Urgentes reformas políticas para mejorar la representación y establecer barreras eficaces contra la corrupción
La larga y desgastante crisis que estamos viviendo en el país tiene un carácter sistémico y pone en cuestión el futuro de la democracia. Superarla exige construir acuerdos mayoritarios básicos que demandan articular una gran voluntad sustentada en la necesidad de recuperar la política para las ciudadanas y ciudadanos, capaz de asegurar el compromiso claro de quienes son elegidos como nuestras autoridades. En un escenario en el que el comportamiento y los intereses de El Ejecutivo y el Congreso marchan en dirección contraria, es nuestra obligación y derecho pronunciarnos.
- La degradación democrática del país se expresa en el preocupante desconocimiento de derechos fundamentales ganados por la ciudadanía –como la igualdad de género y la no discriminación–, promovidos, lamentablemente, por varias bancadas del Congreso. Se expresa también en el debilitamiento de las instituciones por la designación a importantes cargos públicos de personas no idóneas y frecuentemente vinculadas a actividades criminales. La crisis de gobernabilidad, la inestabilidad y la alta rotación en el ejercicio de los cargos de los ministros condiciona la falta de políticas públicas y la ineficiencia en la gestión. Este escenario deteriorado y de severa crisis política y moral puede profundizarse con los resultados de las elecciones municipales y regionales, en la que participaron cientos de candidatos acusados de actos de corrupción y de otros hechos que evidencian su falta de idoneidad.
- La creciente judicialización de la política dio ayer un paso más con la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación contra el presidente como presunto autor de distintos delitos, pidiéndole al Congreso acusarlo ante el Poder Judicial, invocando la suscrita Convención de la ONU contra la corrupción. Distintos sectores, incapaces de encontrar una salida política a la situación que han creado, han convertido esta decisión en parte de su estrategia para mantenerse en las posiciones de poder que ocupan tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo.
- Suma a nuestra preocupación y protesta el hecho irregular e injustificado del seguimiento de aparatos de inteligencia del Ejército peruano a distintas organizaciones sociales, políticos de izquierda, autoridades civiles y organismos de derechos humanos. Ello evidencia un condenable y peligroso comportamiento ilegal motivado por razones ideológicas, lo que nos recuerda al régimen fujimorista. Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la labor que realizan las distintas instituciones afectadas por este reglaje inaceptable. Nuestra preocupación es mayor por el silencio de los poderes del Estado, las instituciones públicas y los medios de comunicación sobre estas acciones que desconocen el rol que la Constitución establece para las FFAA.
- Frente a la estéril confrontación entre poderes del Estado, que defienden sus intereses inmediatos, urge una salida democrática que supere la severa crisis de gobernabilidad. El primer paso es la adopción de reformas políticas que generen condiciones para mejorar la representación y establezcan barreras eficaces contra la corrupción. Abrir un período de transición, más allá de lo político e institucional, requiere atender las urgencias económicas, sociales y de servicios de la sociedad, en particular de las mayorías que viven en la marginalidad y la precariedad. Ello supone avanzar respuestas y propuestas frente a un modelo que evidencia su agotamiento.
- Con este marco de reformas cobra sentido el adelanto de elecciones como camino de salida a la crisis que atravesamos. En un contexto incierto y polarizado, de desconfianza y desaliento, no hay ruta perfecta para consensuar las reformas y fijar plazo razonable para el adelanto de elecciones generales. La fragmentación política y social, agudizada por las prácticas populistas del Ejecutivo y el Legislativo y los mezquinos intereses políticos y económicos en juego, imposibilitan un consenso. Lo realista será construir acuerdos plurales y mayoritarios que se reflejen en fuerzas políticas y sociales que actúen como garantía de la democracia y del compromiso ético para los cambios impostergables que requerimos. Quienes estamos comprometidos con un desarrollo real y con la vigencia y fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia, demandamos a los poderes del Estado, que garanticen la institucionalidad democrática y los derechos humanos.
- Invitamos a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía a la vigilancia, a la movilización activa y a la participación decidida en la construcción de un camino democrático de salida de la crisis, lo cual exige reformas básicas que nos permitan el adelanto de elecciones y la elección de autoridades electas idóneas.
Lima, 13 de octubre de 2022.
Instituciones que suscriben:
- Grupo Propuesta Ciudadana – GPC
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
- Asociación Nacional de Centros – ANC
- Asociación Arariwa
- Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX
- Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – CEDER
- Movimiento Manuela Ramos
- Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas – CBC
- Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación –CEDEP
- Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte – CEDEPAS Norte
- Centro de Investigación Social y Educación Popular – Alternativa
- Centro Peruano de Estudios Social – CEPES
- Centro de Estudios y promoción del Desarrollo – desco
- Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
- Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo Ilo –CEOP ILO)
- Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural – SEPAR
Foro público: Lecciones, perspectivas y desafíos de la transparencia y la gobernanza minera en el Perú
MODALIDAD: presencial en Arequipa y virtual vía Youtube
FECHA: 28 de septiembre.
HORA: 17.30 horas
OBJETIVOS DEL FORO
- Promover y ofrecer un espacio de diálogo acerca de los aportes y desafíos de la transparencia y la participación ciudadana como factores determinantes de una gobernanza virtuosa de la minería en el Perú.
- Resaltar la importancia de la iniciativa EITI Perú a la gobernanza del sector extractivo en los 17 años de implementación, con la participación de los tres sectores que la conforman.
- Compartir experiencias de los procesos de diálogo Inter actor a nivel subnacional en el Perú.
MODALIDAD DEL FORO
Con la finalidad de convocar una participación amplia de los tres sectores de Lima y las regiones donde se implementa el EITI actualmente y en los próximos años, el foro tendrá una modalidad mixta, que combine una reunión presencial de unas 30 personas en la ciudad de Arequipa, en el marco del PERUMIN, y una amplia participación virtual.
PARTICIPANTES
Entre los participantes presenciales se tendrá a representantes de los tres sectores, incluyendo a los integrantes de la Comisión Nacional EITI y representantes de la sociedad civil de las Comisiones regionales en funcionamiento (Piura, Arequipa, Moquegua, Apurímac y Loreto).
NOTA DE PRENSA
Preparamos una nota de prensa, disponible aquí.
PROGRAMA DEL EVENTO
ÚNETE A LA TRANSMISIÓN EN VIVO a través del canal de Youtube de Perú Min
Corredor minero del sur: Advierten competencia entre comunidades aledañas para obtener mayores beneficios
Hay una fragmentación de agendas y demandas que hacen que la conflictividad en esta parte del país sea permanente, indica informe.
Un foco constante de conflictividad social es el corredor minero del sur que recorre las provincias de Cotabambas en Apurímac, y Espinar y Chumbivilcas en Cusco. En los últimos días se ha reportado bloqueo de carreteras en esta parte del país que pone en riesgo el 30 % de la producción de cobre.
Según el reporte del 30° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM, en los últimos meses la naturaleza de los conflictos vinculados a la minería ha venido cambiando. Uno de esos cambios es la gran fragmentación de agendas y demandas, incluso entre los pobladores de zonas aledañas, como ocurre en el corredor minero del sur.
El informe precisa que en el corredor minero del sur, “cada 30 kilómetros se puede identificar expectativas que se expresan en demandas diferenciadas que generan movilizaciones con actores distintos que no tienen ni la capacidad ni el interés de articular entre sí. En esta zona, el OCM identifica que se ha configurado una suerte de situación de conflictividad casi permanente”.
El corredor minero del sur atraviesa 37 comunidades campesinas quechuas: 12 de ellas ubicadas en la provincia de Cotabambas (Apurímac), 24 en Chumbivilcas y Espinar (Cusco) y una en Caylloma (Arequipa).
El reporte advierte una competencia entre comunidades aledañas para obtener mayores beneficios de las empresas mineras o el Estado. “Hay competencia entre distritos, provincias y regiones; también compiten entre comunidades: lo que una comunidad consigue de una negociación con la empresa minera o con el Estado, puede terminar siendo el incentivo de nuevas demandas de las comunidades vecinas que terminen en nuevos estallidos”, resalta el informe elaborado por CooperAcción, Grufides y Fedepaz.
Afecta el crecimiento económico
Según el INEI, en julio el sector minero se redujo 6,16 % debido a la conflictividad social en las zonas de influencia de las operaciones mineras. Al respecto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) alertó sobre el bloqueo de las vías en la provincia de Espinar, por parte de manifestantes que impiden el transporte de mineral, insumos e incluso el traslado de trabajadores de las empresas mineras Las Bambas, Hubday (mina Constancia) y Glencore (mina Antapaccay).
Advirtió que de continuar el bloqueo de vías se está “poniendo en grave riesgo el 30 % de la producción de cobre del país”.
Según el estudio Los fondos sociales y convenios marco en el Corredor Minero del Sur, elaborado para Infosur Perú y el Grupo Propuesta Ciudadana, en las últimas dos décadas se destinaron más de S/6,000 millones a las tres provincias que conforman dicho corredor por negociaciones directas con las empresas, aportes especiales (canon, regalías, derechos de vigencia), y negociaciones directas con el Estado, derivados de la minería.
Fuente: RPP Noticias.