“En esta región, las acciones referidas a la Reconstrucción con Cambios (RCC) priorizaron la reposición de lo afectado, pero presentan retrasos en el eje de prevención, asociado a brindar soluciones integrales al problema de activación de las quebradas Sal Ildefonso, El León y San Carlos, y el drenaje pluvial para la ciudad de Trujillo. A nivel nacional, tenemos que la RCC siguió el patrón que priorizó la reposición de infraestructura dañada, antes que la generación de soluciones integrales. La reconstrucción se lleva más del 70% del presupuesto y el eje de soluciones integrales, de prevención, el 21%. Además, un informe de la Contraloría de la República, de inicios de este año, informa un avance económico del 13% para las soluciones integrales, sin embargo, el avance físico apenas llegaba al 5%”, afirma Marisa Glave, coautora del estudio.
Con el objetivo de informar y promover un espacio de diálogo sobre los avances y lecciones aprendidas que se han observado en el estudio realizado en el marco de la implementación de los proyectos de Reconstrucción con cambios en la Región La Libertad, Grupo Propuesta Ciudadana y CEDEPAS Norte, vienen impulsando la presentación del Estudio “Reconstrucción sin cambios: Un balance al proceso de Reconstrucción con Cambios en la región La Libertad”.
El evento contará con la presencia de los autores del estudio: Eduardo Ballón Echegaray, reconocido antropólogo, investigador y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Marisa Glave Remy, socióloga, regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima y ex congresista de la República.
Como panelistas, participarán destacados representantes de la región como: Sergio Vílchez Neira, alcalde de la Municipalidad Distrital de Laredo; Ever Cadenillas Coronel, presidente de la Comisión Fiscalizadora de Reconstrucción con Cambios del Consejo Regional; Verónica Torres Bravo, activista de la sociedad civil y de Francisco Huertas Benites, decano del Colegio de Economistas de La Libertad.
El evento está programado para el jueves 17 de agosto a partir de las 5:00 p.m. en el Auditorio CECAP del Colegio de Ingenieros de La Libertad (Calle Martínez de Compagnon 901- Urb. San Andrés).
Coordinación de prensa:
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Nelly Carrasco – N° celular 999121984
Foto: Agencia Peruana de Noticias Andina
Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca visitan instalaciones de la minera Coimolache
Con el objetivo de informarse acerca de las operaciones realizadas para mitigar el daño y recuperar el medio ambiente en una zona afectada por la actividad minera, estudiantes de la carrera de Agronegocios de la Universidad Nacional de Cajamarca, realizaron el 1 y 2 de agosto, visitas guiadas a la Compañía Minera Coimolache-Buenaventura en Bambamarca.
Esta actividad se realizó debido al interés de los estudiantes por conocer más a detalle la actividad minera, expresado durante el foro “El canon es nuestro, cuidemos que se invierta bien”. Dicho evento fue organizado por Cedepas Norte y Grupo Propuesta Ciudadana, instituciones que también gestionaron la visita guiada a la empresa, en la cual, compartieron se compartió información acerca de la remediación de pasivos realizados en la empresa durante el proceso de cierre de minas.
Fueron más de 70 estudiantes universitarios, los que visitaron las instalaciones de la minera, y quienes resaltaron que dicha industria está generando desarrollo y progreso en la zona.
Por su lado, Fredy Regalado, jefe de gestión social de la empresa Coimolache-Buenaventura, a través de la Red de Comunicación Regional (RCR), expresó: “Estoy muy satisfecho por esta visita de dos días consecutivos, de alumnos de la sede Bambamarca de la Universidad Nacional de Cajamarca, de la Escuela de Ingeniería de Agronegocios, pues era un objetivo que estábamos buscando hace tiempo de poder acercarnos con la academia y un centro de opinión importante de la colectividad Bambamarquina.
Asimismo, destacó que los jóvenes comprobaron que la minería, a través de la compra de servicios, el empleo de mano de obra fundamentalmente local y la compra de diferentes productos, dinamiza la economía de Cajamarca. “Además tributamos importantemente al erario nacional y que producto de esta tributación nuestro país ha tenido en los últimos 25 años o un poco más recursos que para los niveles de ejecución que tenemos en los gobiernos, distintos niveles, han sobrado”, indicó.
El alumno Abimael Ruiz Lara sostuvo que la visita es muy importante para los jóvenes estudiantes. “Se dice que hay mucha pobreza, pero en realidad no es tanto eso, sino las ideas o lo que nosotros podemos hacer con esa economía que nos brinda. Hay canon minero demasiado, no se gasta todo, como tal cuando dice los nos dicen los números. Realmente es una experiencia muy hermosa”, expresó.
Remarcó que la economía está generando un desarrollo importante en Bambamarca: “La minería genera un desarrollo importante en nuestra comunidad, nuestra escuela o todo lo que nosotros es un desarrollo muy importante Así que cómo cajamarquino y como estudiante en la escuela, en general, hay que decir que hay que ver un poco más allá de la palabra minería”.
Ambas visitas fueron realizadas en el marco del proyecto «Reforzando la Transparencia y las Buenas Prácticas en el Sector Extractivo», que ejecutamos con el apoyo de USAID Perú.
El 28 de julio, la realidad del poder se nos presentó sin máscaras. La mandataria, cuya aprobación apenas llega a los dos dígitos según la última encuesta del IEP, y el Congreso de la República, desaprobado por 9 de cada 10 peruanos y peruanas, compartieron una presentación en la que ambos actores se expusieron tal cual. El Congreso estrenó nueva mesa directiva, resultante de la consumación del acuerdo entre Fuerza Popular y Perú Libre, con la bendición de Alianza para el Progreso y el respaldo de la mayoría de los congresistas, no importa si autodefinidos de izquierda o de derecha. La señora Boluarte concurrió al recinto parlamentario con su Gabinete, presidió la celebración nacional y cumplió con el rito del mensaje presidencial por las Fiestas Patrias. Mientras el ritual se cumplía y exhibiendo cómo Ejecutivo y Legislativo están de espaldas a la gente y sus demandas, la Policía reprimía violentamente a un grupo considerable de manifestantes en el centro de Lima, en las plazas San Martín y Dos de Mayo. Simultáneamente, en otras importantes ciudades del país también se producían movilizaciones.
El mensaje de más de tres horas de la mandataria, el discurso más largo de este siglo, presentó citas de la historia, números de hoy, programas y bonos, supuestos logros y una gran cantidad de promesas, combinando presente, pasado y futuro en un discurso desordenado y engañoso. Tan engañoso que empezó presentando su Gobierno como resultado de “una gesta democrática que impidió que nuestro país sucumbiera en una crisis sin precedentes y que los derechos y libertades de los ciudadanos resulten menoscabados por un golpe de Estado”, como si el 7 de diciembre Castillo no se hubiera descalificado solo con su autogolpe fallido, luego de año y medio de una gestión mediocre y corrupta. Un vano intento de la presidenta por hacernos creer que representa el triunfo de la democracia sobre el autoritarismo.
Desde sus primeras frases, Dina Boluarte dejó en claro que gobernará hasta el 2026. Empezó anunciando que liderará las celebraciones del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho el 2024 y terminó asumiendo compromisos que van hasta el 2026 y más allá. Que el 80% de compatriotas, de acuerdo con la misma encuesta del IEP, piensen que lo más conveniente para el país es el adelanto de elecciones, no es parte de su realidad. Más grave aún, insistió en que “la convulsión social” que se desencadenó tras su instalación, tuvo como objetivo “ahora sin duda alguna, derrocar al nuevo Gobierno”. Busco así desentenderse de su responsabilidad y evidenció una intransigencia que hace de su tímido y tramposo pedido de perdón por las 49 víctimas “por enfrentamientos directos con las fuerzas del orden” -cuando distintos informes internacionales hablan de por lo menos 20 ejecuciones extrajudiciales-, un ejercicio retórico, vacío de contenido y sin consecuencias para los perpetradores y los responsables políticos.
El mensaje tuvo un diagnóstico del país recibido y una mirada a la emergencia por las lluvias, la sequía y el friaje, como argumentos para explicar las dificultades y desafíos de su Gobierno. Así como parece creer que basta con “esconder” los muertos por el uso desproporcionado de la fuerza para cambiar la realidad, en el rápido balance que hizo del país recibido, la señora presidenta evidenció falta de memoria, que lindó con la amnesia. Al Gobierno de Pedro Castillo se le responsabilizó de la parálisis económica, la inseguridad ciudadana y el incremento de la corrupción en el país, y se olvidó de que ella fue vicepresidenta, ministra del MIDIS y vocera calificada.
La “rendición de cuentas” que se hizo en el mensaje presidencial siguió la misma tónica. Medias verdades ampulosas, silencios cuidadosos frente a las precariedades de ocho meses de una gestión mediocre y olvido interesado de temas estratégicos. Mucho número de programas importantes como “Con Punche Perú”, pero ninguna palabra sobre la contracción de la actividad económica en lo que va del año, ni una línea sobre el aumento del déficit fiscal o sobre la tasa de inflación. Ninguna preocupación por el 46% de hogares que compra menos alimentos por no contar con ingresos suficientes, lo que evidencia la gravedad de la crisis social y económica. Mucho discurso sobre la salud y la seguridad, y silencio absoluto sobre la incapacidad de ejecución del presupuesto de los sectores respectivos: apenas 13.1% Interior y 18.7% Salud. Mucho ruido para no mostrar que somos el país de la región con la mayor tasa de muertes por millón de habitantes (6.49) a causa del dengue, una enfermedad que deja, hasta el momento, 137 539 casos confirmados y 357 decesos, el mayor brote de este siglo.
De igual manera, mucho ruido sobre la corrupción, pero mutis sobre los distintos casos, ESSALUD por ejemplo, que comprometen a este Ejecutivo, combinado con un manejo poco serio y prolijo de los números: decir que 20 regiones tienen un servicio oncológico implementado y operativo para el tratamiento del cáncer, cuando solo existen 4, o sostener que la Defensoría estima en cinco mil millones el costo de la protesta social, cuando no existe huella alguna al respecto.
El discurso tuvo graves omisiones. Ninguna mención a la agricultura familiar, productora de cerca del 60% de alimentos que consumimos; los campesinos y las comunidades simplemente no existen. La política agraria reducida a una vulgar aritmética de bonos y ayudas coyunturales y de emergencia. La cuestión ambiental no existe en un país en el que la deforestación de la Amazonía avanza a razón de más de 150 000 hectáreas anualmente y el agua para la agricultura es una urgencia y materia de conflicto. Ni qué decir del cambio climático. La violencia contra la mujer no mereció más de tres líneas en el discurso, a pesar de los números de espanto en lo que va del año -79 feminicidios, 133 tentativas y 13 669 denuncias de violencia sexual. Curioso silencio este último, dado el énfasis de la mandataria al inicio de su discurso, de su condición de mujer. Tampoco se dijo nada sobre la relativa censura internacional a la grave situación del país.
Las promesas enarboladas por la señora Boluarte no tienen un tono distinto. Mucha declaración y abundantes cifras en torno a 9 ejes sin explicar de dónde provendrán los recursos en un contexto de reducción de los ingresos fiscales y de recesión económica. Anuncios como la petroquímica del sur, que obvian los problemas de arbitraje en curso y que asumen el interés de algún privado que se desconoce. Ausencia de un eje que articule la multiplicidad de anuncios. Ni reforma política, ni reactivación económica que ordenen las cosas. Mucho paquete de normas y oferta de obras, pero ninguna propuesta mínimamente integral en cualquier tema social. En medio de ese desorden, algunas ofertas muy peligrosas como la implementación de la policía del orden y la seguridad para suplir el déficit de 50 000 policías con jóvenes licenciados de las FFAA, contratados temporalmente, capacitados en 6 meses… y armados.
En síntesis, un discurso dedicado a sus socios del Congreso y una renuncia clara a la política, que evidenció su talante autoritario, así como su desinterés y falta de voluntad para atender la movilización ciudadana. La salida propuesta a la crisis política fue la reactivación de un prácticamente inexistente Acuerdo Nacional lo cual es claramente un saludo a la bandera. En segundo lugar, orientado a la derecha, al anunciar como la gran reforma política, una bicameralidad de distrito único -reservada para las élites, dado el peso electoral de Lima y caballo de Troya para la reelección de los actuales congresistas. Finalmente, apuntó con números y ofertas desordenadas a captar, o por lo menos a neutralizar, a algunos clientes en una sociedad convulsa que rechaza a ambos poderes del Estado. En pocas palabras, Boluarte se mantiene en su afán por sobrevivir y apuesta por flotar. Queda claro que estamos frente a una clase política que está terminando de liquidar el contenido mismo del ejercicio de la democracia y del poder democrático.
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Lima, 02 de agosto del 2023.
Grupo Propuesta Ciudadana
“Por arte de magia no desaparecen 12 millones de gramos finos de oro. Lo que parece haber desaparecido es el cascabel que le poníamos a la producción de la minería ilegal”.
El dicho “a río revuelto, ganancia de pescadores” tiene gran vigencia en nuestro país. Nuestra precaria institucionalidad pierde capacidades de manera acelerada con cada crisis. El problema mayor es que los episodios de crisis son cada vez más recurrentes, aumentando las áreas grises, que pasan a la sombra en el debate público. Mientras los reflectores están siguiendo a los protagonistas del nuevo episodio de crisis, los actores de reparto improvisan con amplios márgenes de libertad.
Por esto, hoy me parece importante poner luz a un proceso que viene pasando desapercibido y que debería, por el contrario, generar alarma: el reporte anual de producción minera. Específicamente, la estimación de la producción de oro por minería artesanal, incluyendo la informal e ilegal.
Se sabe que las economías ilegales vienen creciendo en el país. Narcotráfico, tráfico de tierras, tala y minería ilegal son actividades millonarias. La magnitud de ganancias que generan está en debate y una manera de hacer un cálculo es revisando los datos existentes sobre producción. Esto permite deducir dimensiones y medir en parte el impacto. Este seguimiento es una manera de poner un cascabel al gato y al menos oírlo.
El Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) ha puesto una alerta al publicar su reporte anual de vigilancia a las industrias extractivas. Los datos analizados por ellos, generados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), señalan una disminución drástica de la producción de oro artesanal. Algo que debería alegrarnos si es que respondiera a una política seria de reducción de áreas de explotación ilegal. Pero no es así.
Desde el 2020, las cifras del MEM marcan un declive inexplicable de producción. Según estos datos, se pasa de producir un estimado de 14,5 millones de gramos finos de oro al año (2019) a 2,8 millones. Se podría pensar que tiene que ver con un reporte deficiente en el año de la pandemia. El problema es que el MEM, para el 2021 y para el 2022, reporta solo un estimado de 1 millón de gramos.
El GPC hizo un pedido de información al MEM sobre estos cambios en las cifras, preguntando si se trataba de un nuevo sistema de reporte. La respuesta del ministerio es una evasión al tema de fondo. Solo ratifican que mantienen el método de cálculo y no dan ningún tipo de explicación sobre la reducción en el reporte.
Por arte de magia no desaparecen 12 millones de gramos finos de oro. Lo que parece haber desaparecido es el cascabel que le poníamos a este tipo de producción, dejándonos ciegos y sordos frente al avance de la minería ilegal.
Recordemos a Paco Durand cuando decía que las ganancias de esta actividad se lavan, la mayor parte de las veces, a través de la economía formal. No tener una estimación adecuada de la producción impide ver el avance de la actividad en sí, así como el de la criminalidad que la rodea.
Encuentro de sociedad civil que participa en las comisiones regionales EITI del Perú
Se acordó la creación de la red nacional de representantes de sociedad civil de las comisiones regionales EITI.
Lima, 20 de julio del 2023. El Encuentro virtual tuvo lugar con la participación de 20 representantes de sociedad civil de las 05 comisiones regionales EITI-Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva. Y también se sumaron los representantes de las nuevas comisiones creadas en La Libertad y Áncash.
El Encuentro convocado por Grupo Propuesta Ciudadana-GPC y Derecho. Ambiente y Recursos Naturales-DAR como representantes de sociedad civil ante la Comisión Nacional EITI abordó los temas como la situación actual del EITI en Perú y su implementación a través de la Comisión Nacional EITI y el avance del IX Informe Nacional de Transparencia en las Industrias Extractivas, los desafíos y situación de las EITI regionales, así como los principales cambios en el Estándar global EITI 2023 y su importancia para las regiones.
Entre las regionales participantes estuvieron las representantes de sociedad civil de los EITI de Piura, Moquegua, Arequipa, Apurímac y Loreto. En Piura se destacó el buen funcionamiento de la comisión que está trabajando en la difusión del 5.º informe regional y el inicio del 6.º informe. En Moquegua se informó de los problemas de calidad que tuvo el 5.º informe, que no fue aprobado por la comisión regional. Las representantes de Arequipa hicieron mención a los efectos negativos del cambio de autoridades y funcionarios en el funcionamiento de la Comisión Regional y también de la excesiva dependencia respecto al MINEM. En Apurímac se remarcó la recomposición y reactivación de la Comisión con el liderazgo de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM). Finalmente, en Loreto se destacó la recomposición de la Comisión Regional, que cuenta con participación de representantes de organizaciones indígenas.
En la reunión se informó que a las 5 comisiones regionales existentes se sumaran próximamente las de La Libertad, Áncash, Cajamarca y Cusco, las cuales se encuentran conformando sus comisiones regionales EITI. De concretarse este proceso, la descentralización del EITI Perú se verá ampliada en su alcance.
A fin de fortalecer la participación y el intercambio de experiencias, se acordó la conformación de una Red de representantes de sociedad civil de los EITI regionales y programar reuniones periódicas mensuales, con la finalidad de intercambiar avances, experiencias y desafíos.
Cabe recordar que esta actividad es parte del proyecto: “Reforzando la transparencia y las buenas prácticas”, que se implementa con apoyo de USAID.
Del 12 al 15 de junio tuvo lugar la conferencia mundial de EITI 2023, en el “Centre International de Conferences Abdou Diouf (CICAD)”, que reunió a más de 1000 partes interesadas para hacer un balance del progreso en la publicación y el uso de datos abiertos para informar sobre la toma de decisiones, el análisis y el debate público sobre la gestión responsable de los recursos naturales en los países participantes de la iniciativa.
La conferencia abordó los logros en la transparencia de los recursos naturales y el diálogo entre múltiples partes interesadas, al mismo tiempo que miró hacia el futuro para considerar cómo el EITI debería adaptarse a un panorama energético mundial cambiante y a la creciente demanda de minerales críticos necesarios para la transición energética.
En este contexto y considerando los procesos de mejora, el estándar EITI 2023 contiene modificaciones en cuatro temas de especial importancia: lucha contra la corrupción, transición energética, cuestiones ambientales, sociales y de género, y recaudación de ingresos.
La delegación peruana estuvo compuesta por cinco personas. José Mansen (MINEM), Epifanio Baca y Vanessa Cueto (CNM) Patricia Pinto (EITI Arequipa) y Cesar Gamboa (integrante del Board EITI).
Patricia Pinto del EITI Arequipa participó en la mesa redonda «Down to earth: Empowering local EITI stakeholders» y Vanessa Cueto en “El camino hacia cero emisiones de carbón: el papel de EITI en la transición energética”. Por su parte, la participación de Epifanio Baca fue en la “Jornada de aprendizajes entre pares”.
Un aporte importante presentado por Pinto fue proponer que se utilice los recursos del canon y regalías que reciben las municipalidades para financiar la difusión y comunicación de los resultados de los informes regionales de transparencia EITI, introduciendo una excepción de gasto de este recurso en la Ley de Presupuesto Público. Por su parte Baca, enfatizó que la descentralización del EITI es la principal estrategia para contribuir a la gobernanza de los recursos naturales, promoviendo transparencia y debate público sobre los aportes e impacto de las industrias extractivas en los territorios donde está presente. El proyecto “Reforzando la transparencia y las buenas prácticas del sector extractivo”, de USAID, apoya en esa línea, y ya ha permitido ampliar la iniciativa EITI a 4 regiones más: Áncash, Cajamarca, La Libertad y Cusco.
Carta abierta a la Unión Europea advirtiendo sobre los riesgos de la Ley de Materias Primas Críticas
Para que la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales sea justa y sostenible a nivel mundial, debe garantizar salvaguardias sociales, ambientales y de gobernanza eficaces y estipular la participación significativa de las comunidades locales, los Pueblos Indígenas y la sociedad civil de los países ricos en recursos.
Los movimientos, Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil, sobre todos aquellos de los países ricos en recursos del Sur Global, estamos muy preocupados por la ausencia de una terminología robusta de diligencia debida y salvaguardias fuertes para el abastecimiento de materias primas dentro de la Ley de Materias Primas Fundamentales y otras normativas vinculadas a ella.
Quienes vivimos en los países ricos en recursos ya estamos sintiendo el impacto doble de la crisis climática; por un lado, debido a los efectos del propio cambio climático y, por otro, por la expansión de las infraestructuras mineras y de tecnologías renovables derivadas de los planes de descarbonización de los países ricos.
La ambición de la Unión Europea (UE) en materia de descarbonización es encomiable, pero para que sea justa y equitativa, debe atenerse al Estado de Derecho y sus leyes correspondientes deben cumplir con las normas más estrictas, entre ellas el respeto de los derechos humanos, los derechos de los Pueblos Indígenas y la protección del medio ambiente, no sólo dentro de la UE, sino también en otros países ricos en recursos, incluidas nuestras tierras y comunidades.
La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales y otras normativas vinculadas a ella, como la Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, tendrán repercusiones directas en nuestra salud y bienestar, nuestras prácticas culturales, tradiciones y valores, nuestros medios de vida y nuestro medio ambiente. Con demasiada frecuencia se asesina a las personas que intentan proteger el medio ambiente del que dependemos.
Por eso, les solicitamos que adopten un enfoque para la descarbonización que esté centrado en los derechos humanos y garanticen que todos los titulares de derechos y las partes interesadas de los países ricos en recursos, no sólo los gobiernos y el sector privado, participen en el proceso de forma plena y significativa.<
En concreto, les solicitamos que establezcan las siguientes condiciones mínimas para la determinación de los proyectos estratégicos y el abastecimiento de materias primas procedentes de los países ricos en recursos:
1) Respetar los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas y atenerse a las leyes, acuerdos y normas internacionales sobre los derechos humanos y el medio ambiente, incluidos los Principios Rectores de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el Convenio de Aarhus en su totalidad, el Acuerdo de Escazú y la Directiva de la UE sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas. La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales debe garantizar que las empresas cumplan con obligaciones rigurosas de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente.
2) Garantizar que las asociaciones estratégicas se establezcan y funcionen de forma democrática. Las negociaciones para establecer las asociaciones estratégicas deben anunciarse de forma oportuna y los acuerdos con los países ricos en recursos deben divulgarse previo a su aprobación. La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales debe abordar el riesgo elevado de corrupción en el sector minero.