El Congreso de la República ha sorprendido al agendar para esta semana la discusión en el Pleno de un dictamen que modifica las normas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Este dictamen, aprobado el 5 de junio de 2024 por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso sin debate previo, busca alterar la ley que regula la cooperación internacional y pretende sancionar a las organizaciones que se manifiesten en contra de las políticas del gobierno.

¿Cómo lo hace? El dictamen de los proyectos de ley 6162, 6252, 7140, 7367 y 7354 tiene como fin limitar y controlar las actividades de organizaciones ciudadanas de diversa índole. Entre estas se incluyen medios de comunicación alternativos, gremios, colectivos, ONG, y entidades como Eniex e Ipredas. La medida genera gran preocupación entre las y los defensores de derechos civiles, quienes ven una amenaza a la libertad de asociación y participación, y los dejan a merced de decisiones arbitrarias y discrecionales. 

Para Javier Azpur, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), el dispositivo sugiere que los recursos internacionales carecen de transparencia, lo cual considera falso, ya que estas instituciones son supervisadas por entidades como la SUNAT, la SBS y la APCI.  Además, advierte que los cambios propuestos por el Congreso podrían limitar la entrega de recursos de cooperación solidaria a la sociedad civil peruana, afectando las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

Ejemplo de ello es la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional en el Perú (COEECI), que ha dejado en claro su disposición a colaborar en la creación de un marco que garantice la transparencia y eficiencia en la cooperación internacional en el país. La preocupación de COEECI se centra en los posibles efectos negativos que el dictamen de la Ley APCI podría tener sobre la libertad de asociación y participación, pilares fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones de respaldo global.

Hamer Manihuari, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), señaló que el dictamen perjudicará gravemente a las organizaciones indígenas, que dependen de la cooperación para garantizar su seguridad jurídica y elevar sus demandas. Manihuari enfatiza que los pueblos no son ONG, pero la ayuda internacional ha sido crucial para su desarrollo.

Por su parte, Eusebio Vásquez Ayala, presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE Perú), subraya la importancia de la colaboración internacional para que los agricultores puedan combatir la inseguridad alimentaria, un desafío crucial para el país. Por tal motivo, Vásquez instó a los congresistas a reflexionar sobre el impacto del dictamen y a no desorganizar a la sociedad civil.

Finalmente, el secretario general adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya, manifestó su rechazo total al dictamen, argumentando que afecta a las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores y los derechos humanos. Minaya exhorta al Congreso a priorizar los temas urgentes del país, como el hambre y la inseguridad ciudadana, en lugar de perseguir a organizaciones que realizan una labor valiosa.

Presentarán acciones legales

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió que si la norma es aprobada, se iniciarán procesos legales en los fueros internos del Perú, ya que considera que la norma es inconstitucional. Rivera señala que las organizaciones apoyadas por ayuda internacional son auditadas por diversas agencias, lo que garantiza su transparencia y lo que busca el Congreso es hostigar a la APCI y perseguir y reprimir a las ONG, creando una «lista negra» de organizaciones que denuncian abusos del Estado.

“Toma tiempo, pero ese es el camino que corresponde, más allá del proceso de movilización y protesta ciudadana. Lo que en realidad se quiere es una lista negra de organizaciones sociales y ONG que denuncian abusos del Estado”, aseguró.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado cada 25 de noviembre para denunciar el maltrato hacia las mujeres y exigir políticas públicas que garanticen su erradicación, se llevó a cabo el foro regional “Mujeres que Ayudan a Mujeres: a mayor y mejor emprendimiento, menos violencia”.

El foro contó con una masiva participación de alrededor de 250 mujeres de diversas organizaciones y comunidades campesinas. Este evento generó gran expectativa debido a la grave situación de violencia hacia las mujeres en el país, especialmente en Áncash, donde persisten altos indicadores de violencia y dificultades para que las mujeres emprendan debido a la falta de apoyo. Esto se ve reflejado en los bajos presupuestos asignados a políticas públicas para enfrentar esta problemática en la región.

El objetivo del foro fue informar a las organizaciones de mujeres sobre la situación de la violencia en Áncash, las políticas públicas existentes para abordarla, y cómo fortalecer sus iniciativas de emprendimiento en la región.

Durante el evento, se desarrollaron tres ponencias clave que abordaron temas fundamentales para la región de Áncash. La primera, sobre el Desarrollo de proyectos productivos en la región Áncash, fue presentada por el Ing. Joel Torres Torres, Coordinador Regional de Procompite del Gobierno Regional de Áncash, quien expuso las diversas opciones de financiamiento disponibles para organizaciones de mujeres, destacando el programa PROCOMPITE como una de las principales alternativas. A continuación, la Econ. Silvia Ampuero Villafuerte, Especialista del Grupo Propuesta Ciudadana, presentó el Estudio de desempeño de los Programas Presupuestales orientados a reducir la violencia contra las mujeres, señalando los alarmantes índices de violencia en la región, que ocupa el quinto lugar a nivel nacional, y criticando la insuficiencia de las respuestas del Estado, evidenciada en la limitada implementación del Programa Presupuestal 1002. Finalmente, la Lic. Jessica Oliveira Bardales, Directora General de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), presentó las Políticas de emprendimiento con enfoque de género, explicando las estrategias impulsadas por el MIMP para mejorar el acceso de las mujeres a recursos y promover su participación activa en la economía.

Además, se presentaron tres casos de vida inspiradores de mujeres emprendedoras de Áncash: la artesana Mariela Cruz Antaurco, la emprendedora gastronómica Felicitas Veramendi Tolentino y la escritora Dora Pajuelo.

Las participantes del foro estuvieron muy comprometidas, respondiendo activamente a las preguntas planteadas y demostrando gran interés por la información proporcionada. Algunas de ellas recibieron premios por sus intervenciones.

Como resultado del foro, la Asociación de la Mujer Ancashina propuso tres compromisos para seguir trabajando en la región, especialmente en Huaraz: 1) Fomentar la colaboración entre organismos gubernamentales y no gubernamentales para brindar un apoyo integral a las mujeres. 2) Crear un fondo de inversión para apoyar proyectos empresariales de mujeres sobrevivientes de violencia. 3) Promover la firma de convenios con entidades financieras para ofrecer créditos blandos a mujeres emprendedoras.

El evento, realizado el 21 de noviembre, fue organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana y la Asociación de la Mujer Ancashina “Delia Figueroa Arévalo”, con el apoyo de Pan para el Mundo, USAID y la Cámara de Comercio de Áncash.