Evento en Iquitos trató desafíos del sector hidrocarburos, gestión del canon y fondos sociales
El pasado jueves 8 de mayo de 2025 se realizó, en colaboración con la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y Prospectiva Amazónica, el taller presencial denominado “Transición energética justa y gobernanza del petróleo en Loreto», una jornada de 8 horas que convocó a 35 participantes en el auditorio de ORPIO en Iquitos, 5 de los cuales fueron representantes de las principales cuencas amazónicas.
El evento contó con la participación de los especialistas Roger Grandez, César Huamaní Cueva y Marco Antonio Vargas Scherader, así como con la facilitación de las economistas Aida Moreno y Dudikof Huamaní, quienes guiaron un análisis sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en torno a la actividad petrolera y los recursos que a partir de ella se generan.
Primera parte: contexto y desafíos del sector hidrocarburos en Loreto.
La sesión inicial abordó el horizonte de la inversión en hidrocarburos, analizando temas como la crisis en la producción petrolera, los niveles actuales de reserva, la evolución de precios y la situación de los operadores en Loreto.
Se discutió también la situación de los lotes 8 y 192, haciendo énfasis en los factores que condicionan su reactivación, así como las probabilidades de éxito en ambos casos.
Segunda parte: distribución y uso del canon petrolero
Durante esta etapa se presentó el nuevo esquema de distribución del canon y sobrecanon petrolero. También se abordó el financiamiento de la inversión pública y se revisaron los principales proyectos que vienen siendo impulsados con estos recursos.
En el segundo taller práctico, se exploraron diversas plataformas de información pública como el Portal de Transferencias, Consulta Amigable, Portal de Gasto y el Sistema de Inversión Pública, con el objetivo de fortalecer la vigilancia ciudadana y la transparencia en la gestión del canon.
Tercera parte: fondos de desarrollo y fideicomiso indígena
La última parte del taller se centró en el análisis del Fondo Social de la Renta Petrolera, revisando su objetivo central y experiencias concretas como el fondo del Lote 95 (2.5%) y los casos de los lotes 8 y 192. Se discutió también la trayectoria del Plan de Cierre de Brechas, su transformación en Fideicomiso Indígena y su distribución y aplicación desde 2023 por parte de los gobiernos municipales. A su vez, se destacó el potencial de estos mecanismos como herramientas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, y se exploró mejorar su gestión y sostenibilidad.
La jornada cerró con una conversación abierta y socialización de experiencias, seguida del último taller práctico, que permitió identificar los portales oficiales y rutas donde se consigna, de manera parcial, la información asociada a estos mecanismos.
Este taller fue realizado en el marco del proyecto “Fortaleciendo la gobernanza de las industrias extractivas en la Amazonía peruana”, implementado por el Grupo Propuesta Ciudadana con el apoyo de la Fundación Moore y Natural Resource Governance Institute (NRGI).
Culmina el curso “Transición Energética Justa y Gobernanza del Petróleo en Loreto” con análisis sobre fideicomisos y desarrollo territorial
Este miércoles 23 de abril de 2025 concluyó el curso presencial “Transición Energética Justa y Gobernanza del Petróleo en Loreto”, desarrollado durante cuatro sesiones semanales en la ciudad de Iquitos.
El curso estuvo dirigido a representantes de diversos sectores de la sociedad loretana —como sociedad civil, sector público, empresas, comunidades indígenas, universidades y medios de comunicación— y reunió a más de 30 participantes comprometidos con el desarrollo sostenible y la gobernanza de los recursos naturales en la región.
Su objetivo fue generar un espacio de intercambio y discusión informada sobre la problemática petrolera, la transición energética justa y los desafíos del desarrollo regional en Loreto, incorporando la participación de actores de todos los sectores involucrados.
Última sesión: Fideicomisos y gestión de fondos para el desarrollo
La sesión final del curso abordó el tema de los fideicomisos vinculados a la actividad petrolera, donde se presentaron los dos principales mecanismos actualmente vigentes en Loreto:
- El Fondo 2.5% Puinahua (Lote 95, operado por Petrotal Perú S.R.L.), y
- El Fondo 2.5% compartido del Lote 8 (vinculado a Upland Oil and Gas L.L.C.).
Ambos fondos de carácter privado nacen de acuerdos entre comunidades y empresas, y son gestionados por juntas elegidas por las propias comunidades, quienes definen el destino de los recursos.
También se analizó el Fideicomiso Indígena, un fondo público creado como parte del Plan de Cierre de Brechas, con recursos del Estado peruano por un valor aproximado de S/ 6,000 millones hasta 2049, destinados a 26 municipalidades y administrado por un Consejo Directivo.
Reflexiones finales: oportunidad y desafío
Durante la sesión, las y los participantes destacaron que ambos tipos de fondos —a pesar de sus diferencias— son fruto de la lucha de las comunidades por el reconocimiento de sus derechos y por una mayor equidad en la distribución de los beneficios generados por la actividad petrolera. También coincidieron en que, aunque representan una oportunidad única para el desarrollo descentralizado, enfrentan importantes retos de gestión, transparencia y articulación intergubernamental.
Durante la cuarta y última sesión, se concluyó con una reflexión compartida: el rol activo de las comunidades será clave para garantizar que estos recursos realmente contribuyan al desarrollo territorial y al cierre de brechas en Loreto.
Este curso fue organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana y Prospectiva Amazónica, con el apoyo de la Fundación Moore y NRGI (Natural Resource Governance Institute), en el marco del proyecto “Fortaleciendo la gobernanza de las industrias extractivas en la amazonía peruana”.
Foro público en Arequipa para discutir la descentralización fiscal y la recaudación municipal
- Arequipa: Solo el 12.2% del presupuesto de los municipios proviene de su propia recaudación de impuestos.
- A nivel nacional, apenas el 2.7% de los impuestos que se recaudan provienen de lo que cobran las municipalidades. El especialista Armando Mendoza, investigador del Grupo Propuesta Ciudadana, advierte que esto provoca dependencia económica y política de las autoridades locales, lo que no representa una descentralización real de los recursos.
Muchas son las quejas de los ciudadanos por los pésimos servicios de limpieza, recojo de basura o mantenimiento de parques en sus distritos. Y en contraparte, la queja de las comunas es que los vecinos no pagan sus impuestos y arbitrios, por lo que se les hace difícil brindar servicios de calidad. «Un círculo vicioso que está afectando a todos», es lo que aseguró el investigador del Grupo Propuesta Ciudadana, Econ. Armando Mendoza Nava. Pues resulta que apenas el 2.7 % de impuestos en todo el país proviene de las municipalidades; mientras que el otro porcentaje lo recauda la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat) porque el proceso de descentralización no fue efectivo.
Mendoza Nava presentó este miércoles el estudio “Descentralización Fiscal y Recaudación Municipal” en un foro público realizado en el auditorio Richard Webb de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Durante su exposición advirtió las deficiencias que tienen los municipios para recaudar impuestos, pero advirtió que esto se debe a la falta de una reforma tributaria, que permita a las comunas tener más independencia para administrar sus recursos y no depender tanto del Gobierno Nacional. Solo por dar un ejemplo, de las casi 1900 municipalidades que hay en el país, solo 116 concentran el 77% de los tributos municipales que se recaudan.
El especialista advirtió además un círculo vicioso entre la recaudación tributaria y la morosidad de los ciudadanos. “Mientras los ciudadanos dicen que no pagan sus impuestos porque los municipios no cumplen con brindar servicios de calidad, estos acusan que no pueden mejorar los servicios mientras no tengan mejores ingresos”, dijo el economista. En tanto, sugirió que la iniciativa de mejora, para alentar a que los vecinos paguen sus impuestos, debe empezar de las autoridades.
También manifestó que esta deficiencia provoca no solo dependencia económica de los municipios, sino dependencia política. “Si dependo del dinero que me llega de Lima, ¿qué autonomía tengo, qué simetría, qué igualdad, si tengo que estar bien con el ministro, con el gobernante de turno?”, indicó y agregó Mendoza. “Quien recauda es la Sunat, luego administra y distribuye el Ministerio de Economía y Finanzas. Quien maneja la bolsa es el Gobierno Nacional, no hay una real descentralización”.
Y la situación en Arequipa es un poco mejor, pero no tan distinta. De cada 100 soles que se gastan, 12.2 soles (en promedio) provienen de los impuestos que las municipalidades recaudan. La mejor performance la tiene la municipalidad provincial de Arequipa, ya que más del 41.3% de su presupuesto proviene de la recaudación tributaria; sin embargo, otras municipalidades provinciales de la región no corren con la misma suerte, presentando cifras muy bajas de recaudación tributaria, como Condesuyos (Chuquibamba), donde este concepto alcanza el 1%, o La Unión (Cotahuasi), donde la recaudación es del 2%, haciéndolas dependientes de las transferencias del Gobierno Nacional y de otras fuentes volátiles como el canon y las regalías mineras.
La presentación fue comentada por un panel de especialistas, quienes coincidieron en que se necesita hacer una reforma. Víctor Silva de CONECTAMEF señaló que la situación actual genera clientelismo en los gobiernos locales y regionales, señalando que deberían impulsarse cambios normativos. Por su parte, la catedrática de la Facultad de Economía, Erika Velásquez, señaló que los gobiernos locales no están a la altura y que debería mejorar la capacidad profesional para mejorar la eficacia del gasto público. Finalmente, el especialista en gestión municipal, Jorge Condori, indicó que efectivamente el Ejecutivo es el que maneja el 64% del presupuesto y que no es justo que 1821 gobiernos locales tengan que manejar solo el 15% del presupuesto nacional, pues muchas veces el Foncomun no alcanza ni siquiera para cubrir sueldos. Añadió que se necesita hacer cambios a la ley de municipalidades, considerando que las realidades son distintas a nivel nacional.
Finalmente, Armando Mendoza, sugirió algunas propuestas con el fin de mejorar la recaudación. En principio, dijo que el mayor ingreso que deberían tener las comunas es por los impuestos prediales; es decir, del impuesto por las propiedades o casas. Para ello, los municipios deberían invertir para contar con un catastro predial actualizado y bien señalizado y categorizado. De esa forma se podría sincerar el cobro de este tipo de impuestos. Además, el gobierno nacional debe ayudar a los municipios a mejorar la calidad de los servicios básicos que se brindan, con el fin de que la población tenga un incentivo para acudir a pagar los impuestos. Incidió en que el estudio no pretende animar confrontaciones ni buscar culpables, sino buscar un diálogo para comenzar un proceso paralelo para mejorar el ingreso y el gasto de forma paralela, desconcentrando el poder, pues todos estamos en el mismo barco.
Este foro fue coorganizado por el Grupo Propuesta Ciudadana, descosur y la Facultad de Economía de la UNSA. Descosur y Propuesta Ciudadana están llevando estos foros a las universidades para que los alumnos en formación tengan la oportunidad de dialogar con especialistas y conocer de cerca estudios de la realidad política, económica y social de nuestro país.
Pronunciamiento: Coalición autoritaria y conservadora atenta contra la democracia y la autonomía de la sociedad civil
El Congreso y el Ejecutivo acaban de promulgar una ley que atenta contra la cooperación internacional. Se trata de una norma inconstitucional cuyo objetivo es silenciar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil. Su aplicación vulnera derechos fundamentales, como la libertad de asociación, la participación ciudadana y la libertad de expresión.
Ante esta situación, diversas organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo a una ley que socava la democracia y el Estado de derecho.
Desde el inicio, hemos alertado sobre los riesgos que esta legislación implica:
- Vulneración de la libertad de asociación, al imponer el registro obligatorio ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional–APCI y permitir que esta entidad lo cancele sin orden judicial, en flagrante violación del debido proceso y en un contexto que propicia la persecución.
- Amenaza de cierre, mediante sanciones arbitrarias y desproporcionadas, así como el establecimiento de trabas burocráticas que limitarán drásticamente la capacidad de acción de las organizaciones, afectando directamente a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
- Negación del derecho a la defensa de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, al prohibir que las organizaciones litiguen contra el Estado, obstaculizando el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
- Intento de silenciar a la sociedad civil que trabaja en derechos humanos, igualdad, democracia y lucha contra la corrupción, bajo el pretexto de mejorar la fiscalización y la transparencia, funciones que la APCI y otras entidades ya cumplen. En realidad, se busca consolidar un mecanismo de censura que impida denunciar los abusos de poder en el Estado.
- Conversión de la APCI en un instrumento de censura, al exigir autorización previa para proyectos en alianza con entidades privadas e internacionales, así como para convenios con instituciones públicas.
Afirmamos que esta ley es inconstitucional, autoritaria y discriminatoria, además de atentar contra el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la construcción de un país más justo y equitativo.
Hacemos un llamado a la sociedad civil, a los actores internacionales, a las autoridades responsables y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y rechazar cualquier acción que debilite el Estado de derecho y deje a la población en una mayor situación de vulnerabilidad e indefensión.
Las sociedades se fortalecen con voces libres y críticas, no con leyes que buscan silenciarlas. Seguiremos luchando sin temor por los derechos de los vulnerables, denunciando injusticias y exigiendo un Estado transparente, justo y respetuoso de la legalidad.
¡Defendamos la democracia y la libertad de asociación!
#NoNosCallarán #DerogatoriaYA
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