el Candamo; el Parque Nacional del Manu y el Santuario Nacional Megantoni, entre otras, y evitar la creación de nuevas áreas protegidas en zonas como el Mar Tropical de Grau. Periódicamente vuelve a la mira, la promoción de la extracción de hidrocarburos a costa de sacrificar las ANP; de transgredir diversas normas nacionales y compromisos asumidos por el Estado peruano en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estado Unidos, el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, el Convenio 169 de la OIT, entre otros; y sin importar que varias de estas áreas cuentan con reconocimientos mundiales como Reservas de Biósfera y sitios de Patrimonio Natural reconocidos por UNESCO.
El impacto socioambiental generado por los derrames de hidrocarburos es aún un tema sin resolver. Entre el 2000 y 2019, la Amazonía ha enfrentado 474 derrames petroleros, los cuales han afectado territorios de comunidades indígenas, quienes lejos de recibir soluciones integrales a las consecuencias del impacto ambiental y social de los derrames, solo obtuvieron atenciones coyunturales insuficientes. Hoy en día, los pueblos indígenas no tienen acceso a agua saludable, los alimentos se encuentran contaminados y las comunidades se encuentran expuestas a consecuencias en su salud, todo a causa de una política de contaminación ambiental y social.
Flexibilizar el aprovechamiento de recursos naturales en áreas del territorio nacional especialmente sensibles ambiental y socialmente solo agravaría la problemática antes expuesta. Además, la respuesta del Estado ante el último desastre ambiental ocasionado por Repsol en nuestro mar peruano en enero de 2022, no solo evidenció la necesidad de reforzar la fiscalización de las actividades de hidrocarburos, sino que ha dejado impactos negativos ambientales, sociales y económicos que, incluso a más de un año del suceso, continúan afectando al ambiente, nuestra fauna marina y a múltiples familias de pescadores artesanales.
Esta iniciativa legislativa es contradictoria con los compromisos ambientales internacionales asumidos por el Estado peruano, más aún en un contexto de crisis climática y de crisis de biodiversidad, y en el que existe una tendencia global a reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles. En particular, incumple la obligación internacional del Estado peruano asumida en el marco del Acuerdo de París y del Convenio de Diversidad Biológica, en especial, el recientemente adoptado “Marco Mundial Kunming-Montreal de la Biodiversidad Biológica”, cuya emblemática Meta 3 establece el compromiso de todos los países signatarios de conservar al menos el 30% de las zonas terrestres y marinas al 2030, en especial aquellas zonas de particular importancia para la biodiversidad, como las ANP.
Además, este tipo de iniciativas debilitaría todo lo alcanzado en materia de conservación y protección de los recursos naturales. Instamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo a reconsiderar el paquete normativo que vienen impulsando, que afectaría principalmente los derechos de los pueblos indígenas -en especial, los que se encuentran en situación de aislamiento y contacto inicial-, los sistemas de gestión y evaluación ambiental, la normativa forestal y del sector minero y ahora el sistema de Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, preocupa profundamente que las acciones de funcionarios y servidores públicos y de congresistas estén orientadas a debilitar la gobernanza ambiental, cuando se busca que el Perú sea parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En conmemoración del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, es necesario renovar el compromiso del Estado peruano de trabajar en la protección y la salud del medio ambiente, ya que son prioritarias para el país y el planeta, y de atender las necesidades energéticas y de consumo a través de fuentes más limpias para el planeta, como son las energías renovables. Asimismo, recordemos los lamentables hechos del conflicto de Bagua que traen a nuestra memoria, una vez más, que la promoción de normas sin participación ni consulta previa generan brechas de desconfianza, debilitan el clima de paz social y promueven conflictos socioambientales.
Exhortamos al Estado peruano y al sector privado a fortalecer la buena gobernanza y el diálogo a través del respeto de nuestro marco normativo, y al cumplimiento de compromisos internacionales de respeto de derechos y de protección del medio ambiente.
Lima, junio de 2023
FIRMAN:
- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
- Agencia de Investigación Ambiental / Environmental Investigation Agency (EIA)
- Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
- Asociación Arariwa
- Asociación de Servicio Integral de Cooperación Rural Anccara (SICRA)
- Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN)
- Asociación Nacional de Centros (ANC)
- Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)
- Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
- Asociación ProPurus
- Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
- Central Ashaninka del Río Ene (CARE)
- Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – Cordillera Azul (CIMA)
- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur (DESCOSUR)
- Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
- Centro Bartolomé de las Casas (CBC)
- Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales – Cordillera Azul (CIMA – Cordillera Azul)
- CIVICUS
- Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
- Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
- Conservación Internacional Perú
- Conservation Strategy Fund (CSF)
- CooperAcción
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
- Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)
- DESCO – Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
- DESCO SUR – Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur
- EarthRights International (ERI)
- Fondo de Agua para Lima y Callao (AQUAFONDO)
- Foro Cambio Climático y Justicia Socioambiental de Brasil
- Foro Ecológico
- Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)
- GRUFIDES
- Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático Perú (GIMCC PERÚ)
- Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)
- Iglesia Matriz de Iquitos San Juan Bautista (Catedral de San Juan Bautista, Iquitos)
- Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
- Instituto de Montaña (ITM)
- Instituto del Bien Común (IBC)
- Instituto NATURA
- International Rivers
- Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
- Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)
- Natural Resource Governance Institute (NRGI).
- OCEANA
- Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU)
- Oxfam en Perú
- Pachamama Alliance Perú
- Paz y Esperanza
- Proética
- PUDÚ
- Red de Agricultura Ecológica del Perú (RAE-PERÚ)
- Red Nacional de Conservación Voluntaria y Comunal “Amazonía Que Late”
- Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia)
- Servicios Ecosistémicos Perú (SEPERU)
- Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
- Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS)
- The Shared Wood Company (sWc-Perú)
- TierrActiva Perú
- Wildlife Conservation Society (WCS)
- World Wildlife Fund (WWF Perú)
PERSONAS NATURALES
- Cesar F. Florez, DNI 08732424
- César A. Ipenza, DNI 40287902
- Claudia Grados Bueno, DNI 44686664
- Elizabeth Peña Izquierdo, DNI 27748507
- Indira Alva Alvarado, DNI 70440568
- Lucía Ruiz Ostoic, DNI 08767259
- Luis Román, DNI 07825044
- Margarita Medina Müller, DNI 40139714
- Mariano Castro Sánchez-Moreno, DNI 07212391
- Oscar Francisco Rada Santivañez, DNI 19993395
- Roxana Patricia Arauco Aliaga, DNI 10352911
- Samar El sous Bautista, DNI 75259182
- Tatiana Jarama Arévalo, DNI 05409729
- Vivian Chumbiauca Carbajal, DNI 21877422
Con la finalidad de impulsar proyectos de inversión pública relacionados a la siembra y cosecha del agua en Áncash y trabajar de manera articulada con la Agencia Regional de Desarrollo, el pasado 18 de mayo se conformó una mesa técnica integrada por representantes del Gobierno Regional de Áncash, Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash, municipalidades provinciales, municipalidades distritales, organizaciones agrarias, Midagri, Serfor, Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Áncash y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.
El evento tuvo lugar en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash y estuvo presidida por la Ing. Marlene Rosario Guerrero, gerenta regional de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Áncash y Federico Tenorio, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana.
La reunión concluyó con la firma del acta de instalación y compromiso de todos los integrantes de la Mesa. Este espacio es parte de las acciones que impulsa el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación y el Grupo Propuesta Ciudadana, con apoyo de Pan Para el Mundo y USAID.